Noticia:
Las elecciones de este domingo en Bolivia no son sólo para dar otro mandato al presidente Evo Morales, sino para definir cómo será el nuevo Estado. El primer mandatario indígena del país andino no se juega su continuidad en el cargo, éste está sobradamente garantizado, según todas las encuestas. Lo que se juega es la composición de la primera Asamblea Plurinacional, el máximo órgano legislativo nacido de la polémica Constitución de corte indigenista aprobada en enero de este año. El partido del Gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), que ya en su primera etapa tuvo el control sobre la Cámara Baja, lucha por lograr la mayoría de los dos tercios que necesita en el Senado para sacar adelante todas las leyes que le permitan forjar un país a su medida.
Las principales instituciones democráticas bolivianas son hoy inexistentes o están incompletas. No hay un Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, la Fiscalía General y el Banco Central están en manos de interinos. La Corte Electoral está diezmada y sobrevive bajo el fuego cruzado del Gobierno y la oposición. Todo este vacío de poder institucional es el que el Gobierno espera ocupar tras las elecciones.
Aunque hay similitudes entre el estilo de Morales y el de su homólogo venezolano, Hugo Chávez, lo cierto es que la carrera del ex dirigente sindical cocalero se asemeja más a la de su par ecuatoriano, Rafael Correa. Aprovechó el descontento popular por los partidos tradicionales para ganar las elecciones de 2005, afianzó su poder con un referéndum sobre su gestión en 2008, hizo una nueva Constitución que le garantiza la reelección y este domingo le pone la guinda al pastel con el mando del poder legislativo.
Morales, de 50 años, no tiene rival en este momento. La oposición boliviana es un crisol de entrañables mercenarios de la política que intentan revivir sus carreras y líderes regionales que buscan una proyección nacional. A pesar de la poca competencia, se han multiplicado las denuncias de la oposición contra el Gobierno por un uso excesivo de los recursos públicos para su campaña y una tenaz persecución política.
Ni los observadores de la UE ni de la OEA consultados tienen grandes objeciones respecto al proceso electoral, pero sí ven los varios procesos penales contra el principal binomio opuesto a Morales como una mala señal.
Manfred Villa, ex gobernador de Cochabamba, está acusado de corrupción. Su compañero de candidatura, Leopoldo Fernández, ex gobernador de Pando, está procesado por su responsabilidad en la muerte de 13 campesinos en 2007. Ambos son impopulares y carecen de una propuesta de gobierno. Están a una veintena de puntos en intención de voto por detrás de Morales. El tercero en liza, el empresario cementero Samuel Doria Medina, ha intentado ofrecer una alternativa de centro que no ha calado en la población.
Los procesos judiciales en campaña electoral, sobre todo cuando van contra los rivales del mandatario de turno, siempre son sospechosos en América Latina. Hay países como Chile, Uruguay, Brasil e incluso México donde estas situaciones han desaparecido o casi no se ven. Pero en Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina, por citar algunos casos, reaparecen con cada convocatoria a las urnas.
"Las campañas en Bolivia ya no pueden consistir en el descrédito de unos y de otros, la oposición pura contra la figura Morales; sino que hay que crear una alternativa válida", explica Oscar Ortiz, actual presidente del Senado y candidato a renovar su escaño por Santa Cruz, la provincia más reacia al poder del MAS. "Si no ofrecemos una alternativa social a la del Gobierno nunca superaremos el 40% del voto. Hasta ahora hemos podido frenar los abusos de Morales, pero de ahora en más no sé qué sucederá si no construimos una oposición fuerte y creíble", añade.
La popularidad de Morales, al margen de su populismo, es un hecho. En La Paz, bastión del presidente, tanto simpatizantes como críticos aprueban las políticas de inclusión social de los indígenas, que suponen el 62% de la población. Era una deuda pendiente en uno de los países más pobres y socialmente desiguales de América Latina. El 60% de la gente es pobre y la mitad de ellos vive en la extrema pobreza, según el Banco Mundial.
Los indígenas ocupan hoy muchos puestos públicos y participan más en la economía formal. Además, medidas como la entrega gratuita de los certificados de nacimiento o del título secundario han puesto nombre y apellidos a mucha gente que se ha integrado en el sistema estatal. El ascenso del poder indígena es un tema espinoso en Bolivia porque despierta temores de que acabe en un cambio de una elite por otra. Las ideas sobre las leyes que regularán la convivencia con los criollos son ambiguas y muy controvertidas.
El Gobierno del MAS sin duda se ha beneficiado de los altos precios de los hidrocarburos. La nacionalización del sector, añadido al aumento de la presión fiscal sobre las petroleras, le han reportado a Bolivia ?posee las segundas mayores reservas de gas de la región? enormes ingresos. La riqueza ha disparado el crecimiento, pero ha generado más de un escándalo de corrupción que ha salpicado a personas cercanas a Morales. En especial el caso del ex presidente de la petrolera estatal YPFB, Santos Ramírez, un íntimo del mandatario que fue expulsado del MAS y encarcelado.
Morales, que hoy ha cerrado la campaña en un acto multitudinario en El Alto, cerca de La Paz, ha recuperado en los últimos días su retórica más encendida contra la oligarquía, la prensa y una oposición que, según él, pronostica el fraude electoral porque "ya está derrotada".
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jueves, 3 de diciembre de 2009
viernes, 13 de noviembre de 2009
Conflicto de poderes en la campaña boliviana.
Noticia:
Uno está en libertad bajo fianza con restricciones para viajar y el otro, preso, pero Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández forman el binomio de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Bolivia, respectivamente, que registra un sostenido crecimiento en la intención de voto para los comicios del 6 de diciembre, a pesar de encontrarse en el epicentro de un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y la Corte Electoral.
La campaña electoral boliviana se ha visto salpicada en estas últimas cuatro semanas por brotes de violencia entre partidarios de las ocho fórmulas que aspiran a lograr al menos el mayor número posible de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Los candidatos que buscan la reelección ?el presidente, Evo Morales, y el vicepresidente, Álvaro García Linera? tienen casi asegurado el voto de la mayoría, pero no con el porcentaje que esperaban para culminar el proceso de cambio empezado hace tres años.
El tándem formado por Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández registra un creciente apoyo ciudadano, según coinciden las encuestas, probablemente al amparo de la hostilidad y el acoso del partido gubernamental a esta candidatura, que tiene restringida su libertad de expresión y de movimiento.
Fernández, preso desde septiembre de 2008, no puede hacer campaña como candidato de Convergencia a la vicepresidencia tras las rejas de la hacinada cárcel de San Pedro, en el centro de La Paz, ni convocar una conferencia de prensa si antes no la solicita a un juez cautelar, como exige el Gobierno de Evo Morales. Formalmente no se ha abierto el proceso judicial ordinario debido a que la tutela del expediente es objeto de pugna entre fiscales y jueces de Pando y La Paz.
En realidad, el caso de Fernández debería verse ante la Corte Suprema de Justicia, en Sucre, ya que los cargos se refieren al periodo en que ejerció como gobernador del departamento de Pando, cuando supuestamente fue responsable de la muerte de 13 personas, 11 de ellas indígenas, durante los graves incidentes registrados en Porvenir y Filadelfia hace más de un año y que aún no han sido esclarecidos.
El Organismo Electoral Plurinacional, nueva denominación de la Corte Electoral, se ha pronunciado a favor del derecho de Fernández a hacer campaña electoral desde la cárcel y de contactar con los medios de comunicación al carecer de una sentencia ejecutada. Pero la resolución de la Corte no ha sido acatada por las autoridades pertinentes y el poder ejecutivo ha anunciado que pedirá a la justicia ordinaria que dirima el caso, omitiendo el papel de máxima autoridad de los comicios que la Constitución asigna a la Corte Electoral.
Dos canales de televisión se colaron en la celda de Fernández para sendas entrevistas que disgustaron a los líderes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
El aspirante a la presidencia por Convergencia, el ex prefecto de Cochabamba Reyes Villa, acaba de someterse a la fianza impuesta por una juez de esta ciudad dentro de un proceso ?de una media docena instaurados por la prefectura ahora en manos del MAS? por cargos de corrupción en la construcción de un puente y compra de vehículos para uso oficial con sobreprecio.
Reyes Villa podrá viajar a Argentina, Brasil y España, siempre y cuando así lo solicite a la juez que dispuso la fianza, según explicó el asesor de la prefectura Rolando Ramos, quien añadió que la medida restrictiva obedece a que el ex gobernador, militar de profesión, no pudo acreditar ninguna ocupación remunerada, excepto como consultor de una empresa constructora que aparentemente no está registrada en instancias oficiales.
Ramos no pudo ocultar su ira cuando aludía a las presuntas malas artes de Reyes Villa, quien declaró como único patrimonio un mausoleo en el cementerio. El funcionario público está seguro de que transfirió otras propiedades y acciones a terceros para evitar su embargo y escapar a la acción de la justicia. Pero advirtió que todos serán sancionados.
Los responsables de Convergencia criticaron duramente los intentos oficialistas de someter a juicio a cuanto adversario pueda ponerse al frente, restringir sus derechos fundamentales y manipular los hechos a fin de mostrar a sus rivales ante la opinión pública como delincuentes o, al menos, transgresores de la legalidad.
Pero, en el fondo e íntimamente, se congratulan por los efectos que estos actos hostiles provocan entre los electores, proclives a defender con su voto al más débil.
Uno está en libertad bajo fianza con restricciones para viajar y el otro, preso, pero Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández forman el binomio de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Bolivia, respectivamente, que registra un sostenido crecimiento en la intención de voto para los comicios del 6 de diciembre, a pesar de encontrarse en el epicentro de un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y la Corte Electoral.
La campaña electoral boliviana se ha visto salpicada en estas últimas cuatro semanas por brotes de violencia entre partidarios de las ocho fórmulas que aspiran a lograr al menos el mayor número posible de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Los candidatos que buscan la reelección ?el presidente, Evo Morales, y el vicepresidente, Álvaro García Linera? tienen casi asegurado el voto de la mayoría, pero no con el porcentaje que esperaban para culminar el proceso de cambio empezado hace tres años.
El tándem formado por Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández registra un creciente apoyo ciudadano, según coinciden las encuestas, probablemente al amparo de la hostilidad y el acoso del partido gubernamental a esta candidatura, que tiene restringida su libertad de expresión y de movimiento.
Fernández, preso desde septiembre de 2008, no puede hacer campaña como candidato de Convergencia a la vicepresidencia tras las rejas de la hacinada cárcel de San Pedro, en el centro de La Paz, ni convocar una conferencia de prensa si antes no la solicita a un juez cautelar, como exige el Gobierno de Evo Morales. Formalmente no se ha abierto el proceso judicial ordinario debido a que la tutela del expediente es objeto de pugna entre fiscales y jueces de Pando y La Paz.
En realidad, el caso de Fernández debería verse ante la Corte Suprema de Justicia, en Sucre, ya que los cargos se refieren al periodo en que ejerció como gobernador del departamento de Pando, cuando supuestamente fue responsable de la muerte de 13 personas, 11 de ellas indígenas, durante los graves incidentes registrados en Porvenir y Filadelfia hace más de un año y que aún no han sido esclarecidos.
El Organismo Electoral Plurinacional, nueva denominación de la Corte Electoral, se ha pronunciado a favor del derecho de Fernández a hacer campaña electoral desde la cárcel y de contactar con los medios de comunicación al carecer de una sentencia ejecutada. Pero la resolución de la Corte no ha sido acatada por las autoridades pertinentes y el poder ejecutivo ha anunciado que pedirá a la justicia ordinaria que dirima el caso, omitiendo el papel de máxima autoridad de los comicios que la Constitución asigna a la Corte Electoral.
Dos canales de televisión se colaron en la celda de Fernández para sendas entrevistas que disgustaron a los líderes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).
El aspirante a la presidencia por Convergencia, el ex prefecto de Cochabamba Reyes Villa, acaba de someterse a la fianza impuesta por una juez de esta ciudad dentro de un proceso ?de una media docena instaurados por la prefectura ahora en manos del MAS? por cargos de corrupción en la construcción de un puente y compra de vehículos para uso oficial con sobreprecio.
Reyes Villa podrá viajar a Argentina, Brasil y España, siempre y cuando así lo solicite a la juez que dispuso la fianza, según explicó el asesor de la prefectura Rolando Ramos, quien añadió que la medida restrictiva obedece a que el ex gobernador, militar de profesión, no pudo acreditar ninguna ocupación remunerada, excepto como consultor de una empresa constructora que aparentemente no está registrada en instancias oficiales.
Ramos no pudo ocultar su ira cuando aludía a las presuntas malas artes de Reyes Villa, quien declaró como único patrimonio un mausoleo en el cementerio. El funcionario público está seguro de que transfirió otras propiedades y acciones a terceros para evitar su embargo y escapar a la acción de la justicia. Pero advirtió que todos serán sancionados.
Los responsables de Convergencia criticaron duramente los intentos oficialistas de someter a juicio a cuanto adversario pueda ponerse al frente, restringir sus derechos fundamentales y manipular los hechos a fin de mostrar a sus rivales ante la opinión pública como delincuentes o, al menos, transgresores de la legalidad.
Pero, en el fondo e íntimamente, se congratulan por los efectos que estos actos hostiles provocan entre los electores, proclives a defender con su voto al más débil.
lunes, 9 de noviembre de 2009
Acusan a gobierno de Bolivia de nexos con el narco.
Noticia:
El candidato opositor a la vicepresidencia de Bolivia Leopoldo Fernández, que está preso en un penal de La Paz a la espera de juicio, afirma que el narcotráfico es "uno de los pilares" que sustentan al Gobierno de Evo Morales.
En declaraciones hechas el domingo desde la cárcel y reproducidas hoy por la prensa, Fernández, compañero de fórmula del candidato presidencial Manfred Reyes Villa, del Plan Progreso Bolivia Convergencia Nacional (PPB-CN) , en los comicios de diciembre (la ley solo inhabilita a quienes tienen sentencia firme) , afirmó: "hay una asociación directa (del Gobierno) con el narcotráfico" .
"Eso solo no lo ve quien no quiere verlo (...). Evo Morales es el presidente de las Seis Federaciones de Productores del Trópico de Cochabamba y es, precisamente, la coca del Chapare la que está dirigida al narcotráfico" , dijo Fernández, según publica el diario La Razón.
Según el matutino La Prensa, también dijo que el "narcotráfico es uno de los pilares que sostienen el Gobierno" y que es en vano que se muestre una lucha contra el narcotráfico en el país porque existen un gran cantidad de hectáreas de cultivos de coca excedente que se destinan a ese fin.
Las declaraciones fueron realizadas en una conexión de teléfono y vídeo difundida anoche por el canal televisivo Red Uno, pese a que las autoridades impiden a Fernández dar ruedas de prensa en la cárcel si antes no hay una autorización judicial.
Fernández se encuentra encarcelado desde hace 14 meses acusado de tener responsabilidad en la muerte de 13 personas durante un choque entre oficialistas y opositores registrado en septiembre del 2008 en la región de Pando, cuando era el gobernador regional.
El candidato a la vicepresidencia del PPB-CN acusó además al Gobierno de Morales de autoritarismo porque, en su opinión, "no existe libertad de expresión, en este momento no hay una vigencia del Estado de Derecho" .
El Ejecutivo ha rechazado cumplir las resoluciones de la Corte Nacional Electoral (CNE) que aceptan la demanda de Fernández de hacer campaña desde la cárcel en la que está recluido en La Paz a la espera de juicio.
El Gobierno ha alegado la necesidad de contar con una decisión judicial al respecto, al tiempo que ha criticado a la CNE por considerar que sus resoluciones
El candidato opositor a la vicepresidencia de Bolivia Leopoldo Fernández, que está preso en un penal de La Paz a la espera de juicio, afirma que el narcotráfico es "uno de los pilares" que sustentan al Gobierno de Evo Morales.
En declaraciones hechas el domingo desde la cárcel y reproducidas hoy por la prensa, Fernández, compañero de fórmula del candidato presidencial Manfred Reyes Villa, del Plan Progreso Bolivia Convergencia Nacional (PPB-CN) , en los comicios de diciembre (la ley solo inhabilita a quienes tienen sentencia firme) , afirmó: "hay una asociación directa (del Gobierno) con el narcotráfico" .
"Eso solo no lo ve quien no quiere verlo (...). Evo Morales es el presidente de las Seis Federaciones de Productores del Trópico de Cochabamba y es, precisamente, la coca del Chapare la que está dirigida al narcotráfico" , dijo Fernández, según publica el diario La Razón.
Según el matutino La Prensa, también dijo que el "narcotráfico es uno de los pilares que sostienen el Gobierno" y que es en vano que se muestre una lucha contra el narcotráfico en el país porque existen un gran cantidad de hectáreas de cultivos de coca excedente que se destinan a ese fin.
Las declaraciones fueron realizadas en una conexión de teléfono y vídeo difundida anoche por el canal televisivo Red Uno, pese a que las autoridades impiden a Fernández dar ruedas de prensa en la cárcel si antes no hay una autorización judicial.
Fernández se encuentra encarcelado desde hace 14 meses acusado de tener responsabilidad en la muerte de 13 personas durante un choque entre oficialistas y opositores registrado en septiembre del 2008 en la región de Pando, cuando era el gobernador regional.
El candidato a la vicepresidencia del PPB-CN acusó además al Gobierno de Morales de autoritarismo porque, en su opinión, "no existe libertad de expresión, en este momento no hay una vigencia del Estado de Derecho" .
El Ejecutivo ha rechazado cumplir las resoluciones de la Corte Nacional Electoral (CNE) que aceptan la demanda de Fernández de hacer campaña desde la cárcel en la que está recluido en La Paz a la espera de juicio.
El Gobierno ha alegado la necesidad de contar con una decisión judicial al respecto, al tiempo que ha criticado a la CNE por considerar que sus resoluciones
domingo, 11 de octubre de 2009
Adquiere Bolivia seis cazas chinos.
Noticia:
El presidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó ayer que ha decidido comprar seis aviones chinos de combate K-8 y un avión presidencial de la industria rusa, en pasos que acentúan su distanciamiento de Estados Unidos.
Las compras fueron reveladas en las últimas semanas por fuentes próximas a Morales, pero el mandatario guardó el anuncio oficial para un discurso en la ciudad de El Alto, con motivo del 52 aniversario de la Fuerza Aérea Boliviana. “Esto no es una carrera armamentista”, aseguró.
Morales puso especial énfasis en que la compra de aviones, aprobada recientemente vía decreto, “no es para ninguna guerra”, sino para combatir el narcotráfico. Asimismo, justificó la compra del avión Antonov 148, de la fábrica rusa Ilyushin, argumentando que el embajador de Rusia y el representante del gobierno ruso en Bolivia ofrecieron construir “un centro de mantenimiento para aviones, con una inversión que asciende a más de 5 millones de dólares”.
“Intentamos comprar a otros”
El mandatario también recordó que su gobierno intentó comprar aviones de fabricación checa, pero “algunos países” se opusieron, con lo que aludió a la decisión de Estados Unidos de no autorizar la venta. El gobierno de Paraguay anunció esta semana que analiza seriamente la posibilidad de presentar una protesta ante la Organización de Estados Americanos (OEA) contra las políticas armamentistas en la región y, en particular, ante el proyecto de Bolivia de fortalecer sus fuerzas militares. Países como Venezuela, Chile y Brasil también han adquirido armamento recientemente.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó ayer que ha decidido comprar seis aviones chinos de combate K-8 y un avión presidencial de la industria rusa, en pasos que acentúan su distanciamiento de Estados Unidos.
Las compras fueron reveladas en las últimas semanas por fuentes próximas a Morales, pero el mandatario guardó el anuncio oficial para un discurso en la ciudad de El Alto, con motivo del 52 aniversario de la Fuerza Aérea Boliviana. “Esto no es una carrera armamentista”, aseguró.
Morales puso especial énfasis en que la compra de aviones, aprobada recientemente vía decreto, “no es para ninguna guerra”, sino para combatir el narcotráfico. Asimismo, justificó la compra del avión Antonov 148, de la fábrica rusa Ilyushin, argumentando que el embajador de Rusia y el representante del gobierno ruso en Bolivia ofrecieron construir “un centro de mantenimiento para aviones, con una inversión que asciende a más de 5 millones de dólares”.
“Intentamos comprar a otros”
El mandatario también recordó que su gobierno intentó comprar aviones de fabricación checa, pero “algunos países” se opusieron, con lo que aludió a la decisión de Estados Unidos de no autorizar la venta. El gobierno de Paraguay anunció esta semana que analiza seriamente la posibilidad de presentar una protesta ante la Organización de Estados Americanos (OEA) contra las políticas armamentistas en la región y, en particular, ante el proyecto de Bolivia de fortalecer sus fuerzas militares. Países como Venezuela, Chile y Brasil también han adquirido armamento recientemente.
miércoles, 23 de septiembre de 2009
Bolivia contra Bolivia en Ginebra.
Noticia:
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunido en Ginebra estos días, ha sido escenario de una serie de acusaciones cruzadas entre el Gobierno boliviano y los líderes cívicos del departamento de Santa Cruz.
En Bolivia hay "persecuciones, encarcelamientos, falta de justicia, asilados políticos y ataques a la libertad de prensa", declaró ayer a EL PAÍS el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, en conversación telefónica desde Ginebra, donde había viajado con otros miembros de la organización para hablar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Los miembros del comité de Santa Cruz habían sido acreditados por el Consejo Indio de Suramérica (CISA), una ONG con estatus consultivo ante la ONU, y cuyo presidente, el boliviano Tomás Condori, reside en Ginebra.
Núñez había denunciado las maniobras del Gobierno de Morales para evitar su intervención ante la ONU, que iba a producirse en la mañana de ayer. Finalmente, "ante las presiones, que fueron numerosas y muy duras para su persona, con amenazas, improperios y chantajes, decidimos no presentarnos", afirmó ayer Núñez, para "evitar a Condori problemas en el futuro" o represalias contra su familia, y que fuera éste quien leyera el texto que habían preparado. En esta declaración reclaman "una investigación serena e imparcial" de los "abusos" en Bolivia.
Pero el Ejecutivo boliviano se había adelantado en ese mismo foro. El pasado viernes, la ministra boliviana de Justicia, Celima Torrico, acusó en la ONU a los líderes opositores cruceños de ser "racistas y discriminadores".
Torrico se refirió directamente a Luis Núñez, en relación con la última polémica entre los líderes cruceños y el presidente Morales. La Cámara de Industria y Comercio había invitado a Morales para que inaugurara la feria comercial de este departamento, y Núñez reaccionó anunciando que impediría la entrada al presidente en el recinto y proponiendo "que esos traidores de este pueblo [por la Cámara de Industria] nunca más participen con las instituciones del Comité pro Santa Cruz", según publicó el diario El Deber.
Morales desistió de asistir a la feria para evitar conflictos y calificó de "abierta discriminación" la actitud de los dirigentes cívicos cruceños. Finalmente, la feria se abrió el viernes sin un acto oficial de inauguración.
Según Núñez, su oposición a la presencia del presidente sólo pretendía evitar la violencia. "Propusimos que, ante los constantes atropellos del presidente Morales a una región que sólo quiere vivir en paz, era mejor que no viniera". Sin embargo, rechazó que esto haya producido fisuras entre los líderes cruceños y achacó la invitación a una "decisión personal" del presidente de la Cámara de Comercio.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reunido en Ginebra estos días, ha sido escenario de una serie de acusaciones cruzadas entre el Gobierno boliviano y los líderes cívicos del departamento de Santa Cruz.
En Bolivia hay "persecuciones, encarcelamientos, falta de justicia, asilados políticos y ataques a la libertad de prensa", declaró ayer a EL PAÍS el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez, en conversación telefónica desde Ginebra, donde había viajado con otros miembros de la organización para hablar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Los miembros del comité de Santa Cruz habían sido acreditados por el Consejo Indio de Suramérica (CISA), una ONG con estatus consultivo ante la ONU, y cuyo presidente, el boliviano Tomás Condori, reside en Ginebra.
Núñez había denunciado las maniobras del Gobierno de Morales para evitar su intervención ante la ONU, que iba a producirse en la mañana de ayer. Finalmente, "ante las presiones, que fueron numerosas y muy duras para su persona, con amenazas, improperios y chantajes, decidimos no presentarnos", afirmó ayer Núñez, para "evitar a Condori problemas en el futuro" o represalias contra su familia, y que fuera éste quien leyera el texto que habían preparado. En esta declaración reclaman "una investigación serena e imparcial" de los "abusos" en Bolivia.
Pero el Ejecutivo boliviano se había adelantado en ese mismo foro. El pasado viernes, la ministra boliviana de Justicia, Celima Torrico, acusó en la ONU a los líderes opositores cruceños de ser "racistas y discriminadores".
Torrico se refirió directamente a Luis Núñez, en relación con la última polémica entre los líderes cruceños y el presidente Morales. La Cámara de Industria y Comercio había invitado a Morales para que inaugurara la feria comercial de este departamento, y Núñez reaccionó anunciando que impediría la entrada al presidente en el recinto y proponiendo "que esos traidores de este pueblo [por la Cámara de Industria] nunca más participen con las instituciones del Comité pro Santa Cruz", según publicó el diario El Deber.
Morales desistió de asistir a la feria para evitar conflictos y calificó de "abierta discriminación" la actitud de los dirigentes cívicos cruceños. Finalmente, la feria se abrió el viernes sin un acto oficial de inauguración.
Según Núñez, su oposición a la presencia del presidente sólo pretendía evitar la violencia. "Propusimos que, ante los constantes atropellos del presidente Morales a una región que sólo quiere vivir en paz, era mejor que no viniera". Sin embargo, rechazó que esto haya producido fisuras entre los líderes cruceños y achacó la invitación a una "decisión personal" del presidente de la Cámara de Comercio.
sábado, 8 de agosto de 2009
La división de Bolivia se profundiza.
Reportaje:
El País de España.
El presidente boliviano, Evo Morales, ha vuelto a agitar el avispero boliviano con un decreto que abre la puerta a las autonomías indígenas. Para algunos es una jugada electoral para asegurarse la reelección, para otros sólo un disparate y para los demás un acto de justicia histórica. Para el Gobierno de Evo Morales, el proceso autonómico está destinado a "romper el monopolio del poder político de las elites, especialmente de las tierras bajas [el este rico en petróleo y gas: Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija] y complementar la lucha por los territorios indígenas, que representa la ruptura del monopolio del poder económico", en palabras del ministro de Autonomía, Carlos Romero, impulsor del decreto.
"Es la expulsión de las estructuras del colonialismo interno, la ruptura del poder económico, del poder político y la ruptura del poder cultural", dice Romero. "Declaramos la autonomía indígena para romper definitivamente las cadenas de sumisión hacia los poderes políticos, culturales y coloniales". Morales se ha adelantado medio año a la fecha prevista para sacar adelante el decreto de autonomía, que se esperaba cerca del 6 de diciembre, la fecha de las elecciones generales en las que el presidente espera obtener un segundo mandato.
La autonomía indígena y campesina es el hito que culmina la lucha por la inclusión que comenzaron los pueblos del norte y el oriente de Bolivia en 1992, cuando ascendieron desde los llanos a las cumbres andinas en una dramática caminata. Se consideró el despertar de las mayorías indígenas que habían permanecido hasta entonces, con esporádicas rebeliones, resignadas a vivir ajenas a los beneficios económicos del Estado. Seis de cada 10 bolivianos son pobres y los campesinos han tenido un salario medio anual jamás superior a los 50 euros en la última década del siglo XX.
El deterioro en la vida rural del altiplano es producto también del minifundio, el imperativo de heredar la propiedad de labranza sobre la creencia de que la pertenencia a un territorio reafirma la identidad y consolida la existencia de los pueblos atados a la Pachamama, a la Madre Tierra.
La nueva Constitución, aprobada a comienzos de año, reconoce cuatro niveles autonómicos: regional, provincial, municipal e indígena. Dice el artículo 290: la autonomía indígena "es la expresión del derecho al autogobierno como ejercicio de la autodeterminación de las naciones y los pueblos indígenas originarios y las comunidades campesinas, cuya población comparte territorio, cultura, lenguas, organizaciones e instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias".
Las comunidades indígenas tendrán una veintena de competencias exclusivas, referidas fundamentalmente a "formas propias de desarrollo económico, social, cultural de acuerdo con su identidad y visión", además de la atención a la infraestructura vial, servicios de educación y salud (agua, luz y alcantarillado).
Para financiar a las autonomías, el Estado apoyará con recursos económicos, independientemente de los ingresos que generen por actividades mineras, por ejemplo. Además, Carlos Dabdoub, secretario de Autonomía de la gobernación de Santa Cruz, señaló que los pueblos indígenas estarán exentos de pagar impuestos por sus tierras.
Los indígenas podrán formar mancomunidades que acaben por modificar la actual división territorial del país, especialmente en el sur. Bolivia está dividida en nueve provincias y 327 municipios. De estos últimos, unos 180 pueden ser declarados municipios autónomos indígenas, según el autor de la ley de Participación Popular, Carlos Hugo Molina. "La autonomía indígena tiene más competencias y más atribuciones que la autonomía provincial; tiene la gestión del territorio, la propiedad de recursos naturales, la aplicación de normas consuetudinarias y tiene un germen de formación de nuevos estados a partir de formas de autodeterminación", explica el jurista.
Los pueblos originarios son 36, con poblaciones que van entre los tres millones de quechuas y aymarás, y otras 34, agrupadas en 10 familias lingüísticas, en las que prevalece la tupiguaraní. Algunas de estas etnias tienen menos de cien miembros (el caso de los araona) y otras pueden superar los 60.000 (los chiquitanos). La propiedad de la tierra implica la tenencia y usufructo de los recursos naturales renovables, pero también el derecho de veto a la explotación de los no renovables -hidrocarburos y minería-.
En los últimos meses, miembros de comunidades indígenas han ocupado al menos una veintena de explotaciones mineras concedidas por el Estado. Han confiscado la maquinaria y otros bienes y han expulsado a los trabajadores en protesta por la presencia de inversionistas extranjeros o locales pero de origen criollo. También han decidido asumir la explotación minera ante la pasividad de las autoridades. La misma situación se ha dado en explotaciones privadas agrícolas e industriales asentadas en terrenos reclamados por los indígenas. Los propietarios fueron expulsados y confiscados sus bienes, recursos, animales y maquinaria.
martes, 4 de agosto de 2009
Evo Morales pone en marcha en Bolivia la autonomía indígena.
Noticia:
El Gobierno de Evo Morales presentó ayer un decreto y un proyecto de ley que impulsa la formación de las autonomías indígenas, y que ha sido contestado por la oposición al considerar que polariza el país en términos raciales.
El decreto da inicio al proceso de reconversión de unos 180 municipios en autonomías indígenas mediante un referendo que debería celebrarse el 6 de diciembre, junto con las elecciones generales (presidenciales y parlamentarias). Los representantes de estos municipios deberán acreditar que albergan en su territorio a pueblos originarios que existían antes de la colonia y cuyos habitantes se reconocen, en una gran mayoría, como indígenas, con lengua, valores, formas de vida y organización propias.
El proyecto de ley sobre autonomías indígenas, que también fue presentado por el presidente Morales en la sureña población petrolera de Camiri con motivo del Día del Indio, se adelanta a lo estipulado por la nueva Constitución, aprobada a comienzos de año, promovida por el mismo Gobierno y su partido, el Movimiento Al Socialismo.
Varios líderes de la oposición coincidieron con expertos constitucionalistas en que las nuevas disposiciones gubernamentales violan la Constitución, cuyo capítulo séptimo sobre Autonomía Indígena Originaria Campesina señala que la ley marco de autonomías deberá ser discutida por la Asamblea Legislativa elegida el 6 de diciembre.
La entrega del decreto y el proyecto de ley en Camiri contó con la presencia de líderes indígenas de media docena de países que calificaron las medidas como el "principio del fin de la dependencia" a la que están sometidos, dijeron, los indígenas latinoamericanos.
El representante de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Panamá, Flaviano Iglesias, afirmó que la recuperación de los derechos de los pueblos originarios no es tarea fácil, pero "hay que pelear y luchar como alguna vez lo hicieron nuestros abuelos en Panamá". La mapuche Teresa Huentequeo expresó la solidaridad "con el proceso político que impulsa el presidente Evo Morales junto a los pueblos indígenas del país".
El Gobierno de Evo Morales presentó ayer un decreto y un proyecto de ley que impulsa la formación de las autonomías indígenas, y que ha sido contestado por la oposición al considerar que polariza el país en términos raciales.
El decreto da inicio al proceso de reconversión de unos 180 municipios en autonomías indígenas mediante un referendo que debería celebrarse el 6 de diciembre, junto con las elecciones generales (presidenciales y parlamentarias). Los representantes de estos municipios deberán acreditar que albergan en su territorio a pueblos originarios que existían antes de la colonia y cuyos habitantes se reconocen, en una gran mayoría, como indígenas, con lengua, valores, formas de vida y organización propias.
El proyecto de ley sobre autonomías indígenas, que también fue presentado por el presidente Morales en la sureña población petrolera de Camiri con motivo del Día del Indio, se adelanta a lo estipulado por la nueva Constitución, aprobada a comienzos de año, promovida por el mismo Gobierno y su partido, el Movimiento Al Socialismo.
Varios líderes de la oposición coincidieron con expertos constitucionalistas en que las nuevas disposiciones gubernamentales violan la Constitución, cuyo capítulo séptimo sobre Autonomía Indígena Originaria Campesina señala que la ley marco de autonomías deberá ser discutida por la Asamblea Legislativa elegida el 6 de diciembre.
La entrega del decreto y el proyecto de ley en Camiri contó con la presencia de líderes indígenas de media docena de países que calificaron las medidas como el "principio del fin de la dependencia" a la que están sometidos, dijeron, los indígenas latinoamericanos.
El representante de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Panamá, Flaviano Iglesias, afirmó que la recuperación de los derechos de los pueblos originarios no es tarea fácil, pero "hay que pelear y luchar como alguna vez lo hicieron nuestros abuelos en Panamá". La mapuche Teresa Huentequeo expresó la solidaridad "con el proceso político que impulsa el presidente Evo Morales junto a los pueblos indígenas del país".
lunes, 3 de agosto de 2009
Evo, por autonomía indígena.
Noticia:
El presidente de Bolivia, Evo Morales, presentó ayer en Camiri el proyecto de la primera ley de autonomías indígenas y campesinas, que busca implantar “la Constitución Política del Estado con la oficialización del lanzamiento de la autonomía indígena-originaria-campesina”, según una cartilla informativa del Ministerio boliviano de Autonomías.
Morales encabezó el acto especial preparado para la ocasión en el estado de Camiri, en el departamento de Santa Cruz, que contó con la presencia de representantes de las 36 “naciones” originarias de Bolivia y como invitados especiales estuvieron dirigentes indígenas de México, Chile, Ecuador, Guatemala y Venezuela.
La propuesta ha sido criticada por la oposición y principalmente por voceros de las prefecturas (gobernaciones) de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija, contrarias a las políticas de Estado de Morales. “Es un acto hipócrita; Evo Morales nunca estuvo de acuerdo con las autonomías y ahora quiere disfrazarlas con ese proyecto”, apuntó Carlos Dabdoub, secretario de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz.
El gobierno minimizó ese tipo de reacciones y, al contrario, resaltó el hecho de que la actual gestión está impulsando el verdadero sistema autonómico y no “aquel que sólo sirve para unos cuantos”, como dijo el viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos.
La Ley de Régimen Electoral Transitorio, que normará las elecciones generales bolivianas del 6 de diciembre y que fuera aprobada en abril último, establece que los pueblos y naciones indígena-originario-campesinas que deseen convertir un municipio en autonomía indígena podrán elaborar su estatuto y realizar su referéndum autonómico ese mismo día de diciembre.
El municipio Jesús de Machaca y las Tierras Comunitarias de Origen de San Antonio de Lomerío (Santa Cruz) y Ragaypampa (Cochabamba) presentaron ayer el primer borrador de sus estatutos autonómicos elaborados y aprobados de acuerdo con sus normas y procedimientos consuetudinarios.
De manera análoga, los municipios de Tarabuco y Mojocoya (Chuquisaca), Chayanta (Potosí) y Charazani (La Paz) entregaron a Morales ordenanzas municipales de conversión a autonomía indígena originaria campesina, conforme a la disposición final tercera de la Ley de Régimen Electoral Transitorio.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, aseguró que la ocasión es propicia para señalar que se rompen las cadenas de sumisión hacia los poderes políticos, culturales y coloniales, y que la autonomía indígena es el autogobierno.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, presentó ayer en Camiri el proyecto de la primera ley de autonomías indígenas y campesinas, que busca implantar “la Constitución Política del Estado con la oficialización del lanzamiento de la autonomía indígena-originaria-campesina”, según una cartilla informativa del Ministerio boliviano de Autonomías.
Morales encabezó el acto especial preparado para la ocasión en el estado de Camiri, en el departamento de Santa Cruz, que contó con la presencia de representantes de las 36 “naciones” originarias de Bolivia y como invitados especiales estuvieron dirigentes indígenas de México, Chile, Ecuador, Guatemala y Venezuela.
La propuesta ha sido criticada por la oposición y principalmente por voceros de las prefecturas (gobernaciones) de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija, contrarias a las políticas de Estado de Morales. “Es un acto hipócrita; Evo Morales nunca estuvo de acuerdo con las autonomías y ahora quiere disfrazarlas con ese proyecto”, apuntó Carlos Dabdoub, secretario de Autonomías de la Prefectura de Santa Cruz.
El gobierno minimizó ese tipo de reacciones y, al contrario, resaltó el hecho de que la actual gestión está impulsando el verdadero sistema autonómico y no “aquel que sólo sirve para unos cuantos”, como dijo el viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos.
La Ley de Régimen Electoral Transitorio, que normará las elecciones generales bolivianas del 6 de diciembre y que fuera aprobada en abril último, establece que los pueblos y naciones indígena-originario-campesinas que deseen convertir un municipio en autonomía indígena podrán elaborar su estatuto y realizar su referéndum autonómico ese mismo día de diciembre.
El municipio Jesús de Machaca y las Tierras Comunitarias de Origen de San Antonio de Lomerío (Santa Cruz) y Ragaypampa (Cochabamba) presentaron ayer el primer borrador de sus estatutos autonómicos elaborados y aprobados de acuerdo con sus normas y procedimientos consuetudinarios.
De manera análoga, los municipios de Tarabuco y Mojocoya (Chuquisaca), Chayanta (Potosí) y Charazani (La Paz) entregaron a Morales ordenanzas municipales de conversión a autonomía indígena originaria campesina, conforme a la disposición final tercera de la Ley de Régimen Electoral Transitorio.
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, aseguró que la ocasión es propicia para señalar que se rompen las cadenas de sumisión hacia los poderes políticos, culturales y coloniales, y que la autonomía indígena es el autogobierno.
miércoles, 29 de julio de 2009
La hoja de coca entra en campaña.
Noticia:
El verde de la hoja de coca va a teñir la campaña electoral de las elecciones generales en Bolivia del próximo diciembre. Y no sólo por el aporte económico que se saque por la venta de unas 20 toneladas del polémico vegetal para financiar la candidatura del binomio oficialista, sino también por el inicio de un estudio que pretende demostrar que seis de cada diez ciudadanos bolivianos mastican coca en todo el país.
La senadora suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonilda Zurita, informó que el 10 de agosto comenzará oficialmente la campaña proselitista para lograr la reelección de Evo Morales y de Álvaro García Linera, con el apoyo de al menos 40.000 productores de hoja de coca afiliados a las seis federaciones del trópico de Cochabamba, la mayor organización cocalera que preside el propio Morales.
Se recolectarán "alrededor de 40.000 libras" [18.143 kilos], dijo la dirigente sindical Zurita a una red de radioemisoras, al asegurar que en una última reunión, celebrada el pasado domingo en Chapare, los cocaleros decidieron ratificar su apoyo y expresarlo con el aporte de una libra de hoja de coca por afiliado, que será comercializada en el mercado local para traducirla en dinero.
El diputado opositor Antonio Murillo señaló que "es un tema de símbolos, la coca sigue apoyando al presidente, pero detrás de la coca está el narcotráfico y no puede ser que a nuestro presidente le esté apoyando el narcotráfico. Son símbolos y señales negativas que se está dando al mundo".
El principal partido de oposición, Poder Democrático y Social (Podemos), lamentó que los seguidores de Morales anuncien un apoyo con la materia prima de la cocaína, proveniente de Chapare, cuya hoja registra la mayor cantidad de alcaloide que se destina a la ilegal elaboración del estupefaciente.
Pero si el anunciado apoyo a la campaña de Morales con esas 20 toneladas de hoja de coca ha levantado una fuerte polémica, la declaración del viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, sobre el alto porcentaje de masticadores de hoja de coca en el país ha dejado anonadados a los bolivianos. Cáceres dijo que el 62,2% de los bolivianos tiene el hábito de acullicar (masticar) hoja de coca.
El ex dirigente cocalero, y ahora encargado de la estrategia de reducción de cultivos de coca y aprehensión de estupefacientes, espera comprobar su afirmación a partir del 1 de agosto, cuando comenzará una detallada encuesta sobre el uso y consumo de hoja de coca, que se realizará en todo el país a lo largo de un año. Así se demostrará técnicamente que Bolivia necesita alrededor de 20.000 hectáreas de cultivos para satisfacer su demanda de consumo legal.
La ley antidroga establece una superficie de 12.000 hectáreas legales para atender la demanda de uso y consumo de la hoja de coca. Los excedentes -unas 18.500 hectáreas según el último cálculo de la ONU- son ilegales de acuerdo con la misma ley.
La fuerza antidroga considera que estos excedentes llegan a manos de los narcotraficantes, que han aumentado la producción de cocaína en el país a alrededor de 113 toneladas al año, según la ONU.
Cáceres dijo que las cifras contenidas en la ley antidroga son producto de estudios realizados en los años setenta, cuando el país no tenía aún cinco millones de habitantes. La población se ha duplicado desde entonces y, por tanto, la costumbre de masticar coca también ha aumentado paralelamente.
El porcentaje del 60% coincide con el número de bolivianos que se identificaron como indígenas en una encuesta nacional hace unos años, aun cuando ha cambiado sustancialmente a la luz de otros estudios posteriores que dieron la opción al encuestado de identificarse más que como indígena como mestizo, que refleja ahora una situación muy cercana a la realidad boliviana: una gran mayoría se considera mestizo, pese a que esta clasificación no está inserta en la nueva Constitución boliviana.
En parelelo, el 1 de agosto comenzará también el censo biométrico electoral después de que la Corte Nacional Electoral superara gran parte de los muchos obstáculos interpuestos por intereses políticos.
El censo biométrico espera reemplazar al anterior padrón, que fue rechazado por numerosos errores, como la duplicación y triplicación de muchas listas de empadronados o la resurección de electores ya fallecidos entre otras irregularidades aireadas repetidamente en prensa, radio y televisión.
El presidente de la Corte Nacional Electoral, Antonio Costas, ha pedido al Gobierno y al poder legislativo que le dejen demostrar que el trabajo del censo puede cumplirse en el escaso plazo establecido previo a las elecciones de diciembre.
Costas salió así al paso ante los intentos del Gobierno y de los parlamentarios oficialistas de aprobar una ley que facilite el uso del antiguo censo o de un padrón mixto en el caso de no poder culminar con la tarea del censo. La oposición denuncia que el objetivo de esta maniobra es realizar las elecciones con un censo amañado para asegurar un triunfo oficialista supuestamente fraudulento.
Y así, los tribunales electorales se enfrentan al reto de lograr censar al menos al 25% de los 3,5 millones de electores en las tres primeras semanas de agosto. Así, el grupo parlamentario oficialista renunciaría a su intento de aprobar el proyecto de ley para dar vigencia a un padrón mixto, del que aún no ha podido explicarse como funcionará en un caso dado y con cuanta transparencia podrá demostrar su uso.
El verde de la hoja de coca va a teñir la campaña electoral de las elecciones generales en Bolivia del próximo diciembre. Y no sólo por el aporte económico que se saque por la venta de unas 20 toneladas del polémico vegetal para financiar la candidatura del binomio oficialista, sino también por el inicio de un estudio que pretende demostrar que seis de cada diez ciudadanos bolivianos mastican coca en todo el país.
La senadora suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonilda Zurita, informó que el 10 de agosto comenzará oficialmente la campaña proselitista para lograr la reelección de Evo Morales y de Álvaro García Linera, con el apoyo de al menos 40.000 productores de hoja de coca afiliados a las seis federaciones del trópico de Cochabamba, la mayor organización cocalera que preside el propio Morales.
Se recolectarán "alrededor de 40.000 libras" [18.143 kilos], dijo la dirigente sindical Zurita a una red de radioemisoras, al asegurar que en una última reunión, celebrada el pasado domingo en Chapare, los cocaleros decidieron ratificar su apoyo y expresarlo con el aporte de una libra de hoja de coca por afiliado, que será comercializada en el mercado local para traducirla en dinero.
El diputado opositor Antonio Murillo señaló que "es un tema de símbolos, la coca sigue apoyando al presidente, pero detrás de la coca está el narcotráfico y no puede ser que a nuestro presidente le esté apoyando el narcotráfico. Son símbolos y señales negativas que se está dando al mundo".
El principal partido de oposición, Poder Democrático y Social (Podemos), lamentó que los seguidores de Morales anuncien un apoyo con la materia prima de la cocaína, proveniente de Chapare, cuya hoja registra la mayor cantidad de alcaloide que se destina a la ilegal elaboración del estupefaciente.
Pero si el anunciado apoyo a la campaña de Morales con esas 20 toneladas de hoja de coca ha levantado una fuerte polémica, la declaración del viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, sobre el alto porcentaje de masticadores de hoja de coca en el país ha dejado anonadados a los bolivianos. Cáceres dijo que el 62,2% de los bolivianos tiene el hábito de acullicar (masticar) hoja de coca.
El ex dirigente cocalero, y ahora encargado de la estrategia de reducción de cultivos de coca y aprehensión de estupefacientes, espera comprobar su afirmación a partir del 1 de agosto, cuando comenzará una detallada encuesta sobre el uso y consumo de hoja de coca, que se realizará en todo el país a lo largo de un año. Así se demostrará técnicamente que Bolivia necesita alrededor de 20.000 hectáreas de cultivos para satisfacer su demanda de consumo legal.
La ley antidroga establece una superficie de 12.000 hectáreas legales para atender la demanda de uso y consumo de la hoja de coca. Los excedentes -unas 18.500 hectáreas según el último cálculo de la ONU- son ilegales de acuerdo con la misma ley.
La fuerza antidroga considera que estos excedentes llegan a manos de los narcotraficantes, que han aumentado la producción de cocaína en el país a alrededor de 113 toneladas al año, según la ONU.
Cáceres dijo que las cifras contenidas en la ley antidroga son producto de estudios realizados en los años setenta, cuando el país no tenía aún cinco millones de habitantes. La población se ha duplicado desde entonces y, por tanto, la costumbre de masticar coca también ha aumentado paralelamente.
El porcentaje del 60% coincide con el número de bolivianos que se identificaron como indígenas en una encuesta nacional hace unos años, aun cuando ha cambiado sustancialmente a la luz de otros estudios posteriores que dieron la opción al encuestado de identificarse más que como indígena como mestizo, que refleja ahora una situación muy cercana a la realidad boliviana: una gran mayoría se considera mestizo, pese a que esta clasificación no está inserta en la nueva Constitución boliviana.
En parelelo, el 1 de agosto comenzará también el censo biométrico electoral después de que la Corte Nacional Electoral superara gran parte de los muchos obstáculos interpuestos por intereses políticos.
El censo biométrico espera reemplazar al anterior padrón, que fue rechazado por numerosos errores, como la duplicación y triplicación de muchas listas de empadronados o la resurección de electores ya fallecidos entre otras irregularidades aireadas repetidamente en prensa, radio y televisión.
El presidente de la Corte Nacional Electoral, Antonio Costas, ha pedido al Gobierno y al poder legislativo que le dejen demostrar que el trabajo del censo puede cumplirse en el escaso plazo establecido previo a las elecciones de diciembre.
Costas salió así al paso ante los intentos del Gobierno y de los parlamentarios oficialistas de aprobar una ley que facilite el uso del antiguo censo o de un padrón mixto en el caso de no poder culminar con la tarea del censo. La oposición denuncia que el objetivo de esta maniobra es realizar las elecciones con un censo amañado para asegurar un triunfo oficialista supuestamente fraudulento.
Y así, los tribunales electorales se enfrentan al reto de lograr censar al menos al 25% de los 3,5 millones de electores en las tres primeras semanas de agosto. Así, el grupo parlamentario oficialista renunciaría a su intento de aprobar el proyecto de ley para dar vigencia a un padrón mixto, del que aún no ha podido explicarse como funcionará en un caso dado y con cuanta transparencia podrá demostrar su uso.
miércoles, 22 de julio de 2009
El difícil diálogo boliviano.
Noticia:
Bolivia está dispuesta a dialogar. Necesita dialogar. Después de las tensiones surgidas por la demanda de autonomía de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni frente a la oposición del Gobierno de Evo Morales, y tras la aprobación de la nueva Constitución, tanto los miembros del Ejecutivo como los principales líderes opositores reconocen la existencia de una realidad "plurinacional" en un país donde habitan más de 30 pueblos distintos. Sobre esta necesidad de entendimiento han discutido en un encuentro organizado en Madrid por el Centro Internacional de Toledo por la Paz (CITpax) denominado Interculturalidad y conflicto en América Latina: cómo compatibilizar el Estado plurinacional con el régimen de autonomía.
El camino, sin embargo, no va a ser fácil. EL PAÍS conversó ayer con dos representantes de las principales facciones políticas bolivianas: Mario Cossío, prefecto de Tarija, y Roberto Choque Canqui, viceministro de Morales. De sus respuestas se evidencia que las diferencias a la hora de abordar los temas principales de la agenda boliviana siguen siendo importantes.
A pesar de todo, tal y como recordó ayer en Madrid el ex presidente boliviano Carlos Mesa, el principal miedo que recorrió el país durante meses es inviable: "La guerra civil no es una opción". Mesa destacó que el encuentro ha propiciado un "diálogo muy fructífero" entre las partes enfrentadas y propuso ampliarlo dentro del país y complementar así el "proceso de cambio" que está viviendo Bolivia.
Bolivia está dispuesta a dialogar. Necesita dialogar. Después de las tensiones surgidas por la demanda de autonomía de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni frente a la oposición del Gobierno de Evo Morales, y tras la aprobación de la nueva Constitución, tanto los miembros del Ejecutivo como los principales líderes opositores reconocen la existencia de una realidad "plurinacional" en un país donde habitan más de 30 pueblos distintos. Sobre esta necesidad de entendimiento han discutido en un encuentro organizado en Madrid por el Centro Internacional de Toledo por la Paz (CITpax) denominado Interculturalidad y conflicto en América Latina: cómo compatibilizar el Estado plurinacional con el régimen de autonomía.
El camino, sin embargo, no va a ser fácil. EL PAÍS conversó ayer con dos representantes de las principales facciones políticas bolivianas: Mario Cossío, prefecto de Tarija, y Roberto Choque Canqui, viceministro de Morales. De sus respuestas se evidencia que las diferencias a la hora de abordar los temas principales de la agenda boliviana siguen siendo importantes.
A pesar de todo, tal y como recordó ayer en Madrid el ex presidente boliviano Carlos Mesa, el principal miedo que recorrió el país durante meses es inviable: "La guerra civil no es una opción". Mesa destacó que el encuentro ha propiciado un "diálogo muy fructífero" entre las partes enfrentadas y propuso ampliarlo dentro del país y complementar así el "proceso de cambio" que está viviendo Bolivia.
martes, 26 de mayo de 2009
Bolivia festeja dividida los 200 años de independencia.
Noticia:
Bolivia celebró ayer dividida el bicentenario del primer grito de independencia del continente americano, proclamado el 25 de mayo de 1809 en el departamento de Chuquisaca.
Bajo el mismo cielo de azul intenso y un sol abrasador, el Gobierno y las autoridades regionales opositoras organizaron actos paralelos: el presidente, Evo Morales, acudió a El Villar, un pequeño pueblo que fue cuna de la heroína de la independencia Juana Azurduy de Padilla. Y la prefecta de Chuquisaca, la también indígena Sabina Cuéllar, celebró los festejos en Sucre, la capital boliviana, escoltada por el presidente del Senado y los prefectos y dirigentes cívicos de Santa Cruz, Beni y Tarija, regiones enfrentadas al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
El Villar, que recibió por primera vez la visita de un presidente de la República, de ministros, de embajadores y de la cúpula castrense y policial, rindió homenaje a las generaciones de indígenas que se levantaron una y otra vez contra el yugo español, especialmente a partir de 1780, con la insurrección de los Katari y los Amaru. En Sucre se recordó a los intelectuales que, desde la Universidad de San Francisco Xavier, propagaron las ideas de la libertad a otras regiones del continente y que dieron paso, en los siguientes 16 años, a la proclamación de las repúblicas iberoamericanas.
"Las primeras rebeliones fueron encabezadas por el movimiento indígena originario de toda América", señaló Evo Morales, que recordó la suerte que corrieron los indígenas sublevados a manos de los españoles. "Ninguna colonización, eso fue una invasión del territorio", afirmó.
Morales explicó que su homenaje era para los hombres que lucharon contra la colonia, durante la República hasta el neoliberalismo, para conseguir la igualdad y la libertad. También para todos aquellos hombres y mujeres que el pasado año fueron humillados, obligados a caminar de rodillas y besar el suelo y a repetir consignas ajenas a sus convicciones durante un vergonzoso acto protagonizado por exaltados habitantes de Sucre, que el Gobierno del presidente Morales no desea perdonar ni olvidar. Ésa fue una de las razones por las que el jefe del Ejecutivo decidió dar plantón a las autoridades chuquisaqueñas.
La larga guerra de guerrillas de 15 años, cuya chispa de emancipación y libertad fue encendida en las ciudades, se propagó y fue sostenida por los indígenas y los ejércitos populares del área rural, recordó en su discurso el vicepresidente, Álvaro García Linera. "Y cuando se funda la Patria el 6 de agosto de 1825] no había indígenas ni guerrilleros que ya ofrendaron su vida por la libertad y, quedaron los dos caras, los doctores convertidos en patriotas en un solo día", agregó poco antes de renovar sus críticas a sus adversarios.
En la plaza de armas de Sucre, frente a la Casa de la Libertad -que guarda la declaración de la Independencia- la prefecta indígena Sabina Cuéllar y la alcaldesa Aidé Nava fueron las anfitrionas de los actos, que se prepararon con mucha anticipación, a los que concurrieron la presidenta subrogante de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Cámara de Senadores, los prefectos de Santa Cruz, Tarija y Beni, y gran parte de la población de "la ciudad blanca".
Los discursos coincidieron en destacar el papel de la intelectualidad reunida en la universidad de San Francisco Xavier, que propagó las ideas libertarias a toda la región, pero también de todos aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por lograr la libertad y la igualdad en toda la región latinoamericana.
El desfile cívico permitió que los sucrenses desbordaran en aplausos a la columna de indígenas y campesinos -afines al MAS- que decidieron unirse a los festejos en expresión de unidad y como protesta por el desagravio.
El bicentenario del grito libertario se produce en un país, de los más pobres de la región, sumido en un proceso de cambio que ha emergido en el occidente y que tiene resistencia, no tanto por los cambios sino por las actitudes gubernamentales, en las regiones del oriente. No solamente es la dualidad campo ciudad, sino el desencuentro ideológico del poder político del altiplano con el poder económico del oriente lo que deja a Bolivia dividida y polarizada. A tan sólo 16 años de celebrar el bicentenario de su nacimiento como República.
Comentario:
Un mandatario que no ha sabido unificar al país.
Bolivia celebró ayer dividida el bicentenario del primer grito de independencia del continente americano, proclamado el 25 de mayo de 1809 en el departamento de Chuquisaca.
Bajo el mismo cielo de azul intenso y un sol abrasador, el Gobierno y las autoridades regionales opositoras organizaron actos paralelos: el presidente, Evo Morales, acudió a El Villar, un pequeño pueblo que fue cuna de la heroína de la independencia Juana Azurduy de Padilla. Y la prefecta de Chuquisaca, la también indígena Sabina Cuéllar, celebró los festejos en Sucre, la capital boliviana, escoltada por el presidente del Senado y los prefectos y dirigentes cívicos de Santa Cruz, Beni y Tarija, regiones enfrentadas al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
El Villar, que recibió por primera vez la visita de un presidente de la República, de ministros, de embajadores y de la cúpula castrense y policial, rindió homenaje a las generaciones de indígenas que se levantaron una y otra vez contra el yugo español, especialmente a partir de 1780, con la insurrección de los Katari y los Amaru. En Sucre se recordó a los intelectuales que, desde la Universidad de San Francisco Xavier, propagaron las ideas de la libertad a otras regiones del continente y que dieron paso, en los siguientes 16 años, a la proclamación de las repúblicas iberoamericanas.
"Las primeras rebeliones fueron encabezadas por el movimiento indígena originario de toda América", señaló Evo Morales, que recordó la suerte que corrieron los indígenas sublevados a manos de los españoles. "Ninguna colonización, eso fue una invasión del territorio", afirmó.
Morales explicó que su homenaje era para los hombres que lucharon contra la colonia, durante la República hasta el neoliberalismo, para conseguir la igualdad y la libertad. También para todos aquellos hombres y mujeres que el pasado año fueron humillados, obligados a caminar de rodillas y besar el suelo y a repetir consignas ajenas a sus convicciones durante un vergonzoso acto protagonizado por exaltados habitantes de Sucre, que el Gobierno del presidente Morales no desea perdonar ni olvidar. Ésa fue una de las razones por las que el jefe del Ejecutivo decidió dar plantón a las autoridades chuquisaqueñas.
La larga guerra de guerrillas de 15 años, cuya chispa de emancipación y libertad fue encendida en las ciudades, se propagó y fue sostenida por los indígenas y los ejércitos populares del área rural, recordó en su discurso el vicepresidente, Álvaro García Linera. "Y cuando se funda la Patria el 6 de agosto de 1825] no había indígenas ni guerrilleros que ya ofrendaron su vida por la libertad y, quedaron los dos caras, los doctores convertidos en patriotas en un solo día", agregó poco antes de renovar sus críticas a sus adversarios.
En la plaza de armas de Sucre, frente a la Casa de la Libertad -que guarda la declaración de la Independencia- la prefecta indígena Sabina Cuéllar y la alcaldesa Aidé Nava fueron las anfitrionas de los actos, que se prepararon con mucha anticipación, a los que concurrieron la presidenta subrogante de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Cámara de Senadores, los prefectos de Santa Cruz, Tarija y Beni, y gran parte de la población de "la ciudad blanca".
Los discursos coincidieron en destacar el papel de la intelectualidad reunida en la universidad de San Francisco Xavier, que propagó las ideas libertarias a toda la región, pero también de todos aquellos hombres y mujeres que dieron su vida por lograr la libertad y la igualdad en toda la región latinoamericana.
El desfile cívico permitió que los sucrenses desbordaran en aplausos a la columna de indígenas y campesinos -afines al MAS- que decidieron unirse a los festejos en expresión de unidad y como protesta por el desagravio.
El bicentenario del grito libertario se produce en un país, de los más pobres de la región, sumido en un proceso de cambio que ha emergido en el occidente y que tiene resistencia, no tanto por los cambios sino por las actitudes gubernamentales, en las regiones del oriente. No solamente es la dualidad campo ciudad, sino el desencuentro ideológico del poder político del altiplano con el poder económico del oriente lo que deja a Bolivia dividida y polarizada. A tan sólo 16 años de celebrar el bicentenario de su nacimiento como República.
Comentario:
Un mandatario que no ha sabido unificar al país.
sábado, 2 de mayo de 2009
Detenciones sin garantías en Bolivia.
Noticia:
La detención de dos individuos presuntamente implicados en el complot para asesinar al presidente Evo Morales ha levantado una polvareda en el país por las condiciones en que al parecer se produjo su traslado de Santa Cruz a La Paz. Los dos presuntos terroristas, Alcides Mendoza y Juan Carlos Gueder, fueron trasladados con los ojos vendados con cinta adhesiva de embalaje, la cabeza cubierta con un paño y las manos atadas a la espalda con el mismo adhesivo.
El propio ministro del Interior, Alfredo Rada, dijo que "no era correcta" la forma en que fueron tratados estos ciudadanos, detenidos bajo la acusación de proveer de armamento al ciudadano boliviano-croata Eduardo Rozsa, que fue abatido el pasado 16 de abril junto a otros dos individuos. Rada anunció sanciones y afirmó que un detenido pierde su libertad, pero no su dignidad ni sus derechos humanos.
Ajeno a las protestas, el presidente Morales, que ayer participó en una marcha con motivo del 1º de Mayo, advirtió del riesgo que supondría para el país un magnicidio. "Si me mataran, yo creo que habría un gran levantamiento del pueblo. Grave sería eso. Eso es a lo que tengo miedo: un levantamiento del pueblo", afirmó durante un congreso de mujeres campesinas en Cochabamba.
Morales había señalado previamente que "estaban preparándose para matarme", en alusión a los tres presuntos terroristas muertos el pasado 16 de abril. El presidente advirtió a los empresarios que dictará un decreto para confiscar todos los bienes de aquellos que hubiesen financiado la llegada y estancia del grupo de Rozsa en Bolivia.
Las protestas no se han hecho esperar y la Confederación de Empresarios de Bolivia ha señalado que si hay una persona, empresario o funcionario público, boliviano o extranjero, que "ha obrado contra la legalidad, debe ser procesada respetando todos sus derechos constitucionales" y que las acusaciones deben estar "comprobadas debidamente, con todas las garantías constitucionales y el derecho a un proceso justo".
Mientras, el panorama político boliviano depara nuevos sobresaltos. Ayer presentó su dimisión "irrevocable" el presidente de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, José Luis Exeni. La renuncia a su cargo se debe, según la carta enviada al presidente Evo Morales, a "motivos estrictamente familiares" y se produce cuando quedan solo siete meses para las elecciones generales, previstas para el 6 de diciembre.
La Corte Electoral se encuentra inmersa en la elaboración de un nuevo padrón biométrico y la organización, por primera vez en la historia, del voto de los bolivianos en el exterior, otra novedad de esos comicios.
Comentario:
¿De que sirvió tanta queja de la izquierda contra las dictaduras militares si ahora en el poder se comporta de la misma forma?
La detención de dos individuos presuntamente implicados en el complot para asesinar al presidente Evo Morales ha levantado una polvareda en el país por las condiciones en que al parecer se produjo su traslado de Santa Cruz a La Paz. Los dos presuntos terroristas, Alcides Mendoza y Juan Carlos Gueder, fueron trasladados con los ojos vendados con cinta adhesiva de embalaje, la cabeza cubierta con un paño y las manos atadas a la espalda con el mismo adhesivo.
El propio ministro del Interior, Alfredo Rada, dijo que "no era correcta" la forma en que fueron tratados estos ciudadanos, detenidos bajo la acusación de proveer de armamento al ciudadano boliviano-croata Eduardo Rozsa, que fue abatido el pasado 16 de abril junto a otros dos individuos. Rada anunció sanciones y afirmó que un detenido pierde su libertad, pero no su dignidad ni sus derechos humanos.
Ajeno a las protestas, el presidente Morales, que ayer participó en una marcha con motivo del 1º de Mayo, advirtió del riesgo que supondría para el país un magnicidio. "Si me mataran, yo creo que habría un gran levantamiento del pueblo. Grave sería eso. Eso es a lo que tengo miedo: un levantamiento del pueblo", afirmó durante un congreso de mujeres campesinas en Cochabamba.
Morales había señalado previamente que "estaban preparándose para matarme", en alusión a los tres presuntos terroristas muertos el pasado 16 de abril. El presidente advirtió a los empresarios que dictará un decreto para confiscar todos los bienes de aquellos que hubiesen financiado la llegada y estancia del grupo de Rozsa en Bolivia.
Las protestas no se han hecho esperar y la Confederación de Empresarios de Bolivia ha señalado que si hay una persona, empresario o funcionario público, boliviano o extranjero, que "ha obrado contra la legalidad, debe ser procesada respetando todos sus derechos constitucionales" y que las acusaciones deben estar "comprobadas debidamente, con todas las garantías constitucionales y el derecho a un proceso justo".
Mientras, el panorama político boliviano depara nuevos sobresaltos. Ayer presentó su dimisión "irrevocable" el presidente de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, José Luis Exeni. La renuncia a su cargo se debe, según la carta enviada al presidente Evo Morales, a "motivos estrictamente familiares" y se produce cuando quedan solo siete meses para las elecciones generales, previstas para el 6 de diciembre.
La Corte Electoral se encuentra inmersa en la elaboración de un nuevo padrón biométrico y la organización, por primera vez en la historia, del voto de los bolivianos en el exterior, otra novedad de esos comicios.
Comentario:
¿De que sirvió tanta queja de la izquierda contra las dictaduras militares si ahora en el poder se comporta de la misma forma?
martes, 14 de abril de 2009
El congreso de Bolivia aprueba la nueva ley electoral.
Noticia:
Después de que el oficialismo y la oposición llegaran a un acuerdo, el Congreso Nacional de Bolivia ha aprobado hoy la ley de régimen electoral transitorio que permitirá finalmente celebrar el próximo 6 de diciembre los comicios generales. La norma es considerada de importancia capital para el Gobierno del presidente Evo Morales, que inició una huelga de hambre para apoyarla. En una comparecencia televisada junto a los líderes sindicales que lo han acompañado en su ayuno voluntario, Morales anunció que a las 08.00 hora local (12.00 GMT) promulgará la ley de régimen electoral transitorio que le permitirá optar a la revalidación de su mandato el 6 de diciembre.
El pleno del Parlamento, después de nueve horas de debate, ratificó pasadas las 04.00 hora local (08.00 GMT), el acuerdo alcanzado por la comisión de concertación integrada por legisladores oficialistas, de la oposición y por miembros del Gobierno sobre un texto de 83 artículos. A pesar de que la nueva Constitución, ratificada en referéndum el pasado 25 de enero, fijaba las elecciones el 6 de diciembre, la aprobación del nuevo régimen electoral ha causado controversia y una crisis política que ha provocado un duro enfrentamiento entre el partido con mayoría en el gobierno (el MAS) y la oposición.
En términos generales, la oposición había rechazado el proyecto de ley electoral de Morales por entender que se trataba de un intento del presidente de ampliar la representación política de los indígenas, que forman la mayor parte de la población en el país. La principal exigencia era la conformación de un nuevo censo electoral, ya que la oposición consideraba que el existente presentaba irregularidades. El presidente ofreció la confección de un nuevo padrón, que costará 35 millones de dólares y será biométrico, es decir, incluirá registros digitalizados de huellas digitales, fotografías y firmas, con la condición de que las elecciones se celebrasen el día previsto. La propuesta del gobierno de asignar un número de escaños a los pueblos indígenas minoritarios fue también duramente criticada, por lo que Morales se vio obligado a reducir de 14 a 8 dicho número.
En las próximas elecciones generales debe renovarse el Congreso y el Poder Ejecutivo. El presidente Morales, ex representante sindical de los cocacaleros, presentará una candidatura para obtener la reelección. Tras más de 24 horas de negociación ininterrumpida, la comisión de concertación integrada por parlamentarios oficialistas, opositores y miembros del Gobierno logró finalmente consensuar un texto que fue presentado al pleno del Congreso para su aprobación en detalle, es decir artículo por artículo.
Asperezas limadas
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, y el senador opositor Luis Vázquez, de la conservadora alianza Podemos, confirmaron el acuerdo, que permitirá en principio votar de inmediato la nueva norma y dar viabilidad a las elecciones presidenciales de diciembre.
En declaraciones a la prensa, el ministro Romero dio por concluido el trabajo de la comisión de concertación en la que, según dijo, no ha quedado ningún tema pendiente. De este modo, oficialismo y oposición han logrado una postura común en la elaboración de un nuevo padrón, en el sistema de empadronamiento, en la cuota de representación de las minorías indígenas en el Congreso y en la regulación del voto de los bolivanos en el exterior.
El nuevo censo se realizaría, además, con las más novedosas técnicas electrónicas disponibles, de forma que incorpore no sólo nombre, residencia e identificación de cada elector, sino que añada huellas dactilares, fotografías digitales y la firma de los votantes, informa Soledad Gallego-Díaz.
Comentario:
¿Qué les parece?, se realiza una huelga de hambre para una causa "muy noble": la reelección presidencial. Por supuesto la de él, la de Evo Morales.
Después de que el oficialismo y la oposición llegaran a un acuerdo, el Congreso Nacional de Bolivia ha aprobado hoy la ley de régimen electoral transitorio que permitirá finalmente celebrar el próximo 6 de diciembre los comicios generales. La norma es considerada de importancia capital para el Gobierno del presidente Evo Morales, que inició una huelga de hambre para apoyarla. En una comparecencia televisada junto a los líderes sindicales que lo han acompañado en su ayuno voluntario, Morales anunció que a las 08.00 hora local (12.00 GMT) promulgará la ley de régimen electoral transitorio que le permitirá optar a la revalidación de su mandato el 6 de diciembre.
El pleno del Parlamento, después de nueve horas de debate, ratificó pasadas las 04.00 hora local (08.00 GMT), el acuerdo alcanzado por la comisión de concertación integrada por legisladores oficialistas, de la oposición y por miembros del Gobierno sobre un texto de 83 artículos. A pesar de que la nueva Constitución, ratificada en referéndum el pasado 25 de enero, fijaba las elecciones el 6 de diciembre, la aprobación del nuevo régimen electoral ha causado controversia y una crisis política que ha provocado un duro enfrentamiento entre el partido con mayoría en el gobierno (el MAS) y la oposición.
En términos generales, la oposición había rechazado el proyecto de ley electoral de Morales por entender que se trataba de un intento del presidente de ampliar la representación política de los indígenas, que forman la mayor parte de la población en el país. La principal exigencia era la conformación de un nuevo censo electoral, ya que la oposición consideraba que el existente presentaba irregularidades. El presidente ofreció la confección de un nuevo padrón, que costará 35 millones de dólares y será biométrico, es decir, incluirá registros digitalizados de huellas digitales, fotografías y firmas, con la condición de que las elecciones se celebrasen el día previsto. La propuesta del gobierno de asignar un número de escaños a los pueblos indígenas minoritarios fue también duramente criticada, por lo que Morales se vio obligado a reducir de 14 a 8 dicho número.
En las próximas elecciones generales debe renovarse el Congreso y el Poder Ejecutivo. El presidente Morales, ex representante sindical de los cocacaleros, presentará una candidatura para obtener la reelección. Tras más de 24 horas de negociación ininterrumpida, la comisión de concertación integrada por parlamentarios oficialistas, opositores y miembros del Gobierno logró finalmente consensuar un texto que fue presentado al pleno del Congreso para su aprobación en detalle, es decir artículo por artículo.
Asperezas limadas
El ministro de Autonomías, Carlos Romero, el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, y el senador opositor Luis Vázquez, de la conservadora alianza Podemos, confirmaron el acuerdo, que permitirá en principio votar de inmediato la nueva norma y dar viabilidad a las elecciones presidenciales de diciembre.
En declaraciones a la prensa, el ministro Romero dio por concluido el trabajo de la comisión de concertación en la que, según dijo, no ha quedado ningún tema pendiente. De este modo, oficialismo y oposición han logrado una postura común en la elaboración de un nuevo padrón, en el sistema de empadronamiento, en la cuota de representación de las minorías indígenas en el Congreso y en la regulación del voto de los bolivanos en el exterior.
El nuevo censo se realizaría, además, con las más novedosas técnicas electrónicas disponibles, de forma que incorpore no sólo nombre, residencia e identificación de cada elector, sino que añada huellas dactilares, fotografías digitales y la firma de los votantes, informa Soledad Gallego-Díaz.
Comentario:
¿Qué les parece?, se realiza una huelga de hambre para una causa "muy noble": la reelección presidencial. Por supuesto la de él, la de Evo Morales.
miércoles, 18 de marzo de 2009
La oposición de Bolivia denuncia un clima de acoso.
Noticia:
Cuando la turba invadió su casa, Lidia Katari y sus hijos se refugiaron en una habitación de la planta alta. "Todo se llenó de humo. Me dije: si no salimos, nos quemamos. Al salir, nos agarraron a chicotazos [latigazos], palazos y pedradas". El pecado de Lidia, que fue hospitalizada, era ser la esposa de Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de Bolivia. Y el pecado de Cárdenas, aymara, académico respetado y pionero en la lucha por los derechos indígenas, fue haber "traicionado a su raza" y haber pedido el rechazo a la Constitución impulsada por el presidente Evo Morales, aprobada en referéndum en enero.
La casa, saqueada hace 10 días, sigue en poder de los campesinos, que han aplicado a Cárdenas "la justicia comunitaria" y lo han expulsado del pueblo, Sankajahuira, a 90 kilómetros de La Paz. El académico señala con nombres y apellidos a dirigentes del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), que utilizan a organizaciones sociales afines como grupos de choque y han disfrazado una represalia política con la nebulosa acusación de "incumplimiento de usos y costumbres" indígenas.
El ataque ha hecho saltar las alarmas en la comunidad internacional, preocupada por una sucesión de incidentes contra opositores y periodistas en un año electoral (hay comicios presidenciales en diciembre) y en un momento en el que el Gobierno se ha visto sacudido por un grave escándalo de corrupción en YPFB, la petrolera estatal.
La oficina de la ONU en Bolivia ha exigido la condena de los responsables del ataque a Cárdenas. Francia ha definido al ex vicepresidente como "un gran amigo" y ha expresado su "conmoción" por el suceso. Y una veintena de embajadores se han reunido con el presidente del Senado, el conservador Óscar Ortiz, para recibir información de primera mano.
"Vivimos en un clima de acoso", asegura Ortiz vía telefónica. "Además de Cárdenas, la diputada Marlene Paredes ha sido expulsada a golpes de su comunidad, en la región de Los Yungas, después de que rompiera con el MAS. Varios legisladores que investigan los escándalos de corrupción del Gobierno han sido amenazados o represaliados, como Luis Vázquez y Walter Guiteras, del partido Podemos, o Arturo Murillo, de Unidad Nacional". Y algunos dirigentes sociales del MAS, añade el presidente del Senado, han advertido que tomarán otras casas, entre ellas las del escritor y periodista Carlos Mesa, que presidió Bolivia entre 2003 y 2005, y cuyo talante conciliador no logró aplacar las protestas capitaneadas por Evo Morales. "Empezamos a vivir la estrategia del miedo y una vulneración muy peligrosa de derechos y garantías ciudadanas", sostiene Mesa. "Evo Morales está destruyendo el Estado de derecho".
Carlos Mesa y Víctor Hugo Cárdenas tienen algo en común, aparte de haber sido gobernantes de Bolivia. Los dos "están pensando" presentar sus candidaturas a los comicios de diciembre. "El Gobierno trata de disuadir la competencia", dice el senador Ortiz.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, asegura que se trata de hechos aislados, vinculados a la precariedad policial. Pero la respuesta ambivalente del Gobierno a las agresiones ha agudizado la preocupación. "Al mismo tiempo que los líderes bolivianos toman distancia de la turba y critican la violencia, sus declaraciones públicas sugieren que los ataques pueden haber sido justificados", señala José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch.
La primera reacción oficial fue culpar a Cárdenas. "Él tendrá que preguntarse qué daño ha hecho a sus vecinos para que lo repudien", dijo el vicepresidente, Álvaro García Linera. Y Evo Morales acusó al ex vicepresidente de haber traicionado a sus "hermanos". Pero si hay alguien con una trayectoria comprometida con los derechos indígenas, coinciden los analistas, ése es Víctor Hugo Cárdenas, impulsor del sindicato de campesinos, promotor de la educación bilingüe y de la Ley de Participación Popular, que concedió la autonomía a los municipios. Al contrario que Evo, recuerdan, Cárdenas habla aymara y quechua. "Cárdenas es el símbolo de la inclusión indígena, y por eso Sánchez de Lozada lo incorporó como vicepresidente a su primer Gobierno (1993-1997)", sostiene el periodista Juan Carlos Rocha. "Tiene un discurso integrador, alejado de la confrontación indigenista, que gusta mucho entre las clases medias mestizas y se ve con simpatía en Santa Cruz y en las regiones autonomistas".
Los opositores no son el único foco de preocupación en Bolivia. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el martes los ataques a periodistas (46 agresiones verbales y físicas desde octubre), el "lenguaje incendiario" de Evo Morales contra la prensa y el veto del Gobierno a los medios independientes.
Comentario:
Parece que no acaba de convencer Evo Morales.
martes, 17 de marzo de 2009
De virreyes y tartas con hojas de coca.
Análisis:
El País de España.
A principios de esta década hubo en Bolivia un embajador de Estados Unidos tan poderoso que era conocido como el Virrey. Las fiestas en la embajada para celebrar el 4 de julio eran muy concurridas; allí iban los políticos para rendirle pleitesía al Virrey. Algunos días antes de las elecciones de 2002, el Virrey sintió que tenía la autoridad suficiente para entrometerse en los asuntos internos del país, y llamó a la población a no votar por Evo Morales, el candidato que según él quería que Bolivia volviera "a ser un exportador de cocaína importante". Evo no ganó ese año -el triunfo fue de Sánchez de Lozada-, pero el Virrey tampoco: incluso los partidos políticos alineados a Estados Unidos debieron sacar comunicados reprochando la intromisión.
El error de Manuel Rocha -así se llamaba ese embajador- recuerda al de Braden, el secretario asistente del Departamento de Estado que hacia 1946 intentó influir para que los argentinos no votaran a Perón (el resultado obvio fue el triunfo de Perón, gracias a una campaña nacionalista bajo el eslogan Braden o Perón). Es larga la historia de la injerencia estadounidense en los asuntos internos de América Latina, y no tan larga la del rechazo orgulloso a esa injerencia. En Bolivia, los excesos de Rocha fueron un parteaguas. La llegada de Evo radicalizó el descontento hacia Estados Unidos, sobre todo debido a su política intransigente de ayuda económica a cambio de la erradicación de los cultivos de la hoja de coca (planta que el partido de Evo ha defendido como símbolo fundamental de la cultura andina).
Hacia enero de 2006, el día de la fiesta en el palacio presidencial con motivo de su juramento como presidente, Evo se dio el lujo de hacer colocar, en medio del salón principal, una enorme tarta decorada con hojas de coca. El embajador de Estados Unidos debió salir corriendo del palacio para evitar que lo fotografiaran al lado de la tarta.
Desde entonces, las relaciones entre ambos países no han hecho más que empeorar. En junio del año pasado los cocaleros de la región del Chapare expulsaron a USAID (agencia estadounidense de cooperación), y poco después, en septiembre, Evo expulsó nada menos que al embajador; ahora, es el turno de que la DEA (agencia antidroga estadounidense) se vaya del país.
Es cierto que Bolivia necesitaba una política exterior que no fuera servil a Estados Unidos, pero no es menos cierto que, gracias al camino emprendido por Evo, los industriales bolivianos pierden mercados, y el país se queda sin un apoyo logístico vital en la lucha contra las drogas. Evo se ha anotado una gran victoria simbólica en el corto plazo; a la larga, sin embargo, Bolivia pierde mucho más que el imperio.
Comentario:
Es la poca inteligencia que muestran algunos personajes políticos.
jueves, 12 de marzo de 2009
"Bolivia no va a permitir sabotajes de EE UU".
Entrevista:
El País de España.
Bolivia ha lanzado una ofensiva para captar inversiones internacionales. En menos de un mes, el presidente, Evo Morales, ha viajado a Rusia y Francia, mientras su ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana (Cochabamba, 1959), acaba de conseguir en España la condonación del 60% de la deuda a cambio de programas de educación. Quintana está considerado el hombre fuerte del Gobierno de Morales. La oposición lo compara con el peruano Vladimiro Montesinos, ex militar como él, y le acusa de actos de contrabando e incluso de estar detrás de la matanza de una veintena de campesinos en Pando en septiembre pasado. "No hay ni una sola prueba de todo ese arsenal de acusaciones", dice Quintana en la Embajada de Bolivia, donde recibe a EL PAÍS. "No creo que haya existido un ministro tan difamado como yo".
Pregunta. ¿Cómo pretenden recuperar la inversión extranjera que se ha perdido estos años?
Respuesta. Hay una nueva Constitución que define con mucha claridad las posibilidades de recuperar no sólo las inversiones perdidas, sino también iniciativas empresariales que estaban esperando un escenario de mayor certidumbre en Bolivia. Con la nueva Constitución hay reglas de juego muy claras, unos mandatos definidos y una voluntad política del Gobierno para canalizar inversión extranjera en distintas áreas. Hay un potencial extraordinario, somos el segundo país con las mayores reservas de litio del mundo. El mismo interés se está trasladando al área de hidrocarburos.
P. Sin embargo, los expertos internacionales señalan que Bolivia es uno de los países con peor clima para los negocios en la región.
R. Lo que ocurría en el pasado es que la seguridad jurídica tenía una sola vía, aquella que pretendía que la inversión extranjera solamente tratara de resguardar sus intereses en el país. Pero el Estado estaba desprotegido de la propia irresponsabilidad empresarial. En todo lo que significó la inversión extranjera se transgredió un conjunto de normas. Pero a esas empresas no se les hizo un ajuste normativo por complicidad de los otros Gobiernos. Esta nueva Constitución construye un nuevo régimen de seguridad jurídica de doble vía: para el Estado boliviano, para que las inversiones sean sólidas, transparentes, pero también para las propias empresas, para que puedan trabajar con el mayor respaldo gubernamental.
P. Lo cierto es que la productividad del sector de hidrocarburos se ha hundido. Repsol o Petrobras invierten en mantenimiento de sus instalaciones, y no en exploración. ¿Cómo van a solventarlo?
R. Los volúmenes de petróleo y de gas han tendido a la baja porque no se han producido las inversiones que eran necesarias en el momento preciso. Hemos verificado que las empresas invirtieron muy poco desde el proceso de capitalización. Estos dos años no se han producido las inversiones extranjeras que hubiéramos deseado por el contexto en el que ha estado envuelto el país. Los inversionistas estaban esperando precisamente un corolario constitucional. Hoy no creemos que haya ninguna razón para que los inversionistas se inhiban de trabajar en Bolivia.
P. Hasta ahora, Bolivia ha dependido en buena parte de Venezuela. Con el precio del petróleo tan bajo, ¿cómo va a afectar a la economía de su país?
R. Va a tener un efecto muy relativo, yo diría que mínimo. La cooperación directa de Venezuela no supera los 100 millones de dólares por año y se transfiere directamente a los municipios para llevar adelante obras de carácter social. Hasta el año 2005, la inversión pública dependía de los financiamientos externos, no pasaba de los 600 millones de dólares por año. Este año tenemos prevista una inversión de 1.800 millones de dólares. Más del 85% son recursos propios, del Estado.
P. Con EE UU se perciben ciertas contradicciones. Aumentan los cultivos de coca, expulsan al embajador, prohíben las actividades de la DEA y, al mismo tiempo, piden a Washington que les restituya los beneficios arancelarios de los acuerdos ATPDA.
R. La relación con EE UU es compleja, difícil, signada por un largo periodo de intervención política, de dominación respecto a un proyecto económico que ha sido derrotado en las calles, de permanente injerencia. Hemos experimentado el sabotaje y la conspiración desde la Embajada de Estados Unidos. Les voy a dar tres ejemplos: hemos expulsado a agentes de la CIA del Palacio del Gobierno cuando ganamos las elecciones; hemos expulsado a los agentes de la DEA porque ejercitaban prácticas no sujetas a los cánones diplomáticos, penetraron las instituciones y agencias de seguridad, monopolizaban los servicios de inteligencia del Gobierno nacional. Y los funcionarios de Usaid actuaban contra el Gobierno nacional. El Gobierno de Bolivia no va a permitir nunca más que se registren estas prácticas de sabotaje y complot de agentes de Estados Unidos.
P. La oposición dice que los venezolanos controlan ahora los aparatos de seguridad del país.
R. Eso es absolutamente falso. El Gobierno boliviano ejerce sus facultades constitucionales y su soberanía en todos los ámbitos. Lo que hoy existe es una cooperación incondicional del Gobierno de Venezuela y de Cuba, pero no hay una sola prueba de que algún funcionario de la Embajada de Venezuela o de Cuba esté suplantando a alguna autoridad del Estado.
P. El lunes fue expulsado otro diplomático. Parece que todo estadounidense conspira...
R. No, para nada. Estamos preservando y defendiendo la continuidad del proceso boliviano. El ministro de Gobierno Alfredo Rada] tiene todas las pruebas para certificar que el señor Francisco Martínez, que era diplomático, estaba haciendo operaciones políticas encubiertas.
P. La familia del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas ha sufrido un ataque brutal. La inacción de la policía y la reacción del Gobierno contra Cárdenas muestran una ausencia del estado de derecho en Bolivia.
R. Me temo que lo que ha ocurrido tiene que ver más con una respuesta poco oportuna de la policía. Esa situación de aparente desamparo de algunos ciudadanos expresa la precariedad de la policía como una institución que tendría que tener presencia en todo el Estado. Eso no justifica bajo ninguna circunstancia este episodio, que merece una investigación por parte de la fiscalía. No se justifica ningún acto de violencia, ni mucho menos actos de esta naturaleza que, presuntamente, estarían explicando una especie de veto contra líderes políticos del pasado.
P. La lucha contra la corrupción fue la bandera de Evo Morales. Sin embargo, los escándalos son continuos. Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB) ha tenido seis presidentes desde su nacionalización, hace tres años. Cuatro de ellos han salido con acusaciones diversas. ¿No descalifican estos hechos la política de nacionalizaciones?
R. Nunca hemos desconocido que exista corrupción en algunas entidades o que funcionarios inescrupulosos se apropien de los recursos públicos. Frente a todo acto de corrupción, el Gobierno ha sido implacable. El segundo hombre del Movimiento al Socialismo Santos Ramírez, ex presidente de YPFB] está en la cárcel. ¿Qué funcionario de anteriores Gobiernos, con pruebas de corrupción, está en la cárcel por decisión política? Hay decenas de funcionarios cuyo oficio en el pasado era saquear los recursos públicos, pero todos han burlado la justicia.
P. ¿No cree que los decretos gubernamentales que han desmantelado los mecanismos de control de las empresas estratégicas alientan casos como el de YPFB?
R. Los fideicomisos forman parte de los procesos de aceleración de una gestión más expedita. Nosotros los hemos hecho especialmente para instalar una capacidad industrial en el Gobierno. Eso tiene sus riesgos.
Comentario:
Si Bolivia no logra convencer a los inversionistas de muchos países, que después no culpe a Estados Unidos por ello.
El País de España.
Bolivia ha lanzado una ofensiva para captar inversiones internacionales. En menos de un mes, el presidente, Evo Morales, ha viajado a Rusia y Francia, mientras su ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana (Cochabamba, 1959), acaba de conseguir en España la condonación del 60% de la deuda a cambio de programas de educación. Quintana está considerado el hombre fuerte del Gobierno de Morales. La oposición lo compara con el peruano Vladimiro Montesinos, ex militar como él, y le acusa de actos de contrabando e incluso de estar detrás de la matanza de una veintena de campesinos en Pando en septiembre pasado. "No hay ni una sola prueba de todo ese arsenal de acusaciones", dice Quintana en la Embajada de Bolivia, donde recibe a EL PAÍS. "No creo que haya existido un ministro tan difamado como yo".
Pregunta. ¿Cómo pretenden recuperar la inversión extranjera que se ha perdido estos años?
Respuesta. Hay una nueva Constitución que define con mucha claridad las posibilidades de recuperar no sólo las inversiones perdidas, sino también iniciativas empresariales que estaban esperando un escenario de mayor certidumbre en Bolivia. Con la nueva Constitución hay reglas de juego muy claras, unos mandatos definidos y una voluntad política del Gobierno para canalizar inversión extranjera en distintas áreas. Hay un potencial extraordinario, somos el segundo país con las mayores reservas de litio del mundo. El mismo interés se está trasladando al área de hidrocarburos.
P. Sin embargo, los expertos internacionales señalan que Bolivia es uno de los países con peor clima para los negocios en la región.
R. Lo que ocurría en el pasado es que la seguridad jurídica tenía una sola vía, aquella que pretendía que la inversión extranjera solamente tratara de resguardar sus intereses en el país. Pero el Estado estaba desprotegido de la propia irresponsabilidad empresarial. En todo lo que significó la inversión extranjera se transgredió un conjunto de normas. Pero a esas empresas no se les hizo un ajuste normativo por complicidad de los otros Gobiernos. Esta nueva Constitución construye un nuevo régimen de seguridad jurídica de doble vía: para el Estado boliviano, para que las inversiones sean sólidas, transparentes, pero también para las propias empresas, para que puedan trabajar con el mayor respaldo gubernamental.
P. Lo cierto es que la productividad del sector de hidrocarburos se ha hundido. Repsol o Petrobras invierten en mantenimiento de sus instalaciones, y no en exploración. ¿Cómo van a solventarlo?
R. Los volúmenes de petróleo y de gas han tendido a la baja porque no se han producido las inversiones que eran necesarias en el momento preciso. Hemos verificado que las empresas invirtieron muy poco desde el proceso de capitalización. Estos dos años no se han producido las inversiones extranjeras que hubiéramos deseado por el contexto en el que ha estado envuelto el país. Los inversionistas estaban esperando precisamente un corolario constitucional. Hoy no creemos que haya ninguna razón para que los inversionistas se inhiban de trabajar en Bolivia.
P. Hasta ahora, Bolivia ha dependido en buena parte de Venezuela. Con el precio del petróleo tan bajo, ¿cómo va a afectar a la economía de su país?
R. Va a tener un efecto muy relativo, yo diría que mínimo. La cooperación directa de Venezuela no supera los 100 millones de dólares por año y se transfiere directamente a los municipios para llevar adelante obras de carácter social. Hasta el año 2005, la inversión pública dependía de los financiamientos externos, no pasaba de los 600 millones de dólares por año. Este año tenemos prevista una inversión de 1.800 millones de dólares. Más del 85% son recursos propios, del Estado.
P. Con EE UU se perciben ciertas contradicciones. Aumentan los cultivos de coca, expulsan al embajador, prohíben las actividades de la DEA y, al mismo tiempo, piden a Washington que les restituya los beneficios arancelarios de los acuerdos ATPDA.
R. La relación con EE UU es compleja, difícil, signada por un largo periodo de intervención política, de dominación respecto a un proyecto económico que ha sido derrotado en las calles, de permanente injerencia. Hemos experimentado el sabotaje y la conspiración desde la Embajada de Estados Unidos. Les voy a dar tres ejemplos: hemos expulsado a agentes de la CIA del Palacio del Gobierno cuando ganamos las elecciones; hemos expulsado a los agentes de la DEA porque ejercitaban prácticas no sujetas a los cánones diplomáticos, penetraron las instituciones y agencias de seguridad, monopolizaban los servicios de inteligencia del Gobierno nacional. Y los funcionarios de Usaid actuaban contra el Gobierno nacional. El Gobierno de Bolivia no va a permitir nunca más que se registren estas prácticas de sabotaje y complot de agentes de Estados Unidos.
P. La oposición dice que los venezolanos controlan ahora los aparatos de seguridad del país.
R. Eso es absolutamente falso. El Gobierno boliviano ejerce sus facultades constitucionales y su soberanía en todos los ámbitos. Lo que hoy existe es una cooperación incondicional del Gobierno de Venezuela y de Cuba, pero no hay una sola prueba de que algún funcionario de la Embajada de Venezuela o de Cuba esté suplantando a alguna autoridad del Estado.
P. El lunes fue expulsado otro diplomático. Parece que todo estadounidense conspira...
R. No, para nada. Estamos preservando y defendiendo la continuidad del proceso boliviano. El ministro de Gobierno Alfredo Rada] tiene todas las pruebas para certificar que el señor Francisco Martínez, que era diplomático, estaba haciendo operaciones políticas encubiertas.
P. La familia del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas ha sufrido un ataque brutal. La inacción de la policía y la reacción del Gobierno contra Cárdenas muestran una ausencia del estado de derecho en Bolivia.
R. Me temo que lo que ha ocurrido tiene que ver más con una respuesta poco oportuna de la policía. Esa situación de aparente desamparo de algunos ciudadanos expresa la precariedad de la policía como una institución que tendría que tener presencia en todo el Estado. Eso no justifica bajo ninguna circunstancia este episodio, que merece una investigación por parte de la fiscalía. No se justifica ningún acto de violencia, ni mucho menos actos de esta naturaleza que, presuntamente, estarían explicando una especie de veto contra líderes políticos del pasado.
P. La lucha contra la corrupción fue la bandera de Evo Morales. Sin embargo, los escándalos son continuos. Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB) ha tenido seis presidentes desde su nacionalización, hace tres años. Cuatro de ellos han salido con acusaciones diversas. ¿No descalifican estos hechos la política de nacionalizaciones?
R. Nunca hemos desconocido que exista corrupción en algunas entidades o que funcionarios inescrupulosos se apropien de los recursos públicos. Frente a todo acto de corrupción, el Gobierno ha sido implacable. El segundo hombre del Movimiento al Socialismo Santos Ramírez, ex presidente de YPFB] está en la cárcel. ¿Qué funcionario de anteriores Gobiernos, con pruebas de corrupción, está en la cárcel por decisión política? Hay decenas de funcionarios cuyo oficio en el pasado era saquear los recursos públicos, pero todos han burlado la justicia.
P. ¿No cree que los decretos gubernamentales que han desmantelado los mecanismos de control de las empresas estratégicas alientan casos como el de YPFB?
R. Los fideicomisos forman parte de los procesos de aceleración de una gestión más expedita. Nosotros los hemos hecho especialmente para instalar una capacidad industrial en el Gobierno. Eso tiene sus riesgos.
Comentario:
Si Bolivia no logra convencer a los inversionistas de muchos países, que después no culpe a Estados Unidos por ello.
lunes, 9 de febrero de 2009
Gabinete plurinacional asume cargos en Bolivia.
Noticia:
El presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró el Estado plurinacional “conservando el cuarteto clave de sus colaboradores más importantes con miras a los comicios de diciembre próximo, en los que prevé una nueva victoria con 70% de votos.
Con el canciller David Choquehuanca a la cabeza, prevalece en el círculo íntimo del mandatario el polémico ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, junto a los de Defensa y Hacienda, Walker San Miguel y Luis Arce, todos ellos combatidos por la oposición de derechas.
Los cuatro acompañan a Morales desde su asunción, hace tres años.
“Con estos ministros hemos vivido momentos difíciles”, dijo este domingo el presidente boliviano.
Con las nuevas secretarías de Autonomías, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Medio Ambiente y Agua y de Cultura, el nuevo Estado plurinacional boliviano cuenta con 20 ministerios, cuatro más que el anterior.
El canciller Choquehuanca recordó que “nunca un presidente y sus ministros han sido tan atacados y calumniados” por su enemigos, aunque anticipó para los próximos días el recrudecimiento de la insidia” de sus detractores, conforme se acerquen las elecciones generales previstas para el 25 de diciembre próximo.
Las nuevas secretarías de Estado corresponden a Autonomías, con Carlos Romero (ex ministro de Desarrollo Rural); Transparencia y Lucha Anticorrupción, con la ex viceministra de Justicia, Nardi Suxo; Medio Ambiente y Agua con Ernesto Orellana, quien asume por primera vez en el gabinete; y Culturas, con el viceministro del sector, Pablo Groux.
Entre los nuevos ministros figuran el de Planificación, Noel Aguirre, y rostros indígenas como los de Julia Ramos y Alberto Chipana en las carteras de Desarrollo Rural y Tierras, y Trabajo y Empleo.
Al ser fusionados los ministerios de Energía e Hidrocarburos, Óscar Coca reemplazó a Saúl Ávalos, el único que perdió un cargo, coincidente con denuncias en las últimas dos semanas contra el presidente de la petrolera estatal YPFB, Santos Ramírez.
También continúan en Desarrollo Productivo y Economía Plural (ex Microempresa), Susana Rivero; Obras Públicas y Vivienda, Walter Delgadillo; Educación, Roberto Aguilar; Justicia, Celima Torrico; Salud y Deportes, Ramiro Tapia y Defensa del Legal Estado, Héctor Arce.
“Este es el Estado plurinacional”, destacó Morales al realzar en su gabinete la presencia de diversos sectores.
“Tenemos a ex catedráticos, ex asesores sindicales, ex dirigentes campesinos, intelectuales, representantes de quechuas aimaras, clase media y a los llamados mestizos criollos que asesoran al movimiento indígena”, agregó.
Habla de su nariz indígena
El presidente boliviano dijo ayer por otra parte que decidió mantener la forma de su nariz para cuidar su identidad indígena, al referirse a una cirugía a la que se sometió la semana pasada en La Paz para corregir un problema del tabique nasal.
Morales habló de su operación durante una visita a la localidad de Toledo, situada en el altiplano, y adonde se trasladó desde La Paz por carretera, porque, según dijo, sus médicos le recomendaron no viajar en avión, ni en helicóptero mientras se recupera de la intervención. “Ustedes saben que he sido operado de la fosa nasal y algunos periodistas dijeron que me estaba mejorando mi nariz. No era para mejorar mi nariz, sino para destaparla”, afirmó.
Según Morales, desde que se sometió a la operación la gente sólo mira si corrigió o no la forma de su nariz y si sigue “loro o no”.
“Por si acaso no soy Víctor Hugo Cárdenas Conde”, apuntó Morales al aludir a este ex vicepresidente boliviano (1993-1997), de origen aimara y férreo crítico del gobierno, quien cambió sus apellidos indígenas Choquehuanca Condori. “No podemos perder nuestra identidad, nuestros apellidos. No puedo perder mi nariz”, argumentó Morales, quien fue operado por médicos cubanos.
Comentario:
Al darle un tono demasiado exagerado en cuanto al origen indígena, Evo Morales, al parecer sin darse cuenta, también está callendo en el racismo. Hay que hacerse de un gabinete de hombres capacez, sin importar su origen étnico. NO por el solo hecho de ser indígena, está garantizada la eficiencia en el buen gobierno y mucho menos la honestidad. Se cae en posiciones maniqueas.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró el Estado plurinacional “conservando el cuarteto clave de sus colaboradores más importantes con miras a los comicios de diciembre próximo, en los que prevé una nueva victoria con 70% de votos.
Con el canciller David Choquehuanca a la cabeza, prevalece en el círculo íntimo del mandatario el polémico ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, junto a los de Defensa y Hacienda, Walker San Miguel y Luis Arce, todos ellos combatidos por la oposición de derechas.
Los cuatro acompañan a Morales desde su asunción, hace tres años.
“Con estos ministros hemos vivido momentos difíciles”, dijo este domingo el presidente boliviano.
Con las nuevas secretarías de Autonomías, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Medio Ambiente y Agua y de Cultura, el nuevo Estado plurinacional boliviano cuenta con 20 ministerios, cuatro más que el anterior.
El canciller Choquehuanca recordó que “nunca un presidente y sus ministros han sido tan atacados y calumniados” por su enemigos, aunque anticipó para los próximos días el recrudecimiento de la insidia” de sus detractores, conforme se acerquen las elecciones generales previstas para el 25 de diciembre próximo.
Las nuevas secretarías de Estado corresponden a Autonomías, con Carlos Romero (ex ministro de Desarrollo Rural); Transparencia y Lucha Anticorrupción, con la ex viceministra de Justicia, Nardi Suxo; Medio Ambiente y Agua con Ernesto Orellana, quien asume por primera vez en el gabinete; y Culturas, con el viceministro del sector, Pablo Groux.
Entre los nuevos ministros figuran el de Planificación, Noel Aguirre, y rostros indígenas como los de Julia Ramos y Alberto Chipana en las carteras de Desarrollo Rural y Tierras, y Trabajo y Empleo.
Al ser fusionados los ministerios de Energía e Hidrocarburos, Óscar Coca reemplazó a Saúl Ávalos, el único que perdió un cargo, coincidente con denuncias en las últimas dos semanas contra el presidente de la petrolera estatal YPFB, Santos Ramírez.
También continúan en Desarrollo Productivo y Economía Plural (ex Microempresa), Susana Rivero; Obras Públicas y Vivienda, Walter Delgadillo; Educación, Roberto Aguilar; Justicia, Celima Torrico; Salud y Deportes, Ramiro Tapia y Defensa del Legal Estado, Héctor Arce.
“Este es el Estado plurinacional”, destacó Morales al realzar en su gabinete la presencia de diversos sectores.
“Tenemos a ex catedráticos, ex asesores sindicales, ex dirigentes campesinos, intelectuales, representantes de quechuas aimaras, clase media y a los llamados mestizos criollos que asesoran al movimiento indígena”, agregó.
Habla de su nariz indígena
El presidente boliviano dijo ayer por otra parte que decidió mantener la forma de su nariz para cuidar su identidad indígena, al referirse a una cirugía a la que se sometió la semana pasada en La Paz para corregir un problema del tabique nasal.
Morales habló de su operación durante una visita a la localidad de Toledo, situada en el altiplano, y adonde se trasladó desde La Paz por carretera, porque, según dijo, sus médicos le recomendaron no viajar en avión, ni en helicóptero mientras se recupera de la intervención. “Ustedes saben que he sido operado de la fosa nasal y algunos periodistas dijeron que me estaba mejorando mi nariz. No era para mejorar mi nariz, sino para destaparla”, afirmó.
Según Morales, desde que se sometió a la operación la gente sólo mira si corrigió o no la forma de su nariz y si sigue “loro o no”.
“Por si acaso no soy Víctor Hugo Cárdenas Conde”, apuntó Morales al aludir a este ex vicepresidente boliviano (1993-1997), de origen aimara y férreo crítico del gobierno, quien cambió sus apellidos indígenas Choquehuanca Condori. “No podemos perder nuestra identidad, nuestros apellidos. No puedo perder mi nariz”, argumentó Morales, quien fue operado por médicos cubanos.
Comentario:
Al darle un tono demasiado exagerado en cuanto al origen indígena, Evo Morales, al parecer sin darse cuenta, también está callendo en el racismo. Hay que hacerse de un gabinete de hombres capacez, sin importar su origen étnico. NO por el solo hecho de ser indígena, está garantizada la eficiencia en el buen gobierno y mucho menos la honestidad. Se cae en posiciones maniqueas.
martes, 27 de enero de 2009
Bolivia indígena.
Editorial:
El País de España.
Los bolivianos han aprobado por una rotunda mayoría (más del 60%) la nueva Constitución en el referéndum que se celebró el domingo, según los datos ofrecidos hasta el momento. El largo y accidentado proceso que Evo Morales puso en marcha para refundar el país poco después de conquistar el poder ha llegado por fin a puerto, pero lo ha hecho de manera fallida.
El país está dividido en dos grandes bloques -la zona andina, de menores recursos económicos y que respalda decididamente la línea oficial, y las provincias del oriente, donde se encuentran los yacimientos de petróleo y gas natural, que reclaman mayor autonomía del poder central- y el nuevo triunfo de Morales no garantiza la gobernabilidad del país, ni siquiera la aplicación de la nueva Constitución.
El presidente, de etnia aymará, daba por hecho que lograría como mínimo que el 67% de los votos fueran afirmativos, el mismo porcentaje que obtuvo en el referéndum en el que se preguntó en agosto de 2007 por su continuidad en el poder. El no se ha impuesto, también mayoritariamente, en las cuatro provincias rebeldes (Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz), con lo que sus comités cívicos podrían sentirse autorizados para continuar su inagotable tarea de socavar el poder central y profundizar en la autonomía que reclaman.
El sentido profundo que impulsó la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente en mayo de 2006 fue la voluntad, tantas veces frustrada, de incorporar a la mayoría indígena a la gobernabilidad del país. El reconocimiento de la autonomía de las 36 naciones indígenas, las más grandes de ellas (aymarás y quechuas) dispersas en todo el país, es uno de los puntos más llamativos de la nueva Constitución, que peca de extensa (411 artículos), y provoca la paradoja de reforzar el poder central, al que la Constitución da la llave para distribuir la mayoría de los recursos económicos. Y eso es justamente lo que discuten los departamentos rebeldes, que ven cómo sus proyectos de autonomía, reconocidos también en la nueva Carta Magna, podrían quedar así descapitalizados y convertidos en letra muerta.
Será muy difícil que esta Constitución inaugure una nueva época en Bolivia, y aún más en tiempos de crisis y con los precios de los hidrocarburos bajando cada vez más. Evo Morales saludó su triunfo declarando clausurados el pasado colonial, el neoliberalismo y el latifundismo; los votantes votaron también el domingo que las propiedades agrícolas no tengan más de 5.000 hectáreas como máximo. Sin los recursos de las zonas más ricas, y sin su empuje empresarial, la mayor amenaza que pesa sobre el país es que el Gobierno, incapaz de generar inversión, termine por redistribuir la pura miseria. Para que no pierdan todos, Morales debe abandonar su política de confrontación e incorporar las zonas rebeldes a ese proyecto en el que, tal como han votado los bolivianos en una votación avalada por los observadores internacionales, los indígenas tienen mucho que decir.
Comentario:
Muy clara y específica esta editorial de El País. Sin una clase empresarial, se ve muy difícil que un gobierno genere inversión. Hasta el día de hoy, esto no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. ¿Por qué insistir en una fórmula económica y política qe no genera riqueza, pero reparte la pobreza de manera "muy bonita"? Insisten en implementar un socialismo sin la clase empresarialy lo peor es que si permenecen las clases sociales. La clase gobernante, por supuesto tiene mejor nivel económico que los indígenas. ¿O no?
El País de España.
Los bolivianos han aprobado por una rotunda mayoría (más del 60%) la nueva Constitución en el referéndum que se celebró el domingo, según los datos ofrecidos hasta el momento. El largo y accidentado proceso que Evo Morales puso en marcha para refundar el país poco después de conquistar el poder ha llegado por fin a puerto, pero lo ha hecho de manera fallida.
El país está dividido en dos grandes bloques -la zona andina, de menores recursos económicos y que respalda decididamente la línea oficial, y las provincias del oriente, donde se encuentran los yacimientos de petróleo y gas natural, que reclaman mayor autonomía del poder central- y el nuevo triunfo de Morales no garantiza la gobernabilidad del país, ni siquiera la aplicación de la nueva Constitución.
El presidente, de etnia aymará, daba por hecho que lograría como mínimo que el 67% de los votos fueran afirmativos, el mismo porcentaje que obtuvo en el referéndum en el que se preguntó en agosto de 2007 por su continuidad en el poder. El no se ha impuesto, también mayoritariamente, en las cuatro provincias rebeldes (Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz), con lo que sus comités cívicos podrían sentirse autorizados para continuar su inagotable tarea de socavar el poder central y profundizar en la autonomía que reclaman.
El sentido profundo que impulsó la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente en mayo de 2006 fue la voluntad, tantas veces frustrada, de incorporar a la mayoría indígena a la gobernabilidad del país. El reconocimiento de la autonomía de las 36 naciones indígenas, las más grandes de ellas (aymarás y quechuas) dispersas en todo el país, es uno de los puntos más llamativos de la nueva Constitución, que peca de extensa (411 artículos), y provoca la paradoja de reforzar el poder central, al que la Constitución da la llave para distribuir la mayoría de los recursos económicos. Y eso es justamente lo que discuten los departamentos rebeldes, que ven cómo sus proyectos de autonomía, reconocidos también en la nueva Carta Magna, podrían quedar así descapitalizados y convertidos en letra muerta.
Será muy difícil que esta Constitución inaugure una nueva época en Bolivia, y aún más en tiempos de crisis y con los precios de los hidrocarburos bajando cada vez más. Evo Morales saludó su triunfo declarando clausurados el pasado colonial, el neoliberalismo y el latifundismo; los votantes votaron también el domingo que las propiedades agrícolas no tengan más de 5.000 hectáreas como máximo. Sin los recursos de las zonas más ricas, y sin su empuje empresarial, la mayor amenaza que pesa sobre el país es que el Gobierno, incapaz de generar inversión, termine por redistribuir la pura miseria. Para que no pierdan todos, Morales debe abandonar su política de confrontación e incorporar las zonas rebeldes a ese proyecto en el que, tal como han votado los bolivianos en una votación avalada por los observadores internacionales, los indígenas tienen mucho que decir.
Comentario:
Muy clara y específica esta editorial de El País. Sin una clase empresarial, se ve muy difícil que un gobierno genere inversión. Hasta el día de hoy, esto no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. ¿Por qué insistir en una fórmula económica y política qe no genera riqueza, pero reparte la pobreza de manera "muy bonita"? Insisten en implementar un socialismo sin la clase empresarialy lo peor es que si permenecen las clases sociales. La clase gobernante, por supuesto tiene mejor nivel económico que los indígenas. ¿O no?
miércoles, 22 de octubre de 2008
Si habrá referéndum en Bolivia.
Noticia:
Después de una larga vigilia, en la que no estuvo ausente el presidente Evo Morales, el Congreso sancionó ayer la convocatoria al referéndum para aprobar o rechazar la nueva Constitución el próximo 25 de enero. La medida fue promulgada de inmediato por el mandatario, lo que desató los festejos en buena parte del país.
“Siento que este proceso de cambio es sin retorno, digan lo que digan, hagan lo que hagan, ya no va a volver el neoliberalismo”, dijo Morales en la Plaza Murillo, donde, al firmar el decreto, no pudo contener el llanto.
“El pueblo estará siempre para derrotar al imperio y al neoliberalismo. Esta nueva Constitución nos permitirá cerrar las históricas brechas sociales”, dijo el mandatario quien durante la madrugada, tuvo que contener en dos oportunidades la intención de los manifestantes de ingresar al Congreso ante la demora del debate, que superó las 18 horas.
Cánticos y bailes se desataron luego de que el vicepresidente Álvaro García Linera diera por cerrada la histórica sesión, que no sólo posibilita que sea la sociedad la que decida el futuro de la Carta Magna, sino que también alejó los peores temores del futuro de una crisis que por momentos tuvo sus capítulos violentos.
García Linera reconoció que “esta convocatoria y el proyecto ajustado de la nueva Constitución, son producto del esfuerzo de los cuatro partidos del gobierno”.
Comentario:
El rumbo de un país lo deciden todos, no una persona.
Después de una larga vigilia, en la que no estuvo ausente el presidente Evo Morales, el Congreso sancionó ayer la convocatoria al referéndum para aprobar o rechazar la nueva Constitución el próximo 25 de enero. La medida fue promulgada de inmediato por el mandatario, lo que desató los festejos en buena parte del país.
“Siento que este proceso de cambio es sin retorno, digan lo que digan, hagan lo que hagan, ya no va a volver el neoliberalismo”, dijo Morales en la Plaza Murillo, donde, al firmar el decreto, no pudo contener el llanto.
“El pueblo estará siempre para derrotar al imperio y al neoliberalismo. Esta nueva Constitución nos permitirá cerrar las históricas brechas sociales”, dijo el mandatario quien durante la madrugada, tuvo que contener en dos oportunidades la intención de los manifestantes de ingresar al Congreso ante la demora del debate, que superó las 18 horas.
Cánticos y bailes se desataron luego de que el vicepresidente Álvaro García Linera diera por cerrada la histórica sesión, que no sólo posibilita que sea la sociedad la que decida el futuro de la Carta Magna, sino que también alejó los peores temores del futuro de una crisis que por momentos tuvo sus capítulos violentos.
García Linera reconoció que “esta convocatoria y el proyecto ajustado de la nueva Constitución, son producto del esfuerzo de los cuatro partidos del gobierno”.
Comentario:
El rumbo de un país lo deciden todos, no una persona.
lunes, 20 de octubre de 2008
Los líderes sindicales amenazan con cerrar el Congreso de Bolivia.
Noticia:
Los líderes sindicales bolivianos que marchan hacia La Paz, a quienes se les ha unido el presidente Evo Morales, han amenazado hoy con cerrar el Congreso Nacional si los legisladores no aprueban antes del mediodía la convocatoria del referendo constitucional.
La consulta sobre la nueva Constitución de Bolivia sigue en el aire por la falta de acuerdos entre oficialistas y opositores. Tras una agitada pero infructuosa jornada de negociación política ayer domingo, continúa el bloqueo por las discrepancias en torno a la reelección presidencial que establece el proyecto de Carta Magna que impulsa el Gobierno de Morales.
El secretario ejecutivo de la organización campesina Federación de Colonizadores, Fidel Surco, y su colega de la Central Obrera Boliviana (COB), Pedro Montes, han lanzado sus amenazas en declaraciones realizadas cuando iban al lado de Morales en su marcha hacia La Paz. "Hasta mediodía justamente tienen que aprobar la ley, de lo contrario vamos a cerrar el Congreso. Eso que quede claro, ya es una posición de todos los movimientos sociales", ha dicho Surco, en una improvisada rueda de prensa durante la marcha en la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz.
Los manifestantes llegarán hoy a la Plaza Murillo de La Paz, donde se ubican el Congreso y el Palacio de Gobierno, después de haber recorrido durante siete días unos 200 kilómetros por el Altiplano desde la localidad andina de Caracollo. Los seguidores de Morales exigen al Congreso que apruebe de una vez la ley de convocatoria del referéndum sobre la nueva Constitución acordada en una Asamblea Constituyente en 2007.
El dirigente de la COB ha afirmado que los parlamentarios no pueden "ser ciegos, ni sordos" ante la petición del "pueblo". "Estamos dando un término al Congreso hasta el mediodía. Si, en caso contrario, no lo hacen (aprobar la ley) que preparen sus maletas y se vayan porque no saben servir al pueblo", ha declarado Montes.
El presidente Morales, que se puso hoy a la cabeza de la manifestación en El Alto, ha reiterado su petición a los parlamentarios de oposición para que aprueben la ley del referéndum para que esta movilización se "convierta en una gran fiesta y no una presión al Congreso Nacional.
Bloqueo
Las diferentes posiciones provocaron que la sesión prevista ayer para debatir la convocatoria constitucional se retrasara por más de nueve horas. Finalmente, la sesión se inició pero volvió quedar aplazada por falta de quórum ante la decisión de la alianza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos) de no asistir al plenario hasta que se permita a las televisiones transmitir en directo el debate.
Parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS, el partido de Morales) han asegurado que el debate se retomará en las próximas horas, pero diputados y senadores de la oposición insisten en que no participarán hasta que se permita la transmisión televisiva. La confusión se ha instalado en la cámara hasta el punto de que legisladores de Podemos llegaron a retar, en declaraciones a los medios, al Gobierno y a los congresistas a que todos, oficialistas y opositores, dimitan en bloque y se convoquen elecciones generales en las que nadie se pueda volver a presentar.
Estrategias enfrentadas
La convocatoria del referéndum constitucional tiene que ser aprobada por al menos dos tercios de los votos del Congreso, una mayoría de la que no dispone el MAS, lo que le obliga a llegar a acuerdos. El Gobierno acusa a la oposición de impedir el consenso por sus objeciones a la reelección presidencial a pesar de haberse atendido todas sus demandas sobre la Carta Magna, entre ellas, las autonómicas o las relacionadas con la reforma agraria. Pero la oposición argumenta que el verdadero objetivo del MAS con la nueva Constitución es que Morales se perpetúe en el poder convirtiéndose en un presidente "vitalicio".
La estrategia oficialista es convocar elecciones generales en cuanto se apruebe la Carta Magna, pero la actual gestión de Morales (que inició en 2006) no contaría como primer mandato al abrirse un nuevo periodo constituyente. De este modo, Morales podría presentarse a comicios generales en 2009 y, en caso de ganar, optar a la reelección en las siguientes para una nueva gestión de cinco años.
Comentario:
Este movimiento ¿realmente representa a la mayoría? o ¿creen que por usar frases "bonitas" como Pueblo o justicia, representan a las mayorías?
Los líderes sindicales bolivianos que marchan hacia La Paz, a quienes se les ha unido el presidente Evo Morales, han amenazado hoy con cerrar el Congreso Nacional si los legisladores no aprueban antes del mediodía la convocatoria del referendo constitucional.
La consulta sobre la nueva Constitución de Bolivia sigue en el aire por la falta de acuerdos entre oficialistas y opositores. Tras una agitada pero infructuosa jornada de negociación política ayer domingo, continúa el bloqueo por las discrepancias en torno a la reelección presidencial que establece el proyecto de Carta Magna que impulsa el Gobierno de Morales.
El secretario ejecutivo de la organización campesina Federación de Colonizadores, Fidel Surco, y su colega de la Central Obrera Boliviana (COB), Pedro Montes, han lanzado sus amenazas en declaraciones realizadas cuando iban al lado de Morales en su marcha hacia La Paz. "Hasta mediodía justamente tienen que aprobar la ley, de lo contrario vamos a cerrar el Congreso. Eso que quede claro, ya es una posición de todos los movimientos sociales", ha dicho Surco, en una improvisada rueda de prensa durante la marcha en la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz.
Los manifestantes llegarán hoy a la Plaza Murillo de La Paz, donde se ubican el Congreso y el Palacio de Gobierno, después de haber recorrido durante siete días unos 200 kilómetros por el Altiplano desde la localidad andina de Caracollo. Los seguidores de Morales exigen al Congreso que apruebe de una vez la ley de convocatoria del referéndum sobre la nueva Constitución acordada en una Asamblea Constituyente en 2007.
El dirigente de la COB ha afirmado que los parlamentarios no pueden "ser ciegos, ni sordos" ante la petición del "pueblo". "Estamos dando un término al Congreso hasta el mediodía. Si, en caso contrario, no lo hacen (aprobar la ley) que preparen sus maletas y se vayan porque no saben servir al pueblo", ha declarado Montes.
El presidente Morales, que se puso hoy a la cabeza de la manifestación en El Alto, ha reiterado su petición a los parlamentarios de oposición para que aprueben la ley del referéndum para que esta movilización se "convierta en una gran fiesta y no una presión al Congreso Nacional.
Bloqueo
Las diferentes posiciones provocaron que la sesión prevista ayer para debatir la convocatoria constitucional se retrasara por más de nueve horas. Finalmente, la sesión se inició pero volvió quedar aplazada por falta de quórum ante la decisión de la alianza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos) de no asistir al plenario hasta que se permita a las televisiones transmitir en directo el debate.
Parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS, el partido de Morales) han asegurado que el debate se retomará en las próximas horas, pero diputados y senadores de la oposición insisten en que no participarán hasta que se permita la transmisión televisiva. La confusión se ha instalado en la cámara hasta el punto de que legisladores de Podemos llegaron a retar, en declaraciones a los medios, al Gobierno y a los congresistas a que todos, oficialistas y opositores, dimitan en bloque y se convoquen elecciones generales en las que nadie se pueda volver a presentar.
Estrategias enfrentadas
La convocatoria del referéndum constitucional tiene que ser aprobada por al menos dos tercios de los votos del Congreso, una mayoría de la que no dispone el MAS, lo que le obliga a llegar a acuerdos. El Gobierno acusa a la oposición de impedir el consenso por sus objeciones a la reelección presidencial a pesar de haberse atendido todas sus demandas sobre la Carta Magna, entre ellas, las autonómicas o las relacionadas con la reforma agraria. Pero la oposición argumenta que el verdadero objetivo del MAS con la nueva Constitución es que Morales se perpetúe en el poder convirtiéndose en un presidente "vitalicio".
La estrategia oficialista es convocar elecciones generales en cuanto se apruebe la Carta Magna, pero la actual gestión de Morales (que inició en 2006) no contaría como primer mandato al abrirse un nuevo periodo constituyente. De este modo, Morales podría presentarse a comicios generales en 2009 y, en caso de ganar, optar a la reelección en las siguientes para una nueva gestión de cinco años.
Comentario:
Este movimiento ¿realmente representa a la mayoría? o ¿creen que por usar frases "bonitas" como Pueblo o justicia, representan a las mayorías?
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