Corte: Bours, Karam y Molinar, inocentes

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La mayoría del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que ningún funcionario de alto nivel estuvo involucrado en la violación grave de garantías que se produjo durante el incendio de la guardería ABC que dejó 49 niños muertos.

Por mayoría de votos, los ministros decidieron que el ex director del IMSS y secretario de Comunicaciones, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular del instituto, Daniel Karam, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, no tienen responsabilidad en la violación de garantías. La resolución incluye también al ex alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara.

Al concluir la revisión del asunto, el máximo tribunal resolvió declarar involucrados en la violación grave de garantías sólo a los funcionarios de menor rango en todos los órdenes de gobierno.

La mayoría de los padres de los menores fallecidos hace un año abandonó la sesión en ese momento. Patricia Duarte, madre de uno de ellos, consideró que fue “más fuerte” el cabildeo de Molinar, de Karam y de la Secretaría de Gobernación “que la vida de 49 niños”.

Uno de los abogados de los padres, Lorenzo Ramos, criticó las “fuertes presiones” que se dieron sobre la Corte.

Del IMSS se declararon involucrados a Arturo Leyva Lizárraga, delegado estatal de 2006 a 2009, y a Noemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías (2001-2009).

Del gobierno de Sonora se señaló a Wilebaldo Alatriste Candiani, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil; a Fausto Salazar Gómez, director de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, y a Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de Control Vehicular. Del ayuntamiento de Hermosillo se ubicó como involucrados en las violaciones a Jesús Davis Osuna, de Inspección y Vigilancia Municipal, y a Roberto Copado, de la Unidad Municipal de Protección Civil.

El proyecto original del ministro Arturo Zaldívar señalaba como responsables de violaciones graves de garantías a 14 funcionarios federales, estatales y municipales, pero su propuesta fue rechazada por la mayoría.

En la sesión los ministros descartaron también que los problemas presentados en la estancia infantil, relacionados con el contrato, su funcionamiento y de protección civil, sean un reflejo de lo que pasa en el resto de las guarderías del país.