La hoja de coca entra en campaña.

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El verde de la hoja de coca va a teñir la campaña electoral de las elecciones generales en Bolivia del próximo diciembre. Y no sólo por el aporte económico que se saque por la venta de unas 20 toneladas del polémico vegetal para financiar la candidatura del binomio oficialista, sino también por el inicio de un estudio que pretende demostrar que seis de cada diez ciudadanos bolivianos mastican coca en todo el país.

La senadora suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonilda Zurita, informó que el 10 de agosto comenzará oficialmente la campaña proselitista para lograr la reelección de Evo Morales y de Álvaro García Linera, con el apoyo de al menos 40.000 productores de hoja de coca afiliados a las seis federaciones del trópico de Cochabamba, la mayor organización cocalera que preside el propio Morales.

Se recolectarán "alrededor de 40.000 libras" [18.143 kilos], dijo la dirigente sindical Zurita a una red de radioemisoras, al asegurar que en una última reunión, celebrada el pasado domingo en Chapare, los cocaleros decidieron ratificar su apoyo y expresarlo con el aporte de una libra de hoja de coca por afiliado, que será comercializada en el mercado local para traducirla en dinero.

El diputado opositor Antonio Murillo señaló que "es un tema de símbolos, la coca sigue apoyando al presidente, pero detrás de la coca está el narcotráfico y no puede ser que a nuestro presidente le esté apoyando el narcotráfico. Son símbolos y señales negativas que se está dando al mundo".

El principal partido de oposición, Poder Democrático y Social (Podemos), lamentó que los seguidores de Morales anuncien un apoyo con la materia prima de la cocaína, proveniente de Chapare, cuya hoja registra la mayor cantidad de alcaloide que se destina a la ilegal elaboración del estupefaciente.

Pero si el anunciado apoyo a la campaña de Morales con esas 20 toneladas de hoja de coca ha levantado una fuerte polémica, la declaración del viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, sobre el alto porcentaje de masticadores de hoja de coca en el país ha dejado anonadados a los bolivianos. Cáceres dijo que el 62,2% de los bolivianos tiene el hábito de acullicar (masticar) hoja de coca.

El ex dirigente cocalero, y ahora encargado de la estrategia de reducción de cultivos de coca y aprehensión de estupefacientes, espera comprobar su afirmación a partir del 1 de agosto, cuando comenzará una detallada encuesta sobre el uso y consumo de hoja de coca, que se realizará en todo el país a lo largo de un año. Así se demostrará técnicamente que Bolivia necesita alrededor de 20.000 hectáreas de cultivos para satisfacer su demanda de consumo legal.

La ley antidroga establece una superficie de 12.000 hectáreas legales para atender la demanda de uso y consumo de la hoja de coca. Los excedentes -unas 18.500 hectáreas según el último cálculo de la ONU- son ilegales de acuerdo con la misma ley.

La fuerza antidroga considera que estos excedentes llegan a manos de los narcotraficantes, que han aumentado la producción de cocaína en el país a alrededor de 113 toneladas al año, según la ONU.

Cáceres dijo que las cifras contenidas en la ley antidroga son producto de estudios realizados en los años setenta, cuando el país no tenía aún cinco millones de habitantes. La población se ha duplicado desde entonces y, por tanto, la costumbre de masticar coca también ha aumentado paralelamente.

El porcentaje del 60% coincide con el número de bolivianos que se identificaron como indígenas en una encuesta nacional hace unos años, aun cuando ha cambiado sustancialmente a la luz de otros estudios posteriores que dieron la opción al encuestado de identificarse más que como indígena como mestizo, que refleja ahora una situación muy cercana a la realidad boliviana: una gran mayoría se considera mestizo, pese a que esta clasificación no está inserta en la nueva Constitución boliviana.

En parelelo, el 1 de agosto comenzará también el censo biométrico electoral después de que la Corte Nacional Electoral superara gran parte de los muchos obstáculos interpuestos por intereses políticos.

El censo biométrico espera reemplazar al anterior padrón, que fue rechazado por numerosos errores, como la duplicación y triplicación de muchas listas de empadronados o la resurección de electores ya fallecidos entre otras irregularidades aireadas repetidamente en prensa, radio y televisión.

El presidente de la Corte Nacional Electoral, Antonio Costas, ha pedido al Gobierno y al poder legislativo que le dejen demostrar que el trabajo del censo puede cumplirse en el escaso plazo establecido previo a las elecciones de diciembre.

Costas salió así al paso ante los intentos del Gobierno y de los parlamentarios oficialistas de aprobar una ley que facilite el uso del antiguo censo o de un padrón mixto en el caso de no poder culminar con la tarea del censo. La oposición denuncia que el objetivo de esta maniobra es realizar las elecciones con un censo amañado para asegurar un triunfo oficialista supuestamente fraudulento.

Y así, los tribunales electorales se enfrentan al reto de lograr censar al menos al 25% de los 3,5 millones de electores en las tres primeras semanas de agosto. Así, el grupo parlamentario oficialista renunciaría a su intento de aprobar el proyecto de ley para dar vigencia a un padrón mixto, del que aún no ha podido explicarse como funcionará en un caso dado y con cuanta transparencia podrá demostrar su uso.