Noticia:
La mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ningún funcionario de alto nivel estuvo involucrado en la violación grave de garantías que se produjo durante el incendio de la guardería ABC que dejó 49 niños muertos.
Por mayoría de votos, los ministros decidieron que el ex director del IMSS y secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular del instituto, Daniel Karam, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, no tienen responsabilidad en la violación de garantías. La resolución incluye también al ex alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara.
Al concluir la revisión del asunto, el máximo tribunal resolvió declarar involucrados en la violación grave de garantías sólo a los funcionarios de menor rango en todos los órdenes de gobierno.
La mayoría de los padres de los menores fallecidos hace un año abandonó la sesión en ese momento. Patricia Duarte, madre de uno de ellos, consideró que fue “más fuerte” el cabildeo de Molinar, de Karam y de la Secretaría de Gobernación “que la vida de 49 niños”.
Uno de los abogados de los padres, Lorenzo Ramos, criticó las “fuertes presiones” que se dieron sobre la Corte.
Del IMSS se declararon involucrados a Arturo Leyva Lizárraga, delegado estatal de 2006 a 2009, y a Noemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías (2001-2009).
Del gobierno de Sonora se señaló a Wilebaldo Alatriste Candiani, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil; a Fausto Salazar Gómez, director de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, y a Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de Control Vehicular. Del ayuntamiento de Hermosillo se ubicó como involucrados en las violaciones a Jesús Davis Osuna, de Inspección y Vigilancia Municipal, y a Roberto Copado, de la Unidad Municipal de Protección Civil.
El proyecto original del ministro Arturo Zaldívar señalaba como responsables de violaciones graves de garantías a 14 funcionarios federales, estatales y municipales, pero su propuesta fue rechazada por la mayoría.
En la sesión los ministros descartaron también que los problemas presentados en la estancia infantil, relacionados con el contrato, su funcionamiento y de protección civil, sean un reflejo de lo que pasa en el resto de las guarderías del país.
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jueves, 17 de junio de 2010
miércoles, 16 de junio de 2010
Diputados piden a ministros no ceder ante presiones políticas
Noticia:
La comisión especial que da seguimiento al caso de la guardería ABC en la Cámara de Diputados pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no dejarse intimidar por presiones o intereses políticos, y señalar a los responsables de la muerte de 49 menores en Hermosillo, Sonora.
El presidente de la comisión —que se declaró en sesión permanente mientras esté en proceso de resolución la Suprema Corte—, el perredista Emilio Serrano, aseguró que los ministros no tienen nada qué perder, pues sus aspiraciones no son políticas, por lo que tienen en sus manos un fallo histórico.
Comentó que ellos “no van a jugarse nada, ya no van a ser diputados ni senadores ni gobernadores. Lo que tienen que hacer es cumplir con la Constitución, y si no pueden, que renuncien. Queremos imparcialidad, sin ver el tamaño del político o de los funcionarios señalados”.
Serrano conminó a los ministros a recobrar la confianza y la credibilidad de la sociedad, que ha testificado, en otros casos sobre derechos humanos, sólo discursos y no acciones determinantes.
“Por lo que hemos visto, ya les torcieron el brazo a algunos ministros o les llegaron al precio o los intimidaron”, dijo.
Respecto a la propuesta de resolución del ministro Arturo Zaldívar, el presidente de la comisión legislativa —que también supervisa los contratos a terceros de la administración pública, entre los que se encuentran las reglas de subrogación de las guarderías del IMSS a privados— dijo que se fundamentó en principios de valor, ética y responsabilidad.
Aseguró que aunque el dictamen que vote el máximo tribunal del país no es vinculatorio, “sí es un indicativo que deben seguir y tomar en cuenta esas investigaciones. Y si bien hay quienes imparten y procuran la justicia, también el juicio de la sociedad es implacable”.
Comisión se reunirá con padres
La comisión de diputados viajará a Hermosillo el próximo 25 de junio para reunirse con los padres de los niños afectados por el incendio en la guardería ABC.
Los legisladores acordaron también agendar reuniones con el director del IMSS, Daniel Karam; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar, y el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, para que amplíen la información sobre la situación del caso de la guardería ABC.
El grupo de diputados también prepara la propuesta de Ley General de Guarderías de Estancias Infantiles, con la que busca regular las subrogaciones y exigencias de protección civil.
La comisión especial que da seguimiento al caso de la guardería ABC en la Cámara de Diputados pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no dejarse intimidar por presiones o intereses políticos, y señalar a los responsables de la muerte de 49 menores en Hermosillo, Sonora.
El presidente de la comisión —que se declaró en sesión permanente mientras esté en proceso de resolución la Suprema Corte—, el perredista Emilio Serrano, aseguró que los ministros no tienen nada qué perder, pues sus aspiraciones no son políticas, por lo que tienen en sus manos un fallo histórico.
Comentó que ellos “no van a jugarse nada, ya no van a ser diputados ni senadores ni gobernadores. Lo que tienen que hacer es cumplir con la Constitución, y si no pueden, que renuncien. Queremos imparcialidad, sin ver el tamaño del político o de los funcionarios señalados”.
Serrano conminó a los ministros a recobrar la confianza y la credibilidad de la sociedad, que ha testificado, en otros casos sobre derechos humanos, sólo discursos y no acciones determinantes.
“Por lo que hemos visto, ya les torcieron el brazo a algunos ministros o les llegaron al precio o los intimidaron”, dijo.
Respecto a la propuesta de resolución del ministro Arturo Zaldívar, el presidente de la comisión legislativa —que también supervisa los contratos a terceros de la administración pública, entre los que se encuentran las reglas de subrogación de las guarderías del IMSS a privados— dijo que se fundamentó en principios de valor, ética y responsabilidad.
Aseguró que aunque el dictamen que vote el máximo tribunal del país no es vinculatorio, “sí es un indicativo que deben seguir y tomar en cuenta esas investigaciones. Y si bien hay quienes imparten y procuran la justicia, también el juicio de la sociedad es implacable”.
Comisión se reunirá con padres
La comisión de diputados viajará a Hermosillo el próximo 25 de junio para reunirse con los padres de los niños afectados por el incendio en la guardería ABC.
Los legisladores acordaron también agendar reuniones con el director del IMSS, Daniel Karam; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar, y el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, para que amplíen la información sobre la situación del caso de la guardería ABC.
El grupo de diputados también prepara la propuesta de Ley General de Guarderías de Estancias Infantiles, con la que busca regular las subrogaciones y exigencias de protección civil.
Corte rechaza señalar culpables en caso ABC
Noticia:
El dictamen que elaboró el ministro Arturo Zaldívar para señalar a 14 funcionarios como responsables de violaciones graves de garantías en el caso del incendio de la guardería ABC sufrió, al inicio de la discusión de los temas de fondo, un par de reveses de parte de la mayoría de sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que complica su aprobación final.
De la esperanza en la Corte, los rostros de los padres de algunos de los menores que fallecieron en el incendio pasaron a la incertidumbre y, al final, al llanto. Aunque al término de la sesión, algunos, como José Francisco García, expresaron su confianza en que el escenario cambie y no se deslinde de los hechos a los funcionarios de más alto nivel.
Como se preveía desde ayer, por ocho votos contra tres el pleno de la Corte determinó que el máximo tribunal se limitará a señalar si se registraron o no violaciones graves de garantías en el incendio y, si es el caso, a las autoridades que se vieron involucradas en las mismas, tal como lo han hecho en investigaciones pasadas, como la de los enfrentamientos registrados en Oaxaca en 2006.
La mayoría de los ministros rechazó la propuesta de Zaldívar, quien planteó la posibilidad de fincar responsabilidades de tipo moral, político y ético a los funcionarios públicos relacionados con la violación de derechos fundamentales.
Agrupaciones se quejan
Después de votar el primer punto, el pleno entró al estudio de los temas de fondo; al hacerlo, la mayoría propinó un segundo revés a Zaldívar. Los ministros sometieron a revisión la relación de hechos que hizo en torno a lo ocurrido el 5 de junio de 2009 en el incendio y, otra vez, por ocho votos contra tres la mayoría de integrantes del Alto Tribunal llegó a la conclusión de que era necesario rehacer la relatoría de los hechos para eliminar todos los “calificativos” y ampliar la narración de lo ocurrido ese día.
Para algunos ministros, como el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, resultaba “preocupante” que en la narración de los hechos Zaldívar afirmara que lo ocurrido en la guardería mostraba la fragilidad de los sistemas de protección civil y de salud de todo el país.
Esa afirmación, dijo, incluso generó preocupación entre diversas agrupaciones, que en los últimos días publicaron desplegados para refutar el dictamen de Zaldívar y hablar bien de la actuación del IMSS, mismas que “ven con profunda preocupación ésta y otras expresiones”.
Validan subrogación de guarderías
Al continuar la discusión del caso ABC —que abarca 13 puntos—, la mayoría de ministros, ahora por siete votos contra cuatro, avaló que el IMSS subrogue a particulares el servicio de estancias.
Bajo ese esquema operaba la guardería ABC en el momento del siniestro en el que perdieron la vida 49 menores.
Este era el único punto sustancial del proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar que había contado con el respaldado de la mayoría de los integrantes del máximo tribunal del país. Pero después de escuchar a sus compañeros —quienes quedaron en minoría—, el propio Zaldívar se pronunció por no validar el sistema de subrogación de guarderías autorizado por el Seguro Social.
Los cuatro ministros que se opusieron afirmaron que la Ley del IMSS no permite que el servicio se delegue a particulares.
El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo pidió no perder de vista que las guarderías se otorgaban con base en influencias, favores o amiguismo.
Aseguró que ese es el fondo de la tragedia, pues el que exista una abierta discrecionalidad en el otorgamiento de los contratos trae consigo la posibilidad de favorecer intereses fuera del marco legal, sin verificar la calidad del servicio.
La Corte dejó para su sesión de hoy revisar si en el sistema de guarderías del IMSS existe un desorden generalizado, si existieron violaciones graves de garantías y si se señala a las autoridades involucradas en las mismas.
El dictamen que elaboró el ministro Arturo Zaldívar para señalar a 14 funcionarios como responsables de violaciones graves de garantías en el caso del incendio de la guardería ABC sufrió, al inicio de la discusión de los temas de fondo, un par de reveses de parte de la mayoría de sus compañeros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que complica su aprobación final.
De la esperanza en la Corte, los rostros de los padres de algunos de los menores que fallecieron en el incendio pasaron a la incertidumbre y, al final, al llanto. Aunque al término de la sesión, algunos, como José Francisco García, expresaron su confianza en que el escenario cambie y no se deslinde de los hechos a los funcionarios de más alto nivel.
Como se preveía desde ayer, por ocho votos contra tres el pleno de la Corte determinó que el máximo tribunal se limitará a señalar si se registraron o no violaciones graves de garantías en el incendio y, si es el caso, a las autoridades que se vieron involucradas en las mismas, tal como lo han hecho en investigaciones pasadas, como la de los enfrentamientos registrados en Oaxaca en 2006.
La mayoría de los ministros rechazó la propuesta de Zaldívar, quien planteó la posibilidad de fincar responsabilidades de tipo moral, político y ético a los funcionarios públicos relacionados con la violación de derechos fundamentales.
Agrupaciones se quejan
Después de votar el primer punto, el pleno entró al estudio de los temas de fondo; al hacerlo, la mayoría propinó un segundo revés a Zaldívar. Los ministros sometieron a revisión la relación de hechos que hizo en torno a lo ocurrido el 5 de junio de 2009 en el incendio y, otra vez, por ocho votos contra tres la mayoría de integrantes del Alto Tribunal llegó a la conclusión de que era necesario rehacer la relatoría de los hechos para eliminar todos los “calificativos” y ampliar la narración de lo ocurrido ese día.
Para algunos ministros, como el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, resultaba “preocupante” que en la narración de los hechos Zaldívar afirmara que lo ocurrido en la guardería mostraba la fragilidad de los sistemas de protección civil y de salud de todo el país.
Esa afirmación, dijo, incluso generó preocupación entre diversas agrupaciones, que en los últimos días publicaron desplegados para refutar el dictamen de Zaldívar y hablar bien de la actuación del IMSS, mismas que “ven con profunda preocupación ésta y otras expresiones”.
Validan subrogación de guarderías
Al continuar la discusión del caso ABC —que abarca 13 puntos—, la mayoría de ministros, ahora por siete votos contra cuatro, avaló que el IMSS subrogue a particulares el servicio de estancias.
Bajo ese esquema operaba la guardería ABC en el momento del siniestro en el que perdieron la vida 49 menores.
Este era el único punto sustancial del proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar que había contado con el respaldado de la mayoría de los integrantes del máximo tribunal del país. Pero después de escuchar a sus compañeros —quienes quedaron en minoría—, el propio Zaldívar se pronunció por no validar el sistema de subrogación de guarderías autorizado por el Seguro Social.
Los cuatro ministros que se opusieron afirmaron que la Ley del IMSS no permite que el servicio se delegue a particulares.
El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo pidió no perder de vista que las guarderías se otorgaban con base en influencias, favores o amiguismo.
Aseguró que ese es el fondo de la tragedia, pues el que exista una abierta discrecionalidad en el otorgamiento de los contratos trae consigo la posibilidad de favorecer intereses fuera del marco legal, sin verificar la calidad del servicio.
La Corte dejó para su sesión de hoy revisar si en el sistema de guarderías del IMSS existe un desorden generalizado, si existieron violaciones graves de garantías y si se señala a las autoridades involucradas en las mismas.
Descartan retomar el peritaje Smith
Noticia:
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió no tomar en cuenta el peritaje que elaboró el estadounidense David Smith —que se conoció apenas la semana pasada—, en el que se concluye que el incendio en la guardería ABC fue provocado.
Inicialmente, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo había pedido a sus compañeros de la Corte que se incluyera ese peritaje, en el que se asegura que el fuego se provocó con la llama de un cerillo o de un encendedor, lo que difiere “de lo que consta en autos y que fueron la base del proyecto”.
Gudiño Pelayo afirmó: “Aun cuando reconozco que no le corresponde a este tribunal, menos aún el ejercicio de las atribuciones del artículo 97 constitucional, establecer con prístina claridad cuáles fueron las causas que dieron origen al incendio en la guardería, ni es indispensable para nuestros efectos determinar si el incendio fue accidental o intencional, lo cierto es que hay un tercer e importante dictamen pericial que no ha sido ponderado”.
El ministro agregó que “es igualmente cierto que este tribunal se abocó a la realización de la investigación con la destacada finalidad de averiguar y esclarecer los hechos”.
Pero después de ver que no tendría el apoyo de sus compañeros, Gudiño decidió retirar su propuesta.
Informe no aporta nada, dicen
La mayoría de ministros determinó que el peritaje de Smith no aportaría nada ni impactaría en el pronunciamiento que realizará la Corte y que tiene que ver exclusivamente con la existencia o no de violaciones graves de garantías.
A otras autoridades como la PGR, dijo la ministra Olga Sánchez Cordero, será a las que les competerá definir este tema desde el punto de vista final.
La Corte determinó sólo tomar en cuenta el peritaje que mandó realizar y que coincidió con los realizados por la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, en el sentido de que se trató de un accidente.
El peritaje ordenado por la Corte y realizado por la empresa estadounidense Consolidated Consultants Company y The McMullen Company señala que el incendio inició por el sobrecalentamiento del motor del enfriador de aire por evaporación, lo que produjo un corto circuito como consecuencia de una instalación eléctrica improvisada.
Los ministros determinaron que el caso estaba lo suficientemente investigado y que estaban en condiciones de emitir una resolución.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió no tomar en cuenta el peritaje que elaboró el estadounidense David Smith —que se conoció apenas la semana pasada—, en el que se concluye que el incendio en la guardería ABC fue provocado.
Inicialmente, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo había pedido a sus compañeros de la Corte que se incluyera ese peritaje, en el que se asegura que el fuego se provocó con la llama de un cerillo o de un encendedor, lo que difiere “de lo que consta en autos y que fueron la base del proyecto”.
Gudiño Pelayo afirmó: “Aun cuando reconozco que no le corresponde a este tribunal, menos aún el ejercicio de las atribuciones del artículo 97 constitucional, establecer con prístina claridad cuáles fueron las causas que dieron origen al incendio en la guardería, ni es indispensable para nuestros efectos determinar si el incendio fue accidental o intencional, lo cierto es que hay un tercer e importante dictamen pericial que no ha sido ponderado”.
El ministro agregó que “es igualmente cierto que este tribunal se abocó a la realización de la investigación con la destacada finalidad de averiguar y esclarecer los hechos”.
Pero después de ver que no tendría el apoyo de sus compañeros, Gudiño decidió retirar su propuesta.
Informe no aporta nada, dicen
La mayoría de ministros determinó que el peritaje de Smith no aportaría nada ni impactaría en el pronunciamiento que realizará la Corte y que tiene que ver exclusivamente con la existencia o no de violaciones graves de garantías.
A otras autoridades como la PGR, dijo la ministra Olga Sánchez Cordero, será a las que les competerá definir este tema desde el punto de vista final.
La Corte determinó sólo tomar en cuenta el peritaje que mandó realizar y que coincidió con los realizados por la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, en el sentido de que se trató de un accidente.
El peritaje ordenado por la Corte y realizado por la empresa estadounidense Consolidated Consultants Company y The McMullen Company señala que el incendio inició por el sobrecalentamiento del motor del enfriador de aire por evaporación, lo que produjo un corto circuito como consecuencia de una instalación eléctrica improvisada.
Los ministros determinaron que el caso estaba lo suficientemente investigado y que estaban en condiciones de emitir una resolución.
martes, 15 de junio de 2010
“El pésame no basta; se necesita justicia”
Noticia:
La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció por no hacer un señalamiento de tipo moral, ético y político en el caso de la investigación de violaciones graves de garantías en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Al terminar el primer día de votaciones, nueve ministros del alto tribunal se manifestaron a favor de que la Corte se limite exclusivamente a determinar si se registraron o no violaciones graves de garantías y, si es el caso, señalar a los responsables.
El ministro Arturo Zaldívar como encargado del dictamen a discusión y al ser de uno de los dos nuevos integrantes de la Corte que, por lo mismo, no habían participado en este tipo de asuntos planteó la posibilidad de hacer una reinterpretación de la facultad de investigación, contemplada en el artículo 97 de la Constitución.
Desde la óptica del ministro Zaldívar la SCJN, además de señalar la existencia de violaciones graves de garantías y a los responsables, también se debe hacer un pronunciamiento de censura en contra de los funcionarios responsables, desde el punto de vista ético, moral y político.
Pero su postura sólo encontró el respaldo del ministro Juan Silva Meza. El resto de los ministros decidieron mantenerse en la línea trazada por la propia Corte en otros casos como en el de la periodista Lydia Cacho, o de los enfrentamientos ocurridos en el 2006 en la comunidad de San Salvador Atenco o en Oaxaca.
El peso moral de las resoluciones de la Corte, afirmó la mayoría, no deriva de la Constitución, sino del sustento de sus decisiones. Mientras que, afirmaron, la Carta Magna no le confiere al alto tribunal ninguna atribución ética o política.
Después de escuchar a sus compañeros, Zaldívar pidió dar por terminada la sesión, a fin de estar en posibilidad de dar respuesta a cada uno de los planteamientos, de retirar algunas de sus propuestas o de buscar una solución conjunta.
Como sea, este punto sólo marca el alcance de la decisión que adoptará la Corte a lo largo de las sesiones que realizará en esta semana. Y no prejuzga sobre el fondo del dictamen ni de la propuesta del ministro Arturo Zaldívar en el que plantea responsabilizar de violaciones graves de garantías a 14 funcionarios federales, estatales y municipales.
Una vez que la Corte defina hoy este punto, pasará a determinar si la investigación que realizó la comisión de magistrados es suficiente para poder resolver las cuestiones relacionadas con las violaciones de garantías o si es necesario, como propuso el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, incluir, para su estudio, el peritaje del estadounidense David Smith en el que concluye que el incendio fue provocado.
Aunque este punto no ha sido revisado, de antemano, los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero rechazaron la posibilidad de tomar en cuenta el peritaje Smith. En particular la ministra se opuso a la propuesta porque, dijo, “lo único que incluye , en su caso, sería la figura del incendiario y, en todo caso, será cuestión de una investigación de la propia Procuraduría (General de la República)”.
Al inicio de la discusión, a manera de presentación del caso, el ministro Zaldívar le pidió a sus compañeros que no eludan señalar como responsables de la tragedia a las más altas autoridades, entre ellas al secretario de Comunicaciones y Transportes y ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, al actual titular del IMSS, Daniel Karam, y al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
Es necesario, les dijo a sus compañeros de la Corte, que el máximo tribunal “envíe un mensaje claro a la sociedad, de que nuestro país debe dejar de ser un lugar en donde todo pasa y no pasa nada; en el que suceden cosas muy graves y no hay consecuencias; en el que pueden morir 49 niños quemados por negligencias de las autoridades y no hay responsables”.
“No basta con el pésame”, el luto o las lamentaciones, porque es necesario hacer justicia. Sería irresponsable, les dijo, que la Corte no señalar a los funcionarios responsables de la tragedia, porque se trata de “una enorme injusticia” que pudo haber sido evitada si las autoridades hubieran cumplido con su deber.
Los 49 niños, casi bebés, aseguró, fallecieron y otros 104 sufrieron afectaciones como resultado de las omisiones y negligencias de diversas autoridades. El Estado, agregó, estaba obligado a salvaguardar la vida de los menores y no lo hizo.
“No responsabilizar —les dijo Zaldívar— significa convalidar que hay manera de maniobrar desde un cargo público para permanecer en él pase lo que pase, sin importar que se haya hecho o que se haya dejado de hacer en relación con la vulneración de los derechos humanos”.
La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció por no hacer un señalamiento de tipo moral, ético y político en el caso de la investigación de violaciones graves de garantías en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Al terminar el primer día de votaciones, nueve ministros del alto tribunal se manifestaron a favor de que la Corte se limite exclusivamente a determinar si se registraron o no violaciones graves de garantías y, si es el caso, señalar a los responsables.
El ministro Arturo Zaldívar como encargado del dictamen a discusión y al ser de uno de los dos nuevos integrantes de la Corte que, por lo mismo, no habían participado en este tipo de asuntos planteó la posibilidad de hacer una reinterpretación de la facultad de investigación, contemplada en el artículo 97 de la Constitución.
Desde la óptica del ministro Zaldívar la SCJN, además de señalar la existencia de violaciones graves de garantías y a los responsables, también se debe hacer un pronunciamiento de censura en contra de los funcionarios responsables, desde el punto de vista ético, moral y político.
Pero su postura sólo encontró el respaldo del ministro Juan Silva Meza. El resto de los ministros decidieron mantenerse en la línea trazada por la propia Corte en otros casos como en el de la periodista Lydia Cacho, o de los enfrentamientos ocurridos en el 2006 en la comunidad de San Salvador Atenco o en Oaxaca.
El peso moral de las resoluciones de la Corte, afirmó la mayoría, no deriva de la Constitución, sino del sustento de sus decisiones. Mientras que, afirmaron, la Carta Magna no le confiere al alto tribunal ninguna atribución ética o política.
Después de escuchar a sus compañeros, Zaldívar pidió dar por terminada la sesión, a fin de estar en posibilidad de dar respuesta a cada uno de los planteamientos, de retirar algunas de sus propuestas o de buscar una solución conjunta.
Como sea, este punto sólo marca el alcance de la decisión que adoptará la Corte a lo largo de las sesiones que realizará en esta semana. Y no prejuzga sobre el fondo del dictamen ni de la propuesta del ministro Arturo Zaldívar en el que plantea responsabilizar de violaciones graves de garantías a 14 funcionarios federales, estatales y municipales.
Una vez que la Corte defina hoy este punto, pasará a determinar si la investigación que realizó la comisión de magistrados es suficiente para poder resolver las cuestiones relacionadas con las violaciones de garantías o si es necesario, como propuso el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, incluir, para su estudio, el peritaje del estadounidense David Smith en el que concluye que el incendio fue provocado.
Aunque este punto no ha sido revisado, de antemano, los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero rechazaron la posibilidad de tomar en cuenta el peritaje Smith. En particular la ministra se opuso a la propuesta porque, dijo, “lo único que incluye , en su caso, sería la figura del incendiario y, en todo caso, será cuestión de una investigación de la propia Procuraduría (General de la República)”.
Al inicio de la discusión, a manera de presentación del caso, el ministro Zaldívar le pidió a sus compañeros que no eludan señalar como responsables de la tragedia a las más altas autoridades, entre ellas al secretario de Comunicaciones y Transportes y ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, al actual titular del IMSS, Daniel Karam, y al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
Es necesario, les dijo a sus compañeros de la Corte, que el máximo tribunal “envíe un mensaje claro a la sociedad, de que nuestro país debe dejar de ser un lugar en donde todo pasa y no pasa nada; en el que suceden cosas muy graves y no hay consecuencias; en el que pueden morir 49 niños quemados por negligencias de las autoridades y no hay responsables”.
“No basta con el pésame”, el luto o las lamentaciones, porque es necesario hacer justicia. Sería irresponsable, les dijo, que la Corte no señalar a los funcionarios responsables de la tragedia, porque se trata de “una enorme injusticia” que pudo haber sido evitada si las autoridades hubieran cumplido con su deber.
Los 49 niños, casi bebés, aseguró, fallecieron y otros 104 sufrieron afectaciones como resultado de las omisiones y negligencias de diversas autoridades. El Estado, agregó, estaba obligado a salvaguardar la vida de los menores y no lo hizo.
“No responsabilizar —les dijo Zaldívar— significa convalidar que hay manera de maniobrar desde un cargo público para permanecer en él pase lo que pase, sin importar que se haya hecho o que se haya dejado de hacer en relación con la vulneración de los derechos humanos”.
lunes, 14 de junio de 2010
Corte inicia la discusión del caso ABC
Noticia:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará hoy la discusión del dictamen que elaboró el ministro Arturo Zaldívar sobre el caso del incendio de la guardería ABC, en el que propone responsabilizar a 14 funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal de violaciones graves a las garantías.
Como primer punto de la discusión, que será transmitida en vivo por el Canal Judicial y por el portal de la Corte (www.scjn.gob.mx), los ministros revisarán si toman en cuenta o no el peritaje del estadounidense David Smith, en el que se concluye que el incendio fue provocado.
Este tema será básico para determinar si la Corte abre una pausa en su discusión para revisar a fondo este peritaje o si continúa sin tomarlo en cuenta por no considerarlo necesario para la revisión de las violaciones a las garantías individuales.
El Movimiento Ciudadano 5 de Junio, que agrupa a algunos de los padres cuyos hijos murieron durante el incendio de la guardería ABC, asegura que “hay elementos extraños alrededor del recién aparecido y muy publicitado peritaje, que podría buscar la exculpación de funcionarios federales como Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, así como del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y de otros responsables, por señalar que manos extrañas causaron la conflagración”, dijeron mediante un comunicado los padres de ocho menores fallecidos.
“Repudiamos categóricamente los intereses oficiales orientados a desviar a la Suprema Corte de la identificación de los responsables y los patéticos cabildeos iniciados ante los ministros por el ex director del Seguro Social y su sucesor en funciones, Molinar Horcasitas y Karam Toumeh, respectivamente, así como del ex gobernador Bours y el ex director de Protección Civil estatal, Willebaldo Alatriste, entre otros”, agregaron los padres en un comunicado.
El peritaje realizado por el estadounidense David Smith, es respaldado por los padres de dos niños fallecidos.
Si el máximo tribunal considera que el incendio fue suficientemente investigado pasará a revisar el fondo del dictamen del ministro Zaldívar, en el que concluyó que el desorden generalizado que se vive en las guarderías subrogadas de todo el país —que toleraron los dos últimos directores del IMSS—, sumado a las deficientes medidas de seguridad y de protección civil —fomentadas por las autoridades de Sonora y de Hermosillo—, generaron las condiciones propicias para que se registrara una tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, en la que fallecieron 49 niños hace un año.
La lista de funcionarios a quienes pidió responsabilizar el ministro Arturo Zaldívar —desde el 3 de junio pasado— la encabezan el ex director del Seguro Social y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el titular de ese instituto, Daniel Karam; el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara.
Esta es la primera ocasión en que, como resultado de una investigación, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propone responsabilizar de violaciones graves a un secretario de Estado federal y a funcionarios del gabinete del presidente de la República.
Para que prospere la propuesta del ministro Arturo Zaldívar debe contar con el voto de por lo menos seis de los 11 ministros del alto tribunal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará hoy la discusión del dictamen que elaboró el ministro Arturo Zaldívar sobre el caso del incendio de la guardería ABC, en el que propone responsabilizar a 14 funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal de violaciones graves a las garantías.
Como primer punto de la discusión, que será transmitida en vivo por el Canal Judicial y por el portal de la Corte (www.scjn.gob.mx), los ministros revisarán si toman en cuenta o no el peritaje del estadounidense David Smith, en el que se concluye que el incendio fue provocado.
Este tema será básico para determinar si la Corte abre una pausa en su discusión para revisar a fondo este peritaje o si continúa sin tomarlo en cuenta por no considerarlo necesario para la revisión de las violaciones a las garantías individuales.
El Movimiento Ciudadano 5 de Junio, que agrupa a algunos de los padres cuyos hijos murieron durante el incendio de la guardería ABC, asegura que “hay elementos extraños alrededor del recién aparecido y muy publicitado peritaje, que podría buscar la exculpación de funcionarios federales como Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, así como del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y de otros responsables, por señalar que manos extrañas causaron la conflagración”, dijeron mediante un comunicado los padres de ocho menores fallecidos.
“Repudiamos categóricamente los intereses oficiales orientados a desviar a la Suprema Corte de la identificación de los responsables y los patéticos cabildeos iniciados ante los ministros por el ex director del Seguro Social y su sucesor en funciones, Molinar Horcasitas y Karam Toumeh, respectivamente, así como del ex gobernador Bours y el ex director de Protección Civil estatal, Willebaldo Alatriste, entre otros”, agregaron los padres en un comunicado.
El peritaje realizado por el estadounidense David Smith, es respaldado por los padres de dos niños fallecidos.
Si el máximo tribunal considera que el incendio fue suficientemente investigado pasará a revisar el fondo del dictamen del ministro Zaldívar, en el que concluyó que el desorden generalizado que se vive en las guarderías subrogadas de todo el país —que toleraron los dos últimos directores del IMSS—, sumado a las deficientes medidas de seguridad y de protección civil —fomentadas por las autoridades de Sonora y de Hermosillo—, generaron las condiciones propicias para que se registrara una tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, en la que fallecieron 49 niños hace un año.
La lista de funcionarios a quienes pidió responsabilizar el ministro Arturo Zaldívar —desde el 3 de junio pasado— la encabezan el ex director del Seguro Social y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el titular de ese instituto, Daniel Karam; el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara.
Esta es la primera ocasión en que, como resultado de una investigación, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propone responsabilizar de violaciones graves a un secretario de Estado federal y a funcionarios del gabinete del presidente de la República.
Para que prospere la propuesta del ministro Arturo Zaldívar debe contar con el voto de por lo menos seis de los 11 ministros del alto tribunal.
miércoles, 9 de junio de 2010
Legisladores: Corte debe retomar informe Smith
Noticia:
Legisladores de las tres principales fuerzas políticas —PAN, PRI y PRD— consideraron que el informe Smith elaborado por el perito de Estados Unidos Dave Smith, que determina que el incendio de la guardería ABC fue provocado, debe ser incorporado al dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y retomado por la Procuraduría General de la República (PGR) para relanzar las investigaciones del caso.
La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que sigue el caso del siniestro en la estancia infantil de Hermosillo, Sonora, pidió a la SCJN integrar el peritaje del estadounidense a su dictamen final y fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados en la tragedia.
El presidente de la Comisión, Emilio Serrano (PRD), y uno de sus miembros, Pedro Vázquez (PT), adelantaron que hoy enviarán al máximo tribunal de la nación una solicitud oficial para que integren a su investigación el reporte elaborado por Dave Smith.
“Tengo listo un escrito para pedirle a la Corte que tome en cuenta este peritaje y sus conclusiones, y que los ministros consideren que no es coincidencia el incendio...”, señaló Emilio Serrano.
Dijo en entrevista que el mismo oficio se enviará a la PGR, pues considera “inaudito” que se cierren a la posibilidad de que sea desde el gobierno local donde esté la responsabilidad directa del incidente del 5 de junio de 2009, y que ocasionó la muerte de 49 niños.
“El secretario de Gobernación (Fernando Gómez Mont) y el procurador (Arturo Chávez Chávez) saben algo al respecto, ya hubo un caso anterior y cada fin de sexenio se queman documentos de la Secretaría de Finanzas o de Hacienda”, aseguró Serrano.
Instan a no desdeñar el informe
Coincidente, el diputado federal del PRD, Guadalupe Acosta, opinó que la Corte debe tomar en cuenta el documento elaborado por Smith, ya que con la evidencia presentada se puede robustecer el dictamen que elaboró el ministro Arturo Zaldívar, y que ya presentó al pleno del máximo tribunal del país.
Integrante de la Permanente, Acosta dijo que quien tiene más responsabilidad para retomarlo de manera seria es la PGR, ya que a más de un año no ha emitido una resolución en este sentido.
Aceptó que con esa hipótesis la investigación daría un vuelco. Un documento así, añadió, debe de tomarse en cuenta y muy en serio.
El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Pérez Cuevas, dijo que tanto la Procuraduría de Sonora como la PGR deben utilizar el informe Smith, ya que debe servir para que la Corte pueda normar un criterio final del caso.
El vicecoordinador del PRI en el Senado, Fernando Castro Trenti, consideró que la PGR es la instancia que debe incluir el informe en sus indagatorias.
En enero pasado, David Smith, presidente de la firma Associated Fire Consultants, realizó un estudio en el edificio industrial que compartía espacio con la guardería ABC, y del que resultó que el incendió que causó la muerte de 49 niños fue provocado.
Legisladores de las tres principales fuerzas políticas —PAN, PRI y PRD— consideraron que el informe Smith elaborado por el perito de Estados Unidos Dave Smith, que determina que el incendio de la guardería ABC fue provocado, debe ser incorporado al dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y retomado por la Procuraduría General de la República (PGR) para relanzar las investigaciones del caso.
La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que sigue el caso del siniestro en la estancia infantil de Hermosillo, Sonora, pidió a la SCJN integrar el peritaje del estadounidense a su dictamen final y fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados en la tragedia.
El presidente de la Comisión, Emilio Serrano (PRD), y uno de sus miembros, Pedro Vázquez (PT), adelantaron que hoy enviarán al máximo tribunal de la nación una solicitud oficial para que integren a su investigación el reporte elaborado por Dave Smith.
“Tengo listo un escrito para pedirle a la Corte que tome en cuenta este peritaje y sus conclusiones, y que los ministros consideren que no es coincidencia el incendio...”, señaló Emilio Serrano.
Dijo en entrevista que el mismo oficio se enviará a la PGR, pues considera “inaudito” que se cierren a la posibilidad de que sea desde el gobierno local donde esté la responsabilidad directa del incidente del 5 de junio de 2009, y que ocasionó la muerte de 49 niños.
“El secretario de Gobernación (Fernando Gómez Mont) y el procurador (Arturo Chávez Chávez) saben algo al respecto, ya hubo un caso anterior y cada fin de sexenio se queman documentos de la Secretaría de Finanzas o de Hacienda”, aseguró Serrano.
Instan a no desdeñar el informe
Coincidente, el diputado federal del PRD, Guadalupe Acosta, opinó que la Corte debe tomar en cuenta el documento elaborado por Smith, ya que con la evidencia presentada se puede robustecer el dictamen que elaboró el ministro Arturo Zaldívar, y que ya presentó al pleno del máximo tribunal del país.
Integrante de la Permanente, Acosta dijo que quien tiene más responsabilidad para retomarlo de manera seria es la PGR, ya que a más de un año no ha emitido una resolución en este sentido.
Aceptó que con esa hipótesis la investigación daría un vuelco. Un documento así, añadió, debe de tomarse en cuenta y muy en serio.
El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Pérez Cuevas, dijo que tanto la Procuraduría de Sonora como la PGR deben utilizar el informe Smith, ya que debe servir para que la Corte pueda normar un criterio final del caso.
El vicecoordinador del PRI en el Senado, Fernando Castro Trenti, consideró que la PGR es la instancia que debe incluir el informe en sus indagatorias.
En enero pasado, David Smith, presidente de la firma Associated Fire Consultants, realizó un estudio en el edificio industrial que compartía espacio con la guardería ABC, y del que resultó que el incendió que causó la muerte de 49 niños fue provocado.
Piden a Corte indagar incendio provocado
Noticia:
Legisladores de las tres principales fuerzas políticas —PAN, PRI y PRD— consideraron que el informe Smith elaborado por el perito de Estados Unidos Dave Smith, que determina que el incendio de la guardería ABC fue provocado, debe ser incorporado al dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y retomado por la Procuraduría General de la República (PGR) para relanzar las investigaciones del caso.
La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que sigue el caso del siniestro en la estancia infantil de Hermosillo, Sonora, pidió a la SCJN integrar el peritaje del estadounidense a su dictamen final y fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados en la tragedia.
El presidente de la Comisión, Emilio Serrano (PRD), y uno de sus miembros, Pedro Vázquez (PT), adelantaron que hoy enviarán al máximo tribunal de la nación una solicitud oficial para que integren a su investigación el reporte elaborado por Dave Smith.
“Tengo listo un escrito para pedirle a la Corte que tome en cuenta este peritaje y sus conclusiones, y que los ministros consideren que no es coincidencia el incendio...”, señaló Emilio Serrano.
Dijo en entrevista que el mismo oficio se enviará a la PGR, pues considera “inaudito” que se cierren a la posibilidad de que sea desde el gobierno local donde esté la responsabilidad directa del incidente del 5 de junio de 2009, y que ocasionó la muerte de 49 niños.
“El secretario de Gobernación (Fernando Gómez Mont) y el procurador (Arturo Chávez Chávez) saben algo al respecto, ya hubo un caso anterior y cada fin de sexenio se queman documentos de la Secretaría de Finanzas o de Hacienda”, aseguró Serrano.
Instan a no desdeñar el informe
Coincidente, el diputado federal del PRD, Guadalupe Acosta, opinó que la Corte debe tomar en cuenta el documento elaborado por Smith, ya que con la evidencia presentada se puede robustecer el dictamen que elaboró el ministro Arturo Zaldívar, y que ya presentó al pleno del máximo tribunal del país.
Integrante de la Permanente, Acosta dijo que quien tiene más responsabilidad para retomarlo de manera seria es la PGR, ya que a más de un año no ha emitido una resolución en este sentido.
Aceptó que con esa hipótesis la investigación daría un vuelco. Un documento así, añadió, debe de tomarse en cuenta y muy en serio.
El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Pérez Cuevas, dijo que tanto la Procuraduría de Sonora como la PGR deben utilizar el informe Smith, ya que debe servir para que la Corte pueda normar un criterio final del caso.
El vicecoordinador del PRI en el Senado, Fernando Castro Trenti, consideró que la PGR es la instancia que debe incluir el informe en sus indagatorias.
En enero pasado, David Smith, presidente de la firma Associated Fire Consultants, realizó un estudio en el edificio industrial que compartía espacio con la guardería ABC, y del que resultó que el incendió que causó la muerte de 49 niños fue provocado.
Legisladores de las tres principales fuerzas políticas —PAN, PRI y PRD— consideraron que el informe Smith elaborado por el perito de Estados Unidos Dave Smith, que determina que el incendio de la guardería ABC fue provocado, debe ser incorporado al dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y retomado por la Procuraduría General de la República (PGR) para relanzar las investigaciones del caso.
La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que sigue el caso del siniestro en la estancia infantil de Hermosillo, Sonora, pidió a la SCJN integrar el peritaje del estadounidense a su dictamen final y fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados en la tragedia.
El presidente de la Comisión, Emilio Serrano (PRD), y uno de sus miembros, Pedro Vázquez (PT), adelantaron que hoy enviarán al máximo tribunal de la nación una solicitud oficial para que integren a su investigación el reporte elaborado por Dave Smith.
“Tengo listo un escrito para pedirle a la Corte que tome en cuenta este peritaje y sus conclusiones, y que los ministros consideren que no es coincidencia el incendio...”, señaló Emilio Serrano.
Dijo en entrevista que el mismo oficio se enviará a la PGR, pues considera “inaudito” que se cierren a la posibilidad de que sea desde el gobierno local donde esté la responsabilidad directa del incidente del 5 de junio de 2009, y que ocasionó la muerte de 49 niños.
“El secretario de Gobernación (Fernando Gómez Mont) y el procurador (Arturo Chávez Chávez) saben algo al respecto, ya hubo un caso anterior y cada fin de sexenio se queman documentos de la Secretaría de Finanzas o de Hacienda”, aseguró Serrano.
Instan a no desdeñar el informe
Coincidente, el diputado federal del PRD, Guadalupe Acosta, opinó que la Corte debe tomar en cuenta el documento elaborado por Smith, ya que con la evidencia presentada se puede robustecer el dictamen que elaboró el ministro Arturo Zaldívar, y que ya presentó al pleno del máximo tribunal del país.
Integrante de la Permanente, Acosta dijo que quien tiene más responsabilidad para retomarlo de manera seria es la PGR, ya que a más de un año no ha emitido una resolución en este sentido.
Aceptó que con esa hipótesis la investigación daría un vuelco. Un documento así, añadió, debe de tomarse en cuenta y muy en serio.
El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Pérez Cuevas, dijo que tanto la Procuraduría de Sonora como la PGR deben utilizar el informe Smith, ya que debe servir para que la Corte pueda normar un criterio final del caso.
El vicecoordinador del PRI en el Senado, Fernando Castro Trenti, consideró que la PGR es la instancia que debe incluir el informe en sus indagatorias.
En enero pasado, David Smith, presidente de la firma Associated Fire Consultants, realizó un estudio en el edificio industrial que compartía espacio con la guardería ABC, y del que resultó que el incendió que causó la muerte de 49 niños fue provocado.
viernes, 4 de junio de 2010
Ministro señala a catorce funcionarios en caso ABC
Noticia:
El desorden generalizado que se vive en las guarderías subrogadas de todo el país —que toleraron los dos últimos directores del IMSS—, sumado a las deficientes medidas de seguridad y de protección civil —fomentadas por las autoridades de Sonora y de Hermosillo—, generaron las condiciones propicias para que se registrara una tragedia en la guardería ABC, en la que fallecieron 49 niños hace un año.
Esta es la conclusión central a la que llegó el ministro Arturo Zaldívar como encargado de investigar el caso de la guardería ABC, y que plasmó en el dictamen que entregó ayer a sus compañeros del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En él plantea responsabilizar a 14 autoridades federales, estatales y municipales de incurrir en violaciones graves de garantías.
La lista de funcionarios a quienes pidió responsabilizar la encabezan el ex director del Seguro Social y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular de ese instituto, Daniel Karam; el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara.
Esta es la primera ocasión en que, como resultado de una investigación, un ministro de la Suprema Corte de Justicia propone responsabilizar de violaciones graves a un secretario de Estado federal y a funcionarios del gabinete del Presidente de la República.
Corte se centrará en análisis
Después de recibir el dictamen y difundirlo a través de su portal de internet, el pleno del alto tribunal acordó cancelar todas sus sesiones de la próxima semana a fin de dedicar ese tiempo para que cada uno de los 11 ministros, por separado, estudie el proyecto de Zaldívar.
La intención es que la propuesta del ministro sea discutida a partir del próximo 14 de junio. Para que prospere la propuesta de Zaldívar, debe contar con el voto de por lo menos seis de los 11 ministros del alto tribunal.
La Corte, conforme al artículo 97 de la Constitución, no tiene atribuciones para sancionar a los funcionarios que encuentre responsables de violaciones.
Es al Congreso de la Unión, al Presidente de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública, así como a las autoridades estatales y municipales de Sonora, a quienes corresponderá, en su caso, promover cualquier tipo de sanción penal, política, civil o administrativa.
Buscan deslindar al gobierno federal
Antes de que el ministro Zaldívar presentara su dictamen, de última hora —el miércoles— los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar, acudieron a su oficina para tratar de deslindar de responsabilidades al gobierno federal. Pero no tuvieron éxito.
El ministro pidió responsabilizar a Molinar Horcasitas de violaciones graves de garantías porque “le es atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propiciaron las condiciones para la tragedia ocurrida en la guardería ABC”.
La magnitud de las fallas del sistema, reportó el ministro, también alcanza a Daniel Karam Toumeh, actual director del IMSS, aunque ocupó el cargo tres meses antes de la tragedia. En su caso, el ministro explicó que el funcionario omitió implementar medidas de actuación que garantizaran una atención adecuada y oportuna a los niños que fueron trasladados a sus hospitales.
“Las omisiones de este funcionario, en el manejo de la tragedia, contribuyeron a que el desorden generalizado se prolongara también en la atención de los niños”. Incluso, para el ministro, Karam ocultó información clave sobre la tragedia en los días posteriores al incendio.
En el caso del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, el ministro Zaldívar llegó a la conclusión de que “era directamente responsable del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil y el principal encargado del diseño de las políticas públicas en esa materia.
“Asimismo, como titular de la administración pública local, era el responsable de velar por el cumplimiento de las leyes que en materia de protección civil y protección de los derechos de la infancia correspondía observar a sus subordinados jerárquicos”.
El desorden generalizado que se vive en las guarderías subrogadas de todo el país —que toleraron los dos últimos directores del IMSS—, sumado a las deficientes medidas de seguridad y de protección civil —fomentadas por las autoridades de Sonora y de Hermosillo—, generaron las condiciones propicias para que se registrara una tragedia en la guardería ABC, en la que fallecieron 49 niños hace un año.
Esta es la conclusión central a la que llegó el ministro Arturo Zaldívar como encargado de investigar el caso de la guardería ABC, y que plasmó en el dictamen que entregó ayer a sus compañeros del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En él plantea responsabilizar a 14 autoridades federales, estatales y municipales de incurrir en violaciones graves de garantías.
La lista de funcionarios a quienes pidió responsabilizar la encabezan el ex director del Seguro Social y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular de ese instituto, Daniel Karam; el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara.
Esta es la primera ocasión en que, como resultado de una investigación, un ministro de la Suprema Corte de Justicia propone responsabilizar de violaciones graves a un secretario de Estado federal y a funcionarios del gabinete del Presidente de la República.
Corte se centrará en análisis
Después de recibir el dictamen y difundirlo a través de su portal de internet, el pleno del alto tribunal acordó cancelar todas sus sesiones de la próxima semana a fin de dedicar ese tiempo para que cada uno de los 11 ministros, por separado, estudie el proyecto de Zaldívar.
La intención es que la propuesta del ministro sea discutida a partir del próximo 14 de junio. Para que prospere la propuesta de Zaldívar, debe contar con el voto de por lo menos seis de los 11 ministros del alto tribunal.
La Corte, conforme al artículo 97 de la Constitución, no tiene atribuciones para sancionar a los funcionarios que encuentre responsables de violaciones.
Es al Congreso de la Unión, al Presidente de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública, así como a las autoridades estatales y municipales de Sonora, a quienes corresponderá, en su caso, promover cualquier tipo de sanción penal, política, civil o administrativa.
Buscan deslindar al gobierno federal
Antes de que el ministro Zaldívar presentara su dictamen, de última hora —el miércoles— los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar, acudieron a su oficina para tratar de deslindar de responsabilidades al gobierno federal. Pero no tuvieron éxito.
El ministro pidió responsabilizar a Molinar Horcasitas de violaciones graves de garantías porque “le es atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propiciaron las condiciones para la tragedia ocurrida en la guardería ABC”.
La magnitud de las fallas del sistema, reportó el ministro, también alcanza a Daniel Karam Toumeh, actual director del IMSS, aunque ocupó el cargo tres meses antes de la tragedia. En su caso, el ministro explicó que el funcionario omitió implementar medidas de actuación que garantizaran una atención adecuada y oportuna a los niños que fueron trasladados a sus hospitales.
“Las omisiones de este funcionario, en el manejo de la tragedia, contribuyeron a que el desorden generalizado se prolongara también en la atención de los niños”. Incluso, para el ministro, Karam ocultó información clave sobre la tragedia en los días posteriores al incendio.
En el caso del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, el ministro Zaldívar llegó a la conclusión de que “era directamente responsable del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil y el principal encargado del diseño de las políticas públicas en esa materia.
“Asimismo, como titular de la administración pública local, era el responsable de velar por el cumplimiento de las leyes que en materia de protección civil y protección de los derechos de la infancia correspondía observar a sus subordinados jerárquicos”.
jueves, 3 de junio de 2010
5 de junio, día de luto nacional: FCH
Noticia:
Por más de cuatro horas, padres de algunos de los 49 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, se reunieron en Los Pinos con el presidente Felipe Calderón, a quien le pidieron de nueva cuenta castigo para los responsables de la tragedia, y apoyo vitalicio para las familias de los pequeños que resultaron afectados en la conflagración de hace casi un año.
En un comunicado, se informó que el mandatario Felipe Calderón ordenó declarar el 5 de junio día de luto nacional por la muerte de los pequeños.
Además, también se dio a conocer que el titular del Ejecutivo se comprometió a viajar a Hermosillo, Sonora, en un plazo de tres semanas y media.
Al menos 65 personas asistieron a la reunión en la residencia oficial de Los Pinos, la más larga ocurrida entre el Presidente y familiares de las víctimas.
Los invitados, la mayoría integrantes de la agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños, ingresaron a la casa presidencial alrededor de las 16 horas; minutos después llegaron el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y el director general del IMSS, Daniel Karam.
Abraham Fraijo Razcón, padre de la menor Emilia Fraijo Navarro, quien murió en el incendio, se quejó en una de las puertas de acceso a la residencia presidencial, por no haber sido invitado al encuentro, al que asistió Margarita Zavala.
“Estoy muy molesto por lo que el señor Calderón está haciendo. Dijo que la reunión era para todos los padres y que la invitación era abierta. A mí no me invitaron”, afirmó.
El hombre acudió a Los Pinos para entregar una carta en la que pide al presidente Calderón que viaje a Hermosillo para participar en una reunión pública con todos los padres de los pequeños que perecieron, y escuche sus demandas de justicia.
Acusó al gobierno de Calderón de no haber hecho lo suficiente para castigar a los responsables de la tragedia.
Fraijo exigió a través de una misiva dirigida a Calderón que ordene al procurador general de la República que aporte las pruebas para acreditar que se trató de homicidios dolosos y se solicite la imposición de penas con ese carácter.
Demandó que se amplíe el ejercicio de la acción penal en contra de ex directores del IMSS, incluyendo a Santiago Levy y Juan Molinar Horcasitas, y del actual, Daniel Karam; así como del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
El padre de una de las víctimas, también pidió que la Secretaría de la Función Públicab inicie procedimiento administrativo contra funcionarios que resulten responsables.
Fraijo Razón dijo que su presencia fue a título personal y no en representación del Movimiento 5 de junio.
Por más de cuatro horas, padres de algunos de los 49 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, se reunieron en Los Pinos con el presidente Felipe Calderón, a quien le pidieron de nueva cuenta castigo para los responsables de la tragedia, y apoyo vitalicio para las familias de los pequeños que resultaron afectados en la conflagración de hace casi un año.
En un comunicado, se informó que el mandatario Felipe Calderón ordenó declarar el 5 de junio día de luto nacional por la muerte de los pequeños.
Además, también se dio a conocer que el titular del Ejecutivo se comprometió a viajar a Hermosillo, Sonora, en un plazo de tres semanas y media.
Al menos 65 personas asistieron a la reunión en la residencia oficial de Los Pinos, la más larga ocurrida entre el Presidente y familiares de las víctimas.
Los invitados, la mayoría integrantes de la agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños, ingresaron a la casa presidencial alrededor de las 16 horas; minutos después llegaron el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y el director general del IMSS, Daniel Karam.
Abraham Fraijo Razcón, padre de la menor Emilia Fraijo Navarro, quien murió en el incendio, se quejó en una de las puertas de acceso a la residencia presidencial, por no haber sido invitado al encuentro, al que asistió Margarita Zavala.
“Estoy muy molesto por lo que el señor Calderón está haciendo. Dijo que la reunión era para todos los padres y que la invitación era abierta. A mí no me invitaron”, afirmó.
El hombre acudió a Los Pinos para entregar una carta en la que pide al presidente Calderón que viaje a Hermosillo para participar en una reunión pública con todos los padres de los pequeños que perecieron, y escuche sus demandas de justicia.
Acusó al gobierno de Calderón de no haber hecho lo suficiente para castigar a los responsables de la tragedia.
Fraijo exigió a través de una misiva dirigida a Calderón que ordene al procurador general de la República que aporte las pruebas para acreditar que se trató de homicidios dolosos y se solicite la imposición de penas con ese carácter.
Demandó que se amplíe el ejercicio de la acción penal en contra de ex directores del IMSS, incluyendo a Santiago Levy y Juan Molinar Horcasitas, y del actual, Daniel Karam; así como del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
El padre de una de las víctimas, también pidió que la Secretaría de la Función Públicab inicie procedimiento administrativo contra funcionarios que resulten responsables.
Fraijo Razón dijo que su presencia fue a título personal y no en representación del Movimiento 5 de junio.
miércoles, 2 de junio de 2010
Calderón se reúne con papás de la ABC
Noticia:
El presidente Felipe Calderón recibirá hoy, a las 17:00 horas, en la residencia oficial de Los Pinos, a varios padres de los niños víctimas del incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009, cita a la que no asistirán todos sino sólo una veintena de ellos.
Julia Escalante, madre de la niña Fátima Moreno Escalante que pereció en la tragedia, dijo que asistirá con Calderón porque volverá a exigirle justicia, pero insistió en que el mandatario debe ir a Hermosillo.
Patricia Duarte Franco, madre del fallecido pequeño Andrés Alonso y miembro del Movimiento por la Justicia 5 de Junio, ratificó que no responderá a la convocatoria presidencial porque, en su opinión, Calderón debe ir a Sonora.
Próximo a cumplirse un año de la conflagración que mató a 49 niños y dejó con lesiones a otros 70 menores más, el IMSS invitó a los padres a ver a Calderón y para ello les ofreció traerlos en un vuelo charter y devolverlos este mismo miércoles.
“Yo no voy a estar presente. Yo no voy. Algunos no irán a Los Pinos, no sé cuántos, pero son varios”, dijo ayer Duarte.
Negativa a reunión
Hasta ayer por la tarde, después que se supo la decisión de no aceptar la convocatoria por exigir una reunión pública y no a puerta cerrada y en la ciudad de México, Duarte informó que ni el Instituto Mexicano del Seguro Social ni la Presidencia de la República insistieron en que acudan con el mandatario.
“Lo único que quiere Calderón es limpiar su imagen a un año de lo que pasó”, insistió Duarte Franco.
Escalante, por separado, declaró: “Sí, vamos a acudir mi esposo y yo. En lo particular nos hubiera gustado que el Presidente viniera para acá, pero entendemos las razones por las que no puede estar en la ciudad en estos momentos”.
Integrante de Manos Unidas por Nuestros Niños, Escalante dijo que quiere aprovechar la posibilidad de ver en persona a Calderón. Ella también fue recibida en Los Pinos el mes pasado por el Presidente.
Ayuda legal
“Hay algunas peticiones, por ejemplo, hay un peritaje que todavía no nos lo han hecho totalmente válido y necesitamos que él nos apoye para que el peritaje surta los efectos legales; en la anterior entrevista (con Calderón) le hablamos de las pensiones a las mamás que perdimos a nuestros hijos y no tenemos una relación laboral debido a esta situación emocional, pues muchas perdimos el trabajo o siguen incapacitadas y necesitamos que eso se nos defina”, dijo Escalante.
A las madres y padres no se les informó por qué razones no va Calderón, pero “desafortunadamente el caso nuestro no es el único en México. Entendemos que el presidente tiene muchos casos importantes que atender y si él en este momento no puede venir nosotros vamos”, consideró Escalante.
Para Escalante hay muchas otras situaciones delicadas en todo el territorio mexicano, “y no lo justifico (a Calderón), pero lo entiendo y espero que en su momento el Presidente esté aquí en nuestra ciudad”.
También dijo que “tiene que resultar algo positivo” del encuentro y mostró su respeto a la desición de otros padres y madres que decidieron no reunirse en la ciudad de México con el Presidente en Los Pinos.
El presidente Felipe Calderón recibirá hoy, a las 17:00 horas, en la residencia oficial de Los Pinos, a varios padres de los niños víctimas del incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, ocurrido el 5 de junio de 2009, cita a la que no asistirán todos sino sólo una veintena de ellos.
Julia Escalante, madre de la niña Fátima Moreno Escalante que pereció en la tragedia, dijo que asistirá con Calderón porque volverá a exigirle justicia, pero insistió en que el mandatario debe ir a Hermosillo.
Patricia Duarte Franco, madre del fallecido pequeño Andrés Alonso y miembro del Movimiento por la Justicia 5 de Junio, ratificó que no responderá a la convocatoria presidencial porque, en su opinión, Calderón debe ir a Sonora.
Próximo a cumplirse un año de la conflagración que mató a 49 niños y dejó con lesiones a otros 70 menores más, el IMSS invitó a los padres a ver a Calderón y para ello les ofreció traerlos en un vuelo charter y devolverlos este mismo miércoles.
“Yo no voy a estar presente. Yo no voy. Algunos no irán a Los Pinos, no sé cuántos, pero son varios”, dijo ayer Duarte.
Negativa a reunión
Hasta ayer por la tarde, después que se supo la decisión de no aceptar la convocatoria por exigir una reunión pública y no a puerta cerrada y en la ciudad de México, Duarte informó que ni el Instituto Mexicano del Seguro Social ni la Presidencia de la República insistieron en que acudan con el mandatario.
“Lo único que quiere Calderón es limpiar su imagen a un año de lo que pasó”, insistió Duarte Franco.
Escalante, por separado, declaró: “Sí, vamos a acudir mi esposo y yo. En lo particular nos hubiera gustado que el Presidente viniera para acá, pero entendemos las razones por las que no puede estar en la ciudad en estos momentos”.
Integrante de Manos Unidas por Nuestros Niños, Escalante dijo que quiere aprovechar la posibilidad de ver en persona a Calderón. Ella también fue recibida en Los Pinos el mes pasado por el Presidente.
Ayuda legal
“Hay algunas peticiones, por ejemplo, hay un peritaje que todavía no nos lo han hecho totalmente válido y necesitamos que él nos apoye para que el peritaje surta los efectos legales; en la anterior entrevista (con Calderón) le hablamos de las pensiones a las mamás que perdimos a nuestros hijos y no tenemos una relación laboral debido a esta situación emocional, pues muchas perdimos el trabajo o siguen incapacitadas y necesitamos que eso se nos defina”, dijo Escalante.
A las madres y padres no se les informó por qué razones no va Calderón, pero “desafortunadamente el caso nuestro no es el único en México. Entendemos que el presidente tiene muchos casos importantes que atender y si él en este momento no puede venir nosotros vamos”, consideró Escalante.
Para Escalante hay muchas otras situaciones delicadas en todo el territorio mexicano, “y no lo justifico (a Calderón), pero lo entiendo y espero que en su momento el Presidente esté aquí en nuestra ciudad”.
También dijo que “tiene que resultar algo positivo” del encuentro y mostró su respeto a la desición de otros padres y madres que decidieron no reunirse en la ciudad de México con el Presidente en Los Pinos.
IMSS ofrece atención vitalicia a 80 niños de ABC
Noticia:
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgó un certificado de atención médica vitalicia a 80 menores de edad que no sufrieron lesiones por quemaduras durante el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrido hace casi un año.
Con ese certificado los niños podrán recibir atención en hospitales del instituto o en instituciones privadas de México o Estados Unidos, a fin de determinar si alguno presenta una lesión pulmonar permanente derivada del siniestro, precisó el IMSS.
'La relación de niños inscritos en la Guardería ABC llevó a identificar 80 menores de edad que, sin tener lesión por quemaduras, podrían haber aspirado el humo del incendio', indicó.
En un comunicado el instituto agregó que a esos infantes se les expidió un certificado, aunque padres de cinco niños se negaron a recibir dicho apoyo.
Para detectar posibles casos de niños con alguna lesión pulmonar, se solicitó el diagnóstico y la atención médica de una especialista seleccionada por los padres, quien es independiente del IMSS.
Con médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, detalló, se ha dado atención y seguimiento a 68 niños cuyos padres han solicitado dicha atención especializada, mientras que el resto no lo ha pedido.
La institución resaltó que ninguno de los 68 niños revisados ha presentado daño pulmonar permanente, pero para confirmar dicho diagnóstico se solicitaron estudios auxiliares para 48 de ellos, los cuales se llevan a cabo en hospitales de alta especialidad en las ciudades de Phoenix y Houston, en Estados Unidos.
Hasta el momento se han practicado 36 estudios en el extranjero y no se ha confirmado lesión pulmonar permanente alguna, salvo en el caso de una menor de edad sobre la que aún no se aportan datos concluyentes.
Los 12 estudios restantes están en proceso en hospitales pediátricos de Los Angeles, California, y de Texas, también en la Unión Americana.
Asimismo, especialistas de la Sociedad Mexicana de Neumología que ejercen en instituciones diferentes al IMSS realizan revisiones adicionales y complementarias, con el fin de determinar la condición pulmonar de cada infante afectado.
El IMSS especificó que los niños han sido sometidos a diversos estudios como gamagramas, tomografías axiales computarizadas, ecocardiogramas, pruebas de función pulmonar, gasometrías y pruebas de alergología; además han recibido consultas de neumología y de pediatría, entre otras especialidades.
A fin de preservar la salud y el bienestar de esos menores, todos los gastos vinculados con su atención, serán sufragados por el IMSS, subrayó el organismo en su comunicado.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgó un certificado de atención médica vitalicia a 80 menores de edad que no sufrieron lesiones por quemaduras durante el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, ocurrido hace casi un año.
Con ese certificado los niños podrán recibir atención en hospitales del instituto o en instituciones privadas de México o Estados Unidos, a fin de determinar si alguno presenta una lesión pulmonar permanente derivada del siniestro, precisó el IMSS.
'La relación de niños inscritos en la Guardería ABC llevó a identificar 80 menores de edad que, sin tener lesión por quemaduras, podrían haber aspirado el humo del incendio', indicó.
En un comunicado el instituto agregó que a esos infantes se les expidió un certificado, aunque padres de cinco niños se negaron a recibir dicho apoyo.
Para detectar posibles casos de niños con alguna lesión pulmonar, se solicitó el diagnóstico y la atención médica de una especialista seleccionada por los padres, quien es independiente del IMSS.
Con médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, detalló, se ha dado atención y seguimiento a 68 niños cuyos padres han solicitado dicha atención especializada, mientras que el resto no lo ha pedido.
La institución resaltó que ninguno de los 68 niños revisados ha presentado daño pulmonar permanente, pero para confirmar dicho diagnóstico se solicitaron estudios auxiliares para 48 de ellos, los cuales se llevan a cabo en hospitales de alta especialidad en las ciudades de Phoenix y Houston, en Estados Unidos.
Hasta el momento se han practicado 36 estudios en el extranjero y no se ha confirmado lesión pulmonar permanente alguna, salvo en el caso de una menor de edad sobre la que aún no se aportan datos concluyentes.
Los 12 estudios restantes están en proceso en hospitales pediátricos de Los Angeles, California, y de Texas, también en la Unión Americana.
Asimismo, especialistas de la Sociedad Mexicana de Neumología que ejercen en instituciones diferentes al IMSS realizan revisiones adicionales y complementarias, con el fin de determinar la condición pulmonar de cada infante afectado.
El IMSS especificó que los niños han sido sometidos a diversos estudios como gamagramas, tomografías axiales computarizadas, ecocardiogramas, pruebas de función pulmonar, gasometrías y pruebas de alergología; además han recibido consultas de neumología y de pediatría, entre otras especialidades.
A fin de preservar la salud y el bienestar de esos menores, todos los gastos vinculados con su atención, serán sufragados por el IMSS, subrayó el organismo en su comunicado.
lunes, 31 de mayo de 2010
Padres de caso ABC rechazan cita con FCH
Noticia:
Padres de algunos de los 49 niños que perdieron la vida durante el incendio de la guardería ABC en Hermisllo, Sonora, el 5 de junio de 2009, advirtieron que no acudirán el próximo miércoles a la ciudad de México a una reunión con el presidente Felipe Calderón pues consideran que la invitación, a tres días del primer aniversario de la tragedia, es “oportunista” y sólo para “limpiar la imagen” presidencial.
“Queremos justicia, no la foto”, dijo en entrevista Julio César Márquez Ortiz, vocero del grupo 5 de Junio y padre de una de las víctimas, quien anticipó que al menos la mitad podrían no aceptar la invitación para el encuentro en la residencia oficial de Los Pinos para el 2 de junio a las 17:00 horas.
“No estoy dispuesta a servirle de servilleta a este señor, para que limpie su imagen ante la gente, porque le perjudica mucho que se diga que a un año no se ha dignado a atender a los padres. No voy porque (el Presidente) no tiene interés ni voluntad de arreglar esto y no lo va a hacer a un año. Esto se va a resolver en tribunales y no me voy a prestar a su juego”, dijo Patricia Duarte Franco, madre del fallecido pequeño Andrés Alonso.
La semana pasada, funcionarios del Seguro Social convocaron a los padres a una reunión en Hermosillo, para explicarles cómo los recogerían en vehículos, los llevarían al aeropuerto y de ahí a la capital del país, donde se encontrarían con Calderón, para salir del Distrito Federal a Hermosillo alrededor de las 21:00 horas.
“Quiere limpiar su imagen y dar un mensaje a la sociedad mexicana de que está atendiendo el caso de la guardería ABC, lo que no es cierto porque nunca tuvo las ganas de hacerlo desde un principio. ¡Qué casualidad de que a tres días el primer aniversario nos llama a todos los padres!”, expuso Duarte.
De acuerdo con el testimonio de Duarte, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, también los convocó de manera urgente el 27 de mayo pasado para reiterarles la invitación presidencial.
Indiferencia
“Tenemos 11 meses pidiendo una reunión con el Presidente. Ha habido más de 15 marchas, una huelga de hambre, solicitudes formales, una carta entregada directamente a Fernando Gómez Mont (titular de Gobernación) y jamás ha habido respuesta. Muy casualmente antes del primer año es cuando decide invitarnos”, dijo Márquez Ortiz.
Julio César recordó que su petición siempre ha sido en torno a una reunión abierta, en Hermosillo, Sonora, no cerrada y en Los Pinos.
“Lo más doloroso es que sea tan oportunista la convocatoria, a tres días del aniversario. Eso duele muchísimo”, expuso Márquez Ortiz en entrevista.
“No se puede esperar mucho de la reunión. A estas alturas qué se le puede solicitar al máximo representante del gobierno federal, cuando es algo que por sí solo debió haber impulsado. Lo que se requiere son acciones. Si no fue inmediatamente, a estas alturas…”, sentenció.
El pasado 30 de abril, Día del Niño, luego de casi 11 meses de ocurrido el incendio que mató a 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, por primera vez el presidente Felipe Calderón recibió a un grupo de 11 madres y padres a puerta cerrada en Los Pinos.
Ese 30 de abril, Francisco García, padre de un menor fallecido, se quejó porque no fueron convocados todos a la cita. “Discriminan al invitar selectivamente a quienes recibe, que son quienes han permanecido callados”, declaró García.
Padres de algunos de los 49 niños que perdieron la vida durante el incendio de la guardería ABC en Hermisllo, Sonora, el 5 de junio de 2009, advirtieron que no acudirán el próximo miércoles a la ciudad de México a una reunión con el presidente Felipe Calderón pues consideran que la invitación, a tres días del primer aniversario de la tragedia, es “oportunista” y sólo para “limpiar la imagen” presidencial.
“Queremos justicia, no la foto”, dijo en entrevista Julio César Márquez Ortiz, vocero del grupo 5 de Junio y padre de una de las víctimas, quien anticipó que al menos la mitad podrían no aceptar la invitación para el encuentro en la residencia oficial de Los Pinos para el 2 de junio a las 17:00 horas.
“No estoy dispuesta a servirle de servilleta a este señor, para que limpie su imagen ante la gente, porque le perjudica mucho que se diga que a un año no se ha dignado a atender a los padres. No voy porque (el Presidente) no tiene interés ni voluntad de arreglar esto y no lo va a hacer a un año. Esto se va a resolver en tribunales y no me voy a prestar a su juego”, dijo Patricia Duarte Franco, madre del fallecido pequeño Andrés Alonso.
La semana pasada, funcionarios del Seguro Social convocaron a los padres a una reunión en Hermosillo, para explicarles cómo los recogerían en vehículos, los llevarían al aeropuerto y de ahí a la capital del país, donde se encontrarían con Calderón, para salir del Distrito Federal a Hermosillo alrededor de las 21:00 horas.
“Quiere limpiar su imagen y dar un mensaje a la sociedad mexicana de que está atendiendo el caso de la guardería ABC, lo que no es cierto porque nunca tuvo las ganas de hacerlo desde un principio. ¡Qué casualidad de que a tres días el primer aniversario nos llama a todos los padres!”, expuso Duarte.
De acuerdo con el testimonio de Duarte, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, también los convocó de manera urgente el 27 de mayo pasado para reiterarles la invitación presidencial.
Indiferencia
“Tenemos 11 meses pidiendo una reunión con el Presidente. Ha habido más de 15 marchas, una huelga de hambre, solicitudes formales, una carta entregada directamente a Fernando Gómez Mont (titular de Gobernación) y jamás ha habido respuesta. Muy casualmente antes del primer año es cuando decide invitarnos”, dijo Márquez Ortiz.
Julio César recordó que su petición siempre ha sido en torno a una reunión abierta, en Hermosillo, Sonora, no cerrada y en Los Pinos.
“Lo más doloroso es que sea tan oportunista la convocatoria, a tres días del aniversario. Eso duele muchísimo”, expuso Márquez Ortiz en entrevista.
“No se puede esperar mucho de la reunión. A estas alturas qué se le puede solicitar al máximo representante del gobierno federal, cuando es algo que por sí solo debió haber impulsado. Lo que se requiere son acciones. Si no fue inmediatamente, a estas alturas…”, sentenció.
El pasado 30 de abril, Día del Niño, luego de casi 11 meses de ocurrido el incendio que mató a 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, por primera vez el presidente Felipe Calderón recibió a un grupo de 11 madres y padres a puerta cerrada en Los Pinos.
Ese 30 de abril, Francisco García, padre de un menor fallecido, se quejó porque no fueron convocados todos a la cita. “Discriminan al invitar selectivamente a quienes recibe, que son quienes han permanecido callados”, declaró García.
viernes, 14 de mayo de 2010
Incendio fue intencional: Gómez Mont; ¿quién se benefició?, revira Bours
Noticia:
En la investigación de la tragedia de la guardería ABC, donde murieron 49 niños hace casi un año, hay indicios de actos intencionales, afirmó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien señaló como principal responsable del incendio a la anterior administración estatal que encabezó el priísta Eduardo Bours Castelo.
En respuesta, el ex gobernador Bours coincidió en que hay indicios de que dicho incendio fue intencional, pero sugirió al secretario de Gobernación que “para descubrir al asesino hay que ver quién fue el beneficiado”, en alusión a los efectos políticos que tuvo la tragedia. “Excelente, yo coincido, pero esto es como Agatha Christie, para descubrir al asesino hay que ver quién fue el beneficiado”.
El miércoles por la noche Gómez Mont fue abordado por un grupo de deudos de la estancia infantil subrogada del IMSS que conforma el Movimiento Por la Justicia 5 de Junio. Le reclamaron el desatino de programar, con motivo del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, una espectáculo en Hermosillo para el 5 de junio, cuando se cumple un año del suceso.
Antes, en el palacio de gobierno dijo que “estamos conscientes de que ésta es una herida profunda sobre la sensibilidad de los hermosillenses que merece ser sanada”. Agregó que es inocultable e ineludible asumir que es una tragedia que se produjo por la indolencia y negligencia de aparatos burocráticos, sobre todo del estado.
Respecto a la bodega de la Secretaría de Hacienda, donde inició el fuego tras un corto circuito y que se propagó a la guardería, dijo que el gobierno de Sonora “en su momento decidió abrir una fuente de riesgo cercana a la guardería, vemos con preocupación aquellas investigaciones que inclusive inducen la presencia de aceleradores en la zona del incendio en la bodega, que podrían generar y consolidar la hipótesis de actos intencionales.
“Eso nos obliga como gobierno a estar pendientes, se tendrán que tomar decisiones a nivel de Ministerio Público federal sobre los resultados de las investigaciones”, añadió Gómez Mont, quien tras la tragedia sostuvo un abierto choque con Eduardo Bours.
Expresó que difícilmente la herida sanará sólo con el castigo a los responsables, por eso el gobierno federal realiza correcciones al sistema de guarderías.
En la investigación de la tragedia de la guardería ABC, donde murieron 49 niños hace casi un año, hay indicios de actos intencionales, afirmó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien señaló como principal responsable del incendio a la anterior administración estatal que encabezó el priísta Eduardo Bours Castelo.
En respuesta, el ex gobernador Bours coincidió en que hay indicios de que dicho incendio fue intencional, pero sugirió al secretario de Gobernación que “para descubrir al asesino hay que ver quién fue el beneficiado”, en alusión a los efectos políticos que tuvo la tragedia. “Excelente, yo coincido, pero esto es como Agatha Christie, para descubrir al asesino hay que ver quién fue el beneficiado”.
El miércoles por la noche Gómez Mont fue abordado por un grupo de deudos de la estancia infantil subrogada del IMSS que conforma el Movimiento Por la Justicia 5 de Junio. Le reclamaron el desatino de programar, con motivo del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, una espectáculo en Hermosillo para el 5 de junio, cuando se cumple un año del suceso.
Antes, en el palacio de gobierno dijo que “estamos conscientes de que ésta es una herida profunda sobre la sensibilidad de los hermosillenses que merece ser sanada”. Agregó que es inocultable e ineludible asumir que es una tragedia que se produjo por la indolencia y negligencia de aparatos burocráticos, sobre todo del estado.
Respecto a la bodega de la Secretaría de Hacienda, donde inició el fuego tras un corto circuito y que se propagó a la guardería, dijo que el gobierno de Sonora “en su momento decidió abrir una fuente de riesgo cercana a la guardería, vemos con preocupación aquellas investigaciones que inclusive inducen la presencia de aceleradores en la zona del incendio en la bodega, que podrían generar y consolidar la hipótesis de actos intencionales.
“Eso nos obliga como gobierno a estar pendientes, se tendrán que tomar decisiones a nivel de Ministerio Público federal sobre los resultados de las investigaciones”, añadió Gómez Mont, quien tras la tragedia sostuvo un abierto choque con Eduardo Bours.
Expresó que difícilmente la herida sanará sólo con el castigo a los responsables, por eso el gobierno federal realiza correcciones al sistema de guarderías.
jueves, 13 de mayo de 2010
Incendio en ABC pudo ser intencional: Segob
Noticia:
En la investigación de la tragedia de la guardería ABC, que está a unos días de cumplir un año de ocurrido, hay indicios de actos intencionales, dijo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Señaló como principal responsable del incendio que provocó la muerte de 49 niños a la anterior administración estatal que encabezó el priista, Eduardo Bours.
Al término de una conferencia de prensa, Gómez Mont fue abordado por el grupo de deudos de la estancia infantil subrogada del IMSS que conforman el Movimiento Por la Justicia 5 de Junio.
Los padres de algunos de los 49 niños fallecidos le reclamaron el desatino de programar, con motivo del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, una espectáculo en Hermosillo para el próximo 5 de junio, fecha en la que se cumplirá el primer aniversario de fatal suceso.
En una conferencia de prensa celebrada en el Palacio de Gobierno, dijo que "estamos conscientes de que esta es una herida profunda sobre la sensibilidad de los hermosillenses que merece ser sanada".
Agregó que es inocultable e ineludible asumir que es una tragedia que se produjo por la indolencia y negligencia de aparatos burocráticos, sobre todo del estado.
En referencia a la bodega de la Secretaría de Hacienda del estado, donde inició el fuego, tras un corto circuito, y que se propagó a la guardería, estableció que el Gobierno de Sonora "en su momento decidió abrir una fuente de riesgo cercana a la guardería, vemos con preocupación aquellas investigaciones que inclusive inducen la presencia de aceleradores en la zona del incendio en la bodega, que inclusive podrían generar y consolidar la hipótesis de actos intencionales".
"Eso nos obliga como gobierno a estar pendientes se tendrán que tomar decisiones a nivel de Ministerio Público Federal sobre los resultados de investigaciones", añadió Gómez Mont, quien en los días subsecuentes a la tragedia sostuvo un abierto choque con el ex gobernador sonorense, Eduardo Bours Castelo.
Expresó que difícilmente la herida sanará solo con el castigo a los responsables, por eso se ha buscado en el Gobierno federal hacer correcciones al sistema de guarderías.
El funcionario federal estuvo en esta capital para encabezar una reunión del Grupo de Coordinación Operativa junto con el Gobernador, Guillermo Padrés.
En relación al conflicto laboral en Mexicana de Cananea dijo que la posesión de la productora de cobre no corresponde a los trabajadores que la mantienen paralizada.
"Mi percepción como abogado en muy sencilla: la mina y la posesión no está en manos de los trabajadores, sólo tienen derecho a interrumpir cuando los protege el estado de huelga", dijo.
Al finalizar la conferencia de prensa, Fernando Gómez Mont fue abordado por al menos dos padres de niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC que le entregaron un oficio en el que lamentan la decisión de presentar en esta capital, entre los días 3 y 5 de junio próximos, un espectáculo con una pantalla de video gigante, en alusión a los aniversarios de la Independencia y Revolución Mexicana.
En la investigación de la tragedia de la guardería ABC, que está a unos días de cumplir un año de ocurrido, hay indicios de actos intencionales, dijo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Señaló como principal responsable del incendio que provocó la muerte de 49 niños a la anterior administración estatal que encabezó el priista, Eduardo Bours.
Al término de una conferencia de prensa, Gómez Mont fue abordado por el grupo de deudos de la estancia infantil subrogada del IMSS que conforman el Movimiento Por la Justicia 5 de Junio.
Los padres de algunos de los 49 niños fallecidos le reclamaron el desatino de programar, con motivo del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, una espectáculo en Hermosillo para el próximo 5 de junio, fecha en la que se cumplirá el primer aniversario de fatal suceso.
En una conferencia de prensa celebrada en el Palacio de Gobierno, dijo que "estamos conscientes de que esta es una herida profunda sobre la sensibilidad de los hermosillenses que merece ser sanada".
Agregó que es inocultable e ineludible asumir que es una tragedia que se produjo por la indolencia y negligencia de aparatos burocráticos, sobre todo del estado.
En referencia a la bodega de la Secretaría de Hacienda del estado, donde inició el fuego, tras un corto circuito, y que se propagó a la guardería, estableció que el Gobierno de Sonora "en su momento decidió abrir una fuente de riesgo cercana a la guardería, vemos con preocupación aquellas investigaciones que inclusive inducen la presencia de aceleradores en la zona del incendio en la bodega, que inclusive podrían generar y consolidar la hipótesis de actos intencionales".
"Eso nos obliga como gobierno a estar pendientes se tendrán que tomar decisiones a nivel de Ministerio Público Federal sobre los resultados de investigaciones", añadió Gómez Mont, quien en los días subsecuentes a la tragedia sostuvo un abierto choque con el ex gobernador sonorense, Eduardo Bours Castelo.
Expresó que difícilmente la herida sanará solo con el castigo a los responsables, por eso se ha buscado en el Gobierno federal hacer correcciones al sistema de guarderías.
El funcionario federal estuvo en esta capital para encabezar una reunión del Grupo de Coordinación Operativa junto con el Gobernador, Guillermo Padrés.
En relación al conflicto laboral en Mexicana de Cananea dijo que la posesión de la productora de cobre no corresponde a los trabajadores que la mantienen paralizada.
"Mi percepción como abogado en muy sencilla: la mina y la posesión no está en manos de los trabajadores, sólo tienen derecho a interrumpir cuando los protege el estado de huelga", dijo.
Al finalizar la conferencia de prensa, Fernando Gómez Mont fue abordado por al menos dos padres de niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC que le entregaron un oficio en el que lamentan la decisión de presentar en esta capital, entre los días 3 y 5 de junio próximos, un espectáculo con una pantalla de video gigante, en alusión a los aniversarios de la Independencia y Revolución Mexicana.
martes, 11 de mayo de 2010
Corte vincula a Karam con tragedia de la ABC.
Noticia:
El 30 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución del ministro Arturo Saldívar en la que señala al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, y a otros siete funcionarios de Hermosillo como "directamente vinculados" al incendio de la guardería ABC, donde murieron 49 bebés el 5 de junio.
La Corte giró instrucciones para que a estas ocho personas se les entregue una copia certificada del informe preliminar de la comisión investigadora de la tragedia que está próxima a cumplir un año.
Según información de W Radio, Daniel Karam, tendrá 15 días para presentar la documentación pertinente sobre dichos señalamientos. Esta es la primera resolución en la que se relaciona al director del IMSS por los hechos en la ABC.
El 30 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución del ministro Arturo Saldívar en la que señala al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, y a otros siete funcionarios de Hermosillo como "directamente vinculados" al incendio de la guardería ABC, donde murieron 49 bebés el 5 de junio.
La Corte giró instrucciones para que a estas ocho personas se les entregue una copia certificada del informe preliminar de la comisión investigadora de la tragedia que está próxima a cumplir un año.
Según información de W Radio, Daniel Karam, tendrá 15 días para presentar la documentación pertinente sobre dichos señalamientos. Esta es la primera resolución en la que se relaciona al director del IMSS por los hechos en la ABC.
miércoles, 10 de marzo de 2010
Molinar ignora las quejas por guardería.
Noticia:
“Primero que todo le pediría que se pusiera a disposición del Ministerio Público, no de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público es el que investiga el tema de la guardería” le espetó al empezar su intervención el diputado del PT, Mario Di Costanzo, al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas.
Fue el climax de una serie de reclamos que recibió el encargado de la SCT, durante su comparecencia de ayer en la Cámara de Diputados.
El 2 de marzo pasado, la Comisión Investigadora del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, creada por la Suprema Corte de Justicia, concluyó que el ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, tenían responsabilidad por este caso en violaciones de garantías.
Ayer, diputados de las comisiones de la Función Pública, Comunicaciones y Transportes, y Hacienda se lo recriminaron al secretario desde el inicio de su comparecencia.
Molinar fue increpado por algunos legisladores y varios ciudadanos, no identificados, por su corresponsabilidad en el incendio de la guardería ABC, donde murieron 49 niños. Con veladoras, pancartas, cruces de cartulina y flores exigieron su renuncia a la SCT para que se pusiera a disposición de las autoridades.
El secretario fingió no escuchar nada, ni se inmutó cuando hubo golpes en la puerta que segundos antes habían cerrado los cuerpos de seguridad. “¡Déjame entrar! ¡Soy diputado y no puedes impedirme el paso!”, se oyó en la puerta; hubo golpes y forcejeos con el cuerpo de seguridad para que segundos después, al fin, se abriera la puerta.
Otros legisladores que ya estaban dentro de la sala habían preparado una recepción especial para el secretario Molinar: pancartas y varias veladoras encendidas justo frente al sitio que ocuparía.
Ni el improvisado panteón, ni las voces hicieron mella de Molinar Horcasitas, que se arrellanó en su sitio; durante las poco más de dos horas que duró sus comparecencia se mantuvo firme, inexpresivo.
Tampoco mostró gesto alguno cuando a hora y media de iniciada la sesión de trabajo varios de los asistentes abandonaron la sala y a gritos lo interrumpieron; le pidieron, una vez más, su renuncia.
Pese a preguntas directas de otros diputados, el funcionario no respondió nada del tema de la guardería ABC. Tampoco abordó el asunto cuando reporteros lo inquirieron al final de la comparecencia. “Muchachos, ya tienen todo el material de la comparecencia de hoy, por lo que les agradezco... ¡les agradezco su interés...!”.
“Primero que todo le pediría que se pusiera a disposición del Ministerio Público, no de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público es el que investiga el tema de la guardería” le espetó al empezar su intervención el diputado del PT, Mario Di Costanzo, al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas.
Fue el climax de una serie de reclamos que recibió el encargado de la SCT, durante su comparecencia de ayer en la Cámara de Diputados.
El 2 de marzo pasado, la Comisión Investigadora del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, creada por la Suprema Corte de Justicia, concluyó que el ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, tenían responsabilidad por este caso en violaciones de garantías.
Ayer, diputados de las comisiones de la Función Pública, Comunicaciones y Transportes, y Hacienda se lo recriminaron al secretario desde el inicio de su comparecencia.
Molinar fue increpado por algunos legisladores y varios ciudadanos, no identificados, por su corresponsabilidad en el incendio de la guardería ABC, donde murieron 49 niños. Con veladoras, pancartas, cruces de cartulina y flores exigieron su renuncia a la SCT para que se pusiera a disposición de las autoridades.
El secretario fingió no escuchar nada, ni se inmutó cuando hubo golpes en la puerta que segundos antes habían cerrado los cuerpos de seguridad. “¡Déjame entrar! ¡Soy diputado y no puedes impedirme el paso!”, se oyó en la puerta; hubo golpes y forcejeos con el cuerpo de seguridad para que segundos después, al fin, se abriera la puerta.
Otros legisladores que ya estaban dentro de la sala habían preparado una recepción especial para el secretario Molinar: pancartas y varias veladoras encendidas justo frente al sitio que ocuparía.
Ni el improvisado panteón, ni las voces hicieron mella de Molinar Horcasitas, que se arrellanó en su sitio; durante las poco más de dos horas que duró sus comparecencia se mantuvo firme, inexpresivo.
Tampoco mostró gesto alguno cuando a hora y media de iniciada la sesión de trabajo varios de los asistentes abandonaron la sala y a gritos lo interrumpieron; le pidieron, una vez más, su renuncia.
Pese a preguntas directas de otros diputados, el funcionario no respondió nada del tema de la guardería ABC. Tampoco abordó el asunto cuando reporteros lo inquirieron al final de la comparecencia. “Muchachos, ya tienen todo el material de la comparecencia de hoy, por lo que les agradezco... ¡les agradezco su interés...!”.
miércoles, 3 de marzo de 2010
Molinar rebate a SCJN y dice que no se va.
Noticia:
Los dos funcionarios con mayor rango involucrados por la Suprema Corte de Justicia en el incendio de la guardería ABC, Juan Molinar Horcasitas y Eduardo Bours, respondieron ayer al señalamiento de la Comisión de Investigación creada por el máximo tribunal.
En Madrid, Molinar Horcasitas, actual secretario de Comunicaciones y ex director del Instituto Mexicano de Seguro Social, descartó que vaya a renunciar a su puesto, luego de que las conclusiones de la Comisión lo responsabilizan, junto con otros 18 servidores públicos, de la tragedia en la que murieron 49 niños.
El funcionario rebatió el punto del informe que menciona que el Seguro Social no tenía facultades legales para subrogar el manejo de estancias infantiles. “El artículo 203 de la ley del IMSS es sumamente claro al señalar que las guarderías serán instaladas en los términos en que señale y decida el consejo técnico, cosa que se hizo”.
Informó que no ha podido hablar del tema con el presidente Felipe Calderón, “pero a mi regreso lo voy a buscar”. El secretario realiza una gira por España para promover obras de infraestructura.
En Hermosillo, el ex gobernador Eduardo Bours Castelo divulgó un comunicado en el que delimitó la responsabilidad de su administración al ámbito de la protección civil y únicamente en la bodega del gobierno estatal, donde inició el siniestro y que se encontraba contigua a la guardería.
“El informe precisa que a las diferentes instancias corresponden distintas responsabilidades: a unas cumplir con la vigilancia de las normas de protección civil; al gobierno del estado en lo referente a la bodega, tal y como lo establece la ley estatal; a otros, velar por las normas de seguridad de la guardería, tal como lo dije desde un principio”, señala el boletín.
En la Cámara de Diputados el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juventino Castro y Castro, consideró que la Corte debería tener la facultad de presentar denuncias ante el Ministerio Público, “pues no tiene objeto investigar sin poder decir ‘consígnese al Ministerio Público para que éste proceda en sus términos’”.
El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Uriel López, dio a conocer que llamará a comparecer al actual director del IMSS, Daniel Karam.
Carlos Navarrete, presidente del Senado, consideró que con el informe queda demostrado que la subrogación de guarderías no tiene bases legales.
Anoche la Secretaría de Gobernación anunció que se notificará a las autoridades y servidores públicos vinculados con los hechos investigados, quienes contarán con 15 días para contestar y presentar documentación que sirvan de sustento al ministro ponente.
Precisó que el reporte no representa la solución final del caso, sino que tiene un carácter preliminar.
Los dos funcionarios con mayor rango involucrados por la Suprema Corte de Justicia en el incendio de la guardería ABC, Juan Molinar Horcasitas y Eduardo Bours, respondieron ayer al señalamiento de la Comisión de Investigación creada por el máximo tribunal.
En Madrid, Molinar Horcasitas, actual secretario de Comunicaciones y ex director del Instituto Mexicano de Seguro Social, descartó que vaya a renunciar a su puesto, luego de que las conclusiones de la Comisión lo responsabilizan, junto con otros 18 servidores públicos, de la tragedia en la que murieron 49 niños.
El funcionario rebatió el punto del informe que menciona que el Seguro Social no tenía facultades legales para subrogar el manejo de estancias infantiles. “El artículo 203 de la ley del IMSS es sumamente claro al señalar que las guarderías serán instaladas en los términos en que señale y decida el consejo técnico, cosa que se hizo”.
Informó que no ha podido hablar del tema con el presidente Felipe Calderón, “pero a mi regreso lo voy a buscar”. El secretario realiza una gira por España para promover obras de infraestructura.
En Hermosillo, el ex gobernador Eduardo Bours Castelo divulgó un comunicado en el que delimitó la responsabilidad de su administración al ámbito de la protección civil y únicamente en la bodega del gobierno estatal, donde inició el siniestro y que se encontraba contigua a la guardería.
“El informe precisa que a las diferentes instancias corresponden distintas responsabilidades: a unas cumplir con la vigilancia de las normas de protección civil; al gobierno del estado en lo referente a la bodega, tal y como lo establece la ley estatal; a otros, velar por las normas de seguridad de la guardería, tal como lo dije desde un principio”, señala el boletín.
En la Cámara de Diputados el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juventino Castro y Castro, consideró que la Corte debería tener la facultad de presentar denuncias ante el Ministerio Público, “pues no tiene objeto investigar sin poder decir ‘consígnese al Ministerio Público para que éste proceda en sus términos’”.
El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Uriel López, dio a conocer que llamará a comparecer al actual director del IMSS, Daniel Karam.
Carlos Navarrete, presidente del Senado, consideró que con el informe queda demostrado que la subrogación de guarderías no tiene bases legales.
Anoche la Secretaría de Gobernación anunció que se notificará a las autoridades y servidores públicos vinculados con los hechos investigados, quienes contarán con 15 días para contestar y presentar documentación que sirvan de sustento al ministro ponente.
Precisó que el reporte no representa la solución final del caso, sino que tiene un carácter preliminar.
martes, 15 de diciembre de 2009
Estancias esconden red de corrupción.
Noticia:
Muertes por descuido, maltrato y extorsión a encargados son algunas de las anomalías detectadas en la red de guarderías operadas por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
De acuerdo con una inspección realizada en 17 estados, a lo anterior se suman la falsificación de listas de beneficiarios y la falta de apoyo económico del gobierno federal, así como la existencia de guarderías fantasma o que fueron dadas de baja, pero que aún operan como si fueran de la Sedesol.
El tercer informe trimestral 2009 del programa establece que en tres años de operación, 27 guarderías fueron dadas de baja por “deficiencias en el cuidado infantil”. Una de las “deficiencias” más comunes es el maltrato contra los niños.
Dar de baja a determinada estancia no es garantía de que el establecimiento deje de operar, como la guardería ubicada en la calle Nueva Andalucía 1498, colonia Santa Isabel, de Ciudad Solidaridad, en Monterrey, Nuevo León.
En la fachada de ese inmueble se conservan los emblemas de la Sedesol, a pesar de que fue dada de baja en julio.
Clara Jusidman, directora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, llama a esos lugares “estancias de garage”, por incumplir estándares de calidad. “Es una política social de ocurrencia, pensada más como un micronegocio para las madres de familia, sin privilegiar los derechos de los niños”.
Muertes por descuido, maltrato y extorsión a encargados son algunas de las anomalías detectadas en la red de guarderías operadas por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
De acuerdo con una inspección realizada en 17 estados, a lo anterior se suman la falsificación de listas de beneficiarios y la falta de apoyo económico del gobierno federal, así como la existencia de guarderías fantasma o que fueron dadas de baja, pero que aún operan como si fueran de la Sedesol.
El tercer informe trimestral 2009 del programa establece que en tres años de operación, 27 guarderías fueron dadas de baja por “deficiencias en el cuidado infantil”. Una de las “deficiencias” más comunes es el maltrato contra los niños.
Dar de baja a determinada estancia no es garantía de que el establecimiento deje de operar, como la guardería ubicada en la calle Nueva Andalucía 1498, colonia Santa Isabel, de Ciudad Solidaridad, en Monterrey, Nuevo León.
En la fachada de ese inmueble se conservan los emblemas de la Sedesol, a pesar de que fue dada de baja en julio.
Clara Jusidman, directora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, llama a esos lugares “estancias de garage”, por incumplir estándares de calidad. “Es una política social de ocurrencia, pensada más como un micronegocio para las madres de familia, sin privilegiar los derechos de los niños”.
lunes, 14 de diciembre de 2009
Estancias de Sedesol operan sin seguridad.
Noticia:
La mayoría de las casi 9 mil estancias infantiles que opera la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), llamadas también guarderías “patito” presentan deficiencias en seguridad, según una inspección realizada a una muestra a nivel nacional.
Luego de la muerte de 49 niños en una guardería del IMSS, en Hermosillo, Sonora, la Sedesol realizó evaluaciones extraordinarias y emplazó a las guarderías a mejorar sus medidas de protección. Aquellas que no hagan las adecuaciones solicitadas antes del 31 de diciembre, tendrán que cerrar o ser reubicadas.
Durante mes y medio, la Unidad de Investigación y el equipo de corresponsales de EL UNIVERSAL recorrieron un centenar de estancias y encontraron que, pese a la advertencia de la Sedesol y a dos semanas de que venza el plazo para reforzar la seguridad, la mayoría de esas guarderías trabajan sin garantía de protección a la vida de miles de niños.
Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, afirma que hay un “grosero” cierre de estancias porque “se pretende dar la apariencia de que hay vigilancia extrema”. Joanna Cristo Aguirre, coordinadora nacional del programa, afirma que el gobierno federal otorgó extintores y detectores de humo, y 20 mil pesos a cada una de las estancias.
La mayoría de las casi 9 mil estancias infantiles que opera la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), llamadas también guarderías “patito” presentan deficiencias en seguridad, según una inspección realizada a una muestra a nivel nacional.
Luego de la muerte de 49 niños en una guardería del IMSS, en Hermosillo, Sonora, la Sedesol realizó evaluaciones extraordinarias y emplazó a las guarderías a mejorar sus medidas de protección. Aquellas que no hagan las adecuaciones solicitadas antes del 31 de diciembre, tendrán que cerrar o ser reubicadas.
Durante mes y medio, la Unidad de Investigación y el equipo de corresponsales de EL UNIVERSAL recorrieron un centenar de estancias y encontraron que, pese a la advertencia de la Sedesol y a dos semanas de que venza el plazo para reforzar la seguridad, la mayoría de esas guarderías trabajan sin garantía de protección a la vida de miles de niños.
Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, afirma que hay un “grosero” cierre de estancias porque “se pretende dar la apariencia de que hay vigilancia extrema”. Joanna Cristo Aguirre, coordinadora nacional del programa, afirma que el gobierno federal otorgó extintores y detectores de humo, y 20 mil pesos a cada una de las estancias.
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