Zapatero impone ley laboral

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El gobierno español aprobó ayer por decreto una reforma laboral que busca dinamizar el mercado de trabajo y “reducir la excesiva temporalidad”, en un país en el que la crisis ha dejado más de cuatro millones y medio de desempleados.

La reforma reclamada por la patronal y organismos internacionales es rechazada por los sindicatos, que creen que lesiona los derechos de los trabajadores y han convocado en su contra, para el 29 de septiembre, la primera huelga general de la etapa de gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El Ejecutivo no logró alcanzar un pacto con los empresarios y los sindicatos para consensuar la reforma, que ayer sacó adelante en solitario en forma de decreto avalado en el Consejo de Ministros, y que entra en vigor hoy.

El gobierno, según explicó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, pedirá su tramitación en el Parlamento como proyecto de ley, con el fin de que los demás grupos políticos puedan presentar sus enmiendas y recoger el máximo consenso posible.

La reforma es la más importante acometida en España en los últimos 20 años, según De la Vega, que la definió como “buena, ambiciosa y de calado”.

Con ella se busca “reducir la temporalidad excesiva” en el empleo y una mayor estabilidad y flexibilidad que redunde en un aumento de la productividad, agregó la ministra.

De la Vega reconoció que se aprueba sin el acuerdo de la patronal y de los sindicatos, pero insistió en que se busca “atajar algunos de los problemas más acuciantes” que vive España.

Entre las novedades que incluye el texto aprobado está que el Estado asumirá el pago de 8 días de indemnización en los casos de despidos a trabajadores con contratos indefinidos, para los que se fija una indemnización media de 33 días por año trabajado, frente a los 45 actuales. Además, para recurrir a un despido procedente las empresas sólo tendrán que argumentar que tienen pérdidas económicas sin un periodo mínimo específico. Para estos despidos hay una indemnización de 20 días por año trabajado.

En tanto, en Francia, partidos de oposición y sindicatos calificaron ayer como “injusto”, “irresponsable” y “engañoso” el proyecto de reforma al sistema de pensiones presentado por el gobierno, que prevé aumentar la edad para jubilación de 60 a 62 años, a fin de reducir el gasto público. Los sindicatos han a convocado una protesta nacional para el próximo 24 de junio.

En Atenas, unas mil 500 personas protestaron por una reforma laboral que promueve el gobierno y que flexibiliza y liberaliza el mercado del trabajo.