Noticia:
Gatilleros al servicio del crimen organizado bloquearon de manera simultánea 12 arterias de la zona metropolitana de Monterrey para impedir el desplazamiento de fuerzas federales, luego de registrarse un intensa balacera en el municipio conurbado de Apodaca y de un ataque a la comandancia del municipio de Cerralvo, 100 kilómetros al noroeste de la capital neolonesa, donde un policía fue herido.
Según el secretario estatal de Seguridad Pública, Luis Carlos Treviño Berchelmann, los bloqueos ocurrieron ayer en San Nicolás, Escobedo, Apodaca, Guadalupe y Monterrey, donde, en contraste con otras ocasiones, hubo una respuesta inmediata de las fuerzas federales, lo que permitió liberar las vialidades en 35 minutos.
El funcionario dijo que para bloquear las calles y avenidas de la ciudad, hombres fuertemente armados que despojaron de sus vehículos a varios conductores, aunque sin reportes de muertos o lesionados, utilizaron principalmente transportes de carga pesados que habrían sido capturados de manera previa.
Treviño Berchelmann confirmó que fueron 12 los puntos bloqueados en los municipios conurbados de la zona metropolitana, la mayoría de ellos en el área de San Nicolás, principalmente en la periferia donde se ubican las instalaciones de la Marina y sobre la carretera Miguel Alemán.
Un bloqueo se produjo en Escobedo, otro en Apodaca, uno en Guadalupe y uno más en Monterrey. “Todos fueron atendidos debidamente. En promedio, el tiempo transcurrido entre que llegaron a poner el bloqueo y en quitarlo fue de 35 minutos”, informó el titular de Seguridad Pública.
El bloque simultáneo de calles y avenidas de la zona metropolitana regia fue el tercero que se registra en lo que va de este mes, luego de que el 3 de junio hombres armados atravesaron vehículos pesados en dos puntos del Libramiento Noroeste. El día 9, los pistoleros bloquearon 41 puntos de la ciudad tras la captura de un alto jefe del grupo de Los Zetas.
Los bloqueos del 9 de junio coincidieron con el inicio de vacaciones del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal (PAN), quien viajó a Sudáfrica para presenciar los partidos del Selección Mexicana en la Copa Mundial de Fútbol. El regreso del alcalde se produjo durante el bloqueo del jueves.
Un fuerte enfrentamiento a balazos se produjo durante la madrugada del jueves en el municipio de Apodaca, aledaño al oriente de Monterrey, sin que se registraran víctimas o detenidos, aunque sí situaciones de alarma entre la población, según el secretario de Seguridad Pública local, Clemente Yáñez Carrillo.
La balacera se inició en el fraccionamiento Las Golondrinas entre bandas contrarias, que luego protagonizaron una persecución hasta la colonia Rodolfo Espinoza, donde logró intervenir el Ejército sin que se reportaran detenciones.
La balacera se registró luego de que durante la noche del miércoles varios desconocidos dispararon contra la comandancia de Policía y Tránsito del municipio de Cerralvo, donde hirieron al policía José Luis López Martínez, quien se encontraba de guardia.
Informes oficiales, indicaron que la agresión fue efectuada por hombres que llegaron en tres camionetas y dispararon con armas de grueso calibre, causando daños en las instalaciones.
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viernes, 25 de junio de 2010
Zetas y cártel de Sinaloa chocan en Jalisco
Noticia:
En calles del pleno centro de Yahualica de González Gallo, en la zona de Los Altos de Jalisco, anoche se enfrentaron integrantes del grupo delictivo de los Zetas y del cartel de Sinaloa, con balas y granadas, con saldo de al parecer tres muertos, que fueron retirados por ellos del lugar de los hechos.
Habitantes del municipio denunciaron que al inicio de la balacera, alrededor de las 23:30 horas de ayer, reportaron los hechos sucedidos a cinco calles de la comandancia de policía y no fue atendido el llamado.
"Estamos a unos metros de donde se estaban matando. Hablamos muchas veces a la policía y no hicieron nada, ellos nunca llegaron", advirtió esta madrugada una mujer de 50 años.
En cambio, medio centenar de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado implementaron operativos en diferentes puntos del municipio.
"Los policías municipales se quedaron encuartelados y nos pidieron apoyo. Referían que eran unos 50 sujetos armados en camionetas. Al llegar encontramos una finca en la calle Ramón Corona con impactos de bala y daños por granadas", explicó un comandante de la policía estatal.
Señaló que en la calle quedaron unos 200 casquillos de bala de diferentes calibres, principalmente de fusil AK47 o cuerno de chivo y de rifle AR15.
El mando policiaco reconoció que los municipales reportaron el fallecimiento de tres personas, sin embargo a la llegada de los estatales no había cadáveres.
"En el reporte mencionaban de tres fallecidos, pero habitantes de la zona mencionaron que se los llevaron los sujetos que participaron en el hecho", aseveró.
Esta mañana, uniformados de la secretaría de seguridad de Jalisco recorren brechas y municipios de Los Altos en busca de los responsables del enfrentamiento.
En calles del pleno centro de Yahualica de González Gallo, en la zona de Los Altos de Jalisco, anoche se enfrentaron integrantes del grupo delictivo de los Zetas y del cartel de Sinaloa, con balas y granadas, con saldo de al parecer tres muertos, que fueron retirados por ellos del lugar de los hechos.
Habitantes del municipio denunciaron que al inicio de la balacera, alrededor de las 23:30 horas de ayer, reportaron los hechos sucedidos a cinco calles de la comandancia de policía y no fue atendido el llamado.
"Estamos a unos metros de donde se estaban matando. Hablamos muchas veces a la policía y no hicieron nada, ellos nunca llegaron", advirtió esta madrugada una mujer de 50 años.
En cambio, medio centenar de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado implementaron operativos en diferentes puntos del municipio.
"Los policías municipales se quedaron encuartelados y nos pidieron apoyo. Referían que eran unos 50 sujetos armados en camionetas. Al llegar encontramos una finca en la calle Ramón Corona con impactos de bala y daños por granadas", explicó un comandante de la policía estatal.
Señaló que en la calle quedaron unos 200 casquillos de bala de diferentes calibres, principalmente de fusil AK47 o cuerno de chivo y de rifle AR15.
El mando policiaco reconoció que los municipales reportaron el fallecimiento de tres personas, sin embargo a la llegada de los estatales no había cadáveres.
"En el reporte mencionaban de tres fallecidos, pero habitantes de la zona mencionaron que se los llevaron los sujetos que participaron en el hecho", aseveró.
Esta mañana, uniformados de la secretaría de seguridad de Jalisco recorren brechas y municipios de Los Altos en busca de los responsables del enfrentamiento.
jueves, 24 de junio de 2010
PF detiene a cómplice de “El JJ” y lo ligan al narco
Noticia:
La Policía Federal (PF) presentó ayer a Francisco José Barreto García, El Contador, presunto narcotraficante al servicio de José Jorge Balderas Garza, El JJ, quien disparó al futbolista Salvador Cabañas, y es uno de los operadores de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
Barreto García, quien fue detenido en Tlalnepantla, estado de México, el 22 de junio, es investigado por su presunta participación, el 25 de enero, en el atentado contra Cabañas ocurrido en el Bar Bar, informó el jefe de la División Antidrogas de la PF, Ramón Pequeño García.
Una vez detenido, El Contador confirmó a la policía la relación de El JJ con La Barbie, asegurando que es el jefe de plaza para su organización en el estado de México, y detalló el atentado contra el futbolista del club América, de la que fue el único testigo, informó el funcionario.
“En los días posteriores al atentado contra Cabañas, mantuvo comunicación con El JJ y le comentó que Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, estaban molestos con él por lo ocurrido en el centro nocturno”, dijo en conferencia de prensa en el Centro de Mando de la PF en Iztapalapa.
El Contador manifestó que El JJ y Cabañas se conocían por ser asiduos clientes del Bar Bar y que se saludaban cordialmente cuando se encontraban. Incluso Cabañas se dirigía El JJ con el sobrenombre de Papi, dijo Pequeño García.
Sobre la agresión, el detenido manifestó que ese día llegó al Bar Bar con El JJ aproximadamente a la una de la mañana a bordo de un vehículo Audi, color rojo, custodiados por ocho escoltas quienes se transportaban en una camioneta Durango, color negro y un auto Seat, color azul.
Al ingresar al inmueble, como de costumbre, no fueron revisados por el personal de seguridad para verificar si portaban armas, asignándoles la mesa que generalmente ocupaban en el bar.
Al ver a Cabañas, El JJ le reclamó preguntándole “qué pasaba con los goles”, lo que causó el malestar del futbolista, quien al parecer le contestó de manera agresiva, lo que motivó el enojo de El JJ.
Alrededor de las cinco de la mañana, Salvador Cabañas se dirigió al sanitario, en ese momento El JJ lo siguió acompañado por El Contador.
“Una vez que se encontraban al interior del sanitario, Barreto García refiere que observó cómo El JJ sujetó a Cabañas por el cuello con una mano y con la otra lo encañonaba con un arma de fuego en la frente, al momento que lo amenazaba.
“Barreto García señala que fue entonces cuando se escuchó un disparo y salieron del inmueble sin obstáculo alguno, contando con el apoyo del personal de seguridad del bar”, explicó el funcionario.
Al salir del lugar, El JJ se dirigió a Tecamachalco, estado de México y El Contador hacia el norte del DF. En los días posteriores tuvo conocimiento de la molestia de La Barbie y El Indio por la agresión.
Tiempo después, Barreto se enteró, por medio de sus colaboradores al interior de la organización, de que El JJ planeaba quitarle la vida debido a que tenía un adeudo con él por 200 mil dólares, además de ser el único testigo del hecho.
Tras la detención de El Indio, El JJ quedó como encargado de la plaza en el estado de México, aseguró El Contador.
Barreto García está identificado por la PF como presunto distribuidor de droga que operaba en Tultitlán, Tlalnepantla y Naucalpan en el estado de México, y su detención es resultado de trabajos de inteligencia que permitieron ubicarlo en el municipio de Tlalnepantla.
El Contador inició su actividad delictiva en 2007, al conocer a Javier Escalera, Willy, originario de Laredo, Texas quien lo presentó con El JJ en un centro comercial de Tultitlán, reclutándolo para trabajar al servicio de los hermanos Beltrán Leyva.
El comandante 8 era el jefe de un grupo de choque establecido en el estado de México para eliminar a integrantes de La Familia Michoacana por instrucciones de Edgar Valdez Villarreal, La Barbie. Su captura dio las primeras pistas para la identificación de Barreto García.
La Policía Federal (PF) presentó ayer a Francisco José Barreto García, El Contador, presunto narcotraficante al servicio de José Jorge Balderas Garza, El JJ, quien disparó al futbolista Salvador Cabañas, y es uno de los operadores de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
Barreto García, quien fue detenido en Tlalnepantla, estado de México, el 22 de junio, es investigado por su presunta participación, el 25 de enero, en el atentado contra Cabañas ocurrido en el Bar Bar, informó el jefe de la División Antidrogas de la PF, Ramón Pequeño García.
Una vez detenido, El Contador confirmó a la policía la relación de El JJ con La Barbie, asegurando que es el jefe de plaza para su organización en el estado de México, y detalló el atentado contra el futbolista del club América, de la que fue el único testigo, informó el funcionario.
“En los días posteriores al atentado contra Cabañas, mantuvo comunicación con El JJ y le comentó que Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, estaban molestos con él por lo ocurrido en el centro nocturno”, dijo en conferencia de prensa en el Centro de Mando de la PF en Iztapalapa.
El Contador manifestó que El JJ y Cabañas se conocían por ser asiduos clientes del Bar Bar y que se saludaban cordialmente cuando se encontraban. Incluso Cabañas se dirigía El JJ con el sobrenombre de Papi, dijo Pequeño García.
Sobre la agresión, el detenido manifestó que ese día llegó al Bar Bar con El JJ aproximadamente a la una de la mañana a bordo de un vehículo Audi, color rojo, custodiados por ocho escoltas quienes se transportaban en una camioneta Durango, color negro y un auto Seat, color azul.
Al ingresar al inmueble, como de costumbre, no fueron revisados por el personal de seguridad para verificar si portaban armas, asignándoles la mesa que generalmente ocupaban en el bar.
Al ver a Cabañas, El JJ le reclamó preguntándole “qué pasaba con los goles”, lo que causó el malestar del futbolista, quien al parecer le contestó de manera agresiva, lo que motivó el enojo de El JJ.
Alrededor de las cinco de la mañana, Salvador Cabañas se dirigió al sanitario, en ese momento El JJ lo siguió acompañado por El Contador.
“Una vez que se encontraban al interior del sanitario, Barreto García refiere que observó cómo El JJ sujetó a Cabañas por el cuello con una mano y con la otra lo encañonaba con un arma de fuego en la frente, al momento que lo amenazaba.
“Barreto García señala que fue entonces cuando se escuchó un disparo y salieron del inmueble sin obstáculo alguno, contando con el apoyo del personal de seguridad del bar”, explicó el funcionario.
Al salir del lugar, El JJ se dirigió a Tecamachalco, estado de México y El Contador hacia el norte del DF. En los días posteriores tuvo conocimiento de la molestia de La Barbie y El Indio por la agresión.
Tiempo después, Barreto se enteró, por medio de sus colaboradores al interior de la organización, de que El JJ planeaba quitarle la vida debido a que tenía un adeudo con él por 200 mil dólares, además de ser el único testigo del hecho.
Tras la detención de El Indio, El JJ quedó como encargado de la plaza en el estado de México, aseguró El Contador.
Barreto García está identificado por la PF como presunto distribuidor de droga que operaba en Tultitlán, Tlalnepantla y Naucalpan en el estado de México, y su detención es resultado de trabajos de inteligencia que permitieron ubicarlo en el municipio de Tlalnepantla.
El Contador inició su actividad delictiva en 2007, al conocer a Javier Escalera, Willy, originario de Laredo, Texas quien lo presentó con El JJ en un centro comercial de Tultitlán, reclutándolo para trabajar al servicio de los hermanos Beltrán Leyva.
El comandante 8 era el jefe de un grupo de choque establecido en el estado de México para eliminar a integrantes de La Familia Michoacana por instrucciones de Edgar Valdez Villarreal, La Barbie. Su captura dio las primeras pistas para la identificación de Barreto García.
miércoles, 23 de junio de 2010
Crisis y narcotráfico, lastres para México
Noticia:
El deterioro de la situación económica de la población, la violencia e inseguridad, así como la intervención extranjera en los asuntos internos, son los tres factores que contribuyen mayormente a que México se acerque a la posición de Estado fallido, de acuerdo con el ranking elaborado por la Fundación para la Paz.
Según el comparativo de las mediciones realizadas entre 2005 y 2010, la calificación en el rubro “declive económico” pasó de 2, en el primer año, a 6.1 en 2009, y 6.5 en 2010. En la revisión por país se considera la existencia de un patrón de disminución económica en la sociedad —en el ingreso per cápita—, endeudamiento, tasas de mortalidad infantil, pobreza, obstáculos para negocios, así como el auge de economías subterráneas, incluyendo el narcotráfico, contrabando y tráfico de personas.
La calificación para “aparato de seguridad” evolucionó negativamente, de 2.3 a 7.0 en 2009, y 7.5 en 2010. Entre los aspectos que se toman en cuenta en este rubro está “la aparición de milicias rivales o guerrilla; de ejércitos privados en lucha armada prolongada o campañas violentas contra las fuerzas de seguridad del Estado”.
En lo que se refiere a “intervención externa”, la calificación se deteriora desde 2 hasta 6.6, en 2009, y 6.9 en 2010. Este aspecto se asocia con la “participación militar o paramilitar en asuntos internos del Estado bajo riesgo de que ejércitos extranjeros, Estados o entidades afecten el balance de poder o resolución de conflictos, además de la dependencia de ayuda extranjera”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Mark Loucas, investigador asociado de la Fundación para la Paz, encargada del estudio, dijo que la clasificación de México empeoró, entre otras razones, como resultado de la violencia relacionada con el narco.
Precisó que el ranking que anualmente realiza la Fundación para la Paz —una de las instituciones líderes en el mundo en desarrollar estrategias creativas para prevenir y resolver conflictos, con sede en Washington— considera 177 países y analiza 12 indicadores sociales, económicos, políticos y militares, basándose en información de más de 90 mil fuentes públicas disponibles, que se combinan con información estadística de fuentes internacionales y el conocimiento de expertos del equipo de investigación de la fundación.
Historia de la debacle
En los últimos tres años, México ha caído 11 posiciones en el ranking mundial de Estados Fallidos. En el de 2008 —que evaluó el año anterior—, el país se ubicaba en la posición 105, con una calificación de 72.2; en el listado de 2009 bajó siete lugares, hasta el sitio 98, con una calificación de 75.4, y en el año en curso descendió dos más, para situarse en el sitio 96 con una calificación de 76.1. Todos estos movimientos se ubican en la categoría “tres límite”, denominada “en la frontera hacia un Estado Fallido”.
En este caso, entre mayor puntaje obtenga un país en todos los rubros, mayor es su cercanía a un Estado Fallido.
Sin embargo, en el primer ranking que hizo la fundación en 2005, México ocupaba la posición 73 y tenía calificación de 74.6, más cercana al Estado Fallido. En 2006 estuvo en el lugar 85, con calificación de 73.1, y en 2007 en la posición 102, con 72.6.
En el ranking de 2008 —que evaluó 2007, el primer año del uso del Ejército en la lucha del gobierno contra el narco—, México ocupó la mejor posición de los últimos cinco años, al colocarse en el sitio 105, más alejado de un Estado Fallido.
“La caída no es tan drástica”
Para Mark Loucas, “los cárteles y el crimen organizado se mantienen como el mayor desafío para las autoridades en México. Relacionado con ello están el tema de los derechos humanos y la aplicación de la ley, tanto para los ciudadanos como para las fuerzas de seguridad”.
Dijo que considerando las circunstancias, el descenso no es severo, pues “como muchos otros países, México vio severos problemas económicos. También fue el primer país en ser severamente impactado por la influenza. La violencia del narcotráfico continuó; 2009 probablemente fue el peor año de Calderón en términos de homicidios relacionados con el narco”.
En su opinión, el gobierno aprendió algunas lecciones importantes en el combate a los capos “y parece estar cooperando más cercanamente con Estados Unidos en el manejo del problema compartido”.
Los “focos rojos”
Loucas comentó que en términos de focos rojos está el tema de derechos humanos, que es una de las áreas en las que México obtiene mala calificación. Dijo que si el gobierno no los respeta, podría conducirlo a tener menor confianza y menor cooperación de las autoridades estadounidenses.
Afirmó: “La economía de México todavía tiene el potencial de registrar un rebote de la crisis económica global; la inestabilidad política no debería permitir descarrilar el proceso [de estabilización]. La capacidad para actuar con impunidad permite a los cárteles del narcotráfico disuadir las inversiones extranjeras y debilitar la legitimidad del gobierno electo”.
Estados Unidos, agregó, se mantiene como un socio importante para México y cualquier plan sustancial para lograr la paz y la estabilidad necesitarán del sincero compromiso de ambos gobiernos: “La influencia de Estados Unidos se mantiene de manera importante, a pesar de disputas sobre inmigración y políticas de seguridad”.
Por arriba de México se ubican en peor posición Colombia, en el lugar 46; Bolivia, en el 53; Nicaragua, 65; Ecuador, 69; Guatemala, 72; Honduras, 76; Cuba, 77; Venezuela, 82; El Salvador, 85, y Perú, 92.
Según la organización, el objetivo de este índice es generar debate y desarrollar ideas para lograr un mejor equilibrio global.
La Fundación para la Paz estableció cinco categorías en el ranking de Estados Fallidos, siendo el mejor calificado como “más estable”, seguido de “estable”, después la categoría límite calificada como “en la frontera”, posteriormente “en peligro” y, finalmente, “crítica” donde se ubican todos los países que son Estados fallidos.
El deterioro de la situación económica de la población, la violencia e inseguridad, así como la intervención extranjera en los asuntos internos, son los tres factores que contribuyen mayormente a que México se acerque a la posición de Estado fallido, de acuerdo con el ranking elaborado por la Fundación para la Paz.
Según el comparativo de las mediciones realizadas entre 2005 y 2010, la calificación en el rubro “declive económico” pasó de 2, en el primer año, a 6.1 en 2009, y 6.5 en 2010. En la revisión por país se considera la existencia de un patrón de disminución económica en la sociedad —en el ingreso per cápita—, endeudamiento, tasas de mortalidad infantil, pobreza, obstáculos para negocios, así como el auge de economías subterráneas, incluyendo el narcotráfico, contrabando y tráfico de personas.
La calificación para “aparato de seguridad” evolucionó negativamente, de 2.3 a 7.0 en 2009, y 7.5 en 2010. Entre los aspectos que se toman en cuenta en este rubro está “la aparición de milicias rivales o guerrilla; de ejércitos privados en lucha armada prolongada o campañas violentas contra las fuerzas de seguridad del Estado”.
En lo que se refiere a “intervención externa”, la calificación se deteriora desde 2 hasta 6.6, en 2009, y 6.9 en 2010. Este aspecto se asocia con la “participación militar o paramilitar en asuntos internos del Estado bajo riesgo de que ejércitos extranjeros, Estados o entidades afecten el balance de poder o resolución de conflictos, además de la dependencia de ayuda extranjera”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Mark Loucas, investigador asociado de la Fundación para la Paz, encargada del estudio, dijo que la clasificación de México empeoró, entre otras razones, como resultado de la violencia relacionada con el narco.
Precisó que el ranking que anualmente realiza la Fundación para la Paz —una de las instituciones líderes en el mundo en desarrollar estrategias creativas para prevenir y resolver conflictos, con sede en Washington— considera 177 países y analiza 12 indicadores sociales, económicos, políticos y militares, basándose en información de más de 90 mil fuentes públicas disponibles, que se combinan con información estadística de fuentes internacionales y el conocimiento de expertos del equipo de investigación de la fundación.
Historia de la debacle
En los últimos tres años, México ha caído 11 posiciones en el ranking mundial de Estados Fallidos. En el de 2008 —que evaluó el año anterior—, el país se ubicaba en la posición 105, con una calificación de 72.2; en el listado de 2009 bajó siete lugares, hasta el sitio 98, con una calificación de 75.4, y en el año en curso descendió dos más, para situarse en el sitio 96 con una calificación de 76.1. Todos estos movimientos se ubican en la categoría “tres límite”, denominada “en la frontera hacia un Estado Fallido”.
En este caso, entre mayor puntaje obtenga un país en todos los rubros, mayor es su cercanía a un Estado Fallido.
Sin embargo, en el primer ranking que hizo la fundación en 2005, México ocupaba la posición 73 y tenía calificación de 74.6, más cercana al Estado Fallido. En 2006 estuvo en el lugar 85, con calificación de 73.1, y en 2007 en la posición 102, con 72.6.
En el ranking de 2008 —que evaluó 2007, el primer año del uso del Ejército en la lucha del gobierno contra el narco—, México ocupó la mejor posición de los últimos cinco años, al colocarse en el sitio 105, más alejado de un Estado Fallido.
“La caída no es tan drástica”
Para Mark Loucas, “los cárteles y el crimen organizado se mantienen como el mayor desafío para las autoridades en México. Relacionado con ello están el tema de los derechos humanos y la aplicación de la ley, tanto para los ciudadanos como para las fuerzas de seguridad”.
Dijo que considerando las circunstancias, el descenso no es severo, pues “como muchos otros países, México vio severos problemas económicos. También fue el primer país en ser severamente impactado por la influenza. La violencia del narcotráfico continuó; 2009 probablemente fue el peor año de Calderón en términos de homicidios relacionados con el narco”.
En su opinión, el gobierno aprendió algunas lecciones importantes en el combate a los capos “y parece estar cooperando más cercanamente con Estados Unidos en el manejo del problema compartido”.
Los “focos rojos”
Loucas comentó que en términos de focos rojos está el tema de derechos humanos, que es una de las áreas en las que México obtiene mala calificación. Dijo que si el gobierno no los respeta, podría conducirlo a tener menor confianza y menor cooperación de las autoridades estadounidenses.
Afirmó: “La economía de México todavía tiene el potencial de registrar un rebote de la crisis económica global; la inestabilidad política no debería permitir descarrilar el proceso [de estabilización]. La capacidad para actuar con impunidad permite a los cárteles del narcotráfico disuadir las inversiones extranjeras y debilitar la legitimidad del gobierno electo”.
Estados Unidos, agregó, se mantiene como un socio importante para México y cualquier plan sustancial para lograr la paz y la estabilidad necesitarán del sincero compromiso de ambos gobiernos: “La influencia de Estados Unidos se mantiene de manera importante, a pesar de disputas sobre inmigración y políticas de seguridad”.
Por arriba de México se ubican en peor posición Colombia, en el lugar 46; Bolivia, en el 53; Nicaragua, 65; Ecuador, 69; Guatemala, 72; Honduras, 76; Cuba, 77; Venezuela, 82; El Salvador, 85, y Perú, 92.
Según la organización, el objetivo de este índice es generar debate y desarrollar ideas para lograr un mejor equilibrio global.
La Fundación para la Paz estableció cinco categorías en el ranking de Estados Fallidos, siendo el mejor calificado como “más estable”, seguido de “estable”, después la categoría límite calificada como “en la frontera”, posteriormente “en peligro” y, finalmente, “crítica” donde se ubican todos los países que son Estados fallidos.
lunes, 21 de junio de 2010
No investigan 95% de muertes en “guerra”
Noticia:
Las autoridades federales dejan sin investigar 95% de las muertes relacionadas a la “guerra” contra el narcotráfico. De acuerdo con la información entregada al Senado, del inicio del sexenio de Felipe Calderón hasta abril de 2010, se registraron 22 mil ejecuciones; sin embargo, hay sólo mil 200 averiguaciones previas en el mismo periodo, según datos proporcionados a EL UNIVERSAL por medio de la ley de información.
Analistas del fenómeno de inseguridad consideraron que las cifras son una muestra clara de que el gobierno federal fue rebasado por la realidad, y no ha tenido capacidad para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.
“El reducido número de expedientes por homicidios graves que investiga la PGR es reflejo de la incapacidad para investigar estos crímenes”, afirmó Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Guillermo Garduño Valero, de la Universidad Autónoma Metropolitana, expresó que los datos son “evidencia absoluta de la incapacidad de investigar todas las ejecuciones que perpetra el crimen organizado, y si a eso se suman las deficiencias de las investigaciones en el fuero local, no es casual que sólo 5% de los crímenes lleguen a ser procesados, el resto queda impune”.
La cifra oficial de ejecuciones la entregó el gobierno federal al Senado de manera confidencial. La PGR dio a conocer su estadística de averiguaciones previas, luego de una solicitud con fundamento en la Ley de Transparencia e Información Pública Gubernamental.
En el documento entregado al Senado se detalla que en diciembre de 2006 se registraron 62 crímenes y en 2007 se llegó a 2 mil 837. El siguiente año los asesinatos se dispararon a 6 mil 844 y alcanzaron 9 mil 635 en 2009. Entre enero y marzo de este año hubo 3 mil 365.
A través de su Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), la PGR sólo proporcionó datos de muertes violentas correspondientes a 2009.
El año pasado, según la Procuraduría, se registraron 8 mil 829 muertes violentas. Los datos son distintos a los que recibió el Senado de la República en abril de este año, por parte del gobierno.
En su respuesta a este diario, la dependencia federal menciona sólo que de 2006 a marzo de 2010 inició mil 210 averiguaciones previas por los delitos de lesiones, homicidios, homicidios graves y violaciones graves.
Las autoridades federales dejan sin investigar 95% de las muertes relacionadas a la “guerra” contra el narcotráfico. De acuerdo con la información entregada al Senado, del inicio del sexenio de Felipe Calderón hasta abril de 2010, se registraron 22 mil ejecuciones; sin embargo, hay sólo mil 200 averiguaciones previas en el mismo periodo, según datos proporcionados a EL UNIVERSAL por medio de la ley de información.
Analistas del fenómeno de inseguridad consideraron que las cifras son una muestra clara de que el gobierno federal fue rebasado por la realidad, y no ha tenido capacidad para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.
“El reducido número de expedientes por homicidios graves que investiga la PGR es reflejo de la incapacidad para investigar estos crímenes”, afirmó Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Guillermo Garduño Valero, de la Universidad Autónoma Metropolitana, expresó que los datos son “evidencia absoluta de la incapacidad de investigar todas las ejecuciones que perpetra el crimen organizado, y si a eso se suman las deficiencias de las investigaciones en el fuero local, no es casual que sólo 5% de los crímenes lleguen a ser procesados, el resto queda impune”.
La cifra oficial de ejecuciones la entregó el gobierno federal al Senado de manera confidencial. La PGR dio a conocer su estadística de averiguaciones previas, luego de una solicitud con fundamento en la Ley de Transparencia e Información Pública Gubernamental.
En el documento entregado al Senado se detalla que en diciembre de 2006 se registraron 62 crímenes y en 2007 se llegó a 2 mil 837. El siguiente año los asesinatos se dispararon a 6 mil 844 y alcanzaron 9 mil 635 en 2009. Entre enero y marzo de este año hubo 3 mil 365.
A través de su Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), la PGR sólo proporcionó datos de muertes violentas correspondientes a 2009.
El año pasado, según la Procuraduría, se registraron 8 mil 829 muertes violentas. Los datos son distintos a los que recibió el Senado de la República en abril de este año, por parte del gobierno.
En su respuesta a este diario, la dependencia federal menciona sólo que de 2006 a marzo de 2010 inició mil 210 averiguaciones previas por los delitos de lesiones, homicidios, homicidios graves y violaciones graves.
martes, 15 de junio de 2010
Narcotráfico vapulea a estados del Pacífico
Noticia:
La embestida del crimen organizado dejó un saldo de 68 ejecutados en Michoacán, Nayarit y Sinaloa en las últimas 24 horas. De las víctimas 15 eran policías federales, 12 de ellos fueron asesinados en el municipio de Zitácuaro y tres en Chihuahua, en lo que se considera el golpe más duro a la corporación desde diciembre de 2006 cuando inició el combate a la delincuencia organizada.
En total, en la última jornada suman 90 narcohomicidios en siete estados.
Ayer, al filo de las 7:30 horas, un comando emboscó a policías federales que salieron de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y se dirigían al Distrito Federal, con saldo de 12 muertos y al menos 15 lesionados.
El ataque originó dos enfrentamientos entre los oficiales y el grupo armado, cuyos integrantes “sellaron” con camiones las salidas oriente y poniente de Zitácuaro que comunican con Toluca y Ciudad Hidalgo, respectivamente, para obstaculizar la llegada de refuerzos.
El modus operandi fue similar al que los sicarios utilizaron en el atentado contra la secretaria de Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista Gómez, el pasado 24 de abril, en el que fallecieron dos de sus escoltas y dos civiles.
El alcalde priísta de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtlahuac, se negó a dar entrevistas. “Él no tiene ningún tipo de información, ni siquiera tiene acceso a la zona donde fueron los hechos”, informó la directora de Comunicación Social del municipio, Joaquina Jordan. No obstante a través de un comunicado lamentó la embestida y se comprometió a colaborar.
El 20 de marzo, el edil recuperó su libertad, luego de 10 meses de cárcel, tras ser procesado con otros 29 servidores públicos municipales y estatales por presuntos nexos con el crimen organizado.
La oficina de Comunicación Social del gobierno estatal encabezado por Leonel Godoy (PRD) también guardó silencio, señalando que se sujetarán a la información que emitan las instancias federales.
Tras la emboscada, el gobierno del estado de México implementó un operativo de colaboración y resguardó su frontera con Michoacán, por lo que más de 200 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), respaldados con docenas de patrullas y camionetas, se apostaron a las afueras de Toluca, vigilando la entrada de unidades, para lo cual obligaban a los conductores a bajar la velocidad.
En algunos casos se detuvieron unidades para realizar inspecciones.
Hasta la víspera continuaban los dispositivos de la ASE.
Matan a tres en Chihuahua
Tres policías federales fueron ejecutados en la ciudad de Chihuahua y uno resultó herido por un comando que los rafagueó cuando transitaban por la colonia 2 de Junio. Según las primeras versiones los oficiales viajaban en una camioneta Trail Blazer y en un Chevy por la avenida Colegio Militar, cuando fueron sorprendidos por un grupo de sicarios que desde varios vehículos los rafaguearon.
En territorio chihuahuense ocurrieron otros 14 narcohomicidios; en Michoacán cinco y en Nayarit 17.
En Nuevo León, policías estatales localizaron dos cadáveres calcinados en el municipio metropolitano de Juárez, sobre una brecha a 200 metros de la carretera a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Entre el fin de semana y el lunes, autoridades policiacas contabilizaron cuatro homicidios en territorio de Baja California y cinco en el estado de México.
La embestida del crimen organizado dejó un saldo de 68 ejecutados en Michoacán, Nayarit y Sinaloa en las últimas 24 horas. De las víctimas 15 eran policías federales, 12 de ellos fueron asesinados en el municipio de Zitácuaro y tres en Chihuahua, en lo que se considera el golpe más duro a la corporación desde diciembre de 2006 cuando inició el combate a la delincuencia organizada.
En total, en la última jornada suman 90 narcohomicidios en siete estados.
Ayer, al filo de las 7:30 horas, un comando emboscó a policías federales que salieron de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y se dirigían al Distrito Federal, con saldo de 12 muertos y al menos 15 lesionados.
El ataque originó dos enfrentamientos entre los oficiales y el grupo armado, cuyos integrantes “sellaron” con camiones las salidas oriente y poniente de Zitácuaro que comunican con Toluca y Ciudad Hidalgo, respectivamente, para obstaculizar la llegada de refuerzos.
El modus operandi fue similar al que los sicarios utilizaron en el atentado contra la secretaria de Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista Gómez, el pasado 24 de abril, en el que fallecieron dos de sus escoltas y dos civiles.
El alcalde priísta de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtlahuac, se negó a dar entrevistas. “Él no tiene ningún tipo de información, ni siquiera tiene acceso a la zona donde fueron los hechos”, informó la directora de Comunicación Social del municipio, Joaquina Jordan. No obstante a través de un comunicado lamentó la embestida y se comprometió a colaborar.
El 20 de marzo, el edil recuperó su libertad, luego de 10 meses de cárcel, tras ser procesado con otros 29 servidores públicos municipales y estatales por presuntos nexos con el crimen organizado.
La oficina de Comunicación Social del gobierno estatal encabezado por Leonel Godoy (PRD) también guardó silencio, señalando que se sujetarán a la información que emitan las instancias federales.
Tras la emboscada, el gobierno del estado de México implementó un operativo de colaboración y resguardó su frontera con Michoacán, por lo que más de 200 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), respaldados con docenas de patrullas y camionetas, se apostaron a las afueras de Toluca, vigilando la entrada de unidades, para lo cual obligaban a los conductores a bajar la velocidad.
En algunos casos se detuvieron unidades para realizar inspecciones.
Hasta la víspera continuaban los dispositivos de la ASE.
Matan a tres en Chihuahua
Tres policías federales fueron ejecutados en la ciudad de Chihuahua y uno resultó herido por un comando que los rafagueó cuando transitaban por la colonia 2 de Junio. Según las primeras versiones los oficiales viajaban en una camioneta Trail Blazer y en un Chevy por la avenida Colegio Militar, cuando fueron sorprendidos por un grupo de sicarios que desde varios vehículos los rafaguearon.
En territorio chihuahuense ocurrieron otros 14 narcohomicidios; en Michoacán cinco y en Nayarit 17.
En Nuevo León, policías estatales localizaron dos cadáveres calcinados en el municipio metropolitano de Juárez, sobre una brecha a 200 metros de la carretera a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Entre el fin de semana y el lunes, autoridades policiacas contabilizaron cuatro homicidios en territorio de Baja California y cinco en el estado de México.
jueves, 3 de junio de 2010
EU: cárteles lavan hasta 29 mmdd
Noticia:
Los cárteles de la droga mexicanos realizan operaciones de lavado de dinero de entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anuales, 90% de estos recursos ingresan en efectivo desde EU a México y casi 50% llega al sistema financiero, de acuerdo con un estudio elaborado por ambos países sobre la forma en que operan las redes financieras del crimen.
John T. Morton, subsecretario del Departamento de Seguridad Interna norteamericano del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), luego de reunirse con funcionarios mexicanos, dio a conocer el documento, que calificó como un gran paso para diseñar una estrategia conjunta para minar el poder financiero de las organizaciones que operan en ambos lados de la frontera, pues la debilidad de ambos países era desconocer sus dimensiones.
Al presentar el informe Estados Unidos-México Estudio Binacional de Bienes Ilícitos, el funcionario sostuvo que mejorar el intercambio de información de inteligencia y tomar medidas para frenar el flujo de efectivo, el tráfico de armas, drogas y personas, es parte de la estrategia pues “cerrar la frontera no es la respuesta” ante las operaciones del crimen y el narco.
En el documento destaca que entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares “pasan de EU a México anualmente, para sostener las operaciones de las cada vez más violentas y atrevidas empresas criminales involucradas en el tráfico de drogas”.
Morton explicó que en EU las organizaciones criminales cuentan con puntos de recolección “en los que se consolidan las ganancias que obtienen por la venta de droga al menudeo”, para después trasladarlos a la frontera.
Recolecta y tráfico
De acuerdo con este esquema Chicago, Nueva York, Charlotte, Atlanta y Los Ángeles son áreas en las que se recolectan las ganancias que obtienen los cárteles mexicanos; se identificó que ciudades como Phoenix, Tucson, El Paso, Dallas y Houston, forman parte de esta ruta del dinero, donde los recursos recolectados son reducidos para facilitar su tráfico hacia México.
Culiacán, Monterrey y Guadalajara son ciudades de destino de estas remesas ilegales en territorio mexicano, aunque también en la ruta del lavado de dinero se ha identificado que los aeropuertos internacionales de Guadalajara, DF y Cancún, son utilizados para enviar recursos a Panamá, Colombia y Venezuela.
El documento detalla que para traficar estas remesas, se contrata a personas para que pasen cantidades menores por la frontera, aunque los cárteles “también contratan a personas para transportar las ganancias ilícitas a través de compañías de envío de dinero, como Western Union”, otro método es la utilización de tarjetas de débito que permiten obtener efectivo de cajeros automáticos en cualquier lugar del mundo y sin cambios de divisas.
Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, detalló que 90% de estos recursos ilícitos ingresan a territorio mexicano en efectivo. “75% de las transacciones económicas que se realizan en México son con pago en efectivo, de ahí podemos ver por qué va a ser importante que se tengan restricciones sobre cómo utilizar el efectivo o el requerir que las grandes compras estén acompañadas con certificados notariales que se reporten a Hacienda´´, dijo.
Los cárteles de la droga mexicanos realizan operaciones de lavado de dinero de entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares anuales, 90% de estos recursos ingresan en efectivo desde EU a México y casi 50% llega al sistema financiero, de acuerdo con un estudio elaborado por ambos países sobre la forma en que operan las redes financieras del crimen.
John T. Morton, subsecretario del Departamento de Seguridad Interna norteamericano del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), luego de reunirse con funcionarios mexicanos, dio a conocer el documento, que calificó como un gran paso para diseñar una estrategia conjunta para minar el poder financiero de las organizaciones que operan en ambos lados de la frontera, pues la debilidad de ambos países era desconocer sus dimensiones.
Al presentar el informe Estados Unidos-México Estudio Binacional de Bienes Ilícitos, el funcionario sostuvo que mejorar el intercambio de información de inteligencia y tomar medidas para frenar el flujo de efectivo, el tráfico de armas, drogas y personas, es parte de la estrategia pues “cerrar la frontera no es la respuesta” ante las operaciones del crimen y el narco.
En el documento destaca que entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares “pasan de EU a México anualmente, para sostener las operaciones de las cada vez más violentas y atrevidas empresas criminales involucradas en el tráfico de drogas”.
Morton explicó que en EU las organizaciones criminales cuentan con puntos de recolección “en los que se consolidan las ganancias que obtienen por la venta de droga al menudeo”, para después trasladarlos a la frontera.
Recolecta y tráfico
De acuerdo con este esquema Chicago, Nueva York, Charlotte, Atlanta y Los Ángeles son áreas en las que se recolectan las ganancias que obtienen los cárteles mexicanos; se identificó que ciudades como Phoenix, Tucson, El Paso, Dallas y Houston, forman parte de esta ruta del dinero, donde los recursos recolectados son reducidos para facilitar su tráfico hacia México.
Culiacán, Monterrey y Guadalajara son ciudades de destino de estas remesas ilegales en territorio mexicano, aunque también en la ruta del lavado de dinero se ha identificado que los aeropuertos internacionales de Guadalajara, DF y Cancún, son utilizados para enviar recursos a Panamá, Colombia y Venezuela.
El documento detalla que para traficar estas remesas, se contrata a personas para que pasen cantidades menores por la frontera, aunque los cárteles “también contratan a personas para transportar las ganancias ilícitas a través de compañías de envío de dinero, como Western Union”, otro método es la utilización de tarjetas de débito que permiten obtener efectivo de cajeros automáticos en cualquier lugar del mundo y sin cambios de divisas.
Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, detalló que 90% de estos recursos ilícitos ingresan a territorio mexicano en efectivo. “75% de las transacciones económicas que se realizan en México son con pago en efectivo, de ahí podemos ver por qué va a ser importante que se tengan restricciones sobre cómo utilizar el efectivo o el requerir que las grandes compras estén acompañadas con certificados notariales que se reporten a Hacienda´´, dijo.
jueves, 27 de mayo de 2010
Beltrán Leyva y “Zetas”, poder absoluto en QR
Noticia:
El poder corruptor de los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y de Los Zetas infiltró todas las estructuras de gobierno y seguridad en Quintana Roo. En su nómina aparecen autoridades y policías federales, estatales y municipales.
Informes de la Subprocuraduría de investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), revelan que la influencia de ambas organizaciones criminales en esa entidad se dejó sentir desde 2007 e incluso eran las únicas “autorizadas” para desarrollar actividades criminales por sus pactos con autoridades de todo nivel.
Controlaban y vigilaban el aeropuerto de Cancún, donde descargaban aviones con cocaína procedente de Colombia, el desembarco de droga en lanchas, las carreteras, además del narcomenudeo, la venta de protección a negocios y empresas, los secuestros y hasta el tráfico de armas e indocumentados.
Las indagaciones oficiales señalan que ambos grupos delictivos utilizaron al estado que es el principal destino turístico en México y registra gran movimiento de divisas, para lavar dinero en casas de cambio, restaurantes, centros nocturnos y discotecas, según el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/217/2009 al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
El poder corruptor de los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas alcanzó en los tres últimos años todas las esferas de las instituciones y corporaciones de seguridad federales y del estado, casi en forma similar a lo ocurrido en los años 90 con el cártel de Juárez, en cuyo caso incluso su infiltración llegó al gobernador de ese entonces, el hoy extraditado a Estados Unidos, Mario Villanueva Madrid.
Para delinear el panorama de cómo ambos grupos delictivos penetraron las instituciones gubernamentales en Quintana Roo, la Siedo se valió de los testigos protegidos Jennifer, Zajed, María Fernanda, Rafael y Yeraldine.
El control del aeropuerto
Las declaraciones de Jennifer, el testigo colaborador que fue uno de los principales operadores del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva y que hoy aparece como el principal acusador en los más importantes casos investigados por la SIEDO, sirven como muestrario de cómo la corrupción del narcotráfico alcanzó nuevamente al poder político en esa entidad. Resumió así la misión que le fue encomendada para Quintana Roo:
“Mi objetivo era coptar funcionarios públicos, principalmente policías y gente de aduanas, ministerio públicos y jefes de todos ellos”, especificó. El primero en conocer fue a José Antonio Rosales. Lo conocí, dijo, en finales del mes de junio de 2007, me lo presentó, Ricardo Flores, capitán de la Policía Federal Preventiva, como el nuevo encargado del aeropuerto de Cancún, Quintana Roo.
“Con él empecé a bajar los aviones cargados de cocaína procedentes de Sudamérica. Quería un regalo de presentación, para asegurar futuras relaciones de exclusividad con el cártel de los Beltrán Leyva y directamente con Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Se le dijo que escogiera el automóvil que quisiera de la marca y modelo que quisiera. Fue BMW 530, que se compró a la agencia BMW de Apatzingán, Michoacán, de 60 a 65 mil dólares no recuerdo el monto, pero a partir de ahí a este funcionario lo apodamos El Buen Hombre, por su modestia en pedir regalitos”.
A partir de ese momento, Rosales recibió 450 mil dólares por cada avión de coca que llegaba a Cancún. Luego se reclutó a José Luis Soladama Martínez, comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil en esa terminal aérea y quien fue ejecutado en 2007; José Luis Ortiz Navarro, inspector en jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y Martín Gómez Soto, oficial de Operaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ellos eran los encargados de todos los aviones que bajamos ahí, comentó el testigo.
Los cárteles autorizados
En mayo de 2007, Jennifer fue presentado con el subdelegado de la PGR en Quinta Roo por uno de sus contactos dentro de la AFI en Cancún. “Era un sujeto de apellidos Vega Romero. Lo conocí en un restaurante bar que se ubica en la plaza Hollywood. Ordenamos unos tragos y sin más preámbulos le pregunté si era el subdelegado de la PGR, y me dijo que sí que él era el licenciado Vega Romero. Y comentó que se encontraba ahí para tratar el cobro de protección y por el narcomenudeo en Cancún, playa del Carmen e Islas Mujeres”.
Durante la plática, añadió el testigo, manifestó que ya tenía conocimiento del pacto que se tenía con Los Zetas y el cártel que yo representaba. “Sólo esos dos cárteles tienen autorizado expender cocaína en el estado; en lugares plenamente identificados. Eso es lo que quiero tratar, me dijo y yo le contesté que era bueno que ya estuviera enterado de la situación porque entonces no había mucho que decir. Le pregunté qué era lo que se necesitaba y cuanto costaría la protección”, reveló el testigo.
“El subdelegado me dijo —narró el testigo—, que el delegado de PGR tenía conocimiento de la reunión que se estaba llevando a cabo y que sabía de mí. El licenciado Vega me pidió 20 mil dólares para empezar a trabajar con nosotros y por cada tienda que tuviéramos los precios fluctuarían entre 5 y 8 mil pesos por semana, dependiendo de la zona en que se encontrara. Para ello me pidió las direcciones exactas de las tiendas y el nombre de cada uno de los encargados de las tienditas, a fin de tenerlos plenamente identificados y no tuvieran problema con la delegación. Se comprometió a que la delegación nos avisaría de cualquier operativo de ellos o de militares en las ciudades antes mencionadas, y que cuando una de las llamadas narcotienditas tuviera demasiadas denuncias, la reventaría. Me pidió dejar siempre dentro un menor de edad y algunos envoltorios con droga para que no se viera tan obvio que nos avisaban”, relató.
Le di una lista de aproximadamente 180 tienditas que teníamos en todo Cancún, Playa del Carmen e Islas Mujeres, así como en Cozumel. Le dije que empezaríamos con la cuota de 5 mil pesos por tienda y el pago de la semana sería por adelantado al día siguiente. Me preguntó qué pasaba con Los Zetas y le contesté que Antelmo, El Chamoy, era el encargado y que él tendría que hablar con ellos, según Jennifer.
Al día siguiente como a las cuatro de la tarde, de acuerdo con el colaborador de la PGR, en el estacionamiento del centro comercial plaza La Isla, se reunió con el subdelegado. A la cita, éste llegó con el delegado de la PGR, Nicolás Hernández, a bordo de una Suburban negra. “El licenciado Vega me lo presentó diciéndome que lo había llevado para que corroborara que el trato que habíamos hecho era serio y que su presencian lo avalaba. Les hice entrega de un radio Nextel para estar en comunicación y de 900 mil pesos en billetes de 500 que venían en un paquete plastificado que me entregaron los jefes de las tienditas, El Salomón y El Banana”, apuntó.
Música de El Padrino
Al ex secretario de Seguridad Pública del estado, Salvador Rocha Vargas, Jennifer lo conoció en mayo de 2007 en Chetumal. También se le se presentó el capitán de la Policía Federal Preventiva, Ricardo Flores, luego de comentarle que “necesitábamos dar de alta personal de la organización en la policía del estado, ya que Los Zetas controlaban a la policía municipal de Cancún y ante tal impedimento necesitaba arreglarme con la policía estatal. Me dijo que conocía al subsecretario de la corporación y le iba a comentar si aceptaba una entrevista”.
Un día después el capitán Flores llamó al ahora testigo y le pidió trasladarse a Chetumal para ver a Rocha Vargas, quien en era subsecretario. “Como a las 12 horas, me volvió a llamar y me dijo que me esperaría en el estacionamiento de la corporación, dentro de una camioneta Ram, color gris blindada. Flores me condujo a la oficina de Rocha Vargas y al entrar escuché que tenía puesta la música de la película El Padrino. Se lo dije y me contestó que era la acorde para conocer a alguien de la mafia”, explicó.
Le contesté que la música estaba perfecta. De inmediato entramos en el tema y le dije que “soy el encargado de la plaza de Cancún y que mi jefe directo es La Barbie (Édgar Valdez Villarreal)”.
Entonces el ahora colaborador de la Procuraduría General de la República le propuso al jefe policiaco de Quintana Roo dar de alta elementos del cártel como policías del estado. Rocha Vargas contestó que nos podíamos arreglar, que veríamos el modo de trabajar. En ese momento se entregaron 100 mil dólares en efectivo al jefe policiaco que Édgar Valdez La Barbie le envió.
“Llamé a La Barbie y le informé que el trato se había hecho. Me dijo que le pasara a Rocha Vargas y éste le dijo: ya está güerito, ya conocí a tu licenciado así que ya estamos trabajando”. El capo del narcotráfico le contestó que qué bueno que habíamos llegado a un buen arreglo, que no se arrepentiría del trato que él ayudaba muy generosamente a los que colaboraban con el cártel. Rocha le contestó que estarían en contacto y que le saludara a don Arturo. Nos dimos un abrazo y un apretón de manos”, según la declaración de Jennifer.
El poder corruptor de los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y de Los Zetas infiltró todas las estructuras de gobierno y seguridad en Quintana Roo. En su nómina aparecen autoridades y policías federales, estatales y municipales.
Informes de la Subprocuraduría de investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), revelan que la influencia de ambas organizaciones criminales en esa entidad se dejó sentir desde 2007 e incluso eran las únicas “autorizadas” para desarrollar actividades criminales por sus pactos con autoridades de todo nivel.
Controlaban y vigilaban el aeropuerto de Cancún, donde descargaban aviones con cocaína procedente de Colombia, el desembarco de droga en lanchas, las carreteras, además del narcomenudeo, la venta de protección a negocios y empresas, los secuestros y hasta el tráfico de armas e indocumentados.
Las indagaciones oficiales señalan que ambos grupos delictivos utilizaron al estado que es el principal destino turístico en México y registra gran movimiento de divisas, para lavar dinero en casas de cambio, restaurantes, centros nocturnos y discotecas, según el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/217/2009 al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
El poder corruptor de los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas alcanzó en los tres últimos años todas las esferas de las instituciones y corporaciones de seguridad federales y del estado, casi en forma similar a lo ocurrido en los años 90 con el cártel de Juárez, en cuyo caso incluso su infiltración llegó al gobernador de ese entonces, el hoy extraditado a Estados Unidos, Mario Villanueva Madrid.
Para delinear el panorama de cómo ambos grupos delictivos penetraron las instituciones gubernamentales en Quintana Roo, la Siedo se valió de los testigos protegidos Jennifer, Zajed, María Fernanda, Rafael y Yeraldine.
El control del aeropuerto
Las declaraciones de Jennifer, el testigo colaborador que fue uno de los principales operadores del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva y que hoy aparece como el principal acusador en los más importantes casos investigados por la SIEDO, sirven como muestrario de cómo la corrupción del narcotráfico alcanzó nuevamente al poder político en esa entidad. Resumió así la misión que le fue encomendada para Quintana Roo:
“Mi objetivo era coptar funcionarios públicos, principalmente policías y gente de aduanas, ministerio públicos y jefes de todos ellos”, especificó. El primero en conocer fue a José Antonio Rosales. Lo conocí, dijo, en finales del mes de junio de 2007, me lo presentó, Ricardo Flores, capitán de la Policía Federal Preventiva, como el nuevo encargado del aeropuerto de Cancún, Quintana Roo.
“Con él empecé a bajar los aviones cargados de cocaína procedentes de Sudamérica. Quería un regalo de presentación, para asegurar futuras relaciones de exclusividad con el cártel de los Beltrán Leyva y directamente con Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Se le dijo que escogiera el automóvil que quisiera de la marca y modelo que quisiera. Fue BMW 530, que se compró a la agencia BMW de Apatzingán, Michoacán, de 60 a 65 mil dólares no recuerdo el monto, pero a partir de ahí a este funcionario lo apodamos El Buen Hombre, por su modestia en pedir regalitos”.
A partir de ese momento, Rosales recibió 450 mil dólares por cada avión de coca que llegaba a Cancún. Luego se reclutó a José Luis Soladama Martínez, comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil en esa terminal aérea y quien fue ejecutado en 2007; José Luis Ortiz Navarro, inspector en jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y Martín Gómez Soto, oficial de Operaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ellos eran los encargados de todos los aviones que bajamos ahí, comentó el testigo.
Los cárteles autorizados
En mayo de 2007, Jennifer fue presentado con el subdelegado de la PGR en Quinta Roo por uno de sus contactos dentro de la AFI en Cancún. “Era un sujeto de apellidos Vega Romero. Lo conocí en un restaurante bar que se ubica en la plaza Hollywood. Ordenamos unos tragos y sin más preámbulos le pregunté si era el subdelegado de la PGR, y me dijo que sí que él era el licenciado Vega Romero. Y comentó que se encontraba ahí para tratar el cobro de protección y por el narcomenudeo en Cancún, playa del Carmen e Islas Mujeres”.
Durante la plática, añadió el testigo, manifestó que ya tenía conocimiento del pacto que se tenía con Los Zetas y el cártel que yo representaba. “Sólo esos dos cárteles tienen autorizado expender cocaína en el estado; en lugares plenamente identificados. Eso es lo que quiero tratar, me dijo y yo le contesté que era bueno que ya estuviera enterado de la situación porque entonces no había mucho que decir. Le pregunté qué era lo que se necesitaba y cuanto costaría la protección”, reveló el testigo.
“El subdelegado me dijo —narró el testigo—, que el delegado de PGR tenía conocimiento de la reunión que se estaba llevando a cabo y que sabía de mí. El licenciado Vega me pidió 20 mil dólares para empezar a trabajar con nosotros y por cada tienda que tuviéramos los precios fluctuarían entre 5 y 8 mil pesos por semana, dependiendo de la zona en que se encontrara. Para ello me pidió las direcciones exactas de las tiendas y el nombre de cada uno de los encargados de las tienditas, a fin de tenerlos plenamente identificados y no tuvieran problema con la delegación. Se comprometió a que la delegación nos avisaría de cualquier operativo de ellos o de militares en las ciudades antes mencionadas, y que cuando una de las llamadas narcotienditas tuviera demasiadas denuncias, la reventaría. Me pidió dejar siempre dentro un menor de edad y algunos envoltorios con droga para que no se viera tan obvio que nos avisaban”, relató.
Le di una lista de aproximadamente 180 tienditas que teníamos en todo Cancún, Playa del Carmen e Islas Mujeres, así como en Cozumel. Le dije que empezaríamos con la cuota de 5 mil pesos por tienda y el pago de la semana sería por adelantado al día siguiente. Me preguntó qué pasaba con Los Zetas y le contesté que Antelmo, El Chamoy, era el encargado y que él tendría que hablar con ellos, según Jennifer.
Al día siguiente como a las cuatro de la tarde, de acuerdo con el colaborador de la PGR, en el estacionamiento del centro comercial plaza La Isla, se reunió con el subdelegado. A la cita, éste llegó con el delegado de la PGR, Nicolás Hernández, a bordo de una Suburban negra. “El licenciado Vega me lo presentó diciéndome que lo había llevado para que corroborara que el trato que habíamos hecho era serio y que su presencian lo avalaba. Les hice entrega de un radio Nextel para estar en comunicación y de 900 mil pesos en billetes de 500 que venían en un paquete plastificado que me entregaron los jefes de las tienditas, El Salomón y El Banana”, apuntó.
Música de El Padrino
Al ex secretario de Seguridad Pública del estado, Salvador Rocha Vargas, Jennifer lo conoció en mayo de 2007 en Chetumal. También se le se presentó el capitán de la Policía Federal Preventiva, Ricardo Flores, luego de comentarle que “necesitábamos dar de alta personal de la organización en la policía del estado, ya que Los Zetas controlaban a la policía municipal de Cancún y ante tal impedimento necesitaba arreglarme con la policía estatal. Me dijo que conocía al subsecretario de la corporación y le iba a comentar si aceptaba una entrevista”.
Un día después el capitán Flores llamó al ahora testigo y le pidió trasladarse a Chetumal para ver a Rocha Vargas, quien en era subsecretario. “Como a las 12 horas, me volvió a llamar y me dijo que me esperaría en el estacionamiento de la corporación, dentro de una camioneta Ram, color gris blindada. Flores me condujo a la oficina de Rocha Vargas y al entrar escuché que tenía puesta la música de la película El Padrino. Se lo dije y me contestó que era la acorde para conocer a alguien de la mafia”, explicó.
Le contesté que la música estaba perfecta. De inmediato entramos en el tema y le dije que “soy el encargado de la plaza de Cancún y que mi jefe directo es La Barbie (Édgar Valdez Villarreal)”.
Entonces el ahora colaborador de la Procuraduría General de la República le propuso al jefe policiaco de Quintana Roo dar de alta elementos del cártel como policías del estado. Rocha Vargas contestó que nos podíamos arreglar, que veríamos el modo de trabajar. En ese momento se entregaron 100 mil dólares en efectivo al jefe policiaco que Édgar Valdez La Barbie le envió.
“Llamé a La Barbie y le informé que el trato se había hecho. Me dijo que le pasara a Rocha Vargas y éste le dijo: ya está güerito, ya conocí a tu licenciado así que ya estamos trabajando”. El capo del narcotráfico le contestó que qué bueno que habíamos llegado a un buen arreglo, que no se arrepentiría del trato que él ayudaba muy generosamente a los que colaboraban con el cártel. Rocha le contestó que estarían en contacto y que le saludara a don Arturo. Nos dimos un abrazo y un apretón de manos”, según la declaración de Jennifer.
miércoles, 26 de mayo de 2010
Mediática, muy vistosa... pero errada
Noticia:
No hubo distinciones ni importó el cargo. A los 27 funcionarios, alcaldes y policías de Michoacán la Procuraduría General de la República (PGR) los acusó de recibir pagos millonarios y en dólares por facilitar y encubrir las operaciones de La Familia Michoacana. Era un golpe, según las autoridades, contra una parte de la estructura política al servicio de esa organización criminal. Un año después esas imputaciones basadas en declaraciones de tres testigos protegidos —“Ricardo”, “Emilio” y “Paco”— resultaron ser falsas en el caso de la mayoría de los acusados.
Fue un escándalo nacional al inicio. A los acusados se les responsabilizó de ocultar y proteger a los jefes y sicarios del cártel de La Familia, revelar los movimientos policiacos y militares para su captura o de liberar a miembros de la organización criminal. Se les ubicó en fiestas de narcos y políticos, incluso en amoríos, compadrazgos y en fotos con criminales o recibir financiamiento del narco para sus campañas políticas, pero también en asesinatos y desapariciones. Al final, la PGR no probó los cargos contra 17 de ellos y sólo 10 siguen en prisión.
Contra los 27 funcionarios no hubo investigaciones sobre propiedades, movimientos financieros, redes de vínculos o reportes periciales que los impliquen en delitos. Ninguno de los jueces federales que ha conocido de este caso recibió pruebas adicionales a los cargos hechos por los testigos protegidos, cuyas declaraciones fueron el soporte de las imputaciones contra todos ellos, según el expediente de apelación 576/2009 y al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL.
Los tres testigos colaboradores en quienes se apoyó la PGR para arraigar y posteriormente enviar a la cárcel a los arrestados durante el operativo policiaco-militar del 26 de mayo de 2009, tienen en común el haber servido al cártel de La Familia Michoacana. Uno fue policía ministerial y los otros dos sicarios, aunque uno de ellos, “Paco”, se autodefinió también como integrante de Los Zetas, de acuerdo con informes contenidos en el citado expediente del caso.
Se desvanecen acusaciones
A comienzos del año comenzaron a desinflarse las acusaciones de los testigos protegidos. El primer síntoma de ello ocurrió el 10 de enero, cuando llegó al Juzgado Segundo de Distrito de Tepic el oficio CGAP/054/2010 firmado por el fiscal especial de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Fernando Rosales Solís, en el que no sólo no se opuso al traslado de los detenidos a un penal de Michoacán. En ese documento reconoció por escrito ante el juzgado que “durante el desarrollo del proceso no se advierten indicios que permitan establecer objetivamente un perfil de peligrosidad en los procesados”.
Iniciaba con ello el derrumbe de la mayor parte de las acusaciones contra los detenidos por este caso. Apenas 19 días después, las revelaciones de los tres colaboradores de la PGR fueron consideradas por el magistrado Lázaro Franco Robles como medios de convicción insuficientes para demostrar la pertenencia de la mayoría de los funcionarios a La Familia Michoacana y ordenó con las reservas de ley su libertad inmediata.
A quien se concedió la libertad por falta de elementos para procesar fue a Citlalli Fernández González, ex secretaria de Seguridad Pública estatal y asesora del gobernador Leonel Godoy. “Paco” la señaló como quien fungía como “enlace” de La Familia Michoacana con la élite del poder político en la entidad. Incluso, “Emilio” la ubicó en una fiesta con narcos y “Ricardo” como pareja sentimental de uno de los jefes de La Familia, Dionisio Loya Plancarte, El Tío.
Los otros liberados fueron los alcaldes Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec; Antonio Ixtlahuac Orihuela, de Zitácuaro; Antonio González Rodríguez, de Uruapan; José Luis Ávila Franco, de Ciudad Hidalgo y Adán Tafolla Ortiz, de Tumbiscatío; Jaime Liera Álvarez, juez de Primera Instancia en La Piedad y ex subprocurador; Ignacio Mendoza Jiménez, subprocurador de Justicia; Roberto Rubio Vázquez, director de Seguridad Pública de Tumbiscatío; Abel Salazar Gómez, síndico de Lázaro Cárdenas; Dionisio Salvador Valencia Palomares, director de Obras Públicas de Arteaga; Baldomero Morales Rivera, policía de Lázaro Cárdenas y la agente Gabriela Mata Chávez.
A esas libertades se sumarían semanas después las del alcalde de Apatzingán Genaro Guízar Valencia, y la del director de Fomento Industrial del estado, Ricardo Rubí Bustamante. Tres alcaldes fueron liberados desde antes de la consignación por no poderles probar delito alguno y ellos fueron Audel Méndez Chávez, de Coahuayana; José Cortez Ramos, de Aquila, y Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buenavista.
Los aún presos
Paradójicamente, declaraciones casi idénticas de los testigos protegidos mantienen en prisión a 10 de los funcionarios detenidos el 26 de mayo.
El fallo del magistrado Lázaro Franco Robles consideró que lo que sí quedó acreditado con las declaraciones de los colaboradores de la PGR fue la operación y actividades de La Familia Michoacana y la evidencia de que para facilitar sus fines este grupo copta autoridades de los tres niveles de gobierno, además de coordinar con diferentes partidos políticos la selección de candidatos y sus colaboradores a las diferentes presidencias municipales.
En el veredicto quedó demostrado que el citado cártel se infiltró en la organización policiaca.
Siguen presos Ramón Ponce Ponce, coordinador de Asesores del procurador del estado y ex subprocurador, además del ex secretario de Seguridad Pública, Mario Bautista Ramírez, y de los policías Irlanda Sánchez Román, Antonio Sánchez Gaytán, Victorino Jacobo Reyes, José Lino Zamora Hernández, Noé Medina Martínez, Faraón Martínez Molina y Alfredo Ramírez García, así como el ex alcalde de Arteaga, Jairo Germán Rivas Páramo.
También permanece recluido el ex procurador Miguel García Hurtado, detenido días después del michoacanazo.
Ellos, aseguró, se integraron a la organización sin tener la calidad de líderes, pero en esencia daban protección a los miembros de La Familia, avisaban de la colocación de retenes u operativos policiales, intervenían para liberar a quienes eran detenidos, custodiaban cargamentos de droga y de dinero, transportaban armamento y escoltaban a jefes y sicarios, entre otras tareas.
No hubo distinciones ni importó el cargo. A los 27 funcionarios, alcaldes y policías de Michoacán la Procuraduría General de la República (PGR) los acusó de recibir pagos millonarios y en dólares por facilitar y encubrir las operaciones de La Familia Michoacana. Era un golpe, según las autoridades, contra una parte de la estructura política al servicio de esa organización criminal. Un año después esas imputaciones basadas en declaraciones de tres testigos protegidos —“Ricardo”, “Emilio” y “Paco”— resultaron ser falsas en el caso de la mayoría de los acusados.
Fue un escándalo nacional al inicio. A los acusados se les responsabilizó de ocultar y proteger a los jefes y sicarios del cártel de La Familia, revelar los movimientos policiacos y militares para su captura o de liberar a miembros de la organización criminal. Se les ubicó en fiestas de narcos y políticos, incluso en amoríos, compadrazgos y en fotos con criminales o recibir financiamiento del narco para sus campañas políticas, pero también en asesinatos y desapariciones. Al final, la PGR no probó los cargos contra 17 de ellos y sólo 10 siguen en prisión.
Contra los 27 funcionarios no hubo investigaciones sobre propiedades, movimientos financieros, redes de vínculos o reportes periciales que los impliquen en delitos. Ninguno de los jueces federales que ha conocido de este caso recibió pruebas adicionales a los cargos hechos por los testigos protegidos, cuyas declaraciones fueron el soporte de las imputaciones contra todos ellos, según el expediente de apelación 576/2009 y al cual tuvo acceso EL UNIVERSAL.
Los tres testigos colaboradores en quienes se apoyó la PGR para arraigar y posteriormente enviar a la cárcel a los arrestados durante el operativo policiaco-militar del 26 de mayo de 2009, tienen en común el haber servido al cártel de La Familia Michoacana. Uno fue policía ministerial y los otros dos sicarios, aunque uno de ellos, “Paco”, se autodefinió también como integrante de Los Zetas, de acuerdo con informes contenidos en el citado expediente del caso.
Se desvanecen acusaciones
A comienzos del año comenzaron a desinflarse las acusaciones de los testigos protegidos. El primer síntoma de ello ocurrió el 10 de enero, cuando llegó al Juzgado Segundo de Distrito de Tepic el oficio CGAP/054/2010 firmado por el fiscal especial de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Fernando Rosales Solís, en el que no sólo no se opuso al traslado de los detenidos a un penal de Michoacán. En ese documento reconoció por escrito ante el juzgado que “durante el desarrollo del proceso no se advierten indicios que permitan establecer objetivamente un perfil de peligrosidad en los procesados”.
Iniciaba con ello el derrumbe de la mayor parte de las acusaciones contra los detenidos por este caso. Apenas 19 días después, las revelaciones de los tres colaboradores de la PGR fueron consideradas por el magistrado Lázaro Franco Robles como medios de convicción insuficientes para demostrar la pertenencia de la mayoría de los funcionarios a La Familia Michoacana y ordenó con las reservas de ley su libertad inmediata.
A quien se concedió la libertad por falta de elementos para procesar fue a Citlalli Fernández González, ex secretaria de Seguridad Pública estatal y asesora del gobernador Leonel Godoy. “Paco” la señaló como quien fungía como “enlace” de La Familia Michoacana con la élite del poder político en la entidad. Incluso, “Emilio” la ubicó en una fiesta con narcos y “Ricardo” como pareja sentimental de uno de los jefes de La Familia, Dionisio Loya Plancarte, El Tío.
Los otros liberados fueron los alcaldes Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec; Antonio Ixtlahuac Orihuela, de Zitácuaro; Antonio González Rodríguez, de Uruapan; José Luis Ávila Franco, de Ciudad Hidalgo y Adán Tafolla Ortiz, de Tumbiscatío; Jaime Liera Álvarez, juez de Primera Instancia en La Piedad y ex subprocurador; Ignacio Mendoza Jiménez, subprocurador de Justicia; Roberto Rubio Vázquez, director de Seguridad Pública de Tumbiscatío; Abel Salazar Gómez, síndico de Lázaro Cárdenas; Dionisio Salvador Valencia Palomares, director de Obras Públicas de Arteaga; Baldomero Morales Rivera, policía de Lázaro Cárdenas y la agente Gabriela Mata Chávez.
A esas libertades se sumarían semanas después las del alcalde de Apatzingán Genaro Guízar Valencia, y la del director de Fomento Industrial del estado, Ricardo Rubí Bustamante. Tres alcaldes fueron liberados desde antes de la consignación por no poderles probar delito alguno y ellos fueron Audel Méndez Chávez, de Coahuayana; José Cortez Ramos, de Aquila, y Osvaldo Esquivel Lucatero, de Buenavista.
Los aún presos
Paradójicamente, declaraciones casi idénticas de los testigos protegidos mantienen en prisión a 10 de los funcionarios detenidos el 26 de mayo.
El fallo del magistrado Lázaro Franco Robles consideró que lo que sí quedó acreditado con las declaraciones de los colaboradores de la PGR fue la operación y actividades de La Familia Michoacana y la evidencia de que para facilitar sus fines este grupo copta autoridades de los tres niveles de gobierno, además de coordinar con diferentes partidos políticos la selección de candidatos y sus colaboradores a las diferentes presidencias municipales.
En el veredicto quedó demostrado que el citado cártel se infiltró en la organización policiaca.
Siguen presos Ramón Ponce Ponce, coordinador de Asesores del procurador del estado y ex subprocurador, además del ex secretario de Seguridad Pública, Mario Bautista Ramírez, y de los policías Irlanda Sánchez Román, Antonio Sánchez Gaytán, Victorino Jacobo Reyes, José Lino Zamora Hernández, Noé Medina Martínez, Faraón Martínez Molina y Alfredo Ramírez García, así como el ex alcalde de Arteaga, Jairo Germán Rivas Páramo.
También permanece recluido el ex procurador Miguel García Hurtado, detenido días después del michoacanazo.
Ellos, aseguró, se integraron a la organización sin tener la calidad de líderes, pero en esencia daban protección a los miembros de La Familia, avisaban de la colocación de retenes u operativos policiales, intervenían para liberar a quienes eran detenidos, custodiaban cargamentos de droga y de dinero, transportaban armamento y escoltaban a jefes y sicarios, entre otras tareas.
Guerra antinarco, un fracaso: COMCE
Noticia:
La guerra que libra el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa contra el crimen organizado está perdida, aseguró el empresario Eugenio Clariond.
“Desgraciadamente en esta guerra, el Ejército gana malos salarios, está mal equipado y mal capacitado [...] Ellos [los militares] tienen que librar una guerra contra narcotraficantes que tienen el equipo más moderno y el apoyo de la policía, que es corrupta; es una guerra perdida que nunca vamos a ganar”, dijo.
Frente a funcionarios mexicanos encabezados por Bruno Ferrari, presidente de ProMéxico, el también presidente del Comité Empresarial Estados Unidos-México, del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), afirmó que se necesitan acciones inteligentes y nuevas estrategias.
El empresario aseguró que se requiere de grupos de élite que estén bien pagados para hacer frente a la delincuencia.
Admitió que los niveles de inseguridad que afectan a ciudades norteñas como Monterrey, Nuevo León, y Ciudad Juárez, Chihuahua, han provocado que los empresario decidan no invertir en el país.
Clariond comentó: “Este es un tema sumamente sensible. Yo conozco empresas que no han invertido en México porque no se sienten seguras, porque no hay un estado de derecho”.
El empresario participó ayer en el seminario “México: retos económicos en el año de su Bicentenario”, organizado por Americas Society/Council of the Americas y ProMéxico, un evento en el que estaba contemplada la asistencia del secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien de última hora no acudió.
Urgen poner fin a “hiperburocracia”
Eugenio Clariond afirmó que otro problema que enfrenta México para ser competitivo y hacer negocios es la “hiperburocracia” en trámites administrativos y la aplicación de un sistema fiscal oneroso.
El empresario nuevoleonés aseguró que “este país tiene demasiados burócratas, es realmente una pesadilla para la mayoría poder cumplir con los trámites”.
Dijo que una de las tareas prioritarias en el corto plazo es iniciar una cruzada en materia de simplificación de trámites, que facilite la generación de nuevas empresas y unidades de negocio que generen más empleo, pues el sistema impositivo actual es muy sofisticado y está cargado de una gran cantidad de impuestos.
Clariond criticó: “Para aquellos que pagan impuestos es algo muy difícil; para aquellos que no los pagan, es sencillo”.
Críticas a Pemex
Eugenio Clariond también criticó el monopolio en el sector petrolero. Dijo que “México debería tener una industria enorme en petroquímica, pero no se puede tener por la alta dependencia de Pemex [...] Nunca he visto una empresa extranjera que deje el país porque únicamente hay dos cadenas televisoras, pero sí hay muchísimas empresas que dejaron el país porque no pueden comprar materias petroquímicas y no pueden ser competitivos en energía”.
Consideró que México está llamado a tomar acciones para adquirir la competitividad perdida, porque de no hacerlo rápidamente las oportunidades de negocio externas e internas seguirán escapando.
El directivo del COMCE comentó que las drogas seguirán fluyendo hacia México si Estados Unidos sigue gastando “mucho dinero” para su adquisición.
También criticó al gobierno estadounidense por la emisión de gases contaminantes y desechos hacia aguas mexicanas, y por la chatarrización de vehículos que envía a la frontera con Baja California.
La guerra que libra el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa contra el crimen organizado está perdida, aseguró el empresario Eugenio Clariond.
“Desgraciadamente en esta guerra, el Ejército gana malos salarios, está mal equipado y mal capacitado [...] Ellos [los militares] tienen que librar una guerra contra narcotraficantes que tienen el equipo más moderno y el apoyo de la policía, que es corrupta; es una guerra perdida que nunca vamos a ganar”, dijo.
Frente a funcionarios mexicanos encabezados por Bruno Ferrari, presidente de ProMéxico, el también presidente del Comité Empresarial Estados Unidos-México, del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), afirmó que se necesitan acciones inteligentes y nuevas estrategias.
El empresario aseguró que se requiere de grupos de élite que estén bien pagados para hacer frente a la delincuencia.
Admitió que los niveles de inseguridad que afectan a ciudades norteñas como Monterrey, Nuevo León, y Ciudad Juárez, Chihuahua, han provocado que los empresario decidan no invertir en el país.
Clariond comentó: “Este es un tema sumamente sensible. Yo conozco empresas que no han invertido en México porque no se sienten seguras, porque no hay un estado de derecho”.
El empresario participó ayer en el seminario “México: retos económicos en el año de su Bicentenario”, organizado por Americas Society/Council of the Americas y ProMéxico, un evento en el que estaba contemplada la asistencia del secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien de última hora no acudió.
Urgen poner fin a “hiperburocracia”
Eugenio Clariond afirmó que otro problema que enfrenta México para ser competitivo y hacer negocios es la “hiperburocracia” en trámites administrativos y la aplicación de un sistema fiscal oneroso.
El empresario nuevoleonés aseguró que “este país tiene demasiados burócratas, es realmente una pesadilla para la mayoría poder cumplir con los trámites”.
Dijo que una de las tareas prioritarias en el corto plazo es iniciar una cruzada en materia de simplificación de trámites, que facilite la generación de nuevas empresas y unidades de negocio que generen más empleo, pues el sistema impositivo actual es muy sofisticado y está cargado de una gran cantidad de impuestos.
Clariond criticó: “Para aquellos que pagan impuestos es algo muy difícil; para aquellos que no los pagan, es sencillo”.
Críticas a Pemex
Eugenio Clariond también criticó el monopolio en el sector petrolero. Dijo que “México debería tener una industria enorme en petroquímica, pero no se puede tener por la alta dependencia de Pemex [...] Nunca he visto una empresa extranjera que deje el país porque únicamente hay dos cadenas televisoras, pero sí hay muchísimas empresas que dejaron el país porque no pueden comprar materias petroquímicas y no pueden ser competitivos en energía”.
Consideró que México está llamado a tomar acciones para adquirir la competitividad perdida, porque de no hacerlo rápidamente las oportunidades de negocio externas e internas seguirán escapando.
El directivo del COMCE comentó que las drogas seguirán fluyendo hacia México si Estados Unidos sigue gastando “mucho dinero” para su adquisición.
También criticó al gobierno estadounidense por la emisión de gases contaminantes y desechos hacia aguas mexicanas, y por la chatarrización de vehículos que envía a la frontera con Baja California.
martes, 25 de mayo de 2010
Narco fija 'impuesto' a aseguradoras
Noticia:
El pasado 12 de mayo un desconocido que se presentó como miembro del cártel del Golfo reunió en Tampico, Tamaulipas, a representantes de 11 compañías aseguradoras con sede en Monterrey. El motivo, presentar un nuevo plan de trabajo “que nos conviene a todos”.
El individuo explicó: “A ustedes les va a reducir mucho los costos y sus jefes deben de entender que lo hacemos por el bien de su compañía”.
El “esquema” que presentó consistió en que las empresas pagarían medio millón de pesos a cambio de “no molestarlas”. Cada 30 días le tocaría a diferente aseguradora hacer “la aportación”.
“Si alguien dice que no, de castigo les voy a meter un siniestro diario durante un año, y me lo van a tener que pagar. Uno diario, de a 5 mil o 10 mil [pesos], pero diario, hasta cumplir un año, y al final les va a costar más de 3 millones”, advirtió.
Para que cada aseguradora aporte los 500 mil pesos mensuales el crimen organizado planteó simular siniestros de vehículos, por los que exigen el pago total de pólizas.
“Recuerden que esto es como el derecho: la ley no es retroactiva. Nada de que ahorita digo ‘sí’ y el mes que les toque dicen ‘fíjate que no’”, les dijo el sujeto que los citó.
A la reunión del 12 de mayo asistieron gerentes y representantes de firmas como AXA, GNP, Qualitas, ABA, Tepeyac, HDI, Metropolitana, Potosí, Bancomer y Banorte, según el expediente de investigación ordenado por una de las compañías.
Las tácticas fraudulentas han dejado pérdidas a las empresas por 15 millones de pesos en los primeros cinco meses de este año, 8 millones más que en 2009.
Rogelio Lozano de León, uno de los investigadores contratados por las compañías de seguros, señala que además de los accidentes simulados, los grupos de la delincuencia organizada controlan la venta de licor adulterado en la zona metropolitana de la capital regia y mantienen elevados niveles de secuestro, extorsión y robos con violencia.
Lozano, ex secretario de Seguridad en el municipio de San Pedro Garza García, funge ahora como asesor de empresas dedicadas a la seguridad privada. Afirma que ha aumentado la demanda de protección entre los empresarios, por las amenazas de las bandas delictivas.
EL UNIVERSAL publicó ayer que la inseguridad ha propiciado en el país el surgimiento de “ejércitos” privados al margen de la ley, que aglutinan a unos 900 mil elementos.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado carece de datos precisos sobre las empresas de seguridad. Lozano calcula que son mil y que están conformadas por más de 20 mil elementos, el doble de policías que hay en Nuevo León.
Para Pedro Isidoro de la Cruz, especialista de la UNAM, la seguridad privada se vuelve un negocio pujante y peligroso ante el contexto de corrupción institucional y fuerte presencia del crimen.
El pasado 12 de mayo un desconocido que se presentó como miembro del cártel del Golfo reunió en Tampico, Tamaulipas, a representantes de 11 compañías aseguradoras con sede en Monterrey. El motivo, presentar un nuevo plan de trabajo “que nos conviene a todos”.
El individuo explicó: “A ustedes les va a reducir mucho los costos y sus jefes deben de entender que lo hacemos por el bien de su compañía”.
El “esquema” que presentó consistió en que las empresas pagarían medio millón de pesos a cambio de “no molestarlas”. Cada 30 días le tocaría a diferente aseguradora hacer “la aportación”.
“Si alguien dice que no, de castigo les voy a meter un siniestro diario durante un año, y me lo van a tener que pagar. Uno diario, de a 5 mil o 10 mil [pesos], pero diario, hasta cumplir un año, y al final les va a costar más de 3 millones”, advirtió.
Para que cada aseguradora aporte los 500 mil pesos mensuales el crimen organizado planteó simular siniestros de vehículos, por los que exigen el pago total de pólizas.
“Recuerden que esto es como el derecho: la ley no es retroactiva. Nada de que ahorita digo ‘sí’ y el mes que les toque dicen ‘fíjate que no’”, les dijo el sujeto que los citó.
A la reunión del 12 de mayo asistieron gerentes y representantes de firmas como AXA, GNP, Qualitas, ABA, Tepeyac, HDI, Metropolitana, Potosí, Bancomer y Banorte, según el expediente de investigación ordenado por una de las compañías.
Las tácticas fraudulentas han dejado pérdidas a las empresas por 15 millones de pesos en los primeros cinco meses de este año, 8 millones más que en 2009.
Rogelio Lozano de León, uno de los investigadores contratados por las compañías de seguros, señala que además de los accidentes simulados, los grupos de la delincuencia organizada controlan la venta de licor adulterado en la zona metropolitana de la capital regia y mantienen elevados niveles de secuestro, extorsión y robos con violencia.
Lozano, ex secretario de Seguridad en el municipio de San Pedro Garza García, funge ahora como asesor de empresas dedicadas a la seguridad privada. Afirma que ha aumentado la demanda de protección entre los empresarios, por las amenazas de las bandas delictivas.
EL UNIVERSAL publicó ayer que la inseguridad ha propiciado en el país el surgimiento de “ejércitos” privados al margen de la ley, que aglutinan a unos 900 mil elementos.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado carece de datos precisos sobre las empresas de seguridad. Lozano calcula que son mil y que están conformadas por más de 20 mil elementos, el doble de policías que hay en Nuevo León.
Para Pedro Isidoro de la Cruz, especialista de la UNAM, la seguridad privada se vuelve un negocio pujante y peligroso ante el contexto de corrupción institucional y fuerte presencia del crimen.
lunes, 24 de mayo de 2010
Detectan nuevo “cártel” de jóvenes en sur del DF
Noticia:
El Consejo para la Ley y los Derechos Humanos denunció que en el sur de la ciudad de México existen grupos de jóvenes dedicados de forma independiente a la producción y venta de drogas.
“Existen al menos 50 grupos de entre ocho y 15 personas de 20 a 25 años, están operando con esta modalidad, sin ningún temor a las autoridades, pues éstas no han detectado sus operaciones”, afirmó Fernando Ruiz Canales, presidente de este órgano.
Los jóvenes son de clase media y alta y se han iniciado desde hace cuatro años en el narcotráfico, mencionó; sin embargo, aclaró que su perfil nada tiene que ver con la imagen tradicional de un narcotraficante. “No portan armas, no usan autos de lujo ni ropa de diseñador y nunca se les ve en los antros de moda, y sus ingresos llegan a alcanzar hasta los 80 mil pesos al mes. Este tipo de narcotraficante es universitario, tiene empleo, vive con su familia y suele llevar una vida que nunca despierta sospechas sobre sus actividades”, detalló.
Aseguró que estos “narcos” son apoyados de otros jóvenes que han estudiado química, con lo que han desarrollado sus propios sistemas de producción y distribución de enervantes.
Ruiz Canales dijo que su sistema de trabajo es tan complejo que se han especializado en la mejora de la producción de drogas de diseño y cultivo de mariguana. En cuanto a la mariguana, agregó, son capaces de obtener plantas que varían en cuanto a su efecto narcótico, volumen de producción por planta y hasta tiempos de cosecha mejorados, logrando obtener una gran variedad de ejemplares de mariguana.
Las drogas de diseño son elaboradas con una aparente gran facilidad por quienes conocen el manejo de los químicos y se elaboran tachas, ácidos, inductores de sueño, aceleradores, drogas que tienen gran éxito entre jóvenes y que suelen consumir con energetizantes, dijo.
“Esta nueva generación de narcotraficantes se distingue por no ejercer actos de violencia, no hay territorios que defender, no mantiene nexos con cárteles; por el contrario, evita todo contacto y evita ser su proveedor, distribuidor y consumidor. Todo su trabajo es independiente, desde la producción hasta la venta que está reservada para personas que son clientes confiables”, expresó.
Añadió que este organismo contactó a uno de estos jóvenes, realizó una compra para lograr confirmar la información. La venta se realizó a las dos de la tarde al sur del DF y a unos pasos, al menos ocho elementos de la policía que nunca se percataron de lo que ocurría, pues la mariguana que se entregó (100 gramos) fue discretamente empaquetada, paquete que permaneció más de dos horas a la vista de los policías, sin despertar ninguna sospecha a pesar de que en varias ocasiones pasaron frente al lugar.
El Consejo para la Ley y los Derechos Humanos denunció que en el sur de la ciudad de México existen grupos de jóvenes dedicados de forma independiente a la producción y venta de drogas.
“Existen al menos 50 grupos de entre ocho y 15 personas de 20 a 25 años, están operando con esta modalidad, sin ningún temor a las autoridades, pues éstas no han detectado sus operaciones”, afirmó Fernando Ruiz Canales, presidente de este órgano.
Los jóvenes son de clase media y alta y se han iniciado desde hace cuatro años en el narcotráfico, mencionó; sin embargo, aclaró que su perfil nada tiene que ver con la imagen tradicional de un narcotraficante. “No portan armas, no usan autos de lujo ni ropa de diseñador y nunca se les ve en los antros de moda, y sus ingresos llegan a alcanzar hasta los 80 mil pesos al mes. Este tipo de narcotraficante es universitario, tiene empleo, vive con su familia y suele llevar una vida que nunca despierta sospechas sobre sus actividades”, detalló.
Aseguró que estos “narcos” son apoyados de otros jóvenes que han estudiado química, con lo que han desarrollado sus propios sistemas de producción y distribución de enervantes.
Ruiz Canales dijo que su sistema de trabajo es tan complejo que se han especializado en la mejora de la producción de drogas de diseño y cultivo de mariguana. En cuanto a la mariguana, agregó, son capaces de obtener plantas que varían en cuanto a su efecto narcótico, volumen de producción por planta y hasta tiempos de cosecha mejorados, logrando obtener una gran variedad de ejemplares de mariguana.
Las drogas de diseño son elaboradas con una aparente gran facilidad por quienes conocen el manejo de los químicos y se elaboran tachas, ácidos, inductores de sueño, aceleradores, drogas que tienen gran éxito entre jóvenes y que suelen consumir con energetizantes, dijo.
“Esta nueva generación de narcotraficantes se distingue por no ejercer actos de violencia, no hay territorios que defender, no mantiene nexos con cárteles; por el contrario, evita todo contacto y evita ser su proveedor, distribuidor y consumidor. Todo su trabajo es independiente, desde la producción hasta la venta que está reservada para personas que son clientes confiables”, expresó.
Añadió que este organismo contactó a uno de estos jóvenes, realizó una compra para lograr confirmar la información. La venta se realizó a las dos de la tarde al sur del DF y a unos pasos, al menos ocho elementos de la policía que nunca se percataron de lo que ocurría, pues la mariguana que se entregó (100 gramos) fue discretamente empaquetada, paquete que permaneció más de dos horas a la vista de los policías, sin despertar ninguna sospecha a pesar de que en varias ocasiones pasaron frente al lugar.
viernes, 21 de mayo de 2010
Narco asedia a inmobiliarias
Noticia:
Empresas inmobiliarias sufren las consecuencias de la frontal lucha del gobierno federal contra el narcotráfico y el crimen organizado. Algunas de ellas son objeto de amenazas, de secuestro o no se les permite su operación si no pagan una cuota mensual para ofrecerles seguridad. Otras sufren invasión de las casas a medio construir por parte de grupos de civiles armados durante varios días.
“Esto me afectó en ventas y de plano tuve que dejar de operar en esa plaza”, afirma un desarrollador de la zona norte del país, que no quiso ser citado por cuestiones de seguridad.
Consorcio ARA recibió ofrecimiento de “servicios de seguridad”, por parte de grupos delictivos, en desarrollos de vivienda que planeaba construir en Reynosa, Tamaulipas “y mejor decidimos terminar lo que ya habíamos avanzado y dejar esa inversión para otro momento”, explicó Germán Ahumada Alduncin, director de la desarrolladora.
“De plano decidimos cerrar la plaza ante amenazas y robo de materiales y algo similar nos pasó en Ciudad Juárez (Chihhuahua)”, abundó el también presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).
Por su parte, Jorge Quinzaños Suárez, vicepresidente de la ADI, reconoció que son un sector donde el narcotráfico lava sus ingresos, pero aseguró: “no hemos sido permeados de forma grave, no al menos entre quienes tenemos grandes proyectos, ni por el lado de compradores ni inversionistas. En lo primero, la Ley de Impuesto Sobre la Renta nos obliga a reportar el manejo de montos en efectivo de más de cien mil pesos; el reporte obliga dar el nombre de las personas que nos pagan de esa forma”.
El también empresario dijo que hasta ahora el gobierno federal no se ha acercado a ellos para delinear alguna estrategia en el combate al lavado de dinero.
Empresas como Urbi tienen como política que en sus desarrollos se organicen los vecinos para el mantenimiento y la administración del conjunto habitacional; ahora ofrecen un plus: este modelo de organización comunitaria les permitirá contar con mecanismos de seguridad más efectivos ante la creciente delincuencia en la ciudad.
“Tenemos también como política no aceptar ofertas de compra de varias casas por parte de una sola persona, menos aún si ofrecen pagos en efectivo”, dijo una fuente allegada a la empresa, quien también aseguró que hasta el momento nadie los ha amenazado o exigido dinero.
La ADI agrupa a las 54 empresas más relevantes del país y cuyas inversiones significan el 70% del desarrollo comercial, industrial, de salud, de vivienda y turística de todo México.
Freno a inversiones
Ahumada Alduncin dijo que el impacto de la guerra al narcotráfico por parte del gobierno federal es incuantificable y variable en cada entidad de la República. Reiteró que los desarrolladores de vivienda enfrentan presiones del crimen organizado que “está vendiendo el derecho de piso para poder operar con tranquilidad, lo cual está frenando las inversiones en el sector inmobiliario”.
Apuntó que el impacto de la inseguridad es distinto en cada ciudad, ya que esta problemática se presenta sobre todo en la frontera del norte del país, aunque en el caso particular de Tijuana hay una mejoría en esta materia.
“Cuando llegas a un estado donde corres un riesgo de seguridad, o que te estén chantajeando en venderte seguridad, es como un nuevo impuesto si frena nuevas inversiones”, reiteró el empresario Ahumada Alduncin.
Empresas inmobiliarias sufren las consecuencias de la frontal lucha del gobierno federal contra el narcotráfico y el crimen organizado. Algunas de ellas son objeto de amenazas, de secuestro o no se les permite su operación si no pagan una cuota mensual para ofrecerles seguridad. Otras sufren invasión de las casas a medio construir por parte de grupos de civiles armados durante varios días.
“Esto me afectó en ventas y de plano tuve que dejar de operar en esa plaza”, afirma un desarrollador de la zona norte del país, que no quiso ser citado por cuestiones de seguridad.
Consorcio ARA recibió ofrecimiento de “servicios de seguridad”, por parte de grupos delictivos, en desarrollos de vivienda que planeaba construir en Reynosa, Tamaulipas “y mejor decidimos terminar lo que ya habíamos avanzado y dejar esa inversión para otro momento”, explicó Germán Ahumada Alduncin, director de la desarrolladora.
“De plano decidimos cerrar la plaza ante amenazas y robo de materiales y algo similar nos pasó en Ciudad Juárez (Chihhuahua)”, abundó el también presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).
Por su parte, Jorge Quinzaños Suárez, vicepresidente de la ADI, reconoció que son un sector donde el narcotráfico lava sus ingresos, pero aseguró: “no hemos sido permeados de forma grave, no al menos entre quienes tenemos grandes proyectos, ni por el lado de compradores ni inversionistas. En lo primero, la Ley de Impuesto Sobre la Renta nos obliga a reportar el manejo de montos en efectivo de más de cien mil pesos; el reporte obliga dar el nombre de las personas que nos pagan de esa forma”.
El también empresario dijo que hasta ahora el gobierno federal no se ha acercado a ellos para delinear alguna estrategia en el combate al lavado de dinero.
Empresas como Urbi tienen como política que en sus desarrollos se organicen los vecinos para el mantenimiento y la administración del conjunto habitacional; ahora ofrecen un plus: este modelo de organización comunitaria les permitirá contar con mecanismos de seguridad más efectivos ante la creciente delincuencia en la ciudad.
“Tenemos también como política no aceptar ofertas de compra de varias casas por parte de una sola persona, menos aún si ofrecen pagos en efectivo”, dijo una fuente allegada a la empresa, quien también aseguró que hasta el momento nadie los ha amenazado o exigido dinero.
La ADI agrupa a las 54 empresas más relevantes del país y cuyas inversiones significan el 70% del desarrollo comercial, industrial, de salud, de vivienda y turística de todo México.
Freno a inversiones
Ahumada Alduncin dijo que el impacto de la guerra al narcotráfico por parte del gobierno federal es incuantificable y variable en cada entidad de la República. Reiteró que los desarrolladores de vivienda enfrentan presiones del crimen organizado que “está vendiendo el derecho de piso para poder operar con tranquilidad, lo cual está frenando las inversiones en el sector inmobiliario”.
Apuntó que el impacto de la inseguridad es distinto en cada ciudad, ya que esta problemática se presenta sobre todo en la frontera del norte del país, aunque en el caso particular de Tijuana hay una mejoría en esta materia.
“Cuando llegas a un estado donde corres un riesgo de seguridad, o que te estén chantajeando en venderte seguridad, es como un nuevo impuesto si frena nuevas inversiones”, reiteró el empresario Ahumada Alduncin.
viernes, 14 de mayo de 2010
FCH: no se cambiará la estrategia
Noticia:
México no cambiará su estrategia de combate al narcotráfico pese a la creciente violencia generada por los cárteles de la droga, que ha manchado la imagen del país, dijo el presidente Felipe Calderón, quien la próxima semana estará en Washington para tratar el tema con su colega estadounidense, Barack Obama.
El mandatario dijo estar consciente de que la violencia genera una percepción de falta de control por parte del Estado entre los mexicanos y en el exterior.
“El número de muertes que hay impacta mucho, sobre todo la manera violenta en la que actúan los cárteles y sé que eso genera una percepción negativa en la gente”, dijo Calderón en entrevista con la agencia Reuters. “La única batalla en la que reconozco que no vamos avanzando bien es en la de la percepción”, dijo.
En la conversación, aseguró que México podría aprender de la experiencia de otros países, como Colombia, que también han tenido que enfrentar al narcotráfico, pero que a México le ha tomado menos tiempo.
“Lo que a Colombia le tomó casi 20 años, a nosotros nos está tomando, nos tomará quizá cinco, seis, siete años o menos, dependiendo qué tan perseverantes seamos en la acción”, expuso el Presidente mexicano.
Dijo que en este momento, México ya ha pasado por las etapas de fortalecimiento de los cárteles, división interna de los mismos, y una fuerte ola de violencia, para más adelante poder llegar a que su gobierno retome el control de esta situación.
“Sabíamos que era un problema colosal, un problema muy grande, pero que había que enfrentarlo”, dijo Calderón.
“Se debe hacer porque la alternativa es dejar a la gente en manos de los criminales”, agregó.
“Hacerse de la vista gorda, fingir que no pasa nada, dejarles en terreno abierto y que terminen acabando con la vida de las comunidades” no es una opción, dijo durante la entrevista.
La cruzada contra el narco fue emprendida por Calderón cuando asumió la Presidencia de la República a fines de 2006.
Impuestos al consumo
En la entrevista, el presidente Calderón dijo que elevar los impuestos al consumo es una buena manera para México de subir su recaudación y reducir su dependencia de los volátiles precios internacionales del petróleo.
Aclaró que no contempla por ahora proponer al Congreso nuevos cambios fiscales. “Estoy convencido que debe haber una tendencia a eliminar las excepciones en materia fiscal, que siguen generándole costos fiscales al gobierno”, afirmó. (Reuters)
México no cambiará su estrategia de combate al narcotráfico pese a la creciente violencia generada por los cárteles de la droga, que ha manchado la imagen del país, dijo el presidente Felipe Calderón, quien la próxima semana estará en Washington para tratar el tema con su colega estadounidense, Barack Obama.
El mandatario dijo estar consciente de que la violencia genera una percepción de falta de control por parte del Estado entre los mexicanos y en el exterior.
“El número de muertes que hay impacta mucho, sobre todo la manera violenta en la que actúan los cárteles y sé que eso genera una percepción negativa en la gente”, dijo Calderón en entrevista con la agencia Reuters. “La única batalla en la que reconozco que no vamos avanzando bien es en la de la percepción”, dijo.
En la conversación, aseguró que México podría aprender de la experiencia de otros países, como Colombia, que también han tenido que enfrentar al narcotráfico, pero que a México le ha tomado menos tiempo.
“Lo que a Colombia le tomó casi 20 años, a nosotros nos está tomando, nos tomará quizá cinco, seis, siete años o menos, dependiendo qué tan perseverantes seamos en la acción”, expuso el Presidente mexicano.
Dijo que en este momento, México ya ha pasado por las etapas de fortalecimiento de los cárteles, división interna de los mismos, y una fuerte ola de violencia, para más adelante poder llegar a que su gobierno retome el control de esta situación.
“Sabíamos que era un problema colosal, un problema muy grande, pero que había que enfrentarlo”, dijo Calderón.
“Se debe hacer porque la alternativa es dejar a la gente en manos de los criminales”, agregó.
“Hacerse de la vista gorda, fingir que no pasa nada, dejarles en terreno abierto y que terminen acabando con la vida de las comunidades” no es una opción, dijo durante la entrevista.
La cruzada contra el narco fue emprendida por Calderón cuando asumió la Presidencia de la República a fines de 2006.
Impuestos al consumo
En la entrevista, el presidente Calderón dijo que elevar los impuestos al consumo es una buena manera para México de subir su recaudación y reducir su dependencia de los volátiles precios internacionales del petróleo.
Aclaró que no contempla por ahora proponer al Congreso nuevos cambios fiscales. “Estoy convencido que debe haber una tendencia a eliminar las excepciones en materia fiscal, que siguen generándole costos fiscales al gobierno”, afirmó. (Reuters)
“Calderón requiere de ayuda internacional”
Noticia:
La vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, cree que el presidente Felipe Calderón Hinojosa necesita ayuda internacional para llevar a cabo su lucha contra el crimen organizado. “Por supuesto que apoyamos decididamente a México en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, porque nos parece que son devastadores y que producen un enorme daño a la sociedad”, aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL.
“Pero la lucha contra esa delincuencia necesita, sin duda, de cooperación internacional, y todos tenemos que comprometernos y apoyarnos”, dijo al advertir: “Que los delincuentes y los narcotraficantes sepan que no van a tener ningún lugar en el mundo donde esconderse”.
Fernández de la Vega externó su preocupación ante el elevado número de muertes de civiles que se está produciendo en México fruto de esa batalla, y destacó la necesidad de ayudar a las organizaciones no gubernamentales en su tarea de protección a las víctimas, “desde el punto de vista de la prevención, de la reinserción y de la asistencia”.
Además, recalcó la necesidad de “evitar los daños tan terribles que se están produciendo como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico”.
La vicepresidenta recibió a EL UNIVERSAL en el palacio de La Moncloa —sede del gobierno español—, a unos días de que inicie en Santander (al norte de España) la Cumbre Unión Europea (UE)–México.
En dicho encuentro se formalizará el carácter de asociación estratégica entre la UE y México cuando se cumplen 10 años del acuerdo de libre comercio firmado entre ambas partes. Además, se desarrollará un plan ejecutivo conjunto basado en cinco puntos: consolidación de la democracia, protección de los derechos humanos, crecimiento económico, igualdad de oportunidades y compromiso mutuo para luchar contra la pobreza y la exclusión social.
Cumbre abordará ley SB1070
Durante la cumbre, los presidentes de México, Felipe Calderón, y de España, José Luis Rodríguez Zapatero, mantendrán un encuentro privado en el que abordarán, entre otros, el tema de la inmigración. La vicepresidenta española calificó de “muy dura” la reciente ley aprobada en Arizona (SB1070), que permite interrogar y arrestar a cualquier persona que se sospeche que está ilegalmente en Estados Unidos, y afirmó que la UE podría exigir, en el documento final de la cumbre, el respeto a los derechos humanos en su cumplimiento.
Dijo que “la ley Arizona ha sufrido muchas críticas y es muy dura [...] Ya veremos la evolución de su aplicación, pero ahora sólo puedo decir que hay que respetar al Parlamento que la ha aprobado en el ejercicio de su soberanía”.
En este sentido, explicó que el tema de la inmigración “hay que abordarlo con matices, rigor y seriedad, y afrontarlo teniendo en cuenta que afecta a personas que en la mayoría de las ocasiones tienen que emigrar por razones económicas”.
—¿Podría la Unión Europea, como ha hecho la ONU, instar al gobierno de Arizona a garantizar que la ley esté en consonancia con el respeto de los derechos humanos? —se le preguntó.
—La Unión Europea siempre mantiene con todos los países diálogos en el campo de los derechos humanos, es un principio esencial de la UE y de España. Que salga o no salga una resolución en el documento final de la cumbre, ya lo veremos. Aunque se trata de un claro principio exigible” —respondió.
Dos temas “incómodos”
El asunto de los feminicidios también estará sobre la mesa en el diálogo entre Calderón y Zapatero. España quiere que en el documento final de la Cumbre Unión Europea-América Latina-Caribe, que se celebrará el próximo lunes y martes en Madrid, aparezca una condena a los feminicidios y a la violencia contra las mujeres, así como una declaración de apoyo a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por su sentencia sobre el “Campo Algodonero”, en la que condena a México por la muerte de tres jóvenes en Ciudad Juárez.
Sin embargo, el gobierno mexicano está presionando para que ninguna de esas dos condenas aparezca.
“Uno de los elementos y principios que rigen nuestra presidencia semestral de la UE, y en el que se han asentado todas las acciones que estamos conviviendo, es la igualdad. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la igualdad lo vamos a impulsar, y dentro de la igualdad estamos trabajando para luchar contra la violencia de género. Es un objetivo fundamental de la presidencia”, aseguró Fernández de la Vega en referencia a apoyar dichas declaraciones.
Agradecen apoyo contra ETA
La vicepresidenta habló de la relación entre Calderón y Zapatero. Dijo que es “extraordinaria, excelente”, y que entre ellos hay “empatía” pese a pertenecer a partidos con ideologías diferentes. “Hay una magnífica relación. Muy positiva, de confianza, de cooperación, de respeto, de compartir muchas cosas. Hay muchos intereses comunes y muchos proyectos de futuro. Ha habido mucha lealtad y sigue habiéndola; eso es la base fundamental entre dos países”.
Puso como ejemplo el apoyo en la lucha contra la organización terrorista vasca ETA: “México ha cooperado y coopera de forma activa en la lucha contra ETA. No hay ninguna queja”.
Sobre la Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe, Fernández de la Vega se mostró esperanzada en que abra una nueva etapa. “Creemos que la cooperación y la asociación entre la UE y América Latina es muy importante, y durante nuestra presidencia nuestro principal objetivo ha sido traer Iberoamérica al corazón de Europa y llevar a Europa al corazón de Iberoamérica [...] España es Iberoamérica y es Europa, y esa confluencia hace que tengamos más responsabilidad y más capacidad para impulsar esa cooperación”.
El debate se centrará en la crisis económica, la situación política mundial y el cambio climático. También servirá de marco para reanudar las negociaciones, tras cinco años de estar suspendidas, entre la UE y el Mercosur.
La vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, cree que el presidente Felipe Calderón Hinojosa necesita ayuda internacional para llevar a cabo su lucha contra el crimen organizado. “Por supuesto que apoyamos decididamente a México en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, porque nos parece que son devastadores y que producen un enorme daño a la sociedad”, aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL.
“Pero la lucha contra esa delincuencia necesita, sin duda, de cooperación internacional, y todos tenemos que comprometernos y apoyarnos”, dijo al advertir: “Que los delincuentes y los narcotraficantes sepan que no van a tener ningún lugar en el mundo donde esconderse”.
Fernández de la Vega externó su preocupación ante el elevado número de muertes de civiles que se está produciendo en México fruto de esa batalla, y destacó la necesidad de ayudar a las organizaciones no gubernamentales en su tarea de protección a las víctimas, “desde el punto de vista de la prevención, de la reinserción y de la asistencia”.
Además, recalcó la necesidad de “evitar los daños tan terribles que se están produciendo como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico”.
La vicepresidenta recibió a EL UNIVERSAL en el palacio de La Moncloa —sede del gobierno español—, a unos días de que inicie en Santander (al norte de España) la Cumbre Unión Europea (UE)–México.
En dicho encuentro se formalizará el carácter de asociación estratégica entre la UE y México cuando se cumplen 10 años del acuerdo de libre comercio firmado entre ambas partes. Además, se desarrollará un plan ejecutivo conjunto basado en cinco puntos: consolidación de la democracia, protección de los derechos humanos, crecimiento económico, igualdad de oportunidades y compromiso mutuo para luchar contra la pobreza y la exclusión social.
Cumbre abordará ley SB1070
Durante la cumbre, los presidentes de México, Felipe Calderón, y de España, José Luis Rodríguez Zapatero, mantendrán un encuentro privado en el que abordarán, entre otros, el tema de la inmigración. La vicepresidenta española calificó de “muy dura” la reciente ley aprobada en Arizona (SB1070), que permite interrogar y arrestar a cualquier persona que se sospeche que está ilegalmente en Estados Unidos, y afirmó que la UE podría exigir, en el documento final de la cumbre, el respeto a los derechos humanos en su cumplimiento.
Dijo que “la ley Arizona ha sufrido muchas críticas y es muy dura [...] Ya veremos la evolución de su aplicación, pero ahora sólo puedo decir que hay que respetar al Parlamento que la ha aprobado en el ejercicio de su soberanía”.
En este sentido, explicó que el tema de la inmigración “hay que abordarlo con matices, rigor y seriedad, y afrontarlo teniendo en cuenta que afecta a personas que en la mayoría de las ocasiones tienen que emigrar por razones económicas”.
—¿Podría la Unión Europea, como ha hecho la ONU, instar al gobierno de Arizona a garantizar que la ley esté en consonancia con el respeto de los derechos humanos? —se le preguntó.
—La Unión Europea siempre mantiene con todos los países diálogos en el campo de los derechos humanos, es un principio esencial de la UE y de España. Que salga o no salga una resolución en el documento final de la cumbre, ya lo veremos. Aunque se trata de un claro principio exigible” —respondió.
Dos temas “incómodos”
El asunto de los feminicidios también estará sobre la mesa en el diálogo entre Calderón y Zapatero. España quiere que en el documento final de la Cumbre Unión Europea-América Latina-Caribe, que se celebrará el próximo lunes y martes en Madrid, aparezca una condena a los feminicidios y a la violencia contra las mujeres, así como una declaración de apoyo a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por su sentencia sobre el “Campo Algodonero”, en la que condena a México por la muerte de tres jóvenes en Ciudad Juárez.
Sin embargo, el gobierno mexicano está presionando para que ninguna de esas dos condenas aparezca.
“Uno de los elementos y principios que rigen nuestra presidencia semestral de la UE, y en el que se han asentado todas las acciones que estamos conviviendo, es la igualdad. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la igualdad lo vamos a impulsar, y dentro de la igualdad estamos trabajando para luchar contra la violencia de género. Es un objetivo fundamental de la presidencia”, aseguró Fernández de la Vega en referencia a apoyar dichas declaraciones.
Agradecen apoyo contra ETA
La vicepresidenta habló de la relación entre Calderón y Zapatero. Dijo que es “extraordinaria, excelente”, y que entre ellos hay “empatía” pese a pertenecer a partidos con ideologías diferentes. “Hay una magnífica relación. Muy positiva, de confianza, de cooperación, de respeto, de compartir muchas cosas. Hay muchos intereses comunes y muchos proyectos de futuro. Ha habido mucha lealtad y sigue habiéndola; eso es la base fundamental entre dos países”.
Puso como ejemplo el apoyo en la lucha contra la organización terrorista vasca ETA: “México ha cooperado y coopera de forma activa en la lucha contra ETA. No hay ninguna queja”.
Sobre la Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe, Fernández de la Vega se mostró esperanzada en que abra una nueva etapa. “Creemos que la cooperación y la asociación entre la UE y América Latina es muy importante, y durante nuestra presidencia nuestro principal objetivo ha sido traer Iberoamérica al corazón de Europa y llevar a Europa al corazón de Iberoamérica [...] España es Iberoamérica y es Europa, y esa confluencia hace que tengamos más responsabilidad y más capacidad para impulsar esa cooperación”.
El debate se centrará en la crisis económica, la situación política mundial y el cambio climático. También servirá de marco para reanudar las negociaciones, tras cinco años de estar suspendidas, entre la UE y el Mercosur.
jueves, 13 de mayo de 2010
Prevalece el uso de fuerza en la estrategia mexicana
Noticia:
La guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno federal en esta administración, ha requerido ajustes —sobre todo durante este año— en zonas como Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo un enfoque social, aunque sin el repliegue del Ejército de las calles.
Una batalla que apostó a la ofensiva con el despliegue de las Fuerzas Armadas para recuperar los territorios controlados por los cárteles, y derivó en una ola de violencia sin precedente en el país, también se ha caracterizado por una nueva relación de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos.
La Iniciativa Mérida es el eje rector de esta nueva sociedad, que se traduce en fondos por mil 400 millones de dólares aportados por el gobierno estadounidense para el combate al crimen organizado y el narcotráfico en México, además del reconocimiento desde la Casa Blanca de que ese país provee 90% de las armas que poseen los cárteles y el mayor consumidor de las drogas que venden los narcos mexicanos.
Más de 22 mil ejecuciones en lo que va del sexenio, 151 enfrentamientos del Ejército contra delincuentes sólo en enero y abril de 2010 —de acuerdo con reportes de la Sedena—, el despliegue de más de 48 mil militares en zonas más conflictivas para hacer frente a los cárteles, dan cuenta de la dimensión de una guerra que no tiene fecha de término.
Declaro la guerra en contra de…
El 11 de diciembre de 2006, el presidente Calderón da el primer paso en su declaratoria de guerra contra el narco y el crimen organizado. Anuncia el Operativo Conjunto Michoacán, entidad que era uno de los bastiones del poder del cártel del Golfo y escenario de decapitaciones autoría de La Familia.
Fue el inicio de una ofensiva, en la que el mandatario reconoció que abría bajas. Un escenario al que después se sumaron una decena más de operaciones conjuntas en Tamaulipas, Tijuana, Guerrero, Coahuila, Durango y Sinaloa.
El 3 de enero de 2007, portando una casa y gorra militar, Calderón no dudó en dejar en claro el papel protagónico de las Fuerzas Armadas en su estrategia de seguridad. En la Zona Militar 43 del Ejército en Michoacán, aseguró que “vengo hoy como comandante supremo a reconocer su trabajo, a exhortarlos a seguir adelante con firmeza, entrega y a decirles que estamos con ustedes”.
La ofensiva incluyó la extradición de jefes del narcotráfico a EU para ser juzgados en ese país. El 19 de enero de 2007, capos insignia como Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo; Gilberto Higuera Guerrero, El Gilillo y su hermano Ismael, El Mayel, quienes fueron los principales operadores del cártel de Tijuana, así como Héctor El Güero Palma Salazar, fundador del cártel de Sinaloa, fueron entregados a ese país.
La respuesta del crimen organizado fue inmediata e inició una escalada de violencia. En septiembre de 2007, Calderón, al detallar sus acciones ante organizaciones que desafiaron al Estado, reconoció que “la batalla contra el crimen organizado está aún lejos de concluir”.
Para diciembre de 2008, en Chilpancingo, Guerrero, fueron decapitados ocho militares. El Presidente reaccionó: “No daremos un paso atrás en esta lucha ni habrá tregua para los enemigos”.
En ese momento, ya había salido a la luz la traición institucional. La Operación Limpieza puso al descubierto que altos funcionarios de la PGR y la SSP colaboraban con el narco, incluyendo a mandos de la Interpol, y el entonces zar antidrogas Noé Ramírez Mandujano.
Luchas internas por el poder
Las organizaciones delictivas mantienen los embates contra las autoridades pero se disputan “a sangre y fuego” el control de las rutas para el trasiego de drogas, así como los mercados de distribución. Estos son algunos de los factores que explican la violencia creciente en el país y la ola de ejecuciones y enfrentamientos que ha derivado en la muerte de civiles en fuego cruzado, de acuerdo con reportes oficiales federales.
El cártel de los Beltrán Leyva se escindió. Héctor Beltrán —el heredero natural del liderzgo— con el apoyo de su lugarteniente Sergio Villareal Barragán, El Grande, desde diciembre de 2009, se disputa el control de la organización con Édgar Valdéz Villareal, La Barbie.
El cártel del Golfo encabezado por Ezequiel Cárdenas Guillén fue traicionado por Los Zetas, bajo la batuta de Heriberto Lazcano, Miguel Ángel Treviño Morales, El 40, e Iván Velázquez Caballero, El Talibán, que ahora buscan asociarse en algunas regiones del país con el creciente poderío de La Familia Michoacana, que está bajo la jefatura de José de Jesús Méndez Vargas, El Chango Méndez y Nazario Moreno, El Loco.
Sólo el cártel de Sinaloa está unido pero sus líderes Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada e Ignacio El Nacho Coronel, están en pugna con el resto de los cárteles.
Ajustes de estrategia
El 31 de enero de 2010 un comando ejecuta a 15 estudiantes en Ciudad Juárez a los que se confunde con integrantes del crimen organizado, eslabón en una cadena de ejecuciones que se dispararon en esa ciudad en los últimos meses. Un hecho que obligó al viraje de la estrategia, en una entidad a la que en febrero de 2009 se enviaron 5 mil elementos del Ejército y mil policías federales.
Todos Somos Juárez, Reconstruyamos Nuestra Ciudad fue anunciado el 11 de febrero por Calderón, como la estrategia que incluye 160 compromisos que apuestan a reconstruir el tejido social.
En ese mes la Policía Federal anunció que reforzaría sus trabajos de inteligencia bajo “cero tolerancia”. Sin embargo, el asesinato en marzo de personas ligadas al consulado de EU en Juárez, imprimió otro rumbo a las acciones.
La guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno federal en esta administración, ha requerido ajustes —sobre todo durante este año— en zonas como Ciudad Juárez, Chihuahua, bajo un enfoque social, aunque sin el repliegue del Ejército de las calles.
Una batalla que apostó a la ofensiva con el despliegue de las Fuerzas Armadas para recuperar los territorios controlados por los cárteles, y derivó en una ola de violencia sin precedente en el país, también se ha caracterizado por una nueva relación de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos.
La Iniciativa Mérida es el eje rector de esta nueva sociedad, que se traduce en fondos por mil 400 millones de dólares aportados por el gobierno estadounidense para el combate al crimen organizado y el narcotráfico en México, además del reconocimiento desde la Casa Blanca de que ese país provee 90% de las armas que poseen los cárteles y el mayor consumidor de las drogas que venden los narcos mexicanos.
Más de 22 mil ejecuciones en lo que va del sexenio, 151 enfrentamientos del Ejército contra delincuentes sólo en enero y abril de 2010 —de acuerdo con reportes de la Sedena—, el despliegue de más de 48 mil militares en zonas más conflictivas para hacer frente a los cárteles, dan cuenta de la dimensión de una guerra que no tiene fecha de término.
Declaro la guerra en contra de…
El 11 de diciembre de 2006, el presidente Calderón da el primer paso en su declaratoria de guerra contra el narco y el crimen organizado. Anuncia el Operativo Conjunto Michoacán, entidad que era uno de los bastiones del poder del cártel del Golfo y escenario de decapitaciones autoría de La Familia.
Fue el inicio de una ofensiva, en la que el mandatario reconoció que abría bajas. Un escenario al que después se sumaron una decena más de operaciones conjuntas en Tamaulipas, Tijuana, Guerrero, Coahuila, Durango y Sinaloa.
El 3 de enero de 2007, portando una casa y gorra militar, Calderón no dudó en dejar en claro el papel protagónico de las Fuerzas Armadas en su estrategia de seguridad. En la Zona Militar 43 del Ejército en Michoacán, aseguró que “vengo hoy como comandante supremo a reconocer su trabajo, a exhortarlos a seguir adelante con firmeza, entrega y a decirles que estamos con ustedes”.
La ofensiva incluyó la extradición de jefes del narcotráfico a EU para ser juzgados en ese país. El 19 de enero de 2007, capos insignia como Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo; Gilberto Higuera Guerrero, El Gilillo y su hermano Ismael, El Mayel, quienes fueron los principales operadores del cártel de Tijuana, así como Héctor El Güero Palma Salazar, fundador del cártel de Sinaloa, fueron entregados a ese país.
La respuesta del crimen organizado fue inmediata e inició una escalada de violencia. En septiembre de 2007, Calderón, al detallar sus acciones ante organizaciones que desafiaron al Estado, reconoció que “la batalla contra el crimen organizado está aún lejos de concluir”.
Para diciembre de 2008, en Chilpancingo, Guerrero, fueron decapitados ocho militares. El Presidente reaccionó: “No daremos un paso atrás en esta lucha ni habrá tregua para los enemigos”.
En ese momento, ya había salido a la luz la traición institucional. La Operación Limpieza puso al descubierto que altos funcionarios de la PGR y la SSP colaboraban con el narco, incluyendo a mandos de la Interpol, y el entonces zar antidrogas Noé Ramírez Mandujano.
Luchas internas por el poder
Las organizaciones delictivas mantienen los embates contra las autoridades pero se disputan “a sangre y fuego” el control de las rutas para el trasiego de drogas, así como los mercados de distribución. Estos son algunos de los factores que explican la violencia creciente en el país y la ola de ejecuciones y enfrentamientos que ha derivado en la muerte de civiles en fuego cruzado, de acuerdo con reportes oficiales federales.
El cártel de los Beltrán Leyva se escindió. Héctor Beltrán —el heredero natural del liderzgo— con el apoyo de su lugarteniente Sergio Villareal Barragán, El Grande, desde diciembre de 2009, se disputa el control de la organización con Édgar Valdéz Villareal, La Barbie.
El cártel del Golfo encabezado por Ezequiel Cárdenas Guillén fue traicionado por Los Zetas, bajo la batuta de Heriberto Lazcano, Miguel Ángel Treviño Morales, El 40, e Iván Velázquez Caballero, El Talibán, que ahora buscan asociarse en algunas regiones del país con el creciente poderío de La Familia Michoacana, que está bajo la jefatura de José de Jesús Méndez Vargas, El Chango Méndez y Nazario Moreno, El Loco.
Sólo el cártel de Sinaloa está unido pero sus líderes Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada e Ignacio El Nacho Coronel, están en pugna con el resto de los cárteles.
Ajustes de estrategia
El 31 de enero de 2010 un comando ejecuta a 15 estudiantes en Ciudad Juárez a los que se confunde con integrantes del crimen organizado, eslabón en una cadena de ejecuciones que se dispararon en esa ciudad en los últimos meses. Un hecho que obligó al viraje de la estrategia, en una entidad a la que en febrero de 2009 se enviaron 5 mil elementos del Ejército y mil policías federales.
Todos Somos Juárez, Reconstruyamos Nuestra Ciudad fue anunciado el 11 de febrero por Calderón, como la estrategia que incluye 160 compromisos que apuestan a reconstruir el tejido social.
En ese mes la Policía Federal anunció que reforzaría sus trabajos de inteligencia bajo “cero tolerancia”. Sin embargo, el asesinato en marzo de personas ligadas al consulado de EU en Juárez, imprimió otro rumbo a las acciones.
EU pide más eficacia contra narco
Noticia:
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, aseguró que, ante “la brutalidad y barbarismo” de los cárteles, se necesitan “estrategias más inteligentes y eficaces” de las implementadas hasta ahora para terminar con “una de las más grandes amenazas a la gobernabilidad, a las economía y a la calidad de vida” de todo el hemisferio, particularmente en México y países de Centroamérica.
“Tenemos buenos ejemplos de lo que hay que hacer, pero no estamos cerca de una estrategia efectiva”, aseguró Clinton al participar en la ceremonia de apertura de la Vigésima Conferencia de las Américas.
“Tenemos una enorme agenda por delante”, dijo Clinton al reiterar el compromiso de EU en la lucha contra los cárteles que, desde su punto de vista, ha tenido un exitoso precedente con el Plan Colombia y ahora con el plan Mérida que, tras sus primeros tres años de vida, ha entrado en fase de valoración para ajustarlo y reconfigurarlo según las necesidades de seguridad de México y Centroamérica.
“Colombia ha tenido una larga y heroica batalla contra el narcotráfico, que aún no ha terminado. Los países que hoy soportan la peor carga de esta lucha son México y Centroamérica”, consideró Clinton al decir que en la nueva fase de la cooperación que EU ha asumido bajo el principio de corresponsabilidad. “Se requiere de estrategias más inteligentes y efectivas. Sólo así se podrá enfrentar esta persistente amenaza a la sociedad civil, a la legitimidad gubernamental, a la presencia del gobierno en zonas que necesitan ser controladas”, agregó la funcionario estadounidense.
Elogia progreso económico
Hillary Clinton elogió los progresos en el área de desarrollo económico en América Latina, a juzgar por el crecimiento en el PIB, aunque pidió que los gobiernos trabajen para reducir más las desigualdades económicas.
Ayer, hizo uso de la palabra el subsecretario para asuntos hemisféricos, Arturo Valenzuela, quien evocó la difícil lucha por el restablecimiento de la democracia en el Continente.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton, aseguró que, ante “la brutalidad y barbarismo” de los cárteles, se necesitan “estrategias más inteligentes y eficaces” de las implementadas hasta ahora para terminar con “una de las más grandes amenazas a la gobernabilidad, a las economía y a la calidad de vida” de todo el hemisferio, particularmente en México y países de Centroamérica.
“Tenemos buenos ejemplos de lo que hay que hacer, pero no estamos cerca de una estrategia efectiva”, aseguró Clinton al participar en la ceremonia de apertura de la Vigésima Conferencia de las Américas.
“Tenemos una enorme agenda por delante”, dijo Clinton al reiterar el compromiso de EU en la lucha contra los cárteles que, desde su punto de vista, ha tenido un exitoso precedente con el Plan Colombia y ahora con el plan Mérida que, tras sus primeros tres años de vida, ha entrado en fase de valoración para ajustarlo y reconfigurarlo según las necesidades de seguridad de México y Centroamérica.
“Colombia ha tenido una larga y heroica batalla contra el narcotráfico, que aún no ha terminado. Los países que hoy soportan la peor carga de esta lucha son México y Centroamérica”, consideró Clinton al decir que en la nueva fase de la cooperación que EU ha asumido bajo el principio de corresponsabilidad. “Se requiere de estrategias más inteligentes y efectivas. Sólo así se podrá enfrentar esta persistente amenaza a la sociedad civil, a la legitimidad gubernamental, a la presencia del gobierno en zonas que necesitan ser controladas”, agregó la funcionario estadounidense.
Elogia progreso económico
Hillary Clinton elogió los progresos en el área de desarrollo económico en América Latina, a juzgar por el crecimiento en el PIB, aunque pidió que los gobiernos trabajen para reducir más las desigualdades económicas.
Ayer, hizo uso de la palabra el subsecretario para asuntos hemisféricos, Arturo Valenzuela, quien evocó la difícil lucha por el restablecimiento de la democracia en el Continente.
miércoles, 12 de mayo de 2010
Ejército “revienta” narcocampamento
Noticia:
Al filo de las 10:00 horas, cuatro helicópteros de la Fuerza Aérea, con soldados de élite de la séptima zona militar, sobrevolaron el municipio de Huigueras, un poblado semidesértico a más de 45 kilómetros al noreste de la zona metropolitana de Monterrey.
Por tierra, una docena de patrullas se dirigieron al mismo punto: un campamento cubierto por árboles, que se localiza sobre una brecha a unos dos kilómetros de la carretera Marín-Higueras.
Cuando los helicópteros estaban a unos cuatro kilómetros del objetivo, medio centenar de sicarios comenzó a huir hacia el monte. Dejaron sus armas, más de 200 rifles, entre R-15 y AK-47, 30 pistolas, 60 granadas, celulares y 12 camionetas “robadas a señoras en los estacionamientos de tiendas de autoservicio”.
Los vehículos penetraron al campamento y alcanzaron a ver cómo escapaba uno de los guardias de la “brecha” por la que se entraba al lugar.
Alrededor de 60 soldados que integraban una compañía especial de la séptima zona militar comenzaron a perseguir a los sicarios que escapaban entre los matorrales y caminos vecinales.
Un hombre demasiado obeso para correr se cubrió con pistola en mano debajo de unos matorrales, a unos 500 metros del campamento. Cuando los soldados lo localizaron, intentó disparar, pero una lluvia de balas le cortó las intenciones. Fue el único muerto en la zona.
El resto de los sicarios, cerca de medio centenar, según un capitán que coordinó el operativo, logró escapar debido a que el motor de los helicópteros los alertó.
El terreno era un “centro de adiestramiento” y operaciones, donde se entrenaban sicarios del ex brazo armado del cártel del Golfo. A lo largo de más de una hectárea quedaron regadas las armas, entre las que destacan cuatro lanzagranadas y lanzacohetes. Además de proyectiles y dos fusiles Barret, calibre 50, capaces de atravesar cualquier blindaje y derribar un helicóptero.
Los militares también aseguraron alrededor de 60 granadas, más de mil cargadores abastecidos para rifles R-15, así como miles de cartuchos útiles.
En diversos puntos del campamento estaban distribuidas veladoras con la imagen de la Santa Muerte, a lado de latas de comida, ropa, uniformes con la letra zeta y decenas de fornituras.
“Localizamos el campamento, tras una denuncia anónima”, dijo el capitán que coordinó el operativo, que concluyó cerca del mediodía. Mientras los soldados recogían el arsenal, se convocó a los medios para mostrar el campamento.
Al filo de las 10:00 horas, cuatro helicópteros de la Fuerza Aérea, con soldados de élite de la séptima zona militar, sobrevolaron el municipio de Huigueras, un poblado semidesértico a más de 45 kilómetros al noreste de la zona metropolitana de Monterrey.
Por tierra, una docena de patrullas se dirigieron al mismo punto: un campamento cubierto por árboles, que se localiza sobre una brecha a unos dos kilómetros de la carretera Marín-Higueras.
Cuando los helicópteros estaban a unos cuatro kilómetros del objetivo, medio centenar de sicarios comenzó a huir hacia el monte. Dejaron sus armas, más de 200 rifles, entre R-15 y AK-47, 30 pistolas, 60 granadas, celulares y 12 camionetas “robadas a señoras en los estacionamientos de tiendas de autoservicio”.
Los vehículos penetraron al campamento y alcanzaron a ver cómo escapaba uno de los guardias de la “brecha” por la que se entraba al lugar.
Alrededor de 60 soldados que integraban una compañía especial de la séptima zona militar comenzaron a perseguir a los sicarios que escapaban entre los matorrales y caminos vecinales.
Un hombre demasiado obeso para correr se cubrió con pistola en mano debajo de unos matorrales, a unos 500 metros del campamento. Cuando los soldados lo localizaron, intentó disparar, pero una lluvia de balas le cortó las intenciones. Fue el único muerto en la zona.
El resto de los sicarios, cerca de medio centenar, según un capitán que coordinó el operativo, logró escapar debido a que el motor de los helicópteros los alertó.
El terreno era un “centro de adiestramiento” y operaciones, donde se entrenaban sicarios del ex brazo armado del cártel del Golfo. A lo largo de más de una hectárea quedaron regadas las armas, entre las que destacan cuatro lanzagranadas y lanzacohetes. Además de proyectiles y dos fusiles Barret, calibre 50, capaces de atravesar cualquier blindaje y derribar un helicóptero.
Los militares también aseguraron alrededor de 60 granadas, más de mil cargadores abastecidos para rifles R-15, así como miles de cartuchos útiles.
En diversos puntos del campamento estaban distribuidas veladoras con la imagen de la Santa Muerte, a lado de latas de comida, ropa, uniformes con la letra zeta y decenas de fornituras.
“Localizamos el campamento, tras una denuncia anónima”, dijo el capitán que coordinó el operativo, que concluyó cerca del mediodía. Mientras los soldados recogían el arsenal, se convocó a los medios para mostrar el campamento.
martes, 11 de mayo de 2010
Narcos se disputan el Edomex: Peña Nieto
Noticia:
El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, consideró que la zona metropolitana del valle de México, podría ser guarida o residencia de líderes del narcotráfico que se pelean la zona.
Luego de encabezar un evento masivo en este municipio donde festejó el Día de las Madres, el mandatario señaló que “desde hace tiempo atrás” existen grupos de la delincuencia organizada en el valle de México, pues la zona metropolitana que forman Edomex y DF, dijo, son un gran nicho del mercado de drogas.
Por primera vez el gobernador mexiquense consideró que la plaza pudiera estar siendo motivo de fuertes disputas entre grupos del narcotráfico y que dada la complejidad que se enfrenta en la región debido a su “metropolización”, ésta pudiera estar siendo utilizada como “guarida” por los grandes capos.
“Porque lamentablemente aquí es un gran mercado que seguramente grupos se están disputando, y por otro lado, la metropolización que vivimos a veces hace que para muchas cabezas de estos grupos sea su lugar de residencia y asiento, ante la posibilidad de pasar de manera inadvertida, casi anónima en su presencia, lo que no ocurre en lugares mucho más pequeños”, indicó.
Por otra parte, Peña Nieto agregó que la denuncia electoral interpuesta en su contra por parte de líderes panistas, al haber asistido a Puebla el jueves pasado, no revela más que una estrategia de descalificación por los tiempos electorales que se viven en otras entidades.
En este sentido aseguró que se estancia en Puebla se debió a una reunión con empresarios, en la que estaba presente el aspirante priísta al gobierno de esa entidad, Javier López, “pero no correspondía a un acto proselitista de campaña”.
Cateos en Zona Esmeralda
Los cateos realizados a más de cinco residencias de Zona Esmeralda por elementos de la Marina son bien vistos por los residentes de los exclusivos fraccionamientos que integran esta región mexiquense, porque “están detectando a personas nocivas que intentaban mimetizarse entre las familias que tenemos una forma honesta de vida”.
La noche del domingo 9 de mayo, fuerzas militares catearon cinco residencias, tres de ellas en el Club de Golf Valle Escondido y dos en Hacienda de Valle Escondido, según reportaron vecinos.
El 8 de mayo cerca de 80 elementos del Ejército participaron en el cateo a otra residencia ubicada en la calle Castillo de Oxford en el fraccionamiento Condado de Sayavedra, donde encontraron un arsenal de armas luego de que la noche del viernes se registró una balacera, con un saldo de dos personas muertas.
El pasado 23 de marzo un helicóptero de las fuerzas federales descendió en el campo de golf de Valle Escondido, en donde realizaron el cateos de una casa.
La cercanía del aeropuerto de Atizapán con los fraccionamientos que integran la Zona Esmeralda en el poniente del valle de México, han hecho de esta región un punto atractivo para el lavado de dinero, toda vez que las propiedades se cotizan en dólares; además de ser el sitio de residencia de capos de la droga, que pueden trasladarse en aeronaves a distintos puntos del país.
Dirigentes vecinales de Zona Esmeralda señalaron en entrevistas realizadas por EL UNIVERSAL, que la presencia de la fuerzas federales y del Ejército en los cateos a residencias de esta zona, es bien vista por la comunidad.
“Han llegado a vivir aquí y tratan de mimetizarse entre familias que tienen un origen y una forma honesta de vida”, “estamos de acuerdo con estos operativos si son para detener a delincuentes”, apuntaron dirigentes vecinales.
El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, David Castañeda Delgado, confirmó que el último operativo de las fuerzas federales realizado el 9 de mayo, se prolongó por más de seis horas.
El diputado Carlos Iriarte, quien forma parte de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Legislatura local, apuntó si bien es cierto hay inquietud entre los vecinos tanto de Zona Esmeralda como de la zona de Interlomas, estas acciones forman parte de la lucha contra el narcotráfico, donde debe fortalecerse la coordinación policiaca.
El gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, consideró que la zona metropolitana del valle de México, podría ser guarida o residencia de líderes del narcotráfico que se pelean la zona.
Luego de encabezar un evento masivo en este municipio donde festejó el Día de las Madres, el mandatario señaló que “desde hace tiempo atrás” existen grupos de la delincuencia organizada en el valle de México, pues la zona metropolitana que forman Edomex y DF, dijo, son un gran nicho del mercado de drogas.
Por primera vez el gobernador mexiquense consideró que la plaza pudiera estar siendo motivo de fuertes disputas entre grupos del narcotráfico y que dada la complejidad que se enfrenta en la región debido a su “metropolización”, ésta pudiera estar siendo utilizada como “guarida” por los grandes capos.
“Porque lamentablemente aquí es un gran mercado que seguramente grupos se están disputando, y por otro lado, la metropolización que vivimos a veces hace que para muchas cabezas de estos grupos sea su lugar de residencia y asiento, ante la posibilidad de pasar de manera inadvertida, casi anónima en su presencia, lo que no ocurre en lugares mucho más pequeños”, indicó.
Por otra parte, Peña Nieto agregó que la denuncia electoral interpuesta en su contra por parte de líderes panistas, al haber asistido a Puebla el jueves pasado, no revela más que una estrategia de descalificación por los tiempos electorales que se viven en otras entidades.
En este sentido aseguró que se estancia en Puebla se debió a una reunión con empresarios, en la que estaba presente el aspirante priísta al gobierno de esa entidad, Javier López, “pero no correspondía a un acto proselitista de campaña”.
Cateos en Zona Esmeralda
Los cateos realizados a más de cinco residencias de Zona Esmeralda por elementos de la Marina son bien vistos por los residentes de los exclusivos fraccionamientos que integran esta región mexiquense, porque “están detectando a personas nocivas que intentaban mimetizarse entre las familias que tenemos una forma honesta de vida”.
La noche del domingo 9 de mayo, fuerzas militares catearon cinco residencias, tres de ellas en el Club de Golf Valle Escondido y dos en Hacienda de Valle Escondido, según reportaron vecinos.
El 8 de mayo cerca de 80 elementos del Ejército participaron en el cateo a otra residencia ubicada en la calle Castillo de Oxford en el fraccionamiento Condado de Sayavedra, donde encontraron un arsenal de armas luego de que la noche del viernes se registró una balacera, con un saldo de dos personas muertas.
El pasado 23 de marzo un helicóptero de las fuerzas federales descendió en el campo de golf de Valle Escondido, en donde realizaron el cateos de una casa.
La cercanía del aeropuerto de Atizapán con los fraccionamientos que integran la Zona Esmeralda en el poniente del valle de México, han hecho de esta región un punto atractivo para el lavado de dinero, toda vez que las propiedades se cotizan en dólares; además de ser el sitio de residencia de capos de la droga, que pueden trasladarse en aeronaves a distintos puntos del país.
Dirigentes vecinales de Zona Esmeralda señalaron en entrevistas realizadas por EL UNIVERSAL, que la presencia de la fuerzas federales y del Ejército en los cateos a residencias de esta zona, es bien vista por la comunidad.
“Han llegado a vivir aquí y tratan de mimetizarse entre familias que tienen un origen y una forma honesta de vida”, “estamos de acuerdo con estos operativos si son para detener a delincuentes”, apuntaron dirigentes vecinales.
El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, David Castañeda Delgado, confirmó que el último operativo de las fuerzas federales realizado el 9 de mayo, se prolongó por más de seis horas.
El diputado Carlos Iriarte, quien forma parte de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la Legislatura local, apuntó si bien es cierto hay inquietud entre los vecinos tanto de Zona Esmeralda como de la zona de Interlomas, estas acciones forman parte de la lucha contra el narcotráfico, donde debe fortalecerse la coordinación policiaca.
UE apoyará a México en lucha anticrimen
Noticia:
La violencia en México es un factor de preocupación en la Unión Europea (UE), por lo que el tema de la inseguridad y el apoyo al gobierno mexicano en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, será parte del plan de acción conjunto que se buscará concretar en la cumbre que se realizará la próxima semana en Santander, España entre México y los 27 países del bloque europeo.
Stefano Sannino, director general adjunto para Asia y América Latina, de la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea y el eurodiputado Enrique Guerrero Salom, integrante de la comisión encargada de la relación bilateral con México en el Parlamento Europeo, destacaron así uno de los aspectos del encuentro del 14 de mayo próximo, que será el marco para consolidar la relación estratégica con nuestro país.
En un encuentro con periodistas mexicanos en Bruselas, Bélgica, Stefano Sannino dijo que en la Comisión Europea “existe la preocupación de que el crimen organizado en México no ponga áreas del país fuera del control de las autoridades, por lo que se contará con todo nuestro apoyo y cooperación, tenemos toda la disposición para colaborar”.
Reconoció en este sentido el esfuerzo del gobierno mexicano por golpear las estructuras y operaciones de las organizaciones criminales, y destacó que “el esfuerzo debe ser de toda la sociedad”.
Dijo que es una tarea en la que también se debe comprometer la comunidad internacional, pues fenómenos como el narcotráfico tienen una dimensión trasnacional, “el crimen tiende a desplazarse, a tener vasos comunicantes de un país a otro y urge una lucha más acentuada”.
El funcionario europeo adelantó que como parte del plan de acción que se propondrá a México en la cumbre bilateral de Santander entre las medidas se prevé que la Comisión Europea envíe a expertos en el combate al crimen organizado y las mafias para que colaboren con las autoridades mexicanas.
Aunque no ofreció más detalles sobre el número de especialistas europeos que podrían ser enviados, ni las áreas que se buscarán reforzar con su asistencia, ya que será un tema que se decidirá con las autoridades mexicanas; sin embargo, dejó en claro que por el momento el proyecto no plantea apoyo financiero.
El eurodiputado Guerrero Salom, coincidió que el tema de seguridad en México es uno de los aspectos en los que ha puesto atención el Parlamento Europeo y en concreto la comisión de legisladores encargados de la relación binacional.
Por ello, en la Cumbre de Santander se emitirá un pronunciamiento en el que adelantó, se reconocerá el trabajo del gobierno federal al trabajo que han realizado las autoridades para hacer frente al narcotráfico, “la posición europea es sin duda de apoyo a las fuerzas de seguridad mexicanas”, explicó el legislador.
El texto elaborado por los eurodiputados, de acuerdo con el legislador español, dirá que “preocupados por la escalada de violencia en México, expresamos nuestro apoyo decidido al gobierno”.
Sobre derechos humanos
Como parte del diálogo a alto nivel que la Unión Europea sostendrá con el gobierno de México, previo a la Cumbre de Santander, el miércoles 12 de mayo se efectuará un encuentro en el Distrito Federal —con sede en la Secretaría de Relaciones Exteriores— donde se abordará el tema del respeto a los derechos humanos.
Stefano Sannino adelantó que en esta reunión el objetivo es conocer con profundidad los esfuerzos que ha realizado el gobierno mexicano en la materia.
Al preguntarle su opinión sobre las críticas que diversos organismos, incluyendo Naciones Unidas, han formulado sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad y que esto ha derivado en casos de violaciones a las garantías de la población, dijo que este sin duda será un tema que formará parte del encuentro, pero la Unión Europea (UE) no se ha pronunciado al respecto “y para eso es el diálogo, para escuchar a nuestro socio y conocer a fondo los hechos”.
El eurodiputado Guerrero Salom coincidió en que este encuentro sobre derechos humanos —que en la parte mexicana estará encabezado por Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería—, los representantes de la Unión Europea no pretenden ser censores ni dar líneas de acción “queremos escucharlos y conocer las acciones tomadas y el esfuerzo que se ha realizado para hacer prevalecer los derechos humanos”.
La agenda ambiental
Sannino también destacó que en la sociedad estratégica con México es crucial la agenda común y la visión que comparte con la UE sobre cambio climático.
Dijo que por ello será clave avanzar en acciones comunes con miras a la cumbre que se realizará a fin de año en Cancún, Quintana Roo, aunque reconoció que no existen expectativas de que en esta ocasión los países participantes lleguen o logren un acuerdo final.
“No tenemos expectativas demasiado ambiciosas. Países como China e India deben asumir su responsabilidad pues sus operaciones de producción tienen mucho impacto ambiental”, como uno de los retos para llegar a acuerdos a corto plazo.
La violencia en México es un factor de preocupación en la Unión Europea (UE), por lo que el tema de la inseguridad y el apoyo al gobierno mexicano en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, será parte del plan de acción conjunto que se buscará concretar en la cumbre que se realizará la próxima semana en Santander, España entre México y los 27 países del bloque europeo.
Stefano Sannino, director general adjunto para Asia y América Latina, de la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea y el eurodiputado Enrique Guerrero Salom, integrante de la comisión encargada de la relación bilateral con México en el Parlamento Europeo, destacaron así uno de los aspectos del encuentro del 14 de mayo próximo, que será el marco para consolidar la relación estratégica con nuestro país.
En un encuentro con periodistas mexicanos en Bruselas, Bélgica, Stefano Sannino dijo que en la Comisión Europea “existe la preocupación de que el crimen organizado en México no ponga áreas del país fuera del control de las autoridades, por lo que se contará con todo nuestro apoyo y cooperación, tenemos toda la disposición para colaborar”.
Reconoció en este sentido el esfuerzo del gobierno mexicano por golpear las estructuras y operaciones de las organizaciones criminales, y destacó que “el esfuerzo debe ser de toda la sociedad”.
Dijo que es una tarea en la que también se debe comprometer la comunidad internacional, pues fenómenos como el narcotráfico tienen una dimensión trasnacional, “el crimen tiende a desplazarse, a tener vasos comunicantes de un país a otro y urge una lucha más acentuada”.
El funcionario europeo adelantó que como parte del plan de acción que se propondrá a México en la cumbre bilateral de Santander entre las medidas se prevé que la Comisión Europea envíe a expertos en el combate al crimen organizado y las mafias para que colaboren con las autoridades mexicanas.
Aunque no ofreció más detalles sobre el número de especialistas europeos que podrían ser enviados, ni las áreas que se buscarán reforzar con su asistencia, ya que será un tema que se decidirá con las autoridades mexicanas; sin embargo, dejó en claro que por el momento el proyecto no plantea apoyo financiero.
El eurodiputado Guerrero Salom, coincidió que el tema de seguridad en México es uno de los aspectos en los que ha puesto atención el Parlamento Europeo y en concreto la comisión de legisladores encargados de la relación binacional.
Por ello, en la Cumbre de Santander se emitirá un pronunciamiento en el que adelantó, se reconocerá el trabajo del gobierno federal al trabajo que han realizado las autoridades para hacer frente al narcotráfico, “la posición europea es sin duda de apoyo a las fuerzas de seguridad mexicanas”, explicó el legislador.
El texto elaborado por los eurodiputados, de acuerdo con el legislador español, dirá que “preocupados por la escalada de violencia en México, expresamos nuestro apoyo decidido al gobierno”.
Sobre derechos humanos
Como parte del diálogo a alto nivel que la Unión Europea sostendrá con el gobierno de México, previo a la Cumbre de Santander, el miércoles 12 de mayo se efectuará un encuentro en el Distrito Federal —con sede en la Secretaría de Relaciones Exteriores— donde se abordará el tema del respeto a los derechos humanos.
Stefano Sannino adelantó que en esta reunión el objetivo es conocer con profundidad los esfuerzos que ha realizado el gobierno mexicano en la materia.
Al preguntarle su opinión sobre las críticas que diversos organismos, incluyendo Naciones Unidas, han formulado sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad y que esto ha derivado en casos de violaciones a las garantías de la población, dijo que este sin duda será un tema que formará parte del encuentro, pero la Unión Europea (UE) no se ha pronunciado al respecto “y para eso es el diálogo, para escuchar a nuestro socio y conocer a fondo los hechos”.
El eurodiputado Guerrero Salom coincidió en que este encuentro sobre derechos humanos —que en la parte mexicana estará encabezado por Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería—, los representantes de la Unión Europea no pretenden ser censores ni dar líneas de acción “queremos escucharlos y conocer las acciones tomadas y el esfuerzo que se ha realizado para hacer prevalecer los derechos humanos”.
La agenda ambiental
Sannino también destacó que en la sociedad estratégica con México es crucial la agenda común y la visión que comparte con la UE sobre cambio climático.
Dijo que por ello será clave avanzar en acciones comunes con miras a la cumbre que se realizará a fin de año en Cancún, Quintana Roo, aunque reconoció que no existen expectativas de que en esta ocasión los países participantes lleguen o logren un acuerdo final.
“No tenemos expectativas demasiado ambiciosas. Países como China e India deben asumir su responsabilidad pues sus operaciones de producción tienen mucho impacto ambiental”, como uno de los retos para llegar a acuerdos a corto plazo.
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