Pederastas, al amparo de la corrupción.

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México es considerado el Bangkok de Latinoamerica por pederastas. Los depredadores sexuales que antes viajaban al Pacífico asiático para practicar el turismo sexual con menores de edad, ahora eligen a nuestro país porque los vacíos legales existentes en la legislación actual dificulta que los procesos jurídicos concluyan en sanciones y castigos para estos transgresores de la ley.

Juan Carlos Guel López, director de la Unidad de Delitos Cibernéticos de la SSP Federal, advierte que esas lagunas legislativas y la falta de capacitación de ministerios públicos y jueces, han hecho de México un lugar muy atractivo para pedófilos y pederastas porque les “sale más barato conseguir un amparo aquí o de plano salir de la cárcel, que en cualquier otro lugar del mundo”.

La organización internacional ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) señala en el documento “Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Una aproximación nacional” que, a pesar de que México ha ratificado tratados internacionales a favor de los derechos de los menores de edad y que se han hecho modificaciones en leyes locales, es urgente unificar criterios entre los códigos penales de estados y la federación para que los delincuentes reciban sanciones similares en todo el país.

En el diagnóstico de 2009, que el organismo dará a conocer en mayo próximo, observaron la aplicación de políticas públicas respecto de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) en la península de Yucatán, Oaxaca, DF, Baja California y el Estado de México.

ECPAT concluye que México cuenta con un marco legal y políticas públicas insuficientes en materia de prevención y atención al combate de delitos cometidos contra menores de edad.

“El marco legislativo dentro del país tiene leyes de distintas generaciones que se encuentran operando al mismo tiempo. Los vacíos legales son resquicios que permiten que esta problemática vaya en aumento”.

Varias inconsistencias

El estudio elaborado por ECPAT advierte sobre las inconsistencias entre los estados para determinar la edad del consentimiento sexual, la aplicación de la acción penal por abuso o violación si hay matrimonio, la falta de sanción al cliente-explotador en caso de prostitución infantil, y el concepto de corrupción de menores que engloba de manera confusa a distintas modalidades de los delitos cometidos contra niños.

Erick Gómez Tagle, doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), va más allá, pues asegura que es grave que en nuestro país existan códigos penales donde se sancione todavía los “bienes jurídicamente incorrectos como la moral pública y las buenas costumbres”.

Gómez Tagle advierte que estudiosos del derecho han insistido en la urgencia de homologar las leyes.

“Desde 2007 hemos señalado que eso es incorrecto porque no hay ningún perito en ninguna procuraduría que puede validar como se afecta la moral pública; segundo, porque ni siquiera se está tutelando la moral del menor afectado sino una falsa moral pública sin reconocer que hay una pluralidad de morales”, comenta el especialista.

El analista opina que se debe proteger la vida de los menores, “así como su dignidad, su libertad, su normal desarrollo psicosexual y por eso defendemos que el término jurídico sea el libre desarrollo de la personalidad”.

Actualmente los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Michoacán, Morelos, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, contemplan en sus códigos penales el delito de ultrajes a la moral pública. En tanto que entidades como Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, sancionan los ultrajes contra la moral pública o las buenas costumbres y la incitación a la prostitución infantil.

Repunte del delito

Norma Negrete, representante de ECPAT México, afirma que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes ha tenido un “repunte alarmante en los últimos 10 años y aunque hay ligeros avances en el ámbito legislativo, hay severas carencias en el desarrollo y aplicación de políticas públicas encaminadas a prevenir estos delitos.

La especialista señala que México está ubicado entre la comunidad internacional como un lugar donde es posible contactar menores de edad con fines sexuales a través del turismo, debido a la “corrupción y la impunidad imperante en los órganos de procuración y aplicación de la justicia”.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Especial para la Lucha en Contra de la Trata de Personas, Rosi Orozco, asegura que de nada sirve que existan mejores leyes si los jueces encargados de dictar sentencia no usan un criterio correcto para evitar la impunidad en estos ilícitos.

La diputada de extracción panista pone como ejemplo el caso del sacerdote Rafael Muñiz López, de Xalapa, Veracruz, relacionado con una red de pornografía infantil en Internet, quien obtuvo un amparo federal con el que salió de la cárcel por la interpretación jurídica que los jueces federal y local le dieron al tema de la distribución de este material pornográfico en la red.

Rosi Orozco se pronunció en contra de que los juzgadores dejen en libertad a este tipo de delincuentes. “Estas acciones demuestran la incapacidad del Poder Judicial para impartir justicia y su insensibilidad hacia la niñez de nuestro país”.