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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó revisar la denuncia de un grupo de 150 mujeres mexicanas en edad reproductiva contra la reforma antiabortista que se aprobó y entró en vigor en Morelos desde diciembre del año pasado.
La reforma de Morelos fue la primera en el país para proteger la vida desde la concepción y la que detonó que la medida se replicara, hasta el momento, en 12 entidades.
En su denuncia las mujeres le pidieron a la CIDH que declare a México responsable de violar al menos 11 artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos; que recomiende a nuestro país reparar los daños ocasionados; que anule las reformas impugnadas y emita las medidas necesarias para garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Las mujeres decidieron recurrir a la Comisión Interamericana debido a que ninguna autoridad mexicana asumió la defensa de los derechos femeninos, pese a que las comisiones nacional y estatal de derechos humanos y la Procuraduría General de la República tienen facultades para impugnar las reformas que atenten contra la Constitución federal.
La denuncia, armada por tres organizaciones no gubernamentales, dice: “luego de publicadas las anteriores reformas, ninguna autoridad del Estado mexicano competente para ello las impugnó a través de los medios de control de constitucionalidad a su alcance”.
“Con lo cual se puede afirmar que México ha desatendido su deber de garantizar los derechos humanos de las mujeres que están en juego en nuestra causa, dado que al no haberse combatido esas reformas, a nivel interno, se cerró la posibilidad para que se corrigieran las violaciones a sus derechos cometidas con tal normatividad discriminatoria”.
La defensa de las mujeres a cargo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y la Academia Morelense de Derechos Humanos (AMDH) argumentó que al protegerse incondicionalmente la vida en gestación se atenta contra los derechos femeninos a una existencia digna en la que puedan elegir libremente su proyecto de vida, a la integridad personal, a la protección de la salud, a la vida privada.
Además, vulnera sus derechos relacionados con libertades de conciencia y de pensamiento, a una vida libre de violencia y de igual protección de la ley, sin discriminación.
La Constitución mexicana, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará, suscritas por México, protegen esos derechos, argumentan.
Por este motivo, GIRE, Fundar y otras organizaciones esperan presentar en los próximos días otras denuncias ante la CIDH en los que se cuestionen las reformas similares que se han implementado en otras 11 entidades.
Porque, afirman, la reforma en Morelos no es un caso aislado sino de parte de una vulneración sistemática aplicada para agredir los derechos humanos de las mujeres en casi la mitad de los estados del país.
Para dar una muestra de lo que está ocurriendo en México le informaron a la Comisión que “solamente a las habitantes en el Distrito Federal se les respetan sus derechos en esta materia, en tanto que a las víctimas de esta petición, que habitan en el Estado de Morelos, se les niega esa posibilidad”.
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