Envían a 27 funcionarios de Michoacán a Nayarit.

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Bajo estrictas medidas de seguridad, los 27 ex funcionarios y funcionarios de Michoacán acusados de presuntos vínculos con el cártel de La Familia michoacana comenzaron a rendir sus declaraciones preparatorias durante la noche del viernes y madrugada del sábado, por las acusaciones de delincuencia organizada y narcotráfico que les formuló la Procuraduría General de la República (PGR).

Abogados de los ex y funcionarios de Michoacán —entre los que hay siete de 10 alcaldes detenidos dentro de este mismo caso— adelantaron que solicitarán la duplicación del término constitucional para aportar pruebas de descargo en favor de los inculpados, por lo que la situación jurídica de los involucrados podría resolverse hasta el jueves o viernes próximo.

El cártel de La Familia michoacana es uno de los grupos criminales más peligroso que operan en el país; su centro de operaciones es Michoacán y tienen influencia en por lo menos en siete entidades (estado de México, Guerero, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y DF). Han instalado células de sicarios que se dedican a reclutar nuevos miembros, así como a la extorsión, secuestro, cobro de cuotas y ejecuciones con gran dosis de violencia.

En este contexto, la PGR dio a conocer que el operativo de traslado de los 27 acusados en este caso se realizó sin contratiempos, y todos ellos fueron puestos a disposición del juzgado segundo de distrito con sede en Tepic, Nayarit.

Partida entre gritos

El operativo, que incluyó la custodia de soldados, se inició en punto de las 14:20 horas en que se abrieron las puertas del centro nacional de arraigo de la PGR, en la colonia Doctores, y salieron del interior los inculpados con las manos amarradas a la espalda con un listón amarillo.

Entre gritos de sus familiares que protestaron por su consignación y traslado al penal federal de El Rincón —acusaron al gobierno federal de actuar bajo consignas políticas y fines electorales—, los detenidos en Michoacán fueron conducidos en un camión foráneo al hangar de la PGR, en el aeropuerto capitalino, donde abordaron un avión para su traslado a Tepic, Nayarit.

La consignación se produjo antes de cumplirse el plazo de 40 días del arraigo que les fue decretado por un juez federal el pasado 27 de mayo, un día después de que en un inusitado despliegue militar y de fuerzas federales se les detuvo simultáneamente en el estado de Michoacán.

Sólo tres del total de arraigados fueron detenidos bajo esa medida cautelar, según informes de la PGR. Son los presidentes municipales de Buenavista, Coahuayana y Aquila, Osvaldo Esquivel Lucatero, Audel Méndez Chávez y José Cortez Ramos, respectivamente. En su caso aún no se han agotado las investigaciones en su contra y no se ha podido determinar sus vínculos con la red de protección al cártel de La Familia michoacana. Abogados de los acusados aseguraron que la Procuraduría actúa sin fundamento y sin pruebas contundentes.