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Moldavia, un Estado con problemas de integridad territorial y el más pobre de Europa, celebra hoy unas elecciones parlamentarias de gran importancia para la estabilidad en las fronteras surorientales de la Unión Europea. Los comicios tienen lugar en un clima de gran tensión entre dos polos enfrentados. En uno está el Partido de los Comunistas (PCM), en el poder desde 2001, y en el otro, varias fuerzas liberales y de derechas.
Las urnas ofrecen una oportunidad de superar los traumáticos acontecimientos que siguieron a las legislativas del 5 de abril. Aquellos comicios fueron legitimados por observadores internacionales, pero dos días después de celebrarse una multitud furiosa saqueó e incendió el Parlamento y la sede de la presidencia, donde hizo ondear la bandera de Rumania. Siguieron centenares de detenciones y los defensores de derechos humanos acusaron a la policía de palizas, malos tratos y vejaciones a los arrestados. El defensor de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, confirmó los malos tratos pero concluyó que no había suficientes pruebas para responsabilizar a las fuerzas del orden público de la muerte de tres personas por aquellas fechas, como alegan diferentes organizaciones no gubernamentales. Las autoridades reconocieron los abusos policiales y liberaron a los detenidos.
Los comunistas tratan a los liberales como si fueran neonazis, y los liberales a los comunistas como sucesores de Stalin.Formalmente, los comicios de hoy están motivados por el fracaso de los partidos que obtuvieron representación parlamentaria en abril en llegar a un acuerdo sobre el nuevo presidente del Estado para sustituir a Vladímir Voronin. Con 60 de los 101 escaños de la Cámara, a los comunistas les faltaba un voto para situar a su candidata, rechazada por el Partido Liberal, el Partido Liberal Democrático y Nuestra Moldova. El porcentaje para obtener representación se ha rebajado del 6% al 5%, lo que facilita la incorporación de otras fuerzas al Legislativo.
La esperanza de compromiso pasa por la figura de Marian Lupu, de 43 años, ex ministro de economía y ex presidente del Parlamento. Lupu abandonó en junio las filas comunistas en las que militaba para encabezar la lista del Partido Demócrata (socialdemócrata). Propone afianzar las instituciones y acabar con los privilegios de las empresas favorecidas por el régimen de Voronin.
Las autoridades han intentado mejorar las listas electorales, pero hay problemas como la falta de un empadronamiento unificado y actualizado y el alto número de emigrantes, señaló Isabel Pozuelo, observadora de la OSCE. De los 4 millones de habitantes de Moldavia, entre 500.000 y un millón residen en el extranjero. La emigración potencia el protagonismo de la UE y Rumania en la política interna del país.
Todas las fuerzas políticas moldavas aspiran a la integración europea, pero hay matices que afectan a Bucarest. Los comunistas acusan a Rumania de intentar socavar el Estado moldavo al repartir pasaportes rumanos entre los moldavos. Voronin responsabilizó a Bucarest de los sucesos del 7 de abril y ha impuesto el visado a los ciudadanos del país vecino, cuyo presidente, Traian Basescu, respondió simplificando los requisitos para que los moldavos obtengan la ciudadanía rumana. En mayo, Basescu calculó que un millón de moldavos podrían conseguirla.
El tema de la doble nacionalidad es delicado por la debilidad de Moldavia y los juegos geoestratégicos en torno a este Estado producto de la unión en 1940 de dos regiones de distinta historia. Con algunas salvedades, el territorio en la ribera derecha del Dniester perteneció a Rumania y el de la ribera izquierda, donde está el régimen separatista del Transdniéster, a la URSS.
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