CNDH: difícil, controlar a los violentos

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de noviembre.- De acuerdo con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, es complicado neutralizar a los embozados que vandalizan por el caso Iguala.

—Como abogado general de la UNAM conoce a los anarquistas, sabe cómo actúan, que se cobijan con los movimientos estudiantiles auténticos ¿qué tan difícil es atender este tema? –se le preguntó.

—Es una situación compleja, quien diga lo contrario, a la mejor está viendo otra circunstancia. No es tarea sencilla —dijo en entrevista con Excélsior.

Expuso que en casos como el de Guerrero “legítimamente hay motivos de indignación”. Sin embargo, recordó que toda la sociedad debe contribuir a respetar el Estado de derecho. Aseguró que no se puede perseguir el delito con conductas ilegales y recordó que la CNDH no defiende a delincuentes, sólo el Estado de derecho.

De Raúl Plascencia, su antecesor y quien lo acusó de plagiar un libro y de tolerar a maestros que acosaban a estudiantes, aseguró que “no guardo rencor ni en lo personal ni en lo institucional”.

“NO DEFENDEMOS DELINCUENTES”:  LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ, PRESIDENTE DE LA CNDH

Conocedor de la dimensión del fenómeno de los violentos anarquistas, a los que conoció en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, asegura que es “complicado” neutralizarlos, incluso “quien diga lo contrario a la mejor está viendo otra circunstancia”, pues ese grupo se mezcla con estudiantes para ser protegido.

En entrevista con Excélsior, el ombudsman nacional aclara que entiende el hartazgo y la desesperación de los mexicanos ante la inseguridad, pero recuerda que toda la sociedad debe contribuir a respetar el Estado de derecho, pues responder con violencia a la violencia lleva a un Estado selvático al cual no se le debe apostar.

La CNDH, recuerda González Pérez, tiene un trabajo intenso para inyectar en el ADN de los mexicanos la cultura del respeto a los derechos humanos, con el fin de que no haya casos como los de los llamados ladies y gen-
tlemen que abusan de personas vulnerables, así como de cuerpos policiacos que son cómplices de hechos como el de la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Aclara también que no le guarda rencor a Raúl Plascencia, su antecesor en la CNDH, por haberlo señalado de plagiar un libro y de tolerar en la UNAM a maestros que acosaban a estudiantes.

Un ombudsman tiene que ver para enfrente. Yo no guardo rencor ni en lo personal ni en lo institucional. Yo respondí institucionalmente y, en lo personal, con altura de miras”, precisa.

Adelanta, además, que aprovechará la participación de Guillermo Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela,  expresidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de especialistas como Mariclaire Acosta, en el Consejo Consultivo de la CNDH para incluirlos más en las decisiones de la institución.

De igual forma, anuncia que habrá una renovación del personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero sostuvo que no tomará decisiones aceleradas.

Los cambios vendrán cuando se tengan que dar, pero lo más pronto posible (…) Sí habrá cambios, pero sería irresponsable de mi parte una precipitación. Llegué y hablé con todos los visitadores: ‘Por favor sigan donde están, pónganme al tanto de los asuntos sensibles y en el corto tiempo iré tomando las determinaciones’”, explica.

El día que fue electo como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde la tribuna del Senado de la República los legisladores le hicieron varias recomendaciones. Por ejemplo, el Partido Acción Nacional, a través de Adriana Dávila, le pidió a Raúl González Pérez no dejar en impunidad a los grupos de vándalos, a los llamados anarquistas.

— Usted, como abogado general de la UNAM conoció a los anarquistas, sabe cómo actúan; que se cobijan con los movimientos estudiantiles auténticos ¿Qué tan difícil es atender este tema?

—Es una situación compleja. Quien diga lo contrario, a la mejor está viendo otra circunstancia. Es una situación compleja y le diría lo que he señalado y de lo que estoy convencido. La protesta social es un derecho, se inscribe en la libertad de expresión. Hay que ejercer esa libertad y esa expresión y, sobre todo, lo voy a poner en lo que hoy vamos a observar, que es una expresión, una protesta ante hechos que, quién puede negar lo lacerante que significa lo que aconteció en Iguala y que nos ha expuesto como país y que legítimamente hay motivos de indignación y vergüenza.

“No es tarea sencilla, tenemos que ver que en el país se den las condiciones, muchas veces olvidadas, de derechos sociales. ¿Quién puede negar que hay 60 millones de pobres en el país?, que a veces el problema de empleo es complejo, que a veces no hay opciones para la juventud estudiantil. O sea, estos derechos sociales van a ser también parte del trabajo del ombudsmanpara tratar de incidir en las políticas públicas.”

— Hace casi 25 años, cuando nació la CNDH, la acusaban de defender criminales. Ahora, ante la violencia generada por los anarquistas, hay voces que exigen que no los proteja Derechos Humanos.

— Yo creo que a veces la desesperación de la sociedad ante un tema de inseguridad, el hartazgo ante un tema de seguridad en el patrimonio, en la vida, en la integridad, conlleva a que la sociedad señale que determinadas personas que cometieron un delito no deben tener derechos humanos, y yo creo que hay que explicar a la sociedad que la Comisión Nacional y los órganos públicos no defienden delincuentes.

“Yo le diría que la CNDH y cualquier otro organismo público de derechos humanos, aquí y en el mundo, defienden la dignidad de las personas. Y la dignidad hay que entenderla como que el ser humano es un fin en sí mismo, y no medio para otros fines entre iguales, y en ese sentido el ombudsman lo que busca es que al que delinque se le aplique todo el peso de la ley, todo, con el rigor que las normas señalan, pero también que no se puede perseguir el delito cometiendo conductas ilegales.

“Nuevamente hay que hacer, así como el ADN de la cultura de la legalidad, señalar que los derechos de las víctimas se tienen que respetar, y un derecho de la víctima es señalar que la conducta que resintió no quede impune y que se le aplique a quien cometió esa conducta el peso de la ley, pero no el peso de la ley sin cumplimiento de la misma.”

— Entonces se hace víctima al victimario

— Y nos volvemos un Estado selvático. ¿Cuál es la armonía que debe prevalecer? ¿Cuál debe ser el orden de convivencia en cualquier sociedad?, pues el pacto de leyes que se da, y el pacto de leyes es cumplir el Estado de derecho. La CNDH no defiende delincuentes, defiende el Estado de derecho, que las víctimas tengan satisfacción de la violación y que se busque sancionar a quien la cometió. Los presuntos responsables deben pagar por ello, si se les confirma esa circunstancia, pero respetando el debido proceso.

Con la meta de retomar fundamentos de Carpizo

Discípulo del doctor Jorge Carpizo, fundador de la CNDH, Luis Raúl González Pérez explica que la transformación que busca en la Comisión es para retomar los fundamentos del también exrector de la UNAM.

“Retornaré a los principios que le dieron origen, porque los principios que le dieron origen son los que animan a cualquier ombudsman: antiburocratismo, oportunidad, acompañamiento de las víctimas, ejercicio de la autonomía, que significa independencia de partidos, de poderes públicos; no alejamiento, no confrontación, pero sí firmeza y energía. Ejercicio de todas las atribuciones, agilidad en los procedimientos.

“En ese sentido, volver al señalamiento público, y ahí ustedes juegan un papel muy importante, de qué sirven las recomendaciones si no logramos convencerlos a ustedes para que sean replicadores del argumento, convencidos, para señalar que alguien violó derechos humanos; la otra parte es la sociedad civil. Yo diría que eso es lo que hay que retomar, fortalecer a impulsar, a la luz de una mayor presencia ante circunstancias diferentes.

“Hoy tenemos nuevos derechos que ejercer, las preferencias sexuales hay que respetarlas, la Corte misma ya se pronunció, el ombudsman pues tiene que respetar, impulsar y defender esos derechos. Hay un contexto diferente, pero que no riñe con el principio de esos derechos y debe haber mayor presencia del ombudsman ante la situación que estamos viviendo.”

— ¿Cuál es su valoración de la CNDH a casi un cuarto de siglo? ¿Falló la cultura de los derechos humanos en México?

— Yo creo que en casi un cuarto de siglo la Comisión ha tenido avances y tiene claroscuros. Hoy en México una inmensidad de mexicanos conoce de la existencia de los órganos públicos de derechos humanos. En un principio, cuando se hablaba de ombudsman, alguien le preguntaba a Fix Zamudio, ‘oiga me puede explicar qué significa ese señor Don Guzmán’. Eso le habla del desconocimiento, y había desconfianza en ver qué era eso, y si realmente podía defender el derecho de las personas.

“Figuras como Jorge Carpizo pues le dieron lustre a la Comisión y uno de los temas que fue basamento de la Comisión fue lo recurrente a la tortura y el homicidio de Norma Corona. Hoy puedo decir que frente a un conocimiento de los derechos humanos más extendido, todavía hay espacios, zonas donde esos derechos no son conocidos y todavía no se exigen y, sobre todo, tiene que ver con grupos vulnerables. Hoy estamos en circunstancias extraordinarias como país. Yo diría que el agravante de estos temas es esta crispación social.

“Pero ¿qué detona esta crispación social? Pues graves violaciones a los derechos humanos. Graves violaciones como desapariciones forzadas. Que no sepamos el paradero de 43 jóvenes, que haya habido seis muertos en ese hecho que nos avergüenza, que nos ha expuesto en la indignación nacional e internacional.”

— Lo fraseaba como fracaso, porque tenemos varios años viendo a un país en el que hay ladies y gentlemen que abusan de personas, que a diferencia de hace un cuarto de siglo tiene leyes de atención para las víctimas, tiene a la CNDH y comisiones estatales, pero pareciera que en el ADN de los mexicanos todavía no permea.

— Es una gran paradoja. Tenemos leyes y normas valiosísimas. Tenemos normas que contienen estándares internacionales. Claro, todavía nos falta mucho por hacer, pero tenemos normas de las cuales debemos sentirnos orgullosos, ahí está el artículo primero constitucional, el fuero militar acotado, que en violación en derechos humanos pasa al ámbito civil. Tenemos la Ley General de Víctimas, tenemos la reforma penal en curso, tenemos convenciones internacionales sobre las mujeres, tenemos la Ley General para el Acceso a una Vida Libre de Violencia, para la igualdad entre hombres y mujeres, tenemos la ley contra la trata.

“Es decir, tenemos un abanico de instrumentos jurídicos cada vez más renovados y perfectibles y tenemos los órganos, y la paradoja es, y es lo lamentable, y es la crisis que se refleja, el gran reto es su materialización; sin generalizar, hay servidores públicos que se desvían del camino, como también hay servidores públicos que cumplen excelentemente su labor. Como hay ciudadanos ejemplares, como hay ciudadanos que también, de repente, hay una apatía por el Estado de derecho.

“Entonces, yo creo que parte de la solución es cómo reencontrar el camino. Ese chip o ese ADN que se introyecte en la sociedad mexicana y en los servidores públicos. Cómo recobrar la cultura de la legalidad, por convencimiento y no solamente por temor a la sanción, porque hoy vemos que no hay temor a la sanción porque la impunidad campea, entonces la impunidad es eje, es invitación a la que se cometan violaciones a derechos humanos.

“Si se violan derechos humanos y no pasa nada, pues necesitamos combatir esa circunstancia. Y ¿cuál va a ser el papel del ombudsman? Señalar públicamente a esos servidores públicos, a través de sus pronunciamientos sólidos, sin estridencias, sin protagonismos.

“El ombudsman como figura debe quedar atrás. Lo que debe aparecer es el trabajo sólido, documentado; y dos, de qué le sirve un papelito, que se llama recomendación, a la víctima. Ya lo tiene, se le reconoce que se le violaron sus derechos y que se le pide a las autoridades hagan tal o cual cosa, entre ellas la satisfacción integral por la violación sufrida.

“Ahí tiene que darse una renovación y fortalecimiento del trabajo delombudsman. Ahí empieza una parte todavía más exigente del cumplimiento. Autoridad que no acepta o que simule cumplimiento tiene que señalársele, pero dos, cuando usted hablaba de órganos y de leyes, se le han dotado de más dientes a la Comisión, como exigir que haya una respuesta, explicación pública que no acepta y que comparezca ante el Senado. Bueno, hay que pedir también a los senadores, con quienes vamos a interactuar, que exijan y que tenga costos políticos la comparecencia, si no satisfacen las explicaciones.”

Concluye la emergencia por derrame tóxico en río de Sonora

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de noviembre.- Tras dar por concluida la fase deemergencia por el derrame de metales pesados a los ríos Bacanuchi y Sonora, y anunciar la fase de remediación por los daños causados almedio ambiente y a la población de los siete municipios afectados en esa región, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que el gobierno federal actuó con todo el peso de la ley en contra de Grupo Minero México.

En conferencia de prensa conjunta con el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y el subsecretario de Semarnat, Rodolfo Lacy, Navarrete Prida explicó que si bien es cierto que se reconoce que Grupo México aceptó su responsabilidad en la más grave afectación ecológica en la historia del país y evitó un largo proceso judicial para iniciar lareparación del daño, el gobierno federal no entrega certificados de buena conducta.

El gobierno federal no exonera a la empresa, ni al Grupo México, del daño causado en el Río Bacanuchi y Sonora, que afecta a 25 mil sonorenses; el gobierno federal impone sanciones, las más altas que puede de la ley.

“No vamos a generar un certificado ni de buena conducta, ni considerar que no generaron un problema; generaron un grave daño a la población, una empresa que genera millones de pesos y genera millones de dólares de recursos a sus dueños y que tienen obligaciones, como todos los mexicanos, que significa cumplir con la ley”, subrayó el titular de la Secretaría del Trabajo.

Durante la conferencia se garantizó que no se volverá a registrar un derrame en la región por parte de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México, y que hasta el momento se han entregado más de 500 millones de pesos del fideicomiso que se creó para atender esta emergencia para pagar indemnizaciones a los productores afectados y a la población en general, y llevar a cabo acciones para revertir los daños ecológicos.

“El fideicomiso Río Sonora ha generado 37 pagos, específicamente por afectaciones a la salud, que ascienden a poco más de 883 mil pesos. Adicionalmente, se han realizado 13 mil 142 pagos para el resarcimiento de daños a productores agropecuarios, unidades económicas y pobladores, por un importe de más de 433 millones de pesos”, puntualizó el titular de la STPS.

Lo anterior representa la generación del 1.4 veces el Producto Interno Bruto de la región en un año.

Durante su intervención, el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, Rodolfo Lacy, explicó que el fideicomiso garantiza una atención a largo plazo en la región afectada por el derrame.

Es muy posible que estemos trabajando dos años más, es un programa de remediación que tiene componentes que van en la fase de vigilancia epidemiológica y vigilancia ambiental, hasta el final de esta administración cinco años más, y después otros 10 años más de monitoreo a efectos de ver cómo migran los metales pesados en distintos ambientes.”

También continuará la evaluación del funcionamiento de la Minera Buenavista del Cobre, a través del cumplimiento de las medidas de prevención ordenadas por la STPS

Igualmente, Alfonso Navarrete Prida señaló que, concluida la fase de emergencia, concluye su trabajo como coordinador intersecretarial de laComisión para el Río Sonora, misma que ahora será operada por la Semarnat y la Secretaría de Salud.

Por su parte, el gobernador sonorense reconoció que existe una afectación grave a la imagen de la marca Río Sonora, y reconoció que aún faltan acciones por llevar a cabo para atender las demandas de la población.

“Estamos estimando que, una vez terminada la emergencia, que podamos garantizar que la calidad del agua no afectó, ni afecta la producción, ni los productos que ahí se consumen, vamos a iniciar una campaña muy fuerte de promoción para darle la certeza, para darle la confianza y recuperar el orgullo que siempre hemos tenido de los productos y de la calidad del Río Sonora”, detalló.

EU frena deportaciones con medida ejecutiva de Obama

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de noviembre.- El presidente Barack Obama anunció ayer un paso histórico, que podría definir su legado, al anunciar un plan para evitar la deportación de hasta cinco millones de indocumentados.

La medida administrativa, “satisface” a los inmigrantes y a la mayor parte de la minoría hispánica, pero plantea un choque con los republicanos que bien podría determinar lo que serán los dos últimos años de su régimen.

En un discurso transmitido en vivo sólo por las cadenas de televisión de habla española y algunas estaciones de cable en inglés, Obama anunció un paquete de medidas que concederán estatus legal a casi la mitad de los 11 millones de inmigrantes no autorizados en su país.

Esta acción ejecutiva permitirá que los indocumentados que sean padres de ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes legales, conocidos como titulares de la tarjeta verde (green card), se registren con el gobierno federal y, de ser aprobados, recibirán protección de tres años contra cualquier deportación.

El plan también ampliará el grupo de inmigrantes indocumentados traídos al país cuando eran niños (dreamers).

Ninguno de los beneficiarios del plan de Obama sería elegible para la ciudadanía estadunidense o residencia, pero recibirá permisos de trabajo, número de Seguridad Social y la promesa de que no serán deportados a menos que cometan un delito grave.

Quienes deseen beneficiarse debieron haber llegado a la Unión Americana antes del 1 de enero de 2010. También tienen que registrarse,  pasar verificaciones de antecedentes de seguridad, pagar  multa,  e impuestos en el futuro.

Los que resulten amparados por las recientes medidas podrán optar por permisos de trabajo renovables cada dos años por lo que deberán pagar impuestos sobre los ingresos que perciban.

Las medidas “no permiten la naturalización ni dan el derecho a permanecer aquí permanentemente, ni conceden los beneficios que los ciudadanos (estadunidenses) reciben. Sólo el Congreso puede hacer eso. Lo único que estamos diciendo es que no vamos a deportarte”, dijo Obama.

De acuerdo con la Casa Blanca, “las órdenes del Ejecutivo aplican mano dura a la migración ilegal en la frontera, dan prioridad a la deportación de convictos y no de familias, y exige que determinados inmigrantes indocumentados se sometan a investigación de antecedentes penales y paguen su parte justa de impuestos, ya que se registran para permanecer temporalmente en EU, sin temor a la deportación”.

Advirtió, sin embargo, que “solamente el Congreso puede finalizar esta labor” y ofreció colaborar con el Congreso en un proyecto de ley bipartidista e integral, similar al que el Senado aprobó en 2013 para reemplazar las órdenes presidenciales y arregle todo el sistema.

Obama alegó en su mensaje que no se puede permitir que el sistema migratorio siga como hasta ahora. “Esa sería la verdadera amnistía”, precisó. “La amnistía masiva sería injusta. La deportación masiva sería a la vez imposible y contraria a nuestro carácter como nación.”

 El mandatario defendió la medida contra acciones y denuncias de sus críticos que las calificaron como acciones ilegales, autoritarias, y hasta como “imperiales”.

“Las acciones que estoy tomando no sólo son legales, son los tipos de medidas adoptadas por cada presidente republicano y cada presidente demócrata durante el último medio siglo”, subrayó.

Desafió a que “aquellos miembros del Congreso que cuestionan mi autoridad para hacer que nuestro sistema de inmigración funcione mejor, o cuestionen mi juicio de actuar en donde el Congreso ha fallado, yo tengo una respuesta: Aprueben una ley.”

     Se espera que la medida sea el eje de una confrontación política entre el Ejecutivo demócrata y la oposición republicana en el Congreso.

 Ayer, el gobernador electo de Texas, Greg Abbott, prometió impugnar en los tribunales las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama.

Abbott, quien es el fiscal general del estado hasta que remplace al gobernador Rick Perry en enero, hizo su pronunciamiento poco después que el presidente anunció sus  medidas; dijo que busca “garantizar la soberanía de nuestro estado y el estado de derecho tal como lo estipula la Constitución”.

Cooperan por la migración de latinos

Estados Unidos y México buscan frenar la migración de América Latina y el Caribe, principalmente de Centroamérica, a través de la cooperación internacional.

Al suscribir una carta de intención bilateral para reforzar proyectos triangulares con la región, Mark Feierstein, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) dijo que la migración da motivos suficientes para reforzar la cooperación con los países del sur.

“Centroamérica finalmente es una región de suma importancia para México, también para los Estados Unidos. Hay nexos culturales, económicos, familiares y ahora con el tema de la migración hay aun más razones para tratar de promover el desarrollo en Centroamérica para que los niños, las familias no tengan que hacer el tránsito tan peligroso a los Estados Unidos.”

VER COMUNICADO ÍNTEGRO

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), da la bienvenida a las medidas administrativas en materia migratoria anunciadas la noche de este jueves por el Gobierno de Estados Unidos, que tienen el potencial de beneficiar a un número significativo de mexicanos en ese país y mejorar sus oportunidades, así como su dignidad y certidumbre.

Esta decisión permitirá incrementar las cuantiosas contribuciones de los mexicanos a la economía y sociedad de Estados Unidos. Asimismo, responde a múltiples necesidades expresadas por las comunidades y darán mayor certeza y seguridad a las familias.

El anuncio implica la expansión del programa de acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, pos sus siglas en inglés); la creación de un nuevo programa de acción diferida para padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes; la eliminación y sustitución del programa “comunidades seguras”; así como iniciativas para promover la integración de los migrantes y la ciudadanía; entre otras.

Respecto al anuncio hecho en torno al control fronterizo, el Gobierno de México estará atento a que en su instrumentación se respete la seguridad y los derechos humanos de los migrantes.

Es importante destacar que las medidas tomarán distintos periodos en ponerse en marcha. Mientras tanto, no hay solicitud ni pago alguno que realizar para apegarse a sus beneficios.

El gobierno de México hace un llamado a la comunidad mexicana en Estados Unidos a informarse sobre el contenido del anuncio por medio de fuentes oficiales así como de la red de 50 consulados y sus herramientas de comunicación: las sedes consulares; el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) que opera todos los días (1 855 463 6395); la aplicación sin costo para teléfonos celulares y dispositivos móviles “MiConsulmex”; redes sociales; y los espacios con los que cuentan nuestros cónsules en radio y televisión.

La SRE, a través de la embajada de México en Estados Unidos y su red consular en ese país, dará seguimiento a la instrumentación de esta decisión para informar oportunamente a la comunidad mexicana y continuará ofreciendo asistencia y protección consular a todos los mexicanos, sin importar su condición migratoria”.

SSPDF identifica como golpeadores profesionales a detenidos en marchas

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de noviembre.- El secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) Jesús Rodríguez Almeida, señaló que se ha identificado que las personas que cometen actos violentos durante las marchas pertenecen a grupos autodenominados “anarquistas” y a golpeadores profesionales.

Pertenecen a grupos de anarquistas, golpeadores profesionales, no son estudiantes, incluso tienen más de 30 años, son personas que no tienen alguna forma adecuada de vivir, simplemente buscan violencia, tienen daño antagónico contra las autoridades”.

En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, el titular de la Policía capitalina dio el saldo de las movilizaciones realizadas ayer jueves en la Ciudad de México, en apoyo a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre.

Detalló que 16 personas fueron detenidas en el cruce de la Calzada Ignacio Zaragoza y elBoulevard Puerto Aéreo, debido a que agredieron a los granaderos con diversos objetos que utilizaron como proyectiles.

Destacó que el contingente de encapuchados se logró replegar y se evitó una tragedia mayor, luego de que los manifestantes intentaron incendiar una pipa que secuestraron. Además provocaron daños a un vehículo de la SSPDF.

Por la noche, se registraron actos vandálicos por parte de “anarquistas”, otros violentos y delincuentes contra elementos del Estado Mayor Presidencial, quienes solicitaron apoyo al verse rebasados.

Dijo que elementos de la SSPDF lograron replegarlos en Palacio Nacional, mientras que policías federales detuvieron a 15 personas más.

Indicó que los policías tuvieron que defenderse debido a que los vándalos “tiraban a matar” con el uso de piedras y diversos objetos, por lo que 18 policías resultaron lesionados y están siendo atendidos en hospitales.

Algunos resultaron con quemaduras, golpes contusos, golpes en el cráneo y en diferentes partes del cuerpo, los estamos atendiendo con los especialistas del hospital y estaremos al pendiente de su pronta recuperación”.

Destacó la coordinación con autoridades federales para contener losactos violentos realizados durante las manifestaciones. 

Hubo una extensa coordinación con las autoridades federales, logramos el objetivo de que no llegaran al aeropuerto, logramos de que no quemaran una pipa, pusieron en riesgo a mucha población, muchos van drogados siempre que los detenemos van en estado inconveniente”. 

mca

La inseguridad es un problema de Estado, no de gobierno: Sedena

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de noviembre.- El combate a la inseguridad y al crimen organizado requiere de la unión de todos los mexicanos, porque son un problema de Estado y no sólo del gobierno, afirmó ayer el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda.

El mando castrense fue uno de los oradores en la ceremonia de entrega de ascensos y condecoraciones a elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, en el marco del 104 Aniversario de la Revolución Mexicana, que se realizó en el Campo Marte.

“Dejemos de suponer que los grandes retos que enfrentamos como la inseguridad y el crimen organizado son sólo culpa del gobierno, esa actitud poco abona; son problema de todos y sólo juntos podremos vencerlos. Son problema de Estado y no de gobierno”, afirmó el titular de la Sedena.

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y asistió todo el gabinete legal de la actual administración.

Ante nuevos generales de División del Ejército y almirantes de la Armada, quienes recibieron sus ascensos, el general Cienfuegos Zepeda afirmó que la desunión no debe ser el camino para los mexicanos.

“El camino de la desunión, reflejado y marcado por la violencia, la intolerancia, la crítica infundada, el temor. Esta vía sólo lleva al fracaso nacional, al atraso social, a la frustración, a la ingobernabilidad, a la inestabilidad, no soluciona problemas, sólo los agrava, genera rencores inconciliables, letargo económico y parálisis colectiva”, expresó el mando castrense.

Al igual que los otros oradores, los presidentes de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles; del Senado, Miguel Barbosa Huerta, y de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Juan Silva Meza, realizó un llamado a la unidad de los mexicanos.

Los mensajes se dieron en el marco del cambio de sede de esta ceremonia, que originalmente se realizaría en la Plaza de la Constitución (Zócalo), debido a las marchas que se anunciaron en apoyo a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

En recientes movilizaciones, grupos de jóvenes han cometido actos vandálicos en los que han causado daños a la puerta central del Palacio Nacional o han incendiado el Congreso de Guerrero.

“El principal baluarte de México es su gente y la principal fortaleza de los mexicanos es la unidad, bajo estas premisas hago un llamado a unirnos sociedad, gobiernos y Fuerzas Armadas para seguir el camino del progreso y llevar al país al sitio que merece.

“Superemos esta encrucijada generando los acuerdos y los consensos necesarios con voluntad, con visión, con determinación. Ni la delincuencia ni cualquier otro antagonismo podrán jamás someter a la democracia, juntos los mexicanos, con ferviente amor por México, somos más para superar cualquier obstáculo, unámonos para resolver los desafíos que enfrentamos”, dijo el general Cienfuegos Zepeda.

El titular de la Defensa Nacional reiteró que las Fuerzas Armadas seguirán apoyando a las autoridades en trabajos de seguridad con respeto a los derechos humanos.

“Todos somos mexicanos y todos buscamos mejores condiciones de vida, por ello es imperativo sumar voluntades y llevarlas al terreno de la práctica. Necesitamos que la pluralidad y las diferentes visiones permitan el ascenso y desarrollo del país”, expresó.

Cienfuegos cumple 50 años en Sedena

En el 104 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana recibe reconocimiento.

Por sus 50 años ininterrumpidos de servicio en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el titular de la dependencia, general Salvador Cienfuegos Zepeda, recibió la Condecoración por la Patria de parte del presidente Enrique Peña Nieto.

Durante la ceremonia realizada en el Campo Marte para conmemorar el 104 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, se entregaron también ascensos y condecoraciones a elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México.

“Este día, además, he entregado una merecida distinción que muy pocos militares tienen el honor de recibir por cumplir 50 años de servicio, me refiero a la Condecoración Por la Patria, que hoy he impuesto al general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional.

“A quien el Presidente de la República le reconoce su liderazgo, experiencia y patriotismo para cumplir y servirle a México y conduciendo al Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea de México, muchas gracias y felicidades, señor general secretario”, expresó el jefe del Ejecutivo tras de imponer la condecoración.

La entrega de ascensos y condecoraciones a personal de la Sedena y de la Secretaría de Marina-Armada de México —luego de la cancelación de esta ceremonia en la Plaza de la Constitución—, se limitó a un evento para los galardonados y sus familias, quienes ocuparon las gradas del Campo Militar Marte.

Los discursos oficiales coincidieron en llamar a la paz y a la unión entre los mexicanos, en un día de movilizaciones convocadas para reclamar por la desaparición de 43 normalistas en Guerrero, y en la que se esperaban acciones por parte de grupos autodenominados anarquistas.

En homenaje al personal militar que fue ascendido, los elementos de la Banda de Guerra y de la Orquesta Sinfónica de la Sedena, todos vestidos con pants tricolores, y la palabra “México” en la espalda, realizaron una exhibición mientras entonaban música de la época de la Revolución.

Con cuatro helicópteros asentados en el Campo Militar y unas mantas con las imágenes de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, se formó el escenario para la ceremonia, en la que no hubo tropas de ninguna agrupación castrense.

Protesta pacífica terminó en gresca

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de noviembre.- La Ciudad de México vivió ayer una jornada de marchas y protestas contra la desaparición de 43 normalistas de Guerrero, con un saldo de una veintena de detenidos, según diversas fuentes, por actos vandálicos, principalmente contra el Palacio Nacional.

Cerca de las 14 horas, un grupo de casi 350 personas encapuchadas, armado con bombas molotov, palos y piedras, se enfrentó con policías en la calzada Ignacio Zaragoza, quienes les impidieron llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Casi al anochecer, de diversos puntos de la zona centro de la Ciudad de México, 30 mil personas, según cálculos del Gobierno del Distrito Federal (GDF), iniciaron su marcha de manera ordenada hacia el Zócalo.

A las 20 horas, 50 embozados se abrieron paso entre los manifestantes y empezaron a empujar las vallas que protegían el Palacio Nacional. Lanzaron bombas molotov, petardos, palos y piedras contra la puerta central del inmueble y contra quienes lo custodiaban.

Pese a la exigencia de los manifestantes, entre ellos normalistas, para frenar los actos violentos, los encapuchados continuaron con sus ataques. Cerca de las 21 horas la Policía Federal, apoyada por integrantes de la SSP-DF, llegó al Zócalo para desalojar y detener a los agresores.

Finalmente, la fuerza federal y del DF se hicieron del control de la plancha del Zócalo y sus alrededores.

En Chiapas, Sonora, Campeche, Coahuila, Estado de México y Baja California autoridades locales reportaron vandalismo como quema de comercios y alcaldías, así como ataques a bancos.

Violencia frustra mitin  en el Zócalo

Luego de una marcha pacífica, encapuchados se enfrentan con policías frente al Palacio Nacional; poco después de las 8 de la noche, la concentración en apoyo a los normalistas debió ser cancelada.

La tarde-noche de este 20 de noviembre hubo dos tipos de manifestaciones en el Zócalo de la Ciudad de México: una pacífica con miles de personas que clamaban justicia por los desaparecidos, y la de unos cuantos encapuchados que originaron violencia la noche de ayer frente a Palacio Nacional.

Minutos antes de las ocho de la noche, un grupo no mayor a 50 encapuchados comenzó a empujar las vallas que rodeaban la entrada principal de la sede del Poder Ejecutivo federal mientras gritaban consignas en contra del gobierno. Al mismo tiempo iniciaba un mitin que llamaba a la actuación pacífica, tuvo que ser suspendido.

Un joven normalista y otras personas más intentaron convencer a quienes se cubrían el rostro a que se quitaran las capuchas, y protestaran sin violencia y sin atacar a quienes custodiaban el Palacio.

Poco caso les hicieron, pues después de las ocho de la noche comenzaron a arrojar objetos metálicos, piedras y botellas hacia la puerta central del recinto, también contra los periodistas que cubrían las marchas.

“¡Sin violencia! Esto es una protesta pacífica. No violencia, por favor; somos miles, un movimiento que pide justicia y paz. ¡Dejen de usar proyectiles!  El mitin es en el Zócalo”, clamaba, sin éxito el joven que había bajado del templete instalado en la Plaza de la Constitución para protestas por los desaparecidos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre.

De pronto, un grupo de 20 embozados se abrió paso entre los manifestantes que se habían colocado frente al Palacio arrojando piedras, agua así como botellas de plástico y vidrio; un joven fue herido en la frente.

Los encapuchados se colocaron a lo largo del cerco que protegía la fachada del histórico edificio y comenzaron a preparar petardos y bombas molotov.

A las 20:25 comenzó el ataque a Palacio. Cohetones, rocas y bombas molotov eran lanzados hacia la puerta central de Palacio Nacional, en ocasiones, el fuego provocado a unos metros del edificio se reflejaba en sus ventanas, pues parecían fogatas sobre la explanada del lugar. Quienes pedían una protesta sin violencia preferían irse a la plaza, y proseguir su manifestación de forma pacífica.

Veinte minutos después los embozados, apoyados por algunos más, lograron retirar algunas vallas e intentaron usarlas como arma para continuar con el ataque. Las bombas molotov y los petardos continuaban explotando en las paredes o en el suelo, a unos metros de la puerta y de los elementos de seguridad.

A unos minutos de las nueve de la noche, hizo su aparición en la Plaza de la Constitución la Policía Federal, apoyada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Los asistentes a la marcha clamaban: “¡Sin violencia, queremos justicia por los desaparecidos!” Un joven lesionado en la nariz por objetos arrojados corría hacia 20 de Noviembre para resguardarse.

Los elementos de seguridad se abrieron paso frente a Palacio Nacional buscando neutralizar a los violentos, poco a poco comenzaron a avanzar sobre el primer cuadro replegando, no únicamente a los encapuchados, sino  también a quienes pacíficamente se expresaban con cantos, gritos o pancartas y velas.

Una familia y un grupo de reporteros se colocaron frente al asta buscando protección de los misiles arrojados por los embozados y gritando que venían en paz; la Policía Federal les ordenó que abandonaran la Plaza y continuaron con el repliegue.

“¡Ya se acabó esto, váyanse, esto se terminó!”, gritó un policía al tiempo que, a unos metros, un grupo de seis elementos de seguridad, golpeó y pateó a un joven que corría hacia la calle de Madero. A las 21:26 la Plaza de la Constitución había sido tomada.

El objetivo era apoderarse de todo el circuito del Zócalo, fue así como frente a un grupo de jóvenes que entonaba el Himno Nacional mientras detrás de ellos los encapuchados arrojaban piedras y botellas, la policía decidió usar el gas lacrimógeno.

Jóvenes lesionados y atontados por el gas corrían hacia Madero, la Cruz Roja atendía a algunos sobre la calle.

A las 22:15 el primer cuadro de la capital, que horas antes había recibido a miles que clamaban por un país con justicia, fue tomado por la policía.

Van 55 días

• El pasado 26 de septiembre un grupo de estudiantes de Ayotzinapa fue atacado en Iguala por policías coludidos con el narco, que detuvieron a 43 de ellos y los entregaron al cártel de los Guerreros Unidos. Desde entonces siguen desaparecidos.
• Esa noche murieron seis personas, tres de ellas estudiantes con cuyos nombres se han bautizado las tres caravanas de los familiares, que se resisten a aceptar que sus muchachos estén muertos.