Noticia:
El administrador general de Aduanas (AGA), Juan José Bravo Moisés, confirmó que se investiga a oficiales de comercio exterior por presuntas actividades ilegales como corrupción.
Explicó que diversos errores en la aplicación del Plan de Modernización de Aduanas 20072012 han llevado a la contratación de funcionarios que realizan actividades ilícitas denunciadas por la AGA ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Con la meta de contar con funcionarios públicos “eficientes, a la altura de las mejores aduanas del mundo”, el gobierno federal contrató hasta agosto de 2009 a mil 400 oficiales de comercio exterior capacitados en aspectos legales, despacho de mercancías y pasajeros, procedimientos de vigilancia y control, seguridad, infracciones y manejo de armas de fuego, de acuerdo con el Plan de Modernización de Aduanas.
AGA detectó funcionarios que incumplen con el cargo encomendado. Algunos oficiales de comercio exterior carecen de las aptitudes que requiere su posición, citó Bravo Moisés.
“Hemos denunciado a oficiales de comercio exterior... Tenemos ya denuncias presentadas ante el Ministerio Público, ante la PGR; están en proceso y vamos sobre ellos”, dijo en entrevista para EL UNIVERSAL.
Hasta el 30 de noviembre dejaron su puesto 150 oficiales de comercio exterior, equivalente a 10% de los funcionarios contratados a esa fecha, según datos del SAT. Hasta agosto de 2009, mientras se contrataron oficiales de comercio exterior, se destituyeron 700 inspectores fiscales aduaneros y 400 revisores.
En enero se dieron a conocer denuncias de oficiales de comercio exterior relativas a inconsistencias en las condiciones laborales. Las quejas implicaban excesivas jornadas laborales, sueldos insuficientes para rentar una vivienda digna e incluso la falta de uniformes.
“Fue un cambio dramático y hubo algunos temas de logística en los que posiblemente hayamos tenido problemas”, reconoció.
Entre los objetivos del Plan de Modernización de Aduanas 2007-2012 está profesionalizar a los funcionarios de las aduanas, lo que, según el documento, implica un proceso “riguroso” de reclutamiento. El esquema incluye un estudio socioeconómico para detectar si los oficiales de comercio exterior cometen actos de corrupción una vez en funciones. Se incluyen “incentivos asociados a la obtención de resultados”, entre otros.
Bajo estos criterios, la plantilla laboral en la AGA se renovará constantemente, según el SAT. En apego a dicho plan, 71% de los oficiales tienen estudios mínimos de licenciatura.
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martes, 9 de febrero de 2010
jueves, 19 de noviembre de 2009
Proponen mejoras en transparencia.
Noticia:
No basta con haber aprobado una ley de Transparencia y Acceso a la Información para combatir la corrupción, es necesario una combinación de herramientas que reduzcan este flagelo, dijo Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
El directivo del capítulo mexicano de Transparencia Internacional aseguró que para los hogares mexicanos el costo de este tipo de ilícitos asciende a 27 mil 500 millones de pesos al año, por lo que —como primera medida urgente— es necesario aislar a los ciudadanos de esos actos que se presentan en servicios públicos y trámites, principalmente.
Como segunda acción, agregó, el Estado no debe abandonar su ritmo de reformas legislativas en beneficio del interés público.
La comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, coincidió en que es urgente mejorar las disposiciones del acceso a la información, así como darle más atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para enfrentar el problema.
Comentó que así como en la democracia electoral “transitamos a otros niveles de consolidación democrática”, lo mismo sucede en transparencia. Lo primero, explicó, es tener acceso a la información, y luego asegurar que esa información sea sustantiva, que dé cuenta de lo que hacen las dependencias y no sólo cumpla con una solicitud.
“Esto es algo que tiene que pasar por una mejor educación de los ciudadanos en su derecho al acceso a la información. Eso es otro paso en el cual tenemos un trayecto mucho más largo. Las autoridades que tenemos como tarea la rendición de cuentas y la transparencia debemos empezar a trabajar. Eso ayudará a mejorar la percepción de la corrupción”.
Eduardo Bohórquez dijo que el Índice de Percepción de la Corrupción —que colocó a México como uno de los países más corruptos de la región— advierte que es preocupante la capacidad del Congreso para legislar en beneficio del interés público.
“Hay intereses que no necesariamente son ilegales, pero son ocultos, pero hay otros que están tratando de capturar instituciones pública, el informe arroja algo de esto, yo creo que hay un tema de institucionalidad y en lugares como la política social es muy evidente”.
No basta con haber aprobado una ley de Transparencia y Acceso a la Información para combatir la corrupción, es necesario una combinación de herramientas que reduzcan este flagelo, dijo Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
El directivo del capítulo mexicano de Transparencia Internacional aseguró que para los hogares mexicanos el costo de este tipo de ilícitos asciende a 27 mil 500 millones de pesos al año, por lo que —como primera medida urgente— es necesario aislar a los ciudadanos de esos actos que se presentan en servicios públicos y trámites, principalmente.
Como segunda acción, agregó, el Estado no debe abandonar su ritmo de reformas legislativas en beneficio del interés público.
La comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, coincidió en que es urgente mejorar las disposiciones del acceso a la información, así como darle más atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para enfrentar el problema.
Comentó que así como en la democracia electoral “transitamos a otros niveles de consolidación democrática”, lo mismo sucede en transparencia. Lo primero, explicó, es tener acceso a la información, y luego asegurar que esa información sea sustantiva, que dé cuenta de lo que hacen las dependencias y no sólo cumpla con una solicitud.
“Esto es algo que tiene que pasar por una mejor educación de los ciudadanos en su derecho al acceso a la información. Eso es otro paso en el cual tenemos un trayecto mucho más largo. Las autoridades que tenemos como tarea la rendición de cuentas y la transparencia debemos empezar a trabajar. Eso ayudará a mejorar la percepción de la corrupción”.
Eduardo Bohórquez dijo que el Índice de Percepción de la Corrupción —que colocó a México como uno de los países más corruptos de la región— advierte que es preocupante la capacidad del Congreso para legislar en beneficio del interés público.
“Hay intereses que no necesariamente son ilegales, pero son ocultos, pero hay otros que están tratando de capturar instituciones pública, el informe arroja algo de esto, yo creo que hay un tema de institucionalidad y en lugares como la política social es muy evidente”.
miércoles, 18 de noviembre de 2009
América Latina, a la cola en la percepción de corrupción en el sector público.
Noticia:
Sólo tres países latinoamericanos logran el aprobado en la lista de los 30 Estados más limpios elabarada anualmente por la organización Transparencia Internacional. Chile, Uruguay y Costa Rica son los únicos que superan el cinco. Por contra, obtienen muy malos resultados Venezuela, Paraguay, Ecuador, Nicaragua Honduras y Bolivia.
El listado de países americanos está encabezado por Canadá, mientras que Haití cierra de clasificación.
En sólo cinco años, España ha pasado del notable a un bien raspado en cuanto a la percepción de la corrupción en el sector público, y en 12 meses ha descendido del puesto 28º al 32º.
El estudio, que se basa en encuestas a expertos y empresas de 180 Estados, fue presentado ayer en la Fundación Ortega y Gasset de Madrid, y revela cómo Nueva Zelanda encabeza el listado de los países ejemplares, mientras que Somalia cierra la clasificación con los peores resultados. En esas encuestas se plantean cuestiones relacionadas con sobornos, pagos irregulares y malversación de fondos públicos, algo que no ha escaseado en los últimos años en España.
Si se toman los datos de los 30 países europeos analizados, España tampoco sale muy bien parada: ocupa el puesto 18º, por debajo de la media.
En la tabla general, Estonia o Chile están mejor situados. Según los integrantes del comité de dirección de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, Antonio Garrigues, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria, es necesario no resignarse, intentar alcanzar un gran pacto no sólo político, sino también social para luchar "contra el cáncer" de la corrupción, potenciar los sistemas de prevención y ser conscientes de que el hecho de que en España haya aumentado la percepción sobre la corrupción también está relacionado con que hayan aflorado muchos casos, lo que aumenta la preocupación por el problema, contra el que también reclamaron más medios judiciales.
La organización Transparencia Internacional alertó, además, de que la corrupción amenaza la recuperación económica mundial y denunció que también muchos paraísos fiscales están en Estados que ocupan buenos puestos de la lista. "No debe haber refugios para el dinero corrupto", señaló la presidenta de la organización, Huguette Labelle.
Sólo tres países latinoamericanos logran el aprobado en la lista de los 30 Estados más limpios elabarada anualmente por la organización Transparencia Internacional. Chile, Uruguay y Costa Rica son los únicos que superan el cinco. Por contra, obtienen muy malos resultados Venezuela, Paraguay, Ecuador, Nicaragua Honduras y Bolivia.
El listado de países americanos está encabezado por Canadá, mientras que Haití cierra de clasificación.
En sólo cinco años, España ha pasado del notable a un bien raspado en cuanto a la percepción de la corrupción en el sector público, y en 12 meses ha descendido del puesto 28º al 32º.
El estudio, que se basa en encuestas a expertos y empresas de 180 Estados, fue presentado ayer en la Fundación Ortega y Gasset de Madrid, y revela cómo Nueva Zelanda encabeza el listado de los países ejemplares, mientras que Somalia cierra la clasificación con los peores resultados. En esas encuestas se plantean cuestiones relacionadas con sobornos, pagos irregulares y malversación de fondos públicos, algo que no ha escaseado en los últimos años en España.
Si se toman los datos de los 30 países europeos analizados, España tampoco sale muy bien parada: ocupa el puesto 18º, por debajo de la media.
En la tabla general, Estonia o Chile están mejor situados. Según los integrantes del comité de dirección de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, Antonio Garrigues, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria, es necesario no resignarse, intentar alcanzar un gran pacto no sólo político, sino también social para luchar "contra el cáncer" de la corrupción, potenciar los sistemas de prevención y ser conscientes de que el hecho de que en España haya aumentado la percepción sobre la corrupción también está relacionado con que hayan aflorado muchos casos, lo que aumenta la preocupación por el problema, contra el que también reclamaron más medios judiciales.
La organización Transparencia Internacional alertó, además, de que la corrupción amenaza la recuperación económica mundial y denunció que también muchos paraísos fiscales están en Estados que ocupan buenos puestos de la lista. "No debe haber refugios para el dinero corrupto", señaló la presidenta de la organización, Huguette Labelle.
La corrupción en México se dispara.
Noticia:
El Índice de Percepción de Corrupción en México, elaborado por Transparencia Internacional, empeoró este año en comparación con 2008, al pasar el país del lugar 72 al 89 y de una puntuación de 3.6 a 3.3.
Politólogos y especialistas coincidieron en que la corrupción es consecuencia de factores como la debilidad de las instituciones y de la carencia de una política de Estado para combatirla.
Además, consideraron que la lucha contra al crimen organizado ha afectado la percepción a nivel internacional.
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, dijo que una de las razones del descenso es que en la percepción internacional influyeron el crimen y el narcotráfico, pero principalmente el estancamiento en materia de transparencia.
En el último rubro, agregó, México no ha entrado a la segunda fase, “que es la rendición de cuentas efectiva y la homologación de la ley a nivel local”,
Lamentó que el tema de corrupción esté en la agenda pública, pero no sea tomado como una prioridad nacional.
Lorenzo Meyer, de El Colegio de México, y John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, declararon que el informe demuestra que el Estado, el sistema jurídico y el gobierno están lejos de representar a la sociedad.
Para Meyer, otra cara del problema es la lista de los más poderosos realizada por la revista Forbes. “¿Cómo es posible que en un país donde por ley están prohibidos los monopolios, Carlos Slim esté entre los hombres más poderosos, al igual que El Chapo Guzmán? ¿Cómo es posible que un narcotraficante sea más poderoso que el Presidente o que la PGR? Eso sólo se explica a través de la corrupción”, mencionó.
Ackerman dijo que la población “ya se dio cuenta que esta administración no toma en serio el ataque a la corrupción, por el contrario, percibe que está aumentado por el narcotráfico y también por la crisis económica donde los delitos crecen”.
Alejandra Ríos, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó que el estudio dejó al desnudo la debilidad institucional en el control y combate a la corrupción, no sólo en México, sino en toda América Latina.
En el reporte, México se situó por debajo de países latinoamericanos como Guatemala y El Salvador (3.4), Perú (3.7) y Colombia (3.7), y muy lejos de Chile (6.7), Uruguay (6.7) y Costa Rica (5.3).
El Índice de Percepción de Corrupción en México, elaborado por Transparencia Internacional, empeoró este año en comparación con 2008, al pasar el país del lugar 72 al 89 y de una puntuación de 3.6 a 3.3.
Politólogos y especialistas coincidieron en que la corrupción es consecuencia de factores como la debilidad de las instituciones y de la carencia de una política de Estado para combatirla.
Además, consideraron que la lucha contra al crimen organizado ha afectado la percepción a nivel internacional.
El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, dijo que una de las razones del descenso es que en la percepción internacional influyeron el crimen y el narcotráfico, pero principalmente el estancamiento en materia de transparencia.
En el último rubro, agregó, México no ha entrado a la segunda fase, “que es la rendición de cuentas efectiva y la homologación de la ley a nivel local”,
Lamentó que el tema de corrupción esté en la agenda pública, pero no sea tomado como una prioridad nacional.
Lorenzo Meyer, de El Colegio de México, y John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, declararon que el informe demuestra que el Estado, el sistema jurídico y el gobierno están lejos de representar a la sociedad.
Para Meyer, otra cara del problema es la lista de los más poderosos realizada por la revista Forbes. “¿Cómo es posible que en un país donde por ley están prohibidos los monopolios, Carlos Slim esté entre los hombres más poderosos, al igual que El Chapo Guzmán? ¿Cómo es posible que un narcotraficante sea más poderoso que el Presidente o que la PGR? Eso sólo se explica a través de la corrupción”, mencionó.
Ackerman dijo que la población “ya se dio cuenta que esta administración no toma en serio el ataque a la corrupción, por el contrario, percibe que está aumentado por el narcotráfico y también por la crisis económica donde los delitos crecen”.
Alejandra Ríos, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó que el estudio dejó al desnudo la debilidad institucional en el control y combate a la corrupción, no sólo en México, sino en toda América Latina.
En el reporte, México se situó por debajo de países latinoamericanos como Guatemala y El Salvador (3.4), Perú (3.7) y Colombia (3.7), y muy lejos de Chile (6.7), Uruguay (6.7) y Costa Rica (5.3).
lunes, 14 de septiembre de 2009
Dictan formal prisión a edil michoacano.
Noticia:
Un juez federal dictó auto de formal prisión al presidente municipal de Múgica, Michoacán, Armando Medina Torres, por delincuencia organizada y delitos contra la salud en la modalidad de fomento, por sus presuntos nexos con el cártel de La Familia Michoacana.
La resolución, que inicia el proceso penal en contra de Medina Torres, fue dictada por el juez segundo de distrito en materia penal de Jalisco, ante quien fue consignado el edil por la Procuraduría General de la República (PGR).
La dependencia destacó que, como resultado de las investigaciones ministeriales que desarrolló el fiscal de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Salud, existen elementos indiciarios de que presumiblemente Medina Torres, como edil de Múgica, permitió la ejecución de delitos diversos, entre ellos los de tráfico de drogas en la organización criminal de La Familia. El proceso en contra del ahora ex alcalde es resultado de la detención de más de 30 servidores públicos de Michoacán vinculados con La Familia el 26 de mayo, grupo en el que se encontraban 10 presidentes municipales y cinco de los colaboradores más cercanos del gobernador Leonel Godoy.
Entre los involucrados se encuentra el actual diputado federal electo Julio César Godoy Toscano señalado desde el inicio de la indagatoria, quien se encuentra prófugo y en las últimas semanas ha promovido dos demandas de amparo para poder tomar protesta como legislador y adquirir así el fuero que impediría su detención.
En previsión de esa posibilidad, la Procuraduría General de la República (PGR) ha solicitado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no tomarle la protesta, en virtud de que sus derechos ciudadanos están suspendidos por existir una orden de aprehensión en su contra.
Un juez federal dictó auto de formal prisión al presidente municipal de Múgica, Michoacán, Armando Medina Torres, por delincuencia organizada y delitos contra la salud en la modalidad de fomento, por sus presuntos nexos con el cártel de La Familia Michoacana.
La resolución, que inicia el proceso penal en contra de Medina Torres, fue dictada por el juez segundo de distrito en materia penal de Jalisco, ante quien fue consignado el edil por la Procuraduría General de la República (PGR).
La dependencia destacó que, como resultado de las investigaciones ministeriales que desarrolló el fiscal de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Salud, existen elementos indiciarios de que presumiblemente Medina Torres, como edil de Múgica, permitió la ejecución de delitos diversos, entre ellos los de tráfico de drogas en la organización criminal de La Familia. El proceso en contra del ahora ex alcalde es resultado de la detención de más de 30 servidores públicos de Michoacán vinculados con La Familia el 26 de mayo, grupo en el que se encontraban 10 presidentes municipales y cinco de los colaboradores más cercanos del gobernador Leonel Godoy.
Entre los involucrados se encuentra el actual diputado federal electo Julio César Godoy Toscano señalado desde el inicio de la indagatoria, quien se encuentra prófugo y en las últimas semanas ha promovido dos demandas de amparo para poder tomar protesta como legislador y adquirir así el fuero que impediría su detención.
En previsión de esa posibilidad, la Procuraduría General de la República (PGR) ha solicitado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no tomarle la protesta, en virtud de que sus derechos ciudadanos están suspendidos por existir una orden de aprehensión en su contra.
jueves, 27 de agosto de 2009
Partidos coinciden: SFP se volvió inútil.
Noticia:
PAN, PRI y PRD demandaron la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por su inutilidad en el combate a la corrupción.
Plantearon que las atribuciones de la dependencia las asuma la Auditoría Superior de la Federación, lo que disminuiría la estructura y gasto gubernamentales.
En el Senado, el líder de la fracción priísta, Manlio Fabio Beltrones, sugirió al presidente Felipe Calderón la eliminación de la Secretaría, ya que “fue pensada para otro momento de la vida del país y nació como contraloría para evitar excesos, abusos y corrupción de otros tiempos”.
De acuerdo con el PRI, el gobierno ahorraría mil 500 millones de pesos.
Beltrones consideró que el instrumento anticorrupción debe pasar al Legislativo.
En la Cámara, el panista Juan José Rodríguez Prats apoyó la propuesta de replantear la función de la SFP. Se declaró en favor de que la Auditoría Superior (ASF) tenga más atribuciones en la supervisión de las tareas del gobierno.
En entrevista, Juan N. Guerra (PRD) expresó que la Secretaría ha sido “tan inútil” que es candidata a desaparecer en la actual época de escasos recursos.
En coincidencia con las bancadas panista y priísta, sugirió reforzar a la ASF en lugar de conservar la Función Pública, que ha servido “para mantener a amigos en dicho cargo”.
Desde su perspectiva, la dependencia es utilizada para ajustes y contradicciones internas en el partido gobernante, “es decir, para amenazarse”.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, el priísta César Horacio Duarte Jáquez, se manifestó también por replantear la dependencia, cuyo titular, Salvador Vega Casillas, “no ha servido”.
Dijo que deben desaparecer instituciones que sólo generan gasto y no tienen productividad ni resultados.
Especialistas en materia de transparencia expusieron ayer en este diario que las pretensiones de alcanzar grados de eficiencia y legalidad en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón fracasaron, debido a que la SFP no ha logrado abatir ni sancionar prácticas de corrupción e impunidad.
Mencionaron que desde la época de Francisco Barrio, primer contralor panista, hasta llegar a Germán Martínez y Salvador Vega, la supervisión ha sido una farsa.
PAN, PRI y PRD demandaron la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por su inutilidad en el combate a la corrupción.
Plantearon que las atribuciones de la dependencia las asuma la Auditoría Superior de la Federación, lo que disminuiría la estructura y gasto gubernamentales.
En el Senado, el líder de la fracción priísta, Manlio Fabio Beltrones, sugirió al presidente Felipe Calderón la eliminación de la Secretaría, ya que “fue pensada para otro momento de la vida del país y nació como contraloría para evitar excesos, abusos y corrupción de otros tiempos”.
De acuerdo con el PRI, el gobierno ahorraría mil 500 millones de pesos.
Beltrones consideró que el instrumento anticorrupción debe pasar al Legislativo.
En la Cámara, el panista Juan José Rodríguez Prats apoyó la propuesta de replantear la función de la SFP. Se declaró en favor de que la Auditoría Superior (ASF) tenga más atribuciones en la supervisión de las tareas del gobierno.
En entrevista, Juan N. Guerra (PRD) expresó que la Secretaría ha sido “tan inútil” que es candidata a desaparecer en la actual época de escasos recursos.
En coincidencia con las bancadas panista y priísta, sugirió reforzar a la ASF en lugar de conservar la Función Pública, que ha servido “para mantener a amigos en dicho cargo”.
Desde su perspectiva, la dependencia es utilizada para ajustes y contradicciones internas en el partido gobernante, “es decir, para amenazarse”.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, el priísta César Horacio Duarte Jáquez, se manifestó también por replantear la dependencia, cuyo titular, Salvador Vega Casillas, “no ha servido”.
Dijo que deben desaparecer instituciones que sólo generan gasto y no tienen productividad ni resultados.
Especialistas en materia de transparencia expusieron ayer en este diario que las pretensiones de alcanzar grados de eficiencia y legalidad en las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón fracasaron, debido a que la SFP no ha logrado abatir ni sancionar prácticas de corrupción e impunidad.
Mencionaron que desde la época de Francisco Barrio, primer contralor panista, hasta llegar a Germán Martínez y Salvador Vega, la supervisión ha sido una farsa.
miércoles, 26 de agosto de 2009
Corrompen oficina anticorrupción.
Noticia:
Las pretensiones de alcanzar grados de eficiencia y legalidad en el gobierno federal han fracasado en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, acusan analistas. La instancia encargada de dar transparencia y combatir la corrupción, la Secretaría de la Función Pública, ha sido encabezada por amigos y aliados políticos de ambos presidentes.
“En esta y otras secretarías vemos a los amigos y parientes dentro de los organigramas, no a profesionales. Incluso se ha terminado por trabar los servicios de carrera de algunas de ellas (tenemos el caso sintomático de Relaciones Exteriores). Por ello el discurso de la eficacia es un discurso vacío”, dice Israel Covarrubias, director de la revista especializada Metapolítica.
Desde la Secodam hasta la Función Pública, se crearon marcos jurídicos y herramientas preventivas como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Pero no se han logrado prevenir, abatir ni sancionar prácticas de corrupción e impunidad en la gestión pública, señalan.
Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional lo confirman: 197 millones de servicios públicos a ciudadanos se dieron mediante soborno en 2007; en 2005 fueron 115 millones. Estas cifras fueron claves para situar al país en la posición 72 de 180 naciones evaluadas a partir de la corrupción que perciben los ciudadanos de sus autoridades.
Desde el primer contralor panista, Francisco Barrio, hasta Germán Martínez –de los políticos más allegados a Calderón– y el actual secretario Salvador Vega, el órgano supervisor es una farsa, sostiene María Teresa Magallón, jefa del área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas de la UAM Azcapotzalco.
Las pretensiones de alcanzar grados de eficiencia y legalidad en el gobierno federal han fracasado en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa, acusan analistas. La instancia encargada de dar transparencia y combatir la corrupción, la Secretaría de la Función Pública, ha sido encabezada por amigos y aliados políticos de ambos presidentes.
“En esta y otras secretarías vemos a los amigos y parientes dentro de los organigramas, no a profesionales. Incluso se ha terminado por trabar los servicios de carrera de algunas de ellas (tenemos el caso sintomático de Relaciones Exteriores). Por ello el discurso de la eficacia es un discurso vacío”, dice Israel Covarrubias, director de la revista especializada Metapolítica.
Desde la Secodam hasta la Función Pública, se crearon marcos jurídicos y herramientas preventivas como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Pero no se han logrado prevenir, abatir ni sancionar prácticas de corrupción e impunidad en la gestión pública, señalan.
Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional lo confirman: 197 millones de servicios públicos a ciudadanos se dieron mediante soborno en 2007; en 2005 fueron 115 millones. Estas cifras fueron claves para situar al país en la posición 72 de 180 naciones evaluadas a partir de la corrupción que perciben los ciudadanos de sus autoridades.
Desde el primer contralor panista, Francisco Barrio, hasta Germán Martínez –de los políticos más allegados a Calderón– y el actual secretario Salvador Vega, el órgano supervisor es una farsa, sostiene María Teresa Magallón, jefa del área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas de la UAM Azcapotzalco.
jueves, 13 de agosto de 2009
Políticos amasan fortunas a costa de la pobreza: FCH.
Noticia:
El presidente Felipe Calderón aseguró que en México algunos políticos se han enriquecido a costa de la pobreza de todos y han acumulado “verdaderas fortunas”.
Advirtió que por ese motivo es el momento de que se depuren los programas públicos y el país le diga un “ya basta” a la corrupción y a la opacidad que prevalece en las finanzas públicas.
Durante la ceremonia de premiación del concurso de dibujo “Adiós a las trampas”, Calderón señaló que la depuración de la policía se realiza debido a que lo que más ofende a los mexicanos es que “la transa venga del mismo gobernante, que la transa venga del mismo policía”.
“¿Quién podrá defendernos?”
Y, sin mencionarlo, el Presidente recordó la frase del personaje de la televisión el Chapulín Colorado: “Si la policía está corrupta, si la policía hace transa, ahora sí que, ¿quién podrá defendernos?”.
Enumeró cuatro acciones de su gobierno que se han establecido para enfrentar la corrupción de grupos delictivos que “extorsionan, roban y cobran derecho de piso” a la población en México.
De igual manera, indicó, se realiza una depuración de los cuerpos policiacos y se han establecido acciones de gobierno para transparentar el uso de los recursos públicos y los programas de gobierno en el campo, y de atención a la pobreza, para identificar aquellos que reciben presupuestos importantes y que no sirven.
Calderón explicó a más de 50 niños de primaria y secundaria, así como a directivos de la educación pública, que México libra una lucha para evitar el mal.
“Ahora que uno se asoma a ver quién se queda con el dinero de ese programa, no es ningún campesino, ni pobre, ni descalzo, ni mucho menos, sino es alguien que tiene un rancho muy, muy grande, de cientos de hectáreas, y compra camioneta nueva cada año y todavía pide más dinero”, reconoció el Presidente.
“La transa nos hunde en el fango”
Indicó que la prevalencia de la corrupción y la transa en nuestro país “empobrecen la calidad educativa”, que desalienta la inversión para la generación de empleos, pero también que no se vea nada “dentro de las cajas públicas” de muchos lugares de los gobiernos estatales o municipales en donde, acusó el mandatario, “hay una gran opacidad”.
Eximió de esas acusaciones de corrupción al gobierno federal, en el que, aseguró el titular del Ejecutivo, existen mecanismos de transparencia para saber en qué se gasta cada peso que se recibe, además de que desde el año pasado se realiza una evaluación para saber qué programas sirven y cuáles no.
“La transa, la corrupción, nos jalan a lo más oscuro, acaban hundiendo a las personas y a las sociedades en el fango, ya no digamos el mar, el lodo de la corrupción”, expuso el jefe del Ejecutivo.
Previo al inicio de que iniciara una gira por Colombia y a que se realizara el partido de futbol entre las selecciones de México y Estados Unidos —vaticinó el triunfo del equipo mexicano—, el primer mandatario aseguró que la tarea para acabar con la corrupción en el país es de todos, al denunciar y alzar la voz en contra de las prácticas deshonestas.
martes, 11 de agosto de 2009
Acusan a 58 comunas de mal uso de recursos.
Noticia:
De los 125 ayuntamientos del estado de México, 58 han sido denunciados por presunto desvío de recursos y daños a la hacienda municipal, relevó el titular de la Contraloría del Poder Legislativo local, Victorino Barrios Dávalos.
“Por desvío de recursos nosotros tenemos 26 denuncias, y daño a la hacienda pública en un total de 32, es decir 58, que si usted lo hace en promedio quiere decir que casi la mitad de los municipios del estado de México tienen una denuncia por ese tipo y hay varios donde se tienen hasta dos”.
Entre los ayuntamientos mexiquenses que han sido reportados por supuestas irregularidades en el manejo de las finanzas públicas se encuentran Lerma, Otzolotepec, Temascalcingo, Zinacantepec, Chalco, Los Reyes La Paz, Tenango del Aire, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla , Ecatepec y Nezahualcóyotl.
Las denuncias, dijo, fueron presentadas por ciudadanos que detectaron las presuntas anomalías de los munícipes, las cuales ya se están investigando y en breve se darán a conocer los resultados.
“Las quejas más recurrentes son por no contestarle a los ciudadanos ese asunto, como por ejemplo las becas, no darles una respuesta; el abuso de autoridad, que son en este trienio en cada uno de estos casos más de 300; la falta de diligencia; no observar el marco legal; abuso del cargo, daño a la hacienda y el desvío de recursos, El nepotismo, que en otros años fue la cuarta causa más importante, hoy ha sido relegada al lugar número 13”, indicó.
Victorino Dávalos aclaró que aun cuando la gestión de las actuales administraciones municipales concluye el próximo 17 de agosto, se hará un recuento de todas las denuncias que se presentaron contra los presidentes municipales, y éstos tendrán que asumir su responsabilidad porque no prescriben al terminar su mandato.
“Es constante porque recuerde usted que las quejas y denuncias tienen un periodo administrativo de un año y los de daños a la hacienda, de peculado o desvío de recursos, los que tengan que ver con el aspecto financiero, tienen tres años. No hay cierres, no hay cortes transversales de información. Las investigaciones siguen”, precisó.
Retrasan entrega de becas
Por otra parte, el contralor del Poder Legislativo mexiquense manifestó que durante la parte final de las gestiones municipales se han presentado también denuncias en contra de los alcaldes por incumplimiento en la entrega becas escolares.
Recomendó a los padres de familia que sus quejas sean registradas en la Contraloría del Poder Legislativo y no en las contralorías municipales porque en esas dependencias siempre exoneran a los ediles.
El edil que no cumpla podría ser sancionado e incluso inhabilitado después que haya cumplido su periodo, advirtió.
“De hecho, si los recursos de la beca no se entregan al concluir la administración, el nuevo gobierno que entre tendrá que saldar esas cuentas pendientes de su antecesor, y éste a su vez será investigado y sancionado por incumplimiento”, señaló.
De los 125 ayuntamientos del estado de México, 58 han sido denunciados por presunto desvío de recursos y daños a la hacienda municipal, relevó el titular de la Contraloría del Poder Legislativo local, Victorino Barrios Dávalos.
“Por desvío de recursos nosotros tenemos 26 denuncias, y daño a la hacienda pública en un total de 32, es decir 58, que si usted lo hace en promedio quiere decir que casi la mitad de los municipios del estado de México tienen una denuncia por ese tipo y hay varios donde se tienen hasta dos”.
Entre los ayuntamientos mexiquenses que han sido reportados por supuestas irregularidades en el manejo de las finanzas públicas se encuentran Lerma, Otzolotepec, Temascalcingo, Zinacantepec, Chalco, Los Reyes La Paz, Tenango del Aire, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla , Ecatepec y Nezahualcóyotl.
Las denuncias, dijo, fueron presentadas por ciudadanos que detectaron las presuntas anomalías de los munícipes, las cuales ya se están investigando y en breve se darán a conocer los resultados.
“Las quejas más recurrentes son por no contestarle a los ciudadanos ese asunto, como por ejemplo las becas, no darles una respuesta; el abuso de autoridad, que son en este trienio en cada uno de estos casos más de 300; la falta de diligencia; no observar el marco legal; abuso del cargo, daño a la hacienda y el desvío de recursos, El nepotismo, que en otros años fue la cuarta causa más importante, hoy ha sido relegada al lugar número 13”, indicó.
Victorino Dávalos aclaró que aun cuando la gestión de las actuales administraciones municipales concluye el próximo 17 de agosto, se hará un recuento de todas las denuncias que se presentaron contra los presidentes municipales, y éstos tendrán que asumir su responsabilidad porque no prescriben al terminar su mandato.
“Es constante porque recuerde usted que las quejas y denuncias tienen un periodo administrativo de un año y los de daños a la hacienda, de peculado o desvío de recursos, los que tengan que ver con el aspecto financiero, tienen tres años. No hay cierres, no hay cortes transversales de información. Las investigaciones siguen”, precisó.
Retrasan entrega de becas
Por otra parte, el contralor del Poder Legislativo mexiquense manifestó que durante la parte final de las gestiones municipales se han presentado también denuncias en contra de los alcaldes por incumplimiento en la entrega becas escolares.
Recomendó a los padres de familia que sus quejas sean registradas en la Contraloría del Poder Legislativo y no en las contralorías municipales porque en esas dependencias siempre exoneran a los ediles.
El edil que no cumpla podría ser sancionado e incluso inhabilitado después que haya cumplido su periodo, advirtió.
“De hecho, si los recursos de la beca no se entregan al concluir la administración, el nuevo gobierno que entre tendrá que saldar esas cuentas pendientes de su antecesor, y éste a su vez será investigado y sancionado por incumplimiento”, señaló.
sábado, 27 de junio de 2009
Catean casa de jefe policiaco en Morelos.
Noticia:
A 40 días de su arraigo por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, la casa del ex comandante de la Policía Ministerial del estado, Salvador Pintado Vázquez, fue cateada por agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
La casa situada en la colonia Vistahermosa, una de las de mayor plusvalía de la ciudad, fue cercada por los federales.
Pintado Vázquez era comandante de grupo de Recuperación de Vehículos de la Policía Ministerial cuando fue detenido el 15 de mayo.
Tras su aprehensión, la Policía Federal detuvo a otros cuatro sujetos como probables integrantes de la organización criminal de los Beltrán Leyva, quienes se habían infiltrado en la Procuraduría General de Justicia de Morelos y en la Policía Metropolitana de Cuernavaca.
Los detenidos, expuso la PF, proporcionaban seguridad y vigilancia a la organización de los Beltrán Leyva, además robaban vehículos y autopartes para este grupo criminal. Al momento de su detención, también se les encontró una narcomanta con un mensaje dirigido al presidente Felipe Calderón.
El día que detuvieron a Pintado Vázquez, el gobernador Marco Antonio Adame Castillo destituyó al procurador de Justicia, Francisco Coronato Rodríguez, y al secretario de Seguridad Pública estatal, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez. Ese mismo día (15 de mayo) fue detenido Cabeza de Vaca y un día después, un juez federal giró a la SIEDO la orden de arraigo contra el jefe policiaco. Lo mismo ocurrió con el responsable de la seguridad pública en Cuernavaca, Francisco Sánchez González.
Así, el miércoles pasado, un juzgado federal dictó la ampliación del arraigo por 40 días más en contra de Cabeza de Vaca Rodríguez y Sánchez González, para continuar con las investigaciones en su contra.
Según la PF, Pintado Vázquez es presunto integrante de la organización de los hermanos Pineda y líder del grupo denominado Los Zafiros, quienes trabajan bajo las órdenes de Arturo Beltrán Leyva. También formaba parte de una red de robo de autos.
A 40 días de su arraigo por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, la casa del ex comandante de la Policía Ministerial del estado, Salvador Pintado Vázquez, fue cateada por agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
La casa situada en la colonia Vistahermosa, una de las de mayor plusvalía de la ciudad, fue cercada por los federales.
Pintado Vázquez era comandante de grupo de Recuperación de Vehículos de la Policía Ministerial cuando fue detenido el 15 de mayo.
Tras su aprehensión, la Policía Federal detuvo a otros cuatro sujetos como probables integrantes de la organización criminal de los Beltrán Leyva, quienes se habían infiltrado en la Procuraduría General de Justicia de Morelos y en la Policía Metropolitana de Cuernavaca.
Los detenidos, expuso la PF, proporcionaban seguridad y vigilancia a la organización de los Beltrán Leyva, además robaban vehículos y autopartes para este grupo criminal. Al momento de su detención, también se les encontró una narcomanta con un mensaje dirigido al presidente Felipe Calderón.
El día que detuvieron a Pintado Vázquez, el gobernador Marco Antonio Adame Castillo destituyó al procurador de Justicia, Francisco Coronato Rodríguez, y al secretario de Seguridad Pública estatal, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez. Ese mismo día (15 de mayo) fue detenido Cabeza de Vaca y un día después, un juez federal giró a la SIEDO la orden de arraigo contra el jefe policiaco. Lo mismo ocurrió con el responsable de la seguridad pública en Cuernavaca, Francisco Sánchez González.
Así, el miércoles pasado, un juzgado federal dictó la ampliación del arraigo por 40 días más en contra de Cabeza de Vaca Rodríguez y Sánchez González, para continuar con las investigaciones en su contra.
Según la PF, Pintado Vázquez es presunto integrante de la organización de los hermanos Pineda y líder del grupo denominado Los Zafiros, quienes trabajan bajo las órdenes de Arturo Beltrán Leyva. También formaba parte de una red de robo de autos.
miércoles, 24 de junio de 2009
Ex ministro israelí condenado a cuatro años de cárcel por corrupción.
Noticia:
El ex ministro israelí Shlomo Benizri fue condenado hoy por el Tribunal Supremo a cuatro años de prisión y una multa de 250 mil shekels (unos 45 mil euros) por cargos de corrupción, informaron hoy los medios israelíes.
El Supremo decidió así aumentar la pena de 18 meses de cárcel impuesta por el Tribunal del Distrito de Jerusalén el pasado año, tras considerar probadas las acusaciones de cohecho, fraude y ruptura de la confianza cometidas durante su mandato como ministro.
La Corte establece que Benizri facilitó información privilegiada a un constructor israelí a cambio de importantes sumas de dinero y regalos en especie como mobiliario de lujo, aparatos eléctricos y servicios de limpieza.
Benizri, diputado y miembro del partido ultraortodoxo judío Shas y titular de las carteras de Sanidad entre 1999 y 2000 y de Trabajo y Asuntos Sociales desde 2001 a 2003, deberá presentarse ante una institución carcelaria el próximo 1 de septiembre.
El juez del Supremo Edmond Levy declaró hoy a la prensa que "la creciente corrupción en instituciones el Gobierno israelí requieren que se ponga un precio más alto" a esos comportamientos, informó el diario Yediot Aharonot en su versión digital.
También se espera que el Tribunal de Distrito de Tel Aviv pronuncie hoy sentencia sobre el ex ministro de Finanzas Abraham Hirchson, que se enfrenta a una petición de una pena de siete años de cárcel por supuesto robo de 1.8 millones de shekels (cerca de 325 mil euros) a la Organización Nacional de Trabajadores.
El ex ministro israelí Shlomo Benizri fue condenado hoy por el Tribunal Supremo a cuatro años de prisión y una multa de 250 mil shekels (unos 45 mil euros) por cargos de corrupción, informaron hoy los medios israelíes.
El Supremo decidió así aumentar la pena de 18 meses de cárcel impuesta por el Tribunal del Distrito de Jerusalén el pasado año, tras considerar probadas las acusaciones de cohecho, fraude y ruptura de la confianza cometidas durante su mandato como ministro.
La Corte establece que Benizri facilitó información privilegiada a un constructor israelí a cambio de importantes sumas de dinero y regalos en especie como mobiliario de lujo, aparatos eléctricos y servicios de limpieza.
Benizri, diputado y miembro del partido ultraortodoxo judío Shas y titular de las carteras de Sanidad entre 1999 y 2000 y de Trabajo y Asuntos Sociales desde 2001 a 2003, deberá presentarse ante una institución carcelaria el próximo 1 de septiembre.
El juez del Supremo Edmond Levy declaró hoy a la prensa que "la creciente corrupción en instituciones el Gobierno israelí requieren que se ponga un precio más alto" a esos comportamientos, informó el diario Yediot Aharonot en su versión digital.
También se espera que el Tribunal de Distrito de Tel Aviv pronuncie hoy sentencia sobre el ex ministro de Finanzas Abraham Hirchson, que se enfrenta a una petición de una pena de siete años de cárcel por supuesto robo de 1.8 millones de shekels (cerca de 325 mil euros) a la Organización Nacional de Trabajadores.
sábado, 20 de junio de 2009
Envían a 27 funcionarios de Michoacán a Nayarit.
Noticia:
Bajo estrictas medidas de seguridad, los 27 ex funcionarios y funcionarios de Michoacán acusados de presuntos vínculos con el cártel de La Familia michoacana comenzaron a rendir sus declaraciones preparatorias durante la noche del viernes y madrugada del sábado, por las acusaciones de delincuencia organizada y narcotráfico que les formuló la Procuraduría General de la República (PGR).
Abogados de los ex y funcionarios de Michoacán —entre los que hay siete de 10 alcaldes detenidos dentro de este mismo caso— adelantaron que solicitarán la duplicación del término constitucional para aportar pruebas de descargo en favor de los inculpados, por lo que la situación jurídica de los involucrados podría resolverse hasta el jueves o viernes próximo.
El cártel de La Familia michoacana es uno de los grupos criminales más peligroso que operan en el país; su centro de operaciones es Michoacán y tienen influencia en por lo menos en siete entidades (estado de México, Guerero, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y DF). Han instalado células de sicarios que se dedican a reclutar nuevos miembros, así como a la extorsión, secuestro, cobro de cuotas y ejecuciones con gran dosis de violencia.
En este contexto, la PGR dio a conocer que el operativo de traslado de los 27 acusados en este caso se realizó sin contratiempos, y todos ellos fueron puestos a disposición del juzgado segundo de distrito con sede en Tepic, Nayarit.
Partida entre gritos
El operativo, que incluyó la custodia de soldados, se inició en punto de las 14:20 horas en que se abrieron las puertas del centro nacional de arraigo de la PGR, en la colonia Doctores, y salieron del interior los inculpados con las manos amarradas a la espalda con un listón amarillo.
Entre gritos de sus familiares que protestaron por su consignación y traslado al penal federal de El Rincón —acusaron al gobierno federal de actuar bajo consignas políticas y fines electorales—, los detenidos en Michoacán fueron conducidos en un camión foráneo al hangar de la PGR, en el aeropuerto capitalino, donde abordaron un avión para su traslado a Tepic, Nayarit.
La consignación se produjo antes de cumplirse el plazo de 40 días del arraigo que les fue decretado por un juez federal el pasado 27 de mayo, un día después de que en un inusitado despliegue militar y de fuerzas federales se les detuvo simultáneamente en el estado de Michoacán.
Sólo tres del total de arraigados fueron detenidos bajo esa medida cautelar, según informes de la PGR. Son los presidentes municipales de Buenavista, Coahuayana y Aquila, Osvaldo Esquivel Lucatero, Audel Méndez Chávez y José Cortez Ramos, respectivamente. En su caso aún no se han agotado las investigaciones en su contra y no se ha podido determinar sus vínculos con la red de protección al cártel de La Familia michoacana. Abogados de los acusados aseguraron que la Procuraduría actúa sin fundamento y sin pruebas contundentes.
Bajo estrictas medidas de seguridad, los 27 ex funcionarios y funcionarios de Michoacán acusados de presuntos vínculos con el cártel de La Familia michoacana comenzaron a rendir sus declaraciones preparatorias durante la noche del viernes y madrugada del sábado, por las acusaciones de delincuencia organizada y narcotráfico que les formuló la Procuraduría General de la República (PGR).
Abogados de los ex y funcionarios de Michoacán —entre los que hay siete de 10 alcaldes detenidos dentro de este mismo caso— adelantaron que solicitarán la duplicación del término constitucional para aportar pruebas de descargo en favor de los inculpados, por lo que la situación jurídica de los involucrados podría resolverse hasta el jueves o viernes próximo.
El cártel de La Familia michoacana es uno de los grupos criminales más peligroso que operan en el país; su centro de operaciones es Michoacán y tienen influencia en por lo menos en siete entidades (estado de México, Guerero, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y DF). Han instalado células de sicarios que se dedican a reclutar nuevos miembros, así como a la extorsión, secuestro, cobro de cuotas y ejecuciones con gran dosis de violencia.
En este contexto, la PGR dio a conocer que el operativo de traslado de los 27 acusados en este caso se realizó sin contratiempos, y todos ellos fueron puestos a disposición del juzgado segundo de distrito con sede en Tepic, Nayarit.
Partida entre gritos
El operativo, que incluyó la custodia de soldados, se inició en punto de las 14:20 horas en que se abrieron las puertas del centro nacional de arraigo de la PGR, en la colonia Doctores, y salieron del interior los inculpados con las manos amarradas a la espalda con un listón amarillo.
Entre gritos de sus familiares que protestaron por su consignación y traslado al penal federal de El Rincón —acusaron al gobierno federal de actuar bajo consignas políticas y fines electorales—, los detenidos en Michoacán fueron conducidos en un camión foráneo al hangar de la PGR, en el aeropuerto capitalino, donde abordaron un avión para su traslado a Tepic, Nayarit.
La consignación se produjo antes de cumplirse el plazo de 40 días del arraigo que les fue decretado por un juez federal el pasado 27 de mayo, un día después de que en un inusitado despliegue militar y de fuerzas federales se les detuvo simultáneamente en el estado de Michoacán.
Sólo tres del total de arraigados fueron detenidos bajo esa medida cautelar, según informes de la PGR. Son los presidentes municipales de Buenavista, Coahuayana y Aquila, Osvaldo Esquivel Lucatero, Audel Méndez Chávez y José Cortez Ramos, respectivamente. En su caso aún no se han agotado las investigaciones en su contra y no se ha podido determinar sus vínculos con la red de protección al cártel de La Familia michoacana. Abogados de los acusados aseguraron que la Procuraduría actúa sin fundamento y sin pruebas contundentes.
martes, 16 de junio de 2009
Gobierno federal combate corrupcion a cualquier nivel: FCH.
Noticia:
El presidente Felipe Calderón sostuvó que su gobierno ataca la corrupción en el gobierno federal pero también en otros niveles de gobierno por que ello es también de su competencia.
La aclaración la hizo durante la comida en la reunión de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) en su 93 asamblea general que renovó su nuevo consejo directivo.
Sin citar de manera directa los operativos que el gobierno federal a aplicado en diversos municipios del país –como en lo ocurrido en Silao y en Apateo en Guanajuato- el ejecutivo aseguró que se aplica la ley por que esta es una demanda de la sociedad:
"Estamos trabando,combatiendo la corrupción al interior de las instituciones de gobierno, al interior de las instituciones de seguridad, de justicia a nivel federal y, en el ámbito también de la competencia nuestra, la estamos combatiendo en otros niveles de gobierno".
El mandatario federal indicó que es el camino que los mexicanos exigen, que haya un gobierno que cumpla con la elemental obligación de cualquier gobierno al tomar posesiones, cumplir y hacer cumplir la ley, eso y no otra cosa es el empeño del gobierno federal.
Acompañado por los gobernadores de Jalisco Emilio González y de Nayarit,Ney González destacó el trabajo hecho en su administración en materia de seguridad , que junto con la crisis económica y la emergencia sanitaria han representado graves retos que los mexicanos estamos superando.
Reiteró que cualquier otra sociedad, nación o gobierno se hubiera doblegado no ante los tres si no ante sólo uno de estos problemas, sin embargo los mexicanos, con unidad y esfuerzo han salido adelante y por ellos insistió:
"No nos han doblegado ni nos vamos a doblegar, antes bien los superaremos y saldremos adelante".
El ejecutivo aseguró que en estas condiciones adversas, mas que lamentarse es un privilegio servir, más aún en los tiempos de adversidad.
El presidente Felipe Calderón sostuvó que su gobierno ataca la corrupción en el gobierno federal pero también en otros niveles de gobierno por que ello es también de su competencia.
La aclaración la hizo durante la comida en la reunión de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) en su 93 asamblea general que renovó su nuevo consejo directivo.
Sin citar de manera directa los operativos que el gobierno federal a aplicado en diversos municipios del país –como en lo ocurrido en Silao y en Apateo en Guanajuato- el ejecutivo aseguró que se aplica la ley por que esta es una demanda de la sociedad:
"Estamos trabando,combatiendo la corrupción al interior de las instituciones de gobierno, al interior de las instituciones de seguridad, de justicia a nivel federal y, en el ámbito también de la competencia nuestra, la estamos combatiendo en otros niveles de gobierno".
El mandatario federal indicó que es el camino que los mexicanos exigen, que haya un gobierno que cumpla con la elemental obligación de cualquier gobierno al tomar posesiones, cumplir y hacer cumplir la ley, eso y no otra cosa es el empeño del gobierno federal.
Acompañado por los gobernadores de Jalisco Emilio González y de Nayarit,Ney González destacó el trabajo hecho en su administración en materia de seguridad , que junto con la crisis económica y la emergencia sanitaria han representado graves retos que los mexicanos estamos superando.
Reiteró que cualquier otra sociedad, nación o gobierno se hubiera doblegado no ante los tres si no ante sólo uno de estos problemas, sin embargo los mexicanos, con unidad y esfuerzo han salido adelante y por ellos insistió:
"No nos han doblegado ni nos vamos a doblegar, antes bien los superaremos y saldremos adelante".
El ejecutivo aseguró que en estas condiciones adversas, mas que lamentarse es un privilegio servir, más aún en los tiempos de adversidad.
viernes, 5 de junio de 2009
¿El ejército en las calles? Hasta terminar con el narcotráfico.
Noticia:
‘‘Es evidente que ante el crecimiento y la organización de la criminalidad, la capacidad del Estado se ha visto seriamente mermada; esto ha obligado a utilizar a las ´Fuerzas Armadas. Considero que esta medida debiera ser sólo emergente”.
Fernando Toranzo Fernández, PRI-PVEM-PSD al gobierno de San Luis Potosí
‘‘Creo que el Ejército garantiza la institucionalidad, disciplina e integridad en el combate al narcotráfico. Sin embargo, corresponde a los gobiernos estatales depurar las policías, colaborar en las acciones y atacar frontalmente el narcomenudeo”.
Fernando Elizondo Barragán, PAN al gobierno de Nuevo León
‘‘El problema debe ser resuelto desde su origen. Combatir la corrupción que se genera desde el poder, el ingreso de armas al país, vigilar los circuitos financieros donde se ‘lava’ dinero y terminar con la impunidad, si no todo será una simulación”. Petra Santos Ortiz, PRD al gobierno de Sonora
‘‘Por la situación extrema que viven algunas zonas del país, es una medida conveniente; debe combinarse con una cada vez más depurada inteligencia policiaca. Encuentro justificado que el Ejército, institución con alta credibilidad, intervenga”.
Comentario:
Los políticos, ¿realmente están combatiendo la corrupción o sólo simulan? Porque una buena parte de la sociedad no les cree.
‘‘Es evidente que ante el crecimiento y la organización de la criminalidad, la capacidad del Estado se ha visto seriamente mermada; esto ha obligado a utilizar a las ´Fuerzas Armadas. Considero que esta medida debiera ser sólo emergente”.
Fernando Toranzo Fernández, PRI-PVEM-PSD al gobierno de San Luis Potosí
‘‘Creo que el Ejército garantiza la institucionalidad, disciplina e integridad en el combate al narcotráfico. Sin embargo, corresponde a los gobiernos estatales depurar las policías, colaborar en las acciones y atacar frontalmente el narcomenudeo”.
Fernando Elizondo Barragán, PAN al gobierno de Nuevo León
‘‘El problema debe ser resuelto desde su origen. Combatir la corrupción que se genera desde el poder, el ingreso de armas al país, vigilar los circuitos financieros donde se ‘lava’ dinero y terminar con la impunidad, si no todo será una simulación”. Petra Santos Ortiz, PRD al gobierno de Sonora
‘‘Por la situación extrema que viven algunas zonas del país, es una medida conveniente; debe combinarse con una cada vez más depurada inteligencia policiaca. Encuentro justificado que el Ejército, institución con alta credibilidad, intervenga”.
Comentario:
Los políticos, ¿realmente están combatiendo la corrupción o sólo simulan? Porque una buena parte de la sociedad no les cree.
miércoles, 3 de junio de 2009
Juez dicta prisión a ex edil de Chihuahua.
Noticia:
Un juez penal dictó auto de formal prisión al candidato panista a una diputación federal Juan Alberto Blanco Saldívar, lo que está a punto de dejarlo fuera de la contienda pues le fueron suspendidos sus derechos políticos.
Luego de que fue detenido el pasado sábado, acusado del delito de peculado por presuntamente haber recibido 5 millones de pesos a cambio de otorgar la concesión del relleno sanitario municipal cuando fue alcalde de esta ciudad, Blanco fue presentado ante el juez cuarto de lo Penal, Rodolfo Romano, quien le notificó la resolución.
El candidato por el distrito 6 de Chihuahua se negó a que se le fijara una fianza por parte del juez y optó por mantenerse recluido en el penal estatal de San Guillermo, hasta que sea una instancia federal la que le asigne una cantidad para recuperar la libertad bajo caución, mientras tanto se mantiene en huelga de hambre desde el pasado domingo.
Romano informó que fueron suspendidos los derechos civiles de Juan Blanco, por lo que enviará una copia de la resolución al Instituto Federal Electoral, a fin de que determine si se revoca la candidatura del panista.
Sin embargo, el abogado defensor del ex edil, Arturo Sandoval, dio a conocer que solicitará al órgano electoral que suspenda temporalmente la decisión en tanto recibe un amparo federal que solicitará en contra del auto de formal prisión.
Luego de conocerse el fallo, la bancada del blanquiazul en el Congreso local tomó la tribuna legislativa y se manifestó en contra de lo que definen como un secuestro político orquestado por el gobernador de la entidad, José Reyes Baeza.
En el momento en que hacían algunos pronunciamientos al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, el priísta Gerardo Fierro Archuleta, dio por terminada la sesión y ordenó que se apagaran todos los micrófonos del recinto.
CCE pide transparencia
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitió un comunicado en el que exhorta a las autoridades estatales a transparentar el caso, ya que “al ser tiempos electorales, este tipo de acciones (la detención) inevitablemente inducen a pensar en un trasfondo político-partidista”.
Juan Alberto Blanco Saldívar fue presidente municipal de 2004 a 2007, está acusado de recibir 5 millones de pesos a cambio de favorecer a la empresa Sirssa con la concesión del relleno sanitario. Según declararon los propietarios de la compañía, el dinero estaría destinado a la campaña de Blanco en busca de la gubernatura en el 2010.
El juez Romano divulgó que podría tomar hasta un año para dictar sentencia, la cual, de darse, llegaría a los dos años de prisión.
Comentario:
En cualquier caso, debe ser comprobada la culpabilidad de una persona. ¿Se puede probar que recibió esa cantidad?
Un juez penal dictó auto de formal prisión al candidato panista a una diputación federal Juan Alberto Blanco Saldívar, lo que está a punto de dejarlo fuera de la contienda pues le fueron suspendidos sus derechos políticos.
Luego de que fue detenido el pasado sábado, acusado del delito de peculado por presuntamente haber recibido 5 millones de pesos a cambio de otorgar la concesión del relleno sanitario municipal cuando fue alcalde de esta ciudad, Blanco fue presentado ante el juez cuarto de lo Penal, Rodolfo Romano, quien le notificó la resolución.
El candidato por el distrito 6 de Chihuahua se negó a que se le fijara una fianza por parte del juez y optó por mantenerse recluido en el penal estatal de San Guillermo, hasta que sea una instancia federal la que le asigne una cantidad para recuperar la libertad bajo caución, mientras tanto se mantiene en huelga de hambre desde el pasado domingo.
Romano informó que fueron suspendidos los derechos civiles de Juan Blanco, por lo que enviará una copia de la resolución al Instituto Federal Electoral, a fin de que determine si se revoca la candidatura del panista.
Sin embargo, el abogado defensor del ex edil, Arturo Sandoval, dio a conocer que solicitará al órgano electoral que suspenda temporalmente la decisión en tanto recibe un amparo federal que solicitará en contra del auto de formal prisión.
Luego de conocerse el fallo, la bancada del blanquiazul en el Congreso local tomó la tribuna legislativa y se manifestó en contra de lo que definen como un secuestro político orquestado por el gobernador de la entidad, José Reyes Baeza.
En el momento en que hacían algunos pronunciamientos al respecto, el presidente de la Mesa Directiva, el priísta Gerardo Fierro Archuleta, dio por terminada la sesión y ordenó que se apagaran todos los micrófonos del recinto.
CCE pide transparencia
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitió un comunicado en el que exhorta a las autoridades estatales a transparentar el caso, ya que “al ser tiempos electorales, este tipo de acciones (la detención) inevitablemente inducen a pensar en un trasfondo político-partidista”.
Juan Alberto Blanco Saldívar fue presidente municipal de 2004 a 2007, está acusado de recibir 5 millones de pesos a cambio de favorecer a la empresa Sirssa con la concesión del relleno sanitario. Según declararon los propietarios de la compañía, el dinero estaría destinado a la campaña de Blanco en busca de la gubernatura en el 2010.
El juez Romano divulgó que podría tomar hasta un año para dictar sentencia, la cual, de darse, llegaría a los dos años de prisión.
Comentario:
En cualquier caso, debe ser comprobada la culpabilidad de una persona. ¿Se puede probar que recibió esa cantidad?
martes, 14 de abril de 2009
Trabajadores de la SRA mantienen paro nacional.
Noticia:
Trabajadores sindicalizados de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y del Registro Agrario Nacional iniciaron hoy un paro nacional de labores y tomaron los edificios sedes en la capital del país y del interior de la República, para demandar la destitución del oficial mayor de la dependencia, Alberto Coronado Quintanilla, a quien acusan de cometer actos de corrupción.
Marcos Marín Chacón, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la citada dependencia, que aglutina a más de tres mil trabajadores, destacó que el funcionario "cambió unilateralmente los acuerdos y las minutas alcanzadas sobre las condiciones generales de trabajo que deben regir la relación laboral entre la Secretaría y sus trabajadores".
Ante esa inconformidad, sostuvo que no levantarán el paro hasta que el titular de SRA, Abelardo Escobar Prieto, retire de su cargo al oficial mayor y ordene una investigación legal contra las irregularidades cometidas por éste en la Secretaría.
Este martes, un grupo de trabajadores inició una protesta desde las 8:00 horas afuera de las oficinas centrales de a SRA, localizadas en Azafrán y Chicle, colonia Granjas México, con mantas en las que se leían leyendas donde exigen el cese del oficial mayor al tiempo que iniciaban asambleas permanentes, para exponer los actos de corrupción, desvío de recursos y actos de nepotismo que lleva a cabo Coronado Quintanilla.
"Demandamos al Ejecutivo federal y al Legislativo una investigación en contra de Alberto Coronado Quintanilla, quien no sólo busca terminar con los derechos sindicales de los trabajadores, sino también porque desde meses atrás utiliza el cargo para obtener beneficios para él y su familia".
Comentario:
Pues a investigar a este funcionario.
Trabajadores sindicalizados de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y del Registro Agrario Nacional iniciaron hoy un paro nacional de labores y tomaron los edificios sedes en la capital del país y del interior de la República, para demandar la destitución del oficial mayor de la dependencia, Alberto Coronado Quintanilla, a quien acusan de cometer actos de corrupción.
Marcos Marín Chacón, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la citada dependencia, que aglutina a más de tres mil trabajadores, destacó que el funcionario "cambió unilateralmente los acuerdos y las minutas alcanzadas sobre las condiciones generales de trabajo que deben regir la relación laboral entre la Secretaría y sus trabajadores".
Ante esa inconformidad, sostuvo que no levantarán el paro hasta que el titular de SRA, Abelardo Escobar Prieto, retire de su cargo al oficial mayor y ordene una investigación legal contra las irregularidades cometidas por éste en la Secretaría.
Este martes, un grupo de trabajadores inició una protesta desde las 8:00 horas afuera de las oficinas centrales de a SRA, localizadas en Azafrán y Chicle, colonia Granjas México, con mantas en las que se leían leyendas donde exigen el cese del oficial mayor al tiempo que iniciaban asambleas permanentes, para exponer los actos de corrupción, desvío de recursos y actos de nepotismo que lleva a cabo Coronado Quintanilla.
"Demandamos al Ejecutivo federal y al Legislativo una investigación en contra de Alberto Coronado Quintanilla, quien no sólo busca terminar con los derechos sindicales de los trabajadores, sino también porque desde meses atrás utiliza el cargo para obtener beneficios para él y su familia".
Comentario:
Pues a investigar a este funcionario.
lunes, 6 de abril de 2009
El ISSSTE encabeza sanciones por corrupción.
Noticia:
En los últimos ocho años, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) se ha consolidado como la institución con el mayor número de servidores públicos sancionados por actos de corrupción, negligencia, abuso de autoridad o faltas administrativas con 3 mil 255 registros, con cifras que duplican al IMSS, ganador del premio al trámite más inútil de 2008.
En un recuento realizado por EL UNIVERSAL con base en información de la Secretaría de la Función Pública (SFP), del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2008, hubo 26 mil 828 servidores públicos suspendidos, inhabilitados o cesados, la mayoría de ellos, sin la etiqueta de “peces gordos”.
Además de las sanciones que llevan a la suspensión, inhabilitación o destitución, a la par, hay amonestaciones públicas o privadas, así como sanciones económicas, que en este periodo suman mil 347 funcionarios que pagaron multas por 42 millones 452 mil 490 pesos.
El recuento está realizado por este diario con base en las cifras totales, sin tomar en cuenta el número de empleados que labora en cada dependencia.
Si bien el ISSSTE es la institución con más sancionados, la Procuraduría General de la República (PGR) es la que tiene el número más elevado de personal cesado, ya que suma 199 servidores públicos dados de baja, aunque debe subrayarse que la mayoría de los ceses (167), se dio de 2000 a 2002, 30 de 2003 a 2005 y el resto, (dos), de 2006 al 31 de diciembre de 2008.
Como complemento a la solicitud de información, la SFP informó que desde el 1 de enero de 2000, “han sido sancionados con inhabilitación, mil 1751 servidores públicos”, con separación del cargo que va de 10 meses, hasta 20 años.
A diferencia de las principales instituciones que tienen reportes de sanciones a su personal, el ISSSTE mantiene una constante en tres distintas relaciones del gobierno federal, ya que el resto, tiene incrementos o declives relacionados con el fin o principio de sexenio, o bien, el cambio de su titular.
En la relación del ISSSTE, se consideró el Hospital Manuel Gea González, el Fondo de la Vivienda del ISSSTE y el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, cuyo personal, desde cajeros hasta gerentes, ha sido el que más sanciones ha recibido, por defraudación.
Con sus distintas áreas, Petróleos Mexicanos (Pemex) suma la segunda posición en casos de corrupción con 2 mil 587 empleados y funcionarios suspendidos, inhabilitados o cesados por actos de corrupción, de acuerdo a la relación proporcionada por la SFP vía el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
En el caso de Pemex, se consideró a Pemex-Refinación; Pemex-Petroquímica; Pemex-Exploración y Producción; Gas y Petroquímica Básica, así como media docena de petroquímicas como Camargo y Cosoleacaque y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
Los datos ubican a la PGR en el tercer lugar, principalmente por sanciones contra judiciales, representantes del Ministerio Público, pilotos, además hasta secretarias y choferes, en tanto que la Secretaría de Seguridad Pública, otra de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, se encuentra como sexta en la lista.
En el caso de la SSP, cabe destacar que la mayoría de sus sancionados provienen de la Policía Federal Preventiva (PFP), la cual, de 2000 a 2002, tuvo solamente 59 sancionados, sin embargo, en los siguientes periodos, que van de 2003 a 2005, la cifra aumentó a 656 y en los dos últimos años fue de 557.
Según los datos oficiales, en el último tramo del sexenio del presidente Ernesto Zedillo y los primeros meses del gobierno de Vicente Fox, la PGR ha tenido el mayor número de servidores públicos amonestados con mil 435, cifra, hasta la fecha insuperable por el resto de instituciones que forman parte de esta lista, en un solo periodo de dos años.
Durante los primeros años de los gobiernos panistas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se ha convertido en uno de los órganos más cuestionados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aunque a diferencia de los dos primeros reportes de 2000 a 2005, sus datos de sanciones por actos de corrupción, negligencia administrativa o otras violaciones a la ley, han bajado considerablemente.
Situación parecida a lo que ocurre con el IMSS, ya que luego de haber obtenido el “reconocimiento” de contar con el trámite más inútil del país, la SFP ha enfocado sus tareas a tratar de eliminar el eterno problema de más ventanillas innecesarias.
En un acto público celebrado el pasado 9 de diciembre, el presidente Felipe Calderón afirmó que hasta ese día había 11 mil 500 funcionarios sancionados, aunque el número de sanciones se extienda, ya que algunos servidores públicos reciben más de una amonestación por un solo expediente.
Comentario:
¿Les dará un pocquito de verguenza a los funcionarios sancionados?
jueves, 2 de abril de 2009
La Policía israelí interroga al nuevo ministro de Exteriores.
Noticia:
La Policía israelí ha interrogado al nuevo ministro de Exteriores, el ultranacionalista Avigdor Lieberman, durante más de siete horas por supuesto soborno, blanqueo de dinero y abuso de poder.
Lieberman, que ha negado haber cometido ningún delito, juró su cargo como ministro de Exteriores el martes. Su nombramiento ha alarmado a los palestinos por su retórica anti árabe, calificada de racista por sus críticos. Ayer, Lieberman rechazó cualquier concesión a los palestinos: "Quienes piensan que mediante concesiones se ganarán el respeto y lograrán la paz, están equivocados... Aquellos que quieran la paz deben prepararse para la guerra y ser fuertes".
El interrogatorio forma parte de una investigación en marcha sobre la que no se conocen más detalles. Lieberman ha sido interrogado antes, pero nunca como ministro de Exteriores.
Comentario:
Y dicen los que saben que la policía israelí es dura.
martes, 17 de marzo de 2009
El empresario Durán, último condenado a cuatro años por el 'caso del maletín'.
Noticia:
El empresario venezolano Franklin Durán fue condenado en un tribunal de Miami a cuatro años de cárcel y tres de libertad vigilada, así como 175.000 dólares de multa por conspirar y actuar como agente extranjero sin permiso de Estados Unidos. Durán fue el único de los cuatro acusados que no se declaró culpable de presionar a su amigo Guido Antonini para ocultar el origen y el destino de los 800.000 dólares que le incautaron en un maletín a su llegada a Buenos Aires en un vuelo desde Caracas el 4 de agosto de 2007. La juez Joan Lenard, tras una jornada maratoniana, redujo sensiblemente la condena, que podría haber llegado a los 15 años de prisión.
Terminó así, al menos en una primera instancia judicial, la larga telenovela de espías que se inició hace más de 16 meses en la aduana argentina, bautizada como el caso del Valijagate. Antonini, alias El Gordo, regresó a Miami, donde ya residía, y empezó a colaborar con las autoridades al ser acosado por el grupo.
Según la fiscalía, la cantidad de dinero incautada iba destinada a financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández, ganadora poco después de las elecciones. Antonini declaró ante el tribunal que en el mismo avión fletado desde Caracas por Petróleos de Venezuela (PDVSA) iba otro maletín con más de cuatro millones de dólares, cerca de tres millones de euros. Los gobiernos de Argentina y Venezuela han negado todo.
Durán, junto a otros dos venezolanos, el también empresario Carlos Kauffman y el abogado Moisés Maionica, así como el uruguayo Rodolfo Wanseele, que trabajaba en una empresa de importación-exportación, fueron detenidos en diciembre de 2007 acusados de ser agentes del gobierno de Caracas. Sólo escapó, y sigue en busca y captura, un quinto implicado en la trama, Antonio José Canchica, agente de la Disip, el servicio de inteligencia venezolano. El FBI, con la ayuda de Antonini, grabó numerosas conversaciones en las que quedaron en clara evidencia todos los acusados.
Durante los primeros meses de 2008 se fueron declarando culpables Maionica, Kauffmann y Wanseele para así rebajar su pena y no exponerse a los 15 años de cárcel en un juicio. Pero Durán no quiso. Las vistas de los tres primeros fueron en diciembre y Kauffmann incluso está ya en libertad desde enero de este año pues fue condenado a 15 meses de cárcel y ya llevaba 13 en prisión. Maionica, el primero que dio el paso al saber mejor que nadie a lo que se exponía, podría salir en junio tras recibir dos años de sentencia. Lo hará, en cualquier caso, antes que Wanseele, condenado una pena mayor, dos años y 10 meses por su "relación directa" con la Disip, según justificó en su momento Lenard. Pero resulta significativo que él sólo era el chófer en los encuentros, el menos importante del grupo y el más modesto, que ni siquiera pudo pagarse un abogado. Sólo le defendió uno de oficio.
Dilatación
Durán, multimillonario con empresas intermediarias de PDVSA, antiguo compañero de carreras de automóviles con Antonini y con quien tiene abiertos también una serie de juicios paralelos por reclamaciones económicas, ha tratado de dilatar en el tiempo el proceso y complicarlo a través de su abogado Edward Shohat, un conocido profesional experto en defender empresarios y narcotraficantes con graves problemas. En gran parte lo ha conseguido. Aunque tras siete días de deliberaciones, un jurado declaró culpable a Durán en noviembre de 2008, el 12 de enero pasado, Shohat consiguió ya aplazar la sentencia dos meses planteando múltiples objeciones. Pidió que la pena se rebajase a tres años, argumentando incluso que su cliente es una persona "decente y humanitaria". Acompañó sus alegaciones con cartas de amigos y hasta de un arzobispo venezolano. El pasado día 6 la juez Lenard le denegó separar la última vista en dos, con la presentación de 36 objeciones por un lado y la sentencia por otro. Finalmente, ayer, en una maratoniana sesión, se saldó todo.
Ante hechos tan diáfanos como los del Valijagate, con pruebas contundentes, el vencedor, aunque por menos años de los pedidos, ha sido la "estrella" jurídica contraria en este caso, el fiscal federal Thomas Mulvihill, que ha logrado enviar a prisión durante su carrera a personajes influyentes. Esta vez no tuvo dudas al denunciar la financiación ilegal de la campaña de la actual presidenta de Argentina, cuyo enfado, que la llevó a acusar incluso de intervencionismo a Estados Unidos, pudo ser comparable al de Fidel Castro en 1988 cuando el mismo Mulvihill declaró que Cuba cobraba dinero del narcotráfico para permitir que su país fuera escala de los cargamentos de droga hacia Estados Unidos. También se grabaron conversaciones comprometedoras.
Comentario:
Un caso que apestaba desde un principio.
lunes, 16 de marzo de 2009
Corrupción “atrapa” a policías de EU.
Noticia:
Oficiales de la Border Patrol, de Aduanas y de la policía estatal de Estados Unidos han recibido pagos de miles de dólares de los cárteles mexicanos del narcotráfico, para que protejan cargamentos de droga que cruzan por la frontera de México hacia el interior de Estados Unidos, por lo que han sido condenados o sujetos a procesos en juzgados estadounidenses bajo cargos de corrupción y ofensas relacionadas con tráfico de drogas; indica información de estos casos en los estados de Texas y Nuevo México.
Mientras que los agentes de Estados Unidos, con edades que promedian los 35 años, pretendían combatir al narcotráfico desde sus posiciones como oficiales del orden en la frontera con México, información de las cortes indica que en realidad aceptaban sobornos cuantificados en más de 62 mil dólares tan sólo en los casos de tres agentes de la Patrulla Fronteriza acusados por el gobierno de ese país de estar involucrados directamente con el narcotráfico. Además se refiere el caso de otro agente de la misma corporación, uno de Aduanas y Migración y otro de la Policía Estatal, que en hechos por separado ingresaron más de mil 300 kilogramos de cocaína a ese país con intención de venderla.
El miércoles 18 de marzo a las 2 de la tarde, en McAllen, Texas, Leonel Morales ex agente de la Patrulla Fronteriza, en el condado Zapata en Texas, recibirá sentencia después de que en enero pasado se declaró culpable de haber recibido 9 mil dólares por escoltar 20 kilogramos de cocaína entre junio y agosto de 2008, y fue introducido a ese negocio por su primo Salomón Ruiz, de 34 años, otro ex agente de la misma corporación en el Valle Río Grande, quien recibió 14 mil dólares por proteger un cargamento de 25 kilogramos de cocaína.
Durante el periodo de investigación de octubre de 2006 al 11 de septiembre de 2008, cinco agencias estadounidenses, entre ellas el Buró Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés) y la Agencia Antidrogas (DEA) descubrieron a los dos ex agentes de la Patrulla Fronteriza cometiendo varios delitos, entre ellos el de corrupción, delito federal por el que podrían recibir más de 15 años en prisión y una multa de más de tres veces el monto del soborno que recibieron.
El ex agente Ruiz, que se declaró culpable el 30 de enero pasado, se encuentra encarcelado desde el 3 de diciembre de 2008 cuando fue detenido bajo cuatro cargos: corrupción, conspirar con otros para poseer con intención de distribuir más de cinco kilogramos de cocaína entre el 7 de junio y el 11 de septiembre de 2008; y ayudar así como incitar a poseer cocaína con intención de distribuirla.
Ruiz será sentenciado el martes 28 de abril, a las 2 de la tarde, en audiencia que será presidida por el juez Randy Crane en McAllen, precisó información del fiscal Tim Johnson, de la sección de corrupción de la Oficina del procurador general de Justicia de Estados Unidos.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza “que violan la confianza de los ciudadanos a los que ellos juraron proteger deben ser sujetos a transparencia”, indicó Ronald D. Vitiello, jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector del Valle de Río Grande, tras conocer la declaratoria de culpabilidad de Ruiz.
“La corrupción de la que nos preocupamos no se detiene en San Diego, Nogales y Brownsville, extiende sus tentáculos a cada lugar donde estas organizaciones distribuyen su veneno. Como su riqueza y su poder se incrementa, casi siempre exponencialmente, eso les da capacidad de corromper. Nuestra estrategia en la frontera sur mejor debería ser llamada estrategia del hemisferio Oeste, por que en cualquier casa que enfrentemos a este enemigo vemos corrupción, intimidación y violencia, las herramientas del crimen organizado”, afirmaba desde mayo de 1997 Thomas Constantine, durante su comparecencia en el Congreso de Estados Unidos en calidad de administrador de la DEA durante el mandato de Bill Clinton.
Para Constantine la influencia de los cárteles del narcotráfico “no se detiene en la frontera, se extiende virtualmente en cada ciudad y pueblo en Estados Unidos en la medida en que ellos dominan el tráfico de cocaína, heroína, mariguana y metanfetaminas en nuestro país”.
De hecho, el 23 de diciembre de 2008, agentes del FBI detuvieron a Eric Raymond Macías, de 29 años, agente de la Patrulla Fronteriza acusado de recibir 39 mil dólares por distribuir 100 kilogramos de mariguana y cinco de cocaína entre septiembre de 2007 y febrero de 2008, usando además su propio vehículo vestido con uniforme oficial para transportar droga a través de la frontera Estados Unidos-México dentro de su área de patrullaje en la Interestatal 10 oeste de Las Cruces.
Macías quien está preso en la cárcel del condado de doña Ana en Nuevo México, es acusado de conspirar para distribuir mariguana y cocaína, e incitar a otros a hacerlo. Además, el ex agente informó a una persona, que se cree es un narcotraficante, la ruta que debería tomar para evitar el punto de revisión de la Patrulla Fronteriza en el sureste de Nuevo México, indica la declaración al jurado.
Para llegar a la detención de Macías tanto el FBI como la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, la de Asuntos Internos de la Aduana y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos efectuaron una investigación durante dos años.
Corrupción en la Patrulla Fronteriza de EU
En tanto, en términos de cantidad de cocaína está el caso de Jorge Alberto Leija, de 43 años, ex inspector de la Patrulla Fronteriza, que fue arrestado en Texas el 30 de octubre de 2008 acusado de conspirar para poseer cocaína con intento de distribuirla, y ayudar a narcotraficantes a ingresar aproximadamente mil 350 kilogramos de cocaína a Estados Unidos desde enero de 2001 a octubre de 2006.
Leija permitía a los narcotraficantes cruzar carros con cocaína a través de su carril de acceso en el punto de ingreso fronterizo de Eagle Pass, sin inspeccionarlos, reveló una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, además en septiembre de 2003 recibió 30 mil dólares para falsear información en la solicitud para obtener un pasaporte estadounidense de otra persona, agregando con ello el cargo de declaraciones falsas.
El ex inspector, originario de Coahuila, se naturalizó estadounidense y tenía un salario de 62 mil dólares al año, pero debía más de 50 mil dólares en tarjetas de crédito y pagos de auto, de acuerdo con los documentos de la corte.
Otro agente de la Patrulla Fronteriza de Harlingen, conocido como Reynaldo Zúñiga, de 34 años, fue detenido en junio de 2008 acusado de ayudar a dos hombres mexicanos de Reynosa, Tamaulipas; de traficar 11 ladrillos de cocaína hacia Estados Unidos.
En la acusación se precisa que Zúñiga recogió a Luis Alfredo Cruz, de 29 años, y José Luis Arteaga, de 24 años, a lo largo del río Grande y manejó hasta un restaurante de comida rápida en Hidalgo, donde los dos hombres se encontrarían con otra persona.
Finalmente, en noviembre de 2008, Jesús Rafael Larrazolo, de 35 años, un agente de la policía estatal de Texas fue detenido por la Unidad Especial del FBI bajo los cargos de poseer con intención de distribuir cocaína en Estados Unidos. En su defensa, Larrazolo alegó que fue amenazado para recoger los 26 kilogramos de droga que se encontraron en dos portafolios en el momento de su detención.
Comentario:
Estados Unidos debe ser más transparente en la cuestión de informar sobre casos de corrupción de sus cuerpos policiacos. Sólo así, habrá mayor confianza entre México y Estados Unidos.
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