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El gobierno de Guanajuato dará a conocer dentro de cinco años el dinero que gastó en la compra de las 700 hectáreas que tiene contemplado donar a Pemex para la Refinería Bicentenario.
El Ejecutivo estatal clasificó como “reservada” la información para evitar “la especulación comercial de las tierras”. Este hecho ha generado confusiones entre el Congreso y el mismo mandatario sobre la procedencia del dinero y la cantidad destinada.
El secretario de Finanzas, Gustavo González Estrada, corrigió ayer al gobernador Juan Manuel Oliva, quien un día antes dijo disponer de una parte de la línea de crédito —autorizada con “antelación” por 5 mil millones de pesos— para pagar los terrenos.
“Es una posibilidad nada más, no hemos accedido al crédito de 5 mil millones de pesos que autorizó el Congreso local”, explicó González Estrada.
—¿Se dejará endeudado al estado?, se cuestionó el martes al gobernador Oliva Ramírez.
—Estamos haciendo uso de un recurso que se autorizó con antelación (por el Congreso) en base al 2% a la nómina que está garantizado, respondió.
—¿Con qué banco se contrató el crédito?, se le preguntó.
—Dame “chanza”…, pidió.
Ayer, el gobernador solicitó en Pénjamo que el secretario de Finanzas aclarara su dicho.
“Ese es el proyecto que traemos, es atracción de inversiones, el proyecto K 069 y lo hemos estando fondeando con recursos del mismo gobierno y del ajuste al interior del presupuesto, pero no hemos accedido todavía a ningún crédito autorizado”.
En un comunicado, en el que se explica no haber aplicado ningún préstamo para la compra de terrenos, no se especifica el costo asumido para la transacción.
El presidente del Congreso local, Ramón Rodríguez (PRD), informó que el Ejecutivo había notificado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización que el costo por las 900 hectáreas adquiridas, de las que destinaría 700 (en Salamanca) a Pemex para la refinería, y el pago no excedían de los mil 500 millones de pesos.
Negociación, en secreto
El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, el panista Julio González Garza, señaló que por ley no se puede informar del dinero que el gobierno estatal aplicó en los terrenos, como fue acordado en el dictamen del 17 de febrero, que autoriza la donación de los terrenos a Pemex.
En la iniciativa, detalló, “el gobierno del estado señaló que la ubicación del área que se pretende donar a Petróleos Mexicanos se clasificó como información reservada (...) para evitar que sobre dichos predios se genere una especulación comercial que encarezca o dificulte el proceso de su plena adquisición”.
En el documento se aclara que la ubicación de los terrenos, así como los análisis, estudios, dictámenes e instrumentos contractuales que reflejen las negociaciones sobre las acciones para la planeación y ejecución de los proyectos económicos estratégicos, derivados del Plan Maestro para el Desarrollo de los Corredores Económicos del estado de Guanajuato, se establece “un plazo de reserva de cinco años” para dar a conocer la información.
El gobierno de Hidalgo informó que con un crédito por mil 500 millones de pesos adquirió 700 hectáreas de terreno. Detalló que pagó a los ejidatarios entre mil 400 y mil 500 pesos el metro cuadrado.
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