Mediática, muy vistosa... pero errada

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No hubo distinciones ni importó el cargo. A los 27 funcionarios, alcaldes y policías de Michoacán la Procuraduría General de la República (PGR) los acusó de recibir pagos millonarios y en dólares por facilitar y encubrir las operaciones de La Familia Michoacana. Era un golpe, según las autoridades, contra una parte de la estructura política al servicio de esa organización criminal. Un año después esas imputaciones basadas en declaraciones de tres testigos protegidos —“Ricardo”, “Emilio” y “Paco”— resultaron ser falsas en el caso de la mayoría de los acusados.

Fue un escándalo nacional al inicio. A los acusados se les responsabilizó de ocultar y proteger a los jefes y sicarios del cártel de La Familia, revelar los movimientos policiacos y militares para su captura o de liberar a miembros de la organización criminal. Se les ubicó en fiestas de narcos y políticos, incluso en amoríos, compadrazgos y en fotos con criminales o recibir financiamiento del narco para sus campañas políticas, pero también en asesinatos y desapariciones. Al final, la PGR no probó los cargos contra 17 de ellos y sólo 10 siguen en prisión.

Contra los 27 funcionarios no hubo investigaciones sobre propiedades, movimientos financieros, redes de vínculos o reportes periciales que los impliquen en delitos. Ninguno de los jueces federales que ha conocido de este caso recibió pruebas adicionales a los cargos hechos por los testigos protegidos, cuyas declaraciones fueron el soporte de las imputaciones contra todos ellos, según el expediente de apelación 576/2009 y al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL.

Los tres testigos colaboradores en quienes se apoyó la PGR para arraigar y posteriormente enviar a la cárcel a los arrestados durante el operativo policiaco-militar del 26 de mayo de 2009, tienen en común el haber servido al cártel de La Familia Michoacana. Uno fue policía ministerial y los otros dos sicarios, aunque uno de ellos, “Paco”, se autodefinió también como integrante de Los Zetas, de acuerdo con informes contenidos en el citado expediente del caso.

Se desvanecen acusaciones

A comienzos del año comenzaron a desinflarse las acusaciones de los testigos protegidos. El primer síntoma de ello ocurrió el 10 de enero, cuando llegó al Juzgado Segundo de Distrito de Tepic el oficio CGAP/054/2010 firmado por el fiscal especial de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Fernando Rosales Solís, en el que no sólo no se opuso al traslado de los detenidos a un penal de Michoacán. En ese documento reconoció por escrito ante el juzgado que “durante el desarrollo del proceso no se advierten indicios que permitan establecer objetivamente un perfil de peligrosidad en los procesados”.

Iniciaba con ello el derrumbe de la mayor parte de las acusaciones contra los detenidos por este caso. Apenas 19 días después, las revelaciones de los tres colaboradores de la PGR fueron consideradas por el magistrado Lázaro Franco Robles como medios de convicción insuficientes para demostrar la pertenencia de la mayoría de los funcionarios a La Familia Michoacana y ordenó con las reservas de ley su libertad inmediata.

A quien se concedió la libertad por falta de elementos para procesar fue a Citlalli Fernández González, ex secretaria de Seguridad Pública estatal y asesora del gobernador Leonel Godoy. “Paco” la señaló como quien fungía como “enlace” de La Familia Michoacana con la élite del poder político en la entidad. Incluso, “Emilio” la ubicó en una fiesta con narcos y “Ricardo” como pareja sentimental de uno de los jefes de La Familia, Dionisio Loya Plancarte, El Tío.

Los otros liberados fueron los alcaldes Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec; Antonio Ixtlahuac Orihuela, de Zitácuaro; Antonio González Rodríguez, de Uruapan; José Luis Ávila Franco, de Ciudad Hidalgo y Adán Tafolla Ortiz, de Tumbiscatío; Jaime Liera Álvarez, juez de Primera Instancia en La Piedad y ex subprocurador; Ignacio Mendoza Jiménez, subprocurador de Justicia; Roberto Rubio Vázquez, director de Seguridad Pública de Tumbiscatío; Abel Salazar Gómez, síndico de Lázaro Cárdenas; Dionisio Salvador Valencia Palomares, director de Obras Públicas de Arteaga; Baldomero Morales Rivera, policía de Lázaro Cárdenas y la agente Gabriela Mata Chávez.

A esas libertades se sumarían semanas después las del alcalde de Apatzingán Genaro Guízar Valencia, y la del director de Fomento Industrial del estado, Ricardo Rubí Bustamante. Tres alcaldes fueron liberados desde antes de la consignación por no poderles probar delito alguno y ellos fueron Audel Méndez Chávez, de Coahuayana; José Cortez Ramos, de Aquila, y Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buenavista.

Los aún presos

Paradójicamente, declaraciones casi idénticas de los testigos protegidos mantienen en prisión a 10 de los funcionarios detenidos el 26 de mayo.

El fallo del magistrado Lázaro Franco Robles consideró que lo que sí quedó acreditado con las declaraciones de los colaboradores de la PGR fue la operación y actividades de La Familia Michoacana y la evidencia de que para facilitar sus fines este grupo copta autoridades de los tres niveles de gobierno, además de coordinar con diferentes partidos políticos la selección de candidatos y sus colaboradores a las diferentes presidencias municipales.

En el veredicto quedó demostrado que el citado cártel se infiltró en la organización policiaca.

Siguen presos Ramón Ponce Ponce, coordinador de Asesores del procurador del estado y ex subprocurador, además del ex secretario de Seguridad Pública, Mario Bautista Ramírez, y de los policías Irlanda Sánchez Román, Antonio Sánchez Gaytán, Victorino Jacobo Reyes, José Lino Zamora Hernández, Noé Medina Martínez, Faraón Martínez Molina y Alfredo Ramírez García, así como el ex alcalde de Arteaga, Jairo Germán Rivas Páramo.

También permanece recluido el ex procurador Miguel García Hurtado, detenido días después del michoacanazo.

Ellos, aseguró, se integraron a la organización sin tener la calidad de líderes, pero en esencia daban protección a los miembros de La Familia, avisaban de la colocación de retenes u operativos policiales, intervenían para liberar a quienes eran detenidos, custodiaban cargamentos de droga y de dinero, transportaban armamento y escoltaban a jefes y sicarios, entre otras tareas.