Advierten riesgos por milicias comunitarias.

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La decisión del gobierno del estado de Chihuahua de capacitar en tareas policiacas y dotar de armamento a voluntarios de la comunidad de Le Barón, como una alternativa para frenar a los grupos delictivos que agreden a la sociedad en esa zona, desató el rechazo generalizado tanto de empresarios, como de derechohumanistas y autoridades federales.

La procuradora chihuahuense Patricia González dio a conocer que ya existe una lista de 77 lebarones que están inscritos para integrarse a una “policía comunitaria” y trabajar por la paz de su colonia. La funcionaria destacó que este caso debería ser imitado en otras poblaciones de la entidad, pues considera que la labor coordinada entre la sociedad y la autoridad puede dar mejores resultados en el combate a los delincuentes.

Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial, en voz de su dirigente Armando Paredes Arroyo, advirtió que ninguna comunidad puede armarse para repeler a criminales, ya que el monopolio de la fuerza lo debe tener el Estado.

Para la Procuraduría General de la República (PGR) el asumir un papel de autodefensa y armarse para hacer frente a la inseguridad resulta una estrategia que sólo “traería mayor violencia”.

José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró que los homicidios de miembros de la comunidad lebarona a manos de presuntos paramilitares, “refleja que estamos ante el fracaso del poder público para defender a sus ciudadanos”, y la intención de la comunidad de autodefenderse sería una muestra más del fracaso de las instituciones públicas que son incapaces de proteger la vida de sus ciudadanos.

De manera coincidente, el ombudsman del Distrito Federal, Emilio Álvarez, subrayó que la propuesta de crear “grupos de autoprotección ciudadanos” representa una “señal de alarma”, sobre todo porque el Estado mexicano estaría renunciando a su labor primordial de salvaguardar la integridad de los mexicanos.

En su opinión, la propuesta del gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, representaría un reconocimiento de facto al fracaso de la autoridad de garantizar la seguridad a través de la justicia.