“Ordeña” se planeó y ejecutó en Pemex.

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La Secretaría de la Función Pública (SFP), en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y Petróleos Mexicanos (Pemex) investigan la existencia de una red de servidores públicos de la paraestatal vinculada con el robo de combustible.

Como parte de las pesquisas, funcionarios de la SFP, acompañados por agentes federales y del Ministerio Público, tomaron las instalaciones de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Pemex, en el DF, donde aseguraron documentos y equipo de cómputo.

La SFP y la PGR han tomado declaración a 36 servidores públicos adscritos a dicha área, sin que al cierre de esta edición se reporten detenidos. El vocero de Pemex indicó que habrá que esperar el resultado de las averiguaciones.

El general Miguel Estrada Martínez es el responsable de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Pemex y tiene a su cargo a unas 800 personas. La PGR dijo al respecto que “a partir de los elementos que ofrezca el aseguramiento documental y las declaraciones de los servidores públicos, que comparecen en calidad de presentados, la SFP deslindará probables responsabilidades administrativas que correspondan sobre este particular”.

La presunta participación de los empleados de la paraestatal en tomas clandestinas de la red de ductos, así como su comercialización en el mercado ilícito de energéticos está enfocada en la región de la Cuenca de Burgos, por lo tanto, la investigación del gobierno federal abarcará toda esa área que se extiende por los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

El vocero de Pemex señaló que la dirección general de Petróleos Mexicanos fue informada previamente sobre el operativo efectuado y el inicio de las averiguaciones, en el marco de las acciones coordinadas para el combate al mercado ilícito de combustibles.

La paraestatal detalla que durante 2008 detectó y clausuró 396 tomas clandestinas, y que el robo de combustibles se ha extendido a gasolinas, condensados, crudo a boca de pozo y hasta petroquímicos, por un valor que superaría los 12 mil millones de pesos anuales.

Destaca que los estados donde se concentra el robo de combustibles son cuatro, encabezados por Veracruz (44%), seguido por el estado de México (9%), Nuevo León (8%) y Tamaulipas (6%).