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En Chicoloapan, estado de México, los bomberos detienen labores para exigir pago de salarios y recursos para gasolina; en El Llano, Aguascalientes, el drenaje tendrá que esperar; en Jiutepec, Morelos, en siete colonias falta agua porque no hay dinero para pagar la electricidad con la que distribuyen el líquido.
Aunque los municipios son diferentes, la situación es la misma: las autoridades resienten los estragos de la reducción de las participaciones federales. Ayer este diario publicó que 95% de los 2 mil 435 municipios del país están prácticamente sin recursos.
En un análisis, el alcalde saliente de Ecatepec, estado de México, José Luis Gutiérrez Cureño, advierte que la cancelación del gasto público en las comunidades, las obras detenidas, el incumplimiento de compromisos con proveedores y con los propios trabajadores de los municipios, así como la suspensión de programas, pueden ser antecedentes de un estallido social.
Las condiciones de quebranto financiero en los gobiernos municipales no vislumbran mejoría para 2010. Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así lo prevén: en su anteproyecto de presupuesto para el año entrante, ha sugerido reducir hasta en 20.5% el gasto para infraestructura.
La Asociación de Municipios de México plantea una posible salida al problema. Insiste en que las administraciones locales tienen que activar sus propias fuentes de ingreso. “Hacemos un llamado a los diputados federales y estatales para que aprueben leyes que permitan fortalecer los ingresos de los ayuntamientos”, dice Rubén Fernández, director ejecutivo de la organización.
En el mismo sentido, Saúl Arellano, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social expresa: “La Ley de Coordinación Fiscal tiene que reformarse para darle mayores atribuciones a los municipios y sobre todo, capacidad de recaudación local”.
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