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La oficina de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha recibido casi 20 mil dólares en donaciones privadas para ayudar al estado a formar una defensa legal contra demandas relacionadas con su nueva y dura ley de inmigración.
Se espera que la ley entre en vigencia el 29 de julio. Esta requiere a la policía que, mientras haga cumplir otras leyes, revise el estatus migratorio de una persona si los agentes sospechan que ésta se encuentra en el país de forma ilegal.
Casi 440 personas en 46 estados y el Distrito de Columbia han contribuido al fondo. Según una lista de donantes ofrecida al diario The Arizona Republic, la contribución más pequeña fue de un dólar y la mayor de 750 dólares.
Brewer anunció el mes pasado que contrató a un abogado para representarla en demandas federales pendientes contra el estado. Está nombrada como demandada en cuatro de los cinco casos.
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