Falsearon papeles en campaña negra.

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En el Distrito Federal la guerra sucia electoral entre partidos políticos ha alcanzado a las dependencias del gobierno capitalino, en particular a la Contraloría local, que se ha convertido en el blanco de los orquestadores de esas campañas negras.

Durante el último mes han circulado documentos apócrifos de esa dependencia con los que se pretende denostar a candidatos a diputados. Se trata de supuestos expedientes en los que se da cuenta de presuntas inhablitaciones de aspirantes a cargos de elección popular, por aparentes irregularidades que cometieron cuando eran servidores públicos.

Sin embargo, aunque se encuentra totalmente acreditado el uso de esos documentos apócrifos y hasta la falsificación de firmas de altos funcionarios del gobierno de la ciudad, las autoridades locales no habían presentado hasta el pasado fin de semana ninguna denuncia penal por esos ilícitos.

En entrevista, el contralor del Distrito Federal, Ricardo García Sáinz, aceptó que han aparecido hasta tres documentos apócrifos a través de los cuales se fincaron acusaciones a candidatos del PRD.

Dijo que la Contraloría del gobierno capitalino ya inició una investigación de carácter administrativo, a fin de identificar la forma en que se han utilizado papel, logotipos y formatos de esa dependencia para elaborar los supuestos expedientes.

Sin embargo, la indagatoria no había llegado a la vía penal, pues de acuerdo con el funcionario, la Contraloría todavía está en busca de más pruebas para sustentar la denuncia ante el Ministerio Püblico.

“Pruebas” para acusaciones

Uno de esos expedientes apócrifos, de los que EL UNIVERSAL tiene una copia, fue repartido el pasado 15 de junio en una conferencia de prensa por el candidato del Partido Socialdemócrata (PSD) a diputado local, Ignacio Iris, quien luego de enterarse de que el documento era falso, aseguró que lo había recibido en su casa de campaña, y sin corroborar su veracidad lo entregó a su vez a los medios de comunicacion.

En el texto se expone que José Luis Muñoz Soria, en su calidad de jefe delegacional de Cuauhtémoc, fue inhabilitado por dos años, ya que habría cobrado 2 millones de pesos a vendedores de vía pública, sin haber ingresado el dinero a la Tesorería capitalina.

Ese documento tiene fecha del 15 de agosto de 2008, y está elaborado en hojas membretadas de la Contraloría interna de la delegación Cuauhtémoc; sin embargo, la dirección de la oficina corresponde a la sede central de la Contraloría General del Distrito Federal.

Además, los números teléfonicos de la dependencia que ahí se presentan ya no existen, pues fueron cambiados a inicios del año; la firma del contralor es falsa y el nombre del funcionario está incompleto.

Otro documento apócrifo se utilizó para denostar al candidato perredista a diputado local por el distrito 9, Víctor Hugo Romo, a quien se acusó de haber incurrido en irregularidades cuando se desempeñó como subgerente de Adquisiciones en el Sistema de Transporte Colectivo Metro en agosto de 2006.

En este caso, la Contraloría tampoco ha presentado una denuncia penal. Fue Víctor Hugo Romo quien llevó la denuncia ante el Ministerio Público, señalando que el supuesto expediente fechado en octubre de 2007 va firmado por la contralora Bertha Luján, a pesar de que para ese momento ya no era la titular de la depedencia.

Al presentar la denuncia, el pasado 15 de junio, Romo aseguró que en la fecha de la supuesta irregularidad, él ya no laboraba en el Sistema de Transporte Colectivo. En esa fecha se desempeñaba como secretario de Administración y Finanzas de la Cámara de Diputados.

Revela huecos legales

Para el profesor José Luis Rodríguez, coordinador del curso Campañas políticas y márketing de la Universidad Iberoamericana, este tipo de guerra sucia en la contienda sólo refleja los huecos que existen en las leyes electorales, que dejan un amplio espacio de maniobra a quienes las orquestan.

No obstante, también dijo que resultará muy difícil controlar y erradicar ese tipo de campañas, pues existen nuevos medios como internet, cuyo uso no quedó regulado por la legislación electoral, y por ello es sencillo utilizar las redes sociales y los portales virtuales para difundir mensajes de difamación contra adversarios políticos.

Recordó que con la última reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), se prohibió a los candidatos y a los partidos políticos la contratación comercial de publicidad, pero ante la falta de esos espacios, se usan este tipo de estrategias y engaños para denostar al contrincante.


Comentario:

¿Acaso no saben competir como DIOS manda?