Noticia:
El Senado de la República analiza un punto de acuerdo propuesto por el PRD para pedir cuentas al Consejo de la Judicatura del tráfico de plazas al interior del Poder Judicial de la Federación, que reveló EL UNIVERSAL.
Este diario dio a conocer el martes 22 de septiembre pasado en su edición impresa, los actos de tráfico de influencias, en jueces y magistrados derivado de una indagación del Consejo de la Judicatura, en que los juzgadores burlan la ley para otorgar plazas de trabajo a sus familiares.
Los casos reportados se dieron sobre todo en Yucatán.
"El Senado de la República extiende una atenta invitación a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que acudan a una reunión de trabajo ante las comisiones unidas de Gobernación y Justicia, para que informen sobre las investigaciones en torno al presunto tráfico de plazas al interior del Poder Judicial de la Federación", señala el punto de acuerdo de los senadores del PRD agendado para la sesión de este jueves.
El acuerdo es impulsado por los senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Javier Castellón Fonseca, Antonio Mejía Haro y Lázaro Mazón Alonso, todos del Grupo Parlamentario del PRD, quienes decidieron poner el ojo en el caso.
Esto al agendar para la sesión de este jueves, el punto de acuerdo con relación al tráfico de plazas en el Poder Judicial de la Federación.
El trámite propuesto para dicho caso, es turnarlo la Comisión de Justicia del Senado, que preside el panista Alejandro González Alcocer.
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jueves, 8 de octubre de 2009
miércoles, 23 de septiembre de 2009
Censuran a jueces por traficar plazas.
Noticia:
Senadores de PAN y PRD demandaron terminar con el tráfico disfrazado de plazas que jueces y magistrados realizan para beneficiar a sus familiares, por lo que solicitarán un informe al Consejo de la Judicatura Federal.
El panista Gustavo Madero, presidente de la Junta de Coordinación Política, extendió su reclamo a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a los tres poderes.
El vicecoordinador de la bancada perredista, Silvano Aureoles, consideró asunto “muy grave” el cruce de contrataciones en el Poder Judicial divulgado ayer por EL UNIVERSAL.
Al conocer los casos, la Comisión Nacional de Ética Judicial recomendó a la Judicatura prohibir y sancionar esas prácticas. En esta instancia ya se analizan las medidas para evitar la contratación cruzada de familiares en que incurren jueces y magistrados, para evadir la restricción legal al respecto.
El consejero de la Judicatura, César Jáuregui, expresó que la intención es acabar con “este prietito en el arroz”, el cual, desde su punto de vista personal y no institucional, resulta pernicioso para el Poder Judicial.
Reconoció que en los seis meses que lleva en el cargo ha recibido varias denuncias en contra de jueces y magistrados que incurren en este tipo de prácticas.
En el interior de la Judicatura hay consejeros que afirman que no es posible acatar la recomendación de la Comisión de Ética.
Desde su perspectiva, corresponde al Congreso de la Unión reglamentar y establecer las sanciones para los jueces y magistrados que contraten a familiares de sus compañeros.
Si lo realiza la Judicatura, aseguran, quienes sean sancionados tendrían la opción de impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el máximo tribunal, agregan, revertiría las sanciones por estimar que no cuentan con sustento jurídico.
Senadores de PAN y PRD demandaron terminar con el tráfico disfrazado de plazas que jueces y magistrados realizan para beneficiar a sus familiares, por lo que solicitarán un informe al Consejo de la Judicatura Federal.
El panista Gustavo Madero, presidente de la Junta de Coordinación Política, extendió su reclamo a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a los tres poderes.
El vicecoordinador de la bancada perredista, Silvano Aureoles, consideró asunto “muy grave” el cruce de contrataciones en el Poder Judicial divulgado ayer por EL UNIVERSAL.
Al conocer los casos, la Comisión Nacional de Ética Judicial recomendó a la Judicatura prohibir y sancionar esas prácticas. En esta instancia ya se analizan las medidas para evitar la contratación cruzada de familiares en que incurren jueces y magistrados, para evadir la restricción legal al respecto.
El consejero de la Judicatura, César Jáuregui, expresó que la intención es acabar con “este prietito en el arroz”, el cual, desde su punto de vista personal y no institucional, resulta pernicioso para el Poder Judicial.
Reconoció que en los seis meses que lleva en el cargo ha recibido varias denuncias en contra de jueces y magistrados que incurren en este tipo de prácticas.
En el interior de la Judicatura hay consejeros que afirman que no es posible acatar la recomendación de la Comisión de Ética.
Desde su perspectiva, corresponde al Congreso de la Unión reglamentar y establecer las sanciones para los jueces y magistrados que contraten a familiares de sus compañeros.
Si lo realiza la Judicatura, aseguran, quienes sean sancionados tendrían la opción de impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el máximo tribunal, agregan, revertiría las sanciones por estimar que no cuentan con sustento jurídico.
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