Pena capital divide a Gobernadores.

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Son 16 los gobernadores del país que rechazan la reinstauración de la pena de muerte como medida para reducir los secuestros; la otra mitad se inclina por un debate nacional, aplicar cadena perpetua, dejar en manos del Congreso de la Unión la decisión o eluden el tema.

Algunos, pese a externar su negativa, como el perredista Narciso Agúndez Montaño (BCS) y los priístas Andrés Granier Melo (Tabasco) y Jesús Silverio Cavazos Ceballos (Colima), aceptan la realización de un debate nacional y que se decida a través de una consulta ciudadana.

En este sentido se pronunciaron los mandatarios priístas de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, y de Nuevo León, José Natividad González Parás, aunque, de entrada, dijeron estar a favor de llevar al cadalso a plagiarios asesinos, pena que fue abolida en 2005 para los delitos de traición a la patria, parricidio y homicidio agravado, entre otros.

Al menos 16 gobernadores, de los 32 que integran la Federación, se oponen a que el castigo de muerte sea la solución a este delito, según un sondeo que practicó EL UNIVERSAL con los titulares de cada estado.

Sólo seis mandatarios apoyan abiertamente la medida (Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán). Cinco no fijaron postura (Campeche, Chiapas, Nayarit, Querétaro y Tamaulipas); tres se pronunciaron por “penas severas”, como la cadena perpetua (Oaxaca, Puebla y Veracruz); y dos respaldan simplemente el debate (Hidalgo y Quintana Roo).

Moreira inició el debate

El priísta Humberto Moreira Valdés, gobernador de Coahuila, colocó el tema en la agenda nacional, luego de impulsar una iniciativa en el Congreso de su entidad.

Con el respaldo de los legisladores coahuilenses del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el pasado 2 de diciembre se aprobó el dictamen para promover ante el Congreso de la Unión una reforma constitucional que aplique pena capital a secuestradores homicidas.

Este jueves, una comisión de cinco legisladores, encabezada por el priísta y líder de ese Congreso local, Horacio del Bosque Dávila, entregará la iniciativa de reforma a los artículos 14 y 22 de la Constitución federal al presidente de la Cámara de Diputados, Horacio Duarte.

El PAN en franco rechazo

Salvo Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes, los gobernadores que pertenecen al Partido Acción Nacional (PAN) rechazan la aplicación de la pena máxima.

“Los actuales instrumentos legislativos son muy laxos y se necesitan castigos más severos”, consideró Reynoso, al afirmar que es la única salida cuando los criminales no tienen miedo a la ley.

José Guadalupe Osuna Millán (Baja California), Juan Manuel Oliva Ramírez (Guanajuato), Emilio González Márquez (Jalisco), Marco Adame (Morelos), Marcelo de los Santos Fraga (San Luis Potosí) y Héctor Ortiz Ortiz (Tlaxcala) subrayaron que México no puede aplicar este castigo, porque se contrapone a los acuerdos internacionales que ha firmado.

El panista Francisco Garrido Patrón (Querétaro), acorde a su estilo de gobernar, decidió no hablar del tema.

Entre los argumentos manifestados por los mandatarios albiazules destaca que la pena de muerte no garantiza la disminución de delitos. Señalaron que el “ciclo de la vida debe terminar por causas naturales” y que la privación de la libertad ya es un castigo contundente.

Pidieron, además, no mezclar el debate con asuntos electorales, a siete meses de los comicios federales y de la renovación de seis gubernaturas.

Penas severas, sin llegar a la muerte

Los priístas Fidel Herrera Beltrán (Veracruz) y Mario Marín Torres (Puebla), partidarios de que se castigue “severamente” a los plagiarios que matan a sus víctimas, se pronunciaron por otras medidas, como la cadena perpetua, penalidad que ya fue avalada en sus Congresos locales.

En las dos entidades, legisladores apoyaron aumentar a penas vitalicias las condenas a secuestradores que torturan o asesinan a sus víctimas, que eran de hasta 70 años.

Del mismo modo, Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca, apoya castigos severos, sin llegar a la muerte. Dijo que el tema es asunto cerrado en su estado, donde el Legislativo local aprobó sentencias de 75 y hasta 105 años contra este tipo de delincuentes.

Posturas discordantes

Las posiciones de los mandatarios que tienen en sus estados el mayor índice delictivo y una alta presencia del crimen organizado, no coinciden.

José Reyes Baeza Terrazas (Chihuahua), aunque está a favor de que se mate a los secuestradores asesinos, anunció una consulta pública para que sea la sociedad quien determine —sólo le faltó fijar la fecha.

De Sinaloa, Jesús Alberto Aguilar Padilla, también en apoyo al castigo capital, señaló que la medida debe ser por un periodo perentorio, “una vigencia máxima de un año”.

En total desacuerdo está el panista José Guadalupe Osuna Millán, de Baja California, en cuya entidad fronteriza se registra el mayor número de plagios. Sugirió combatir la impunidad, acatar la Constitución Mexicana y aplicar “realmente” los castigos contra los secuestrados. En su caso, aludió a la cadena perpetua.

Comentario:

El tema es una "papa" hirviendo.