Colegios se sacuden plan de transporte.

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La aplicación del Programa de Transporte Escolar (Prote) se desmorona. De los 10 planteles obligados a participar en la primera etapa, cuatro ya fueron descartados por un “error” de cálculo en el número de alumnos, y otro recurrió a tramitar un amparo. En los cinco colegios restantes, los padres o las instituciones se han manifestado contra esta medida.

El rechazo al programa es generalizado. Los padres —en algunos casos apoyados por los planteles— advierten que no aceptarán la imposición y buscan alternativas, mientras que para este mes se espera una resolución sobre la batalla legal que el gobierno del DF libra contra quienes se ampararon.

Mientras el director de Gestión de la Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) local, Víctor Hugo Páramo, atribuyó la falla en la cifra de alumnos por plantel a la Secretaría de Educación Pública (SEP), los padres de familia del Colegio Madrid integraron un frente común en rechazo a la obligatoriedad, y están dispuestos a recurrir a instancias federales y judiciales para hacer valer sus argumentos.

Los directivos de la institución decidieron sumarse al decreto, pero a través de su vocera —Rosa María Melgar— aseguraron que no negarán la inscripción a ningún niño, aunque sus padres no contraten el servicio de transporte que ofrece el GDF.

En el caso del Colegio Justo Sierra, la institución dispondrá de autobuses para recoger a los estudiantes en puntos cercanos a la primaria —a unos ocho minutos de traslado— sin cobro extra, para evitar congestionamientos vehiculares en los alrededores.

El rector de ese centro educativo, José Reyes Oliva, aseguró que en ningún caso se obligará a la gente a pagar por un servicio de este tipo en tiempo de crisis.

Padres de familia —entre ellos Eloy Hernández, Verónica García Bárcenas, Darinka Núñez y Esteban Amezcua— señalaron que no se les condicionó la inscripción de sus hijos al pago de transporte, aunque todavía desconocen la alternativa que dará la institución educativa.



Escalada de exenciones

El Colegio Justo Sierra, según Reyes Oliva, ya presentó las solicitudes de exención de cada uno de los mil 300 alumnos que cumplen con alguno de los requisitos establecidos en el decreto, como tener beca, vivir lejos o muy cerca de la escuela.

Esto significa que de la matrícula total, estimada en 2 mil estudiantes, sólo 300 serían susceptibles de la obligatoriedad, ya que 400 están inscritos en el servicio de transporte voluntario.

Sin embargo, el decreto del Prote establece que las exenciones sólo podrán ser autorizadas por la SMA a 10% de la matrícula. El resto deberá pagar el servicio.

La institución decidió cumplir todos los requisitos; entre ellos, ampliar su parque vehicular, pero mantiene su postura: “La escuela va apoyar a que no tomen el servicio que no quieren”.

El rector confió en que la autoridad no recurrirá a medidas coercitivas.

En el Colegio Madrid ya se distribuyó el listado con las cuotas por transporte para el nuevo ciclo escolar: de 500 a mil 800 pesos, con un costo por inscripción al servicio de mil pesos.

Esto generó una escalada de solicitudes de exención de al menos mil alumnos, de los casi mil 500 con que cuentan los planteles de primaria y secundaria.

La asamblea de padres de familia, a través de Palmira Arnaz Durán, Vinicio López y Alejandro Envila Fisher, se ha pronunciado contra los cobros:

“Ya notificamos a la dirección general, por escrito, que no vamos a contratar ningún servicio de transporte porque no lo necesitamos, nos parece inseguro y riesgoso, y también porque afecta severamente la organización, la dinámica y la convivencia familiares”, afirman.

El Instituto México Secundaria tampoco condicionó la inscripción de alumnos a la contratación del servicio de transporte.

Pero en el caso del Colegio del Tepeyac, sí se acatará el decreto, según su vicerrector, Carlos Peláez: “No nos fue tan terrible porque tenemos el servicio”. Reconoció que hay inconformidad de algunos de padres de familia, con quienes han realizado labor de convencimiento.

En tanto, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino prevé que este mes el Consejo de la Judicatura resuelva la queja que interpuso luego de que el Juzgado 11 otorgara la suspensión definitiva contra el Prote a ocho padres de familia.

Su titular, Leticia Bonifaz, se mostró confiada en que la sentencia de fondo favorecerá al gobierno capitalino y el Prote mantendrá su aplicación sin contratiempos.