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El régimen iraní puso ayer en libertad a unos 140 participantes en las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 12 de junio pasado. Todos ellos estaban encarcelados en la prisión de máxima seguridad de Evin, en Teherán, donde aún permanecen otros 200 detenidos en las manifestaciones que, según la acusación, cometieron delitos graves. Esta liberación, ampliamente demandada por las organizaciones de derechos humanos y por Occidente, se produce horas después de que el líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, ordenara el cierre de otra cárcel porque no respetaba "los derechos de los detenidos". La insólita declaración de Jamenei revela la delicada situación que atraviesa el régimen desde que se empeñara en respaldar la reelección de Mahmud Ahmadineyad.
Según el portavoz de la comisión de seguridad nacional y política exterior del Parlamento iraní, Kazem Yalali, los liberados han salido bajo fianza y todos habían cometido faltas menores. Entre ellos no hay ninguna personalidad política relevante.
Mientras, el vicepresidente de la comisión jurídica del Maylis (Parlamento), Farhad Tayari, en declaraciones a la agencia Irna, señaló que el número de muertos en las protestas del mes pasado podría alcanzar "la treintena". Hasta ahora, las autoridades habían reconocido una veintena de víctimas mortales.
El penal que ha sido clausurado es el de Kahrizak, al sur de Teherán, que consta de dos inmensas naves donde se hacinan los reclusos, algunos de ellos detenidos durante las protestas de junio. Aún no se sabe adónde serán trasladados los presos de Kahrizak ni si algunos serán puestos en libertad.
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