Ministro señala a catorce funcionarios en caso ABC

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El desorden generalizado que se vive en las guarderías subrogadas de todo el país —que toleraron los dos últimos directores del IMSS—, sumado a las deficientes medidas de seguridad y de protección civil —fomentadas por las autoridades de Sonora y de Hermosillo—, generaron las condiciones propicias para que se registrara una tragedia en la guardería ABC, en la que fallecieron 49 niños hace un año.

Esta es la conclusión central a la que llegó el ministro Arturo Zaldívar como encargado de investigar el caso de la guardería ABC, y que plasmó en el dictamen que entregó ayer a sus compañeros del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En él plantea responsabilizar a 14 autoridades federales, estatales y municipales de incurrir en violaciones graves de garantías.

La lista de funcionarios a quienes pidió responsabilizar la encabezan el ex director del Seguro Social y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular de ese instituto, Daniel Karam; el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara.

Esta es la primera ocasión en que, como resultado de una investigación, un ministro de la Suprema Corte de Justicia propone responsabilizar de violaciones graves a un secretario de Estado federal y a funcionarios del gabinete del Presidente de la República.

Corte se centrará en análisis

Después de recibir el dictamen y difundirlo a través de su portal de internet, el pleno del alto tribunal acordó cancelar todas sus sesiones de la próxima semana a fin de dedicar ese tiempo para que cada uno de los 11 ministros, por separado, estudie el proyecto de Zaldívar.

La intención es que la propuesta del ministro sea discutida a partir del próximo 14 de junio. Para que prospere la propuesta de Zaldívar, debe contar con el voto de por lo menos seis de los 11 ministros del alto tribunal.

La Corte, conforme al artículo 97 de la Constitución, no tiene atribuciones para sancionar a los funcionarios que encuentre responsables de violaciones.

Es al Congreso de la Unión, al Presidente de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública, así como a las autoridades estatales y municipales de Sonora, a quienes corresponderá, en su caso, promover cualquier tipo de sanción penal, política, civil o administrativa.

Buscan deslindar al gobierno federal

Antes de que el ministro Zaldívar presentara su dictamen, de última hora —el miércoles— los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar, acudieron a su oficina para tratar de deslindar de responsabilidades al gobierno federal. Pero no tuvieron éxito.

El ministro pidió responsabilizar a Molinar Horcasitas de violaciones graves de garantías porque “le es atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propiciaron las condiciones para la tragedia ocurrida en la guardería ABC”.

La magnitud de las fallas del sistema, reportó el ministro, también alcanza a Daniel Karam Toumeh, actual director del IMSS, aunque ocupó el cargo tres meses antes de la tragedia. En su caso, el ministro explicó que el funcionario omitió implementar medidas de actuación que garantizaran una atención adecuada y oportuna a los niños que fueron trasladados a sus hospitales.

“Las omisiones de este funcionario, en el manejo de la tragedia, contribuyeron a que el desorden generalizado se prolongara también en la atención de los niños”. Incluso, para el ministro, Karam ocultó información clave sobre la tragedia en los días posteriores al incendio.

En el caso del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, el ministro Zaldívar llegó a la conclusión de que “era directamente responsable del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil y el principal encargado del diseño de las políticas públicas en esa materia.

“Asimismo, como titular de la administración pública local, era el responsable de velar por el cumplimiento de las leyes que en materia de protección civil y protección de los derechos de la infancia correspondía observar a sus subordinados jerárquicos”.