Corrupción, miseria y petróleo.

Reportaje:

El País de España.


Este 3 de agosto, el presidente de Guinea, Teodoro Obiang Nguema, cumple 30 largos años en el poder, con un balance netamente negativo desde cualquier ángulo desde donde se mire. Y eso a pesar del espectacular crecimiento macroeconómico del país desde hace 15 años, debido a la producción de petróleo y gas. De hecho, los recursos procedentes de la explotación de hidrocarburos han puesto en manos de la familia en el poder ingentes cantidades de dinero que, lejos de beneficiar a la población, han servido para consolidar su régimen dictatorial.

Conviene subrayar que la valoración de los 30 años del poder de Obiang no puede hacerse, como pretenden algunos, comparándolos con los 11 años de su tío Francisco Macías Nguema, primer presidente del país centroafricano tras su independencia de España en 1968. La sangrienta dictadura de Macías fue de un horror, de una crueldad y destrucción indescriptibles, arruinó económicamente al país, administrado como una gran finca, y no construyó la menor institución del Estado digna de ese nombre. De las evidentes diferencias entre la primera dictadura poscolonial y la segunda no puede deducirse que el régimen del sobrino se aleje totalmente de los planteamientos y la práctica política del maciísmo, que muchos de los prohombres del actual régimen añoran. Afortunadamente, el contexto político internacional desde el 3 de agosto de 1979 ha evolucionado en un sentido que ha impedido hasta el momento la recaída en el abismo.

Durante el régimen de Obiang se han ido creando, aunque sólo sea nominalmente, las instituciones políticas de un Estado. El sistema económico, desfalleciente durante los primeros 15 años, en los que dependía básicamente de la cooperación internacional, se ha visto favorecido en los últimos 15 por la explotación de los hidrocarburos -más de 400.000 barriles diarios de petróleo en la actualidad, que constituyen más del 90% del PIB nacional-, que han situado al país como tercer productor del Golfo de Guinea. Para la economía guineana ha sido fundamental la cooperación internacional bilateral -especialmente la española-, así como la multilateral, especialmente desde el ingreso del país en las instituciones regionales África Central UDEAC (hoy CEMAC) y el Banco de Estados de África Central (BEAC). Pero desde el inicio, al tiempo que se creaban instituciones, se las vaciaba de funcionalidad y contenido, para ponerlas al servicio del poder personal y omnímodo del actual presidente y su camarilla. El poder real en Guinea Ecuatorial sigue siendo un poder militar, apenas vestido de civil.

El reconocimiento del multipartidismo en 1992 y la legalización de 13 partidos políticos, además del gubernamental PDGE, supuso un importante cambio, aunque lleno de contradicciones. A esa situación se llegó más por los cambios históricos internacionales y las presiones externas que por las presiones procedentes del descontento popular, que, aunque enorme, era severamente reprimido. Esas reformas políticas suscitaron grandes expectativas de cambio democrático y pacífico, que probablemente alejaron durante muchos años las opciones de cambio violento desde dentro y fuera del régimen, y hasta probablemente la posibilidad de guerra civil. Las instituciones formales del Estado, como el Gobierno, el Parlamento o el Poder Judicial, se hicieron más visibles, así como los partidos políticos de la oposición.

Con el tiempo estos cambios se demostraron más nominales que reales. Y es que tales reformas políticas pusieron de manifiesto la fragilidad del régimen de Obiang, especialmente después de las elecciones municipales de 1995, en las que cuatro partidos de la oposición, liderados por Convergencia para la Democracia Social (CPDS) en una Plataforma de Oposición Conjunta, ganaron 19 de los 27 municipios en liza. Tras el pucherazo de las autoridades, que sólo reconoció a la oposición la victoria en nueve ayuntamientos -el de Malabo entre ellos-, el régimen decidió endurecerse y acabar con unos opositores políticos que fueron calificados -y siguen siéndolo- de "enemigos de la patria". El desarrollo posterior ha consistido en la reimplantación de un sistema de partido único de hecho.

Esto ocurría a la vez que se iniciaba en las aguas de Bioko la explotación de los yacimientos de petróleo por grandes multinacionales americanas como Exxon-Móbil. Desde entonces, estas empresas prestan al régimen todo tipo de apoyo económico y político, mediando prácticas de corrupción a gran escala, organizando lobbies para blanquear la imagen de Obiang y presentando al país como un oasis de democracia y desarrollo, mientras se producen nuevas vueltas de tuerca contra las libertades políticas y los derechos humanos.

De hecho, el Parlamento, que en 1993 llegó a contar con 11 diputados de la oposición de un total de 80, hoy sólo tiene uno de un total de 100. Y de los nueve municipios en manos de la oposición en 1995 se ha pasado al secuestro por el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) de la totalidad de los ayuntamientos actualmente existentes, que han pasado de 27 a 30. De los 324 concejales municipales, sólo 13 son de la oposición (CPDS), de los cuales las autoridades retienen las actas de 7 de ellos.

A excepción de CPDS, el resto de los partidos legalizados entre 1992 y 1993 han sido primero dinamitados y luego fagocitados por el PDGE, para formar lo que llaman "la gran coalición". En este tiempo, el Gobierno, hundido en la incompetencia y la corrupción, ha pasado de 30 miembros a más de 60, en un país de poco más de 600.000 habitantes. Los llamados jueces del Poder Judicial son en su mayor parte elementos de la seguridad presidencial. Y en todo este tiempo no se ha legalizado ningún sindicato, colegio profesional o asociación de derechos humanos.

En Guinea Ecuatorial se sigue practicando la tortura. Aunque el nivel de violencia ejercida contra los militantes y dirigentes de la oposición quizás haya disminuido, sustituida en muchos casos por su cooptación a cambio de un fajo de billetes, un puesto de trabajo y un carnet del partido en el poder, que les permita superar la imposibilidad de trabajar en el sector formal de la economía, público o privado.

Por lo que respecta a determinadas infraestructuras en construcción, cada una de ellas acaba costando al erario público cinco veces más de su valor real. Y peor aún: muchas se hacen a costa del sufrimiento de miles de familias cuyas tierras son expropiadas y sus viviendas destruidas por el Estado y los prohombres del régimen, sin indemnización alguna.

El boom petrolero es puro espejismo. Las elevadas cifras del PIB de un Estado no sirven como indicadores de su desarrollo cuando se sabe que el 95% del mismo procede de la explotación de los hidrocarburos y que menos de un 5% de la población acapara más del 90% de la riqueza nacional. No se puede hablar de progreso cuando los Indicadores de Desarrollo Humano han empeorado durante los 15 años de explotación del petróleo. Más del 80% de la población vive sin electricidad y sin acceso al agua potable, en todo el país no hay ni una sola biblioteca, ni pública ni privada, y más del 50% de los ingresos del Estado se pierden en los laberintos de la corrupción, al tiempo que el presidente tilda a los ciudadanos de "holgazanes" con los que no piensa repartir su dinero del petróleo.

La fractura entre pudientes-poderosos y pobres-oprimidos, las injusticias colectivas, la discriminación por razones étnicas y políticas, el fomento de los prejuicios y el odio entre las diferentes regiones del territorio nacional, la perversión de las costumbres y la moral social, así como la formación de una élite civil y militar mediocre, corrupta y perversa, son otros de los legados de los 30 años del actual régimen.

A excepción de la Administración Bush y las petroleras norteamericanas, los amigos de este régimen son los de siempre: China, Cuba, Marruecos, Corea del Norte, el Zimbabue de Mugabe... Sólo se entiende bien con aquellos que desprecian la democracia, explotan a sus poblaciones y violan los derechos humanos. Así que, después de 30 años de desencuentros, la actual política del Gobierno español hacia el régimen de Obiang sólo es viable si España quiere estar en Guinea Ecuatorial como un "simple empresario" o, en el peor de los casos, como un país despreocupado por la situación de miseria, explotación y opresión en la que viven la mayoría de los guineanos.

Plácido Micó es secretario general de Convergencia para la Democracia Social y único diputado de la oposición en el Parlamento guineano.