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El gobierno de la ciudad llegó a un acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que en la máxima casa de estudios se realice una evaluación del impacto económico y social que tienen las leyes en el Distrito Federal. “Se medirá el efecto para saber si se cumple o no esa ley, si se ha logrado o no el objetivo planteado cuando se aprobó”, explicó Leticia Bonifaz, consejera jurídica del GDF.
Al dar a conocer ese acuerdo alcanzado con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la consejera capitalina también expuso que se evaluarán iniciativas y proyectos de ley de alto impacto social.
Así, en la Universidad Nacional se analizará la viabilidad de impulsar normas como la regulación de marchas, del sexoservicio y de áreas comunes.
“De esta manera es como vamos a trabajar en los siguientes tres años, porque cuando se crean leyes o se aprueban reformas a legislaciones, éstas se vuelven contradictorias, inaplicables o surgen sin que estén dadas las condiciones económicas para su cumplimiento”, dijo Bonifaz.
Excepciones de análisis
En los siguientes tres años, cada iniciativa que presente el jefe de Gobierno, llevará un estudio de impacto elaborado en la UNAM, para justificar ese proyecto.
Pero no todas las leyes que rigen la vida de esta ciudad pasarán por ese análisis, pues la consejera explicó que ciertas normas funcionan bien y por ello no vale la pena someterlas a un estudio de impacto.
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