Noticia:
El clima de violencia que existe en la frontera norte de México obliga a los gobiernos de Barack Obama y Felipe Calderón Hinojosa a trazar la ruta hacia la despenalización del consumo de la mariguana, propuso la senadora y ex canciller Rosario Green Macías.
Previo a la llegada del gabinete de seguridad de Estados Unidos, encabezado por la secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, la senadora priísta criticó ayer a Washington por no comprometerse con México en la lucha que lleva a cabo el gobierno federal contra las bandas del crimen organizado.
La legisladora llamó a las autoridades estadounidenses a dejar de “pichicatear” recursos.
La ex canciller explicó: “Ni México ni EU tienen una estrategia para el combate al crimen organizado, porque la Iniciativa Mérida es un vehículo, es un inicio, es un acto de cooperación, y recoge un principio muy importante de corresponsabilidad, pero no es una estrategia”.
En el marco del debate por las reformas en materia de seguridad, Rosario Green pidió legislar para flexibilizar el intercambio de información entre México y Estados Unidos: “No se puede establecer un principio de corresponsabilidad, sin establecer un principio de compartimiento de información”.
Plan Mérida “no es bilateral”
La senadora Rosario Green pidió a los actores políticos mexicanos dejar de asustarse cuando agentes del FBI o de la DEA tengan que investigar en el país.
La Iniciativa Mérida, consideró Green en entrevista con este diario, no es una estrategia bilateral, simplemente, complementó, consiste en obtener recursos para comprar helicópteros o chalecos antibalas.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado pidió a los funcionarios del gobierno federal orientar la reunión con las autoridades de Washington hacia compromisos puntuales en temas como la reducción del consumo, la eliminación del tráfico ilegal de armas y acciones en contra de lavado de dinero.
“Yo ya no quisiera que hubiera un Mérida II, yo quisiera que hubiera una estrategia bilateral, que comprometa a uno y otro país a temas muy concisos, que quedaron en la declaración conjunta de Mérida”.
La legisladora priísta también se pronunció por la conformación de un grupo de trabajo que sesione de manera permanente la instrumentación y el avance de la agenda bilateral.
Por el consumo de drogas
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo coincidió en que México y Estados Unidos deben discutir la legalización del consumo de drogas.
La alternativa de legalizar la droga para acabar con el narco, debe ser parte de la agenda de la reunión de hoy, dijo el diputado del Partido del Trabajo.
Muñoz Ledo amplió que las delegaciones de ambos países también deben avanzar en los temas de lavado de dinero y evitar el paso de armas a México, y consideró que la reunión ministerial es ocasión para que se aborden las cuestiones de salud y de legalización del consumo.
martes, 23 de marzo de 2010
Pederastas, al amparo de la corrupción.
Noticia:
México es considerado el Bangkok de Latinoamerica por pederastas. Los depredadores sexuales que antes viajaban al Pacífico asiático para practicar el turismo sexual con menores de edad, ahora eligen a nuestro país porque los vacíos legales existentes en la legislación actual dificulta que los procesos jurídicos concluyan en sanciones y castigos para estos transgresores de la ley.
Juan Carlos Guel López, director de la Unidad de Delitos Cibernéticos de la SSP Federal, advierte que esas lagunas legislativas y la falta de capacitación de ministerios públicos y jueces, han hecho de México un lugar muy atractivo para pedófilos y pederastas porque les “sale más barato conseguir un amparo aquí o de plano salir de la cárcel, que en cualquier otro lugar del mundo”.
La organización internacional ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) señala en el documento “Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Una aproximación nacional” que, a pesar de que México ha ratificado tratados internacionales a favor de los derechos de los menores de edad y que se han hecho modificaciones en leyes locales, es urgente unificar criterios entre los códigos penales de estados y la federación para que los delincuentes reciban sanciones similares en todo el país.
En el diagnóstico de 2009, que el organismo dará a conocer en mayo próximo, observaron la aplicación de políticas públicas respecto de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) en la península de Yucatán, Oaxaca, DF, Baja California y el Estado de México.
ECPAT concluye que México cuenta con un marco legal y políticas públicas insuficientes en materia de prevención y atención al combate de delitos cometidos contra menores de edad.
“El marco legislativo dentro del país tiene leyes de distintas generaciones que se encuentran operando al mismo tiempo. Los vacíos legales son resquicios que permiten que esta problemática vaya en aumento”.
Varias inconsistencias
El estudio elaborado por ECPAT advierte sobre las inconsistencias entre los estados para determinar la edad del consentimiento sexual, la aplicación de la acción penal por abuso o violación si hay matrimonio, la falta de sanción al cliente-explotador en caso de prostitución infantil, y el concepto de corrupción de menores que engloba de manera confusa a distintas modalidades de los delitos cometidos contra niños.
Erick Gómez Tagle, doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), va más allá, pues asegura que es grave que en nuestro país existan códigos penales donde se sancione todavía los “bienes jurídicamente incorrectos como la moral pública y las buenas costumbres”.
Gómez Tagle advierte que estudiosos del derecho han insistido en la urgencia de homologar las leyes.
“Desde 2007 hemos señalado que eso es incorrecto porque no hay ningún perito en ninguna procuraduría que puede validar como se afecta la moral pública; segundo, porque ni siquiera se está tutelando la moral del menor afectado sino una falsa moral pública sin reconocer que hay una pluralidad de morales”, comenta el especialista.
El analista opina que se debe proteger la vida de los menores, “así como su dignidad, su libertad, su normal desarrollo psicosexual y por eso defendemos que el término jurídico sea el libre desarrollo de la personalidad”.
Actualmente los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Michoacán, Morelos, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, contemplan en sus códigos penales el delito de ultrajes a la moral pública. En tanto que entidades como Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, sancionan los ultrajes contra la moral pública o las buenas costumbres y la incitación a la prostitución infantil.
Repunte del delito
Norma Negrete, representante de ECPAT México, afirma que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes ha tenido un “repunte alarmante en los últimos 10 años y aunque hay ligeros avances en el ámbito legislativo, hay severas carencias en el desarrollo y aplicación de políticas públicas encaminadas a prevenir estos delitos.
La especialista señala que México está ubicado entre la comunidad internacional como un lugar donde es posible contactar menores de edad con fines sexuales a través del turismo, debido a la “corrupción y la impunidad imperante en los órganos de procuración y aplicación de la justicia”.
Al respecto, la presidenta de la Comisión Especial para la Lucha en Contra de la Trata de Personas, Rosi Orozco, asegura que de nada sirve que existan mejores leyes si los jueces encargados de dictar sentencia no usan un criterio correcto para evitar la impunidad en estos ilícitos.
La diputada de extracción panista pone como ejemplo el caso del sacerdote Rafael Muñiz López, de Xalapa, Veracruz, relacionado con una red de pornografía infantil en Internet, quien obtuvo un amparo federal con el que salió de la cárcel por la interpretación jurídica que los jueces federal y local le dieron al tema de la distribución de este material pornográfico en la red.
Rosi Orozco se pronunció en contra de que los juzgadores dejen en libertad a este tipo de delincuentes. “Estas acciones demuestran la incapacidad del Poder Judicial para impartir justicia y su insensibilidad hacia la niñez de nuestro país”.
México es considerado el Bangkok de Latinoamerica por pederastas. Los depredadores sexuales que antes viajaban al Pacífico asiático para practicar el turismo sexual con menores de edad, ahora eligen a nuestro país porque los vacíos legales existentes en la legislación actual dificulta que los procesos jurídicos concluyan en sanciones y castigos para estos transgresores de la ley.
Juan Carlos Guel López, director de la Unidad de Delitos Cibernéticos de la SSP Federal, advierte que esas lagunas legislativas y la falta de capacitación de ministerios públicos y jueces, han hecho de México un lugar muy atractivo para pedófilos y pederastas porque les “sale más barato conseguir un amparo aquí o de plano salir de la cárcel, que en cualquier otro lugar del mundo”.
La organización internacional ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) señala en el documento “Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Una aproximación nacional” que, a pesar de que México ha ratificado tratados internacionales a favor de los derechos de los menores de edad y que se han hecho modificaciones en leyes locales, es urgente unificar criterios entre los códigos penales de estados y la federación para que los delincuentes reciban sanciones similares en todo el país.
En el diagnóstico de 2009, que el organismo dará a conocer en mayo próximo, observaron la aplicación de políticas públicas respecto de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) en la península de Yucatán, Oaxaca, DF, Baja California y el Estado de México.
ECPAT concluye que México cuenta con un marco legal y políticas públicas insuficientes en materia de prevención y atención al combate de delitos cometidos contra menores de edad.
“El marco legislativo dentro del país tiene leyes de distintas generaciones que se encuentran operando al mismo tiempo. Los vacíos legales son resquicios que permiten que esta problemática vaya en aumento”.
Varias inconsistencias
El estudio elaborado por ECPAT advierte sobre las inconsistencias entre los estados para determinar la edad del consentimiento sexual, la aplicación de la acción penal por abuso o violación si hay matrimonio, la falta de sanción al cliente-explotador en caso de prostitución infantil, y el concepto de corrupción de menores que engloba de manera confusa a distintas modalidades de los delitos cometidos contra niños.
Erick Gómez Tagle, doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), va más allá, pues asegura que es grave que en nuestro país existan códigos penales donde se sancione todavía los “bienes jurídicamente incorrectos como la moral pública y las buenas costumbres”.
Gómez Tagle advierte que estudiosos del derecho han insistido en la urgencia de homologar las leyes.
“Desde 2007 hemos señalado que eso es incorrecto porque no hay ningún perito en ninguna procuraduría que puede validar como se afecta la moral pública; segundo, porque ni siquiera se está tutelando la moral del menor afectado sino una falsa moral pública sin reconocer que hay una pluralidad de morales”, comenta el especialista.
El analista opina que se debe proteger la vida de los menores, “así como su dignidad, su libertad, su normal desarrollo psicosexual y por eso defendemos que el término jurídico sea el libre desarrollo de la personalidad”.
Actualmente los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Michoacán, Morelos, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, contemplan en sus códigos penales el delito de ultrajes a la moral pública. En tanto que entidades como Nayarit, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, sancionan los ultrajes contra la moral pública o las buenas costumbres y la incitación a la prostitución infantil.
Repunte del delito
Norma Negrete, representante de ECPAT México, afirma que la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes ha tenido un “repunte alarmante en los últimos 10 años y aunque hay ligeros avances en el ámbito legislativo, hay severas carencias en el desarrollo y aplicación de políticas públicas encaminadas a prevenir estos delitos.
La especialista señala que México está ubicado entre la comunidad internacional como un lugar donde es posible contactar menores de edad con fines sexuales a través del turismo, debido a la “corrupción y la impunidad imperante en los órganos de procuración y aplicación de la justicia”.
Al respecto, la presidenta de la Comisión Especial para la Lucha en Contra de la Trata de Personas, Rosi Orozco, asegura que de nada sirve que existan mejores leyes si los jueces encargados de dictar sentencia no usan un criterio correcto para evitar la impunidad en estos ilícitos.
La diputada de extracción panista pone como ejemplo el caso del sacerdote Rafael Muñiz López, de Xalapa, Veracruz, relacionado con una red de pornografía infantil en Internet, quien obtuvo un amparo federal con el que salió de la cárcel por la interpretación jurídica que los jueces federal y local le dieron al tema de la distribución de este material pornográfico en la red.
Rosi Orozco se pronunció en contra de que los juzgadores dejen en libertad a este tipo de delincuentes. “Estas acciones demuestran la incapacidad del Poder Judicial para impartir justicia y su insensibilidad hacia la niñez de nuestro país”.
Mexibús daña 38 casas; propietarios demandan.
Noticia:
Las obras del Mexibús, el primer sistema de transporte masivo del estado de México, han ocasionado daños a predios de familias de las comunidades de Santa María y Santo Tomás Chiconautla, por lo que 38 de los afectados presentaron denuncias ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra el gobierno.
Las familias aseguran que la administración estatal no quiere pagar los daños ocasionados a sus terrenos pues el carril confinado por donde circularán las unidades de Ciudad Azteca a Tecámac está prácticamente en sus propiedades.
El Juzgado Octavo de Distrito en materia federal, con sede en Naucalpan, concedió un amparo provisional 36/2010 para que sus inmuebles no sean derrumbados “y las cosas se mantengan en el estado que se encuentran”.
En un recorrido por la zona de los trabajos los vecinos mostraron que cuatro de las estaciones que conformarán la ruta del Mexibús fueron edificadas frente a sus casas y no pueden meter o sacar sus automóviles porque la entrada principal se encuentra bloqueada.
Antonio Sánchez y Celia Hernández Fragoso, dos de los residentes que formaron un patronato ciudadano para defender sus viviendas, explicaron que presentaron dos denuncias ante el TCA - 11/51/2009 y 37/2010, para impedir que el proyecto perjudique su patrimonio.
Los vecinos aseguraron que el Mexibús está mal trazado porque en algunos puntos el carril confinado pasará sobre sus terrenos y en gran parte sólo habrá un carril disponible para los automotores que circularan por la región.
Las afectaciones más importantes que han dejado los trabajos de este transporte masivo se encuentran ubicadas en el kilómetro 27.5 al 29 de la carretera federal México-Pachuca.
TCA los apoya, dicen
El representante legal de las familias, Oliverio Larios, aseguró que ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) el gobierno del estado de México ha negado que el proyecto del Mexibús se lleve a cabo.
EL UNIVERSAL buscó a Pablo Suárez Coello, director de Infraestructura para el Transporte de Alta Capacidad del gobierno mexiquense, para escuchar su versión, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
La Junta Local de Caminos les indicó a los residentes que sus terrenos están sobre el derecho de vía, por lo que no les reconoce su propiedad, pero las familias cuentan con escrituras desde hace casi medio siglo, antes de que ese tramo de la carretera se convirtiera en federal.
La empresa Transmasivo, concesionaria del Mexibús, también ha acusado al gobierno del estado de México de incumplir con la realización del proyecto que tiene siete meses de retraso, lo que le ha ocasionado más de 70 millones de pesos en pérdidas.
Las obras del Mexibús, el primer sistema de transporte masivo del estado de México, han ocasionado daños a predios de familias de las comunidades de Santa María y Santo Tomás Chiconautla, por lo que 38 de los afectados presentaron denuncias ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra el gobierno.
Las familias aseguran que la administración estatal no quiere pagar los daños ocasionados a sus terrenos pues el carril confinado por donde circularán las unidades de Ciudad Azteca a Tecámac está prácticamente en sus propiedades.
El Juzgado Octavo de Distrito en materia federal, con sede en Naucalpan, concedió un amparo provisional 36/2010 para que sus inmuebles no sean derrumbados “y las cosas se mantengan en el estado que se encuentran”.
En un recorrido por la zona de los trabajos los vecinos mostraron que cuatro de las estaciones que conformarán la ruta del Mexibús fueron edificadas frente a sus casas y no pueden meter o sacar sus automóviles porque la entrada principal se encuentra bloqueada.
Antonio Sánchez y Celia Hernández Fragoso, dos de los residentes que formaron un patronato ciudadano para defender sus viviendas, explicaron que presentaron dos denuncias ante el TCA - 11/51/2009 y 37/2010, para impedir que el proyecto perjudique su patrimonio.
Los vecinos aseguraron que el Mexibús está mal trazado porque en algunos puntos el carril confinado pasará sobre sus terrenos y en gran parte sólo habrá un carril disponible para los automotores que circularan por la región.
Las afectaciones más importantes que han dejado los trabajos de este transporte masivo se encuentran ubicadas en el kilómetro 27.5 al 29 de la carretera federal México-Pachuca.
TCA los apoya, dicen
El representante legal de las familias, Oliverio Larios, aseguró que ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) el gobierno del estado de México ha negado que el proyecto del Mexibús se lleve a cabo.
EL UNIVERSAL buscó a Pablo Suárez Coello, director de Infraestructura para el Transporte de Alta Capacidad del gobierno mexiquense, para escuchar su versión, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
La Junta Local de Caminos les indicó a los residentes que sus terrenos están sobre el derecho de vía, por lo que no les reconoce su propiedad, pero las familias cuentan con escrituras desde hace casi medio siglo, antes de que ese tramo de la carretera se convirtiera en federal.
La empresa Transmasivo, concesionaria del Mexibús, también ha acusado al gobierno del estado de México de incumplir con la realización del proyecto que tiene siete meses de retraso, lo que le ha ocasionado más de 70 millones de pesos en pérdidas.
EU: Obama firma hoy la reforma de salud.
Noticia:
Barack Obama, tiene previsto firmar hoy su iniciativa de reforma sanitaria. Cuando esto suceda y el proyecto se convierta en ley, el presidente de Estados Unidos estará cosechando una victoria donde algunos de sus antecesores sólo sufrieron derrotas, como Franklin D. Roosevelt, Richard Nixon o Bill Clinton.
Rodeado de los congresistas que hicieron posible la victoria y que han sido convocados por la Casa Blanca para figurar como “testigos de excepción”, la imagen de Obama estampando su firma marcará el fin de una batalla épica y demostrará que la agenda del cambio que muchos se empeñaron en enterrar, ha sido capaz de superar su primera gran prueba de fuego.
Pero no todo será festejos. Ayer un grupo de fiscales generales de al menos una docena de estados —curiosamente la mayoría de ellos republicanos—, adelantaron su intención de presentar recursos por anticonstitucionalidad contra la aplicación de una reforma sanitaria que, al parecer, seguirá enfrentando encarnizadamente a demócratas y republicanos. Su intención es que las demandas lleguen hasta la Corte Suprema de Justicia.
“La legislación sobre sanidad que el Congreso aprobó (el domingo) es un asalto contra la Constitución”, dijo el fiscal general de Carolina del Sur, Henry McMaster, un viejo activo del Partido Republicano que fracasó en su campaña por convertirse en Senador en 1986, pero que tiene la mira puesta en la gubernatura de ese Estado en las elecciones de este mismo año. “El desafío legal por parte de los estados parece ser la única esperanza para proteger al pueblo estadounidense de este ataque sin precedentes contra nuestro sistema de gobierno”, añadió Henry McMaster quien se ha sumado a otras iniciativas para declararse en rebeldía contra las normativas de la agencia medioambiental de la administración (EPA), a fin de reducir la emisión de gases invernaderos.
La revuelta de los fiscales generales que respiran por la vena republicana es encabezada por Carolina del Sur y Florida y también incluye a los estados de Texas, Pennsylvania, Alabama, Utah, Virginia, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Washington.
El fiscal general de Florida, Bill McCollum, en un comunicado distribuido desde la noche del domingo, advirtió que “si el presidente promulga esta ley iniciaremos una denuncia para proteger los derechos e intereses de los ciudadanos estadounidenses”. Los fiscales que se oponen a la reforma argumentan que representa “una toma de control por parte del gobierno” de la asistencia de salud, que llevará al racionamiento de los servicios e impondrá una carga onerosa en las cuentas de EU.
El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, restó importancia a la decisión de los fiscales: “No creemos que tengan ningún éxito”. Expertos constitucionalistas ponen también en duda las posibilidades de éxito de esta nueva embestida de los republicanos contra la reforma sanitaria de Barack Obama.
En medio de los ataques contra su proyecto, Obama emprenderá una gira por el país para explicar la reforma sanitaria, cuyo proceso legislativo no quedará completado hasta que el Senado apruebe el paquete de modificaciones finales al proyecto, lo que podría ocurrir esta semana.
El jueves, el presidente viajará a Iowa, “la ciudad donde comenzó en mayo de 2007 la campaña de las bases en favor de una reforma sanitaria”, dijo Gibbs. (Con información de agencias)
Barack Obama, tiene previsto firmar hoy su iniciativa de reforma sanitaria. Cuando esto suceda y el proyecto se convierta en ley, el presidente de Estados Unidos estará cosechando una victoria donde algunos de sus antecesores sólo sufrieron derrotas, como Franklin D. Roosevelt, Richard Nixon o Bill Clinton.
Rodeado de los congresistas que hicieron posible la victoria y que han sido convocados por la Casa Blanca para figurar como “testigos de excepción”, la imagen de Obama estampando su firma marcará el fin de una batalla épica y demostrará que la agenda del cambio que muchos se empeñaron en enterrar, ha sido capaz de superar su primera gran prueba de fuego.
Pero no todo será festejos. Ayer un grupo de fiscales generales de al menos una docena de estados —curiosamente la mayoría de ellos republicanos—, adelantaron su intención de presentar recursos por anticonstitucionalidad contra la aplicación de una reforma sanitaria que, al parecer, seguirá enfrentando encarnizadamente a demócratas y republicanos. Su intención es que las demandas lleguen hasta la Corte Suprema de Justicia.
“La legislación sobre sanidad que el Congreso aprobó (el domingo) es un asalto contra la Constitución”, dijo el fiscal general de Carolina del Sur, Henry McMaster, un viejo activo del Partido Republicano que fracasó en su campaña por convertirse en Senador en 1986, pero que tiene la mira puesta en la gubernatura de ese Estado en las elecciones de este mismo año. “El desafío legal por parte de los estados parece ser la única esperanza para proteger al pueblo estadounidense de este ataque sin precedentes contra nuestro sistema de gobierno”, añadió Henry McMaster quien se ha sumado a otras iniciativas para declararse en rebeldía contra las normativas de la agencia medioambiental de la administración (EPA), a fin de reducir la emisión de gases invernaderos.
La revuelta de los fiscales generales que respiran por la vena republicana es encabezada por Carolina del Sur y Florida y también incluye a los estados de Texas, Pennsylvania, Alabama, Utah, Virginia, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Washington.
El fiscal general de Florida, Bill McCollum, en un comunicado distribuido desde la noche del domingo, advirtió que “si el presidente promulga esta ley iniciaremos una denuncia para proteger los derechos e intereses de los ciudadanos estadounidenses”. Los fiscales que se oponen a la reforma argumentan que representa “una toma de control por parte del gobierno” de la asistencia de salud, que llevará al racionamiento de los servicios e impondrá una carga onerosa en las cuentas de EU.
El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, restó importancia a la decisión de los fiscales: “No creemos que tengan ningún éxito”. Expertos constitucionalistas ponen también en duda las posibilidades de éxito de esta nueva embestida de los republicanos contra la reforma sanitaria de Barack Obama.
En medio de los ataques contra su proyecto, Obama emprenderá una gira por el país para explicar la reforma sanitaria, cuyo proceso legislativo no quedará completado hasta que el Senado apruebe el paquete de modificaciones finales al proyecto, lo que podría ocurrir esta semana.
El jueves, el presidente viajará a Iowa, “la ciudad donde comenzó en mayo de 2007 la campaña de las bases en favor de una reforma sanitaria”, dijo Gibbs. (Con información de agencias)
Agua sucia mata más que guerra.
Noticia:
El agua contaminada mata a más personas que la violencia, incluidas las guerras, señaló ayer la ONU en un informe que destaca la importancia del agua potable.
El estudio, que fue publicado para que coincidiera con el Día Mundial del Agua, indica que 2 mil millones de toneladas de aguas residuales (de desechos industriales y con residuos de fertilizantes) se emiten diariamente, lo que conlleva a la propagación de enfermedades y a la muerte de ecosistemas.
Contra la humanidad
“Estas muertes atentan contra nuestra humanidad y minan los esfuerzos llevados a cabo por muchos países para alcanzar el potencial que tienen para desarrollarse”, dijo Ban Ki-moon, secretario general de la ONU.
El reporte del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que 3.7% de todas las muertes se deben a enfermedades ocasionadas por el agua contaminada, lo que representa millones de decesos. Más de la mitad de las camas de hospitales en el mundo están ocupadas por personas que padecen de enfermedades relacionadas con el agua, según el documento.
“Si no podemos lidiar con nuestros desechos, eso significa que más personas morirán por enfermedades producto del agua”, dijo Achim Steiner, el subsecretario general de la ONU y director ejecutivo del PNUMA.
El informe señala que se necesitan tres litros de agua para obtener un litro de agua embotellada. Indica que la cantidad de agua en botellas producida en Estados Unidos requiere el consumo de 17 millones de barriles de petróleo cada año.
“Para sobrevivir en un planeta de 6 mil millones de habitantes, que va para 9 mil millones para el 2050, tenemos que ser más inteligentes colectivamente, y más inteligentes sobre el manejo de desechos, incluyendo aguas residuales”, dijo Steiner.
Según la ONU, 884 millones de personas no tienen acceso a agua potable y dos mil 600 millones (casi 39% de la población mundial) no disponen de instalaciones sanitarias en condiciones, algo que tiene serias implicaciones en los niños.
Los niños, los más afectados
El titular del PNUMA, Zafar Adeel, alertó que 1.8 millones de niños menores de cinco años mueren al año —es decir, un niño cada 20 segundos— por enfermedades relacionadas a la contaminación del agua.
En América Latina, sólo 40% tiene acceso al servicio de saneamiento del agua, y 13% de las aguas residuales son tratadas adecuadamente, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación. La región representa 15.2% de la superficie de tierra del planeta.
La disponibilidad de agua por habitante es 28 mil metros cúbicos por año, pero sólo 40% tiene acceso a saneamiento de aguas.
El agua contaminada mata a más personas que la violencia, incluidas las guerras, señaló ayer la ONU en un informe que destaca la importancia del agua potable.
El estudio, que fue publicado para que coincidiera con el Día Mundial del Agua, indica que 2 mil millones de toneladas de aguas residuales (de desechos industriales y con residuos de fertilizantes) se emiten diariamente, lo que conlleva a la propagación de enfermedades y a la muerte de ecosistemas.
Contra la humanidad
“Estas muertes atentan contra nuestra humanidad y minan los esfuerzos llevados a cabo por muchos países para alcanzar el potencial que tienen para desarrollarse”, dijo Ban Ki-moon, secretario general de la ONU.
El reporte del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que 3.7% de todas las muertes se deben a enfermedades ocasionadas por el agua contaminada, lo que representa millones de decesos. Más de la mitad de las camas de hospitales en el mundo están ocupadas por personas que padecen de enfermedades relacionadas con el agua, según el documento.
“Si no podemos lidiar con nuestros desechos, eso significa que más personas morirán por enfermedades producto del agua”, dijo Achim Steiner, el subsecretario general de la ONU y director ejecutivo del PNUMA.
El informe señala que se necesitan tres litros de agua para obtener un litro de agua embotellada. Indica que la cantidad de agua en botellas producida en Estados Unidos requiere el consumo de 17 millones de barriles de petróleo cada año.
“Para sobrevivir en un planeta de 6 mil millones de habitantes, que va para 9 mil millones para el 2050, tenemos que ser más inteligentes colectivamente, y más inteligentes sobre el manejo de desechos, incluyendo aguas residuales”, dijo Steiner.
Según la ONU, 884 millones de personas no tienen acceso a agua potable y dos mil 600 millones (casi 39% de la población mundial) no disponen de instalaciones sanitarias en condiciones, algo que tiene serias implicaciones en los niños.
Los niños, los más afectados
El titular del PNUMA, Zafar Adeel, alertó que 1.8 millones de niños menores de cinco años mueren al año —es decir, un niño cada 20 segundos— por enfermedades relacionadas a la contaminación del agua.
En América Latina, sólo 40% tiene acceso al servicio de saneamiento del agua, y 13% de las aguas residuales son tratadas adecuadamente, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación. La región representa 15.2% de la superficie de tierra del planeta.
La disponibilidad de agua por habitante es 28 mil metros cúbicos por año, pero sólo 40% tiene acceso a saneamiento de aguas.
Sin bancos, 64% de municipios en el país.
Noticia:
El 64% de los 2 mil 546 municipios que tiene el país no cuentan con infraestructura bancaria. Según reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los casos más relevantes de la escasa penetración de los servicios financieros en el país son Oaxaca y Tlaxcala, pues en 94% y 78% de sus municipios, respectivamente, no tiene ninguna sucursal.
Otro 36% de los municipios —con una población mayor a los 50 mil habitantes— tiene al menos una institución bancaria.
Datos de la CNBV precisan que en número de sucursales, México cuenta con 1.3 oficinas por cada 10 mil habitantes adultos; en Portugal, Dinamarca, Italia y España, la cifra es mayor a cuatro.
Autoridades financieras estiman que 50% de la población en el país no tiene acceso a ningún servicio bancario.
En los resultados de la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares a 2008 que realizó el INEGI se detalló que sólo 19% de los hogares en el país reportaron tener acceso a los servicios financieros, mientras que 81% no lo tiene.
La CNBV señaló que algunos de los esquemas que ampliarán la penetración del sector son el uso de los llamados corresponsales bancarios, es decir, realizar operaciones financieras básicas en pequeños comercios que pueden ser desde estaciones de gasolina hasta tiendas de autoservicios.
Otro elemento para avanzar en la bancarización es el uso del teléfono celular con el que se pueden realizar pagos de servicios, consultar saldos de cuentas de ahorro o hacer alguna transferencia.
El 64% de los 2 mil 546 municipios que tiene el país no cuentan con infraestructura bancaria. Según reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los casos más relevantes de la escasa penetración de los servicios financieros en el país son Oaxaca y Tlaxcala, pues en 94% y 78% de sus municipios, respectivamente, no tiene ninguna sucursal.
Otro 36% de los municipios —con una población mayor a los 50 mil habitantes— tiene al menos una institución bancaria.
Datos de la CNBV precisan que en número de sucursales, México cuenta con 1.3 oficinas por cada 10 mil habitantes adultos; en Portugal, Dinamarca, Italia y España, la cifra es mayor a cuatro.
Autoridades financieras estiman que 50% de la población en el país no tiene acceso a ningún servicio bancario.
En los resultados de la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares a 2008 que realizó el INEGI se detalló que sólo 19% de los hogares en el país reportaron tener acceso a los servicios financieros, mientras que 81% no lo tiene.
La CNBV señaló que algunos de los esquemas que ampliarán la penetración del sector son el uso de los llamados corresponsales bancarios, es decir, realizar operaciones financieras básicas en pequeños comercios que pueden ser desde estaciones de gasolina hasta tiendas de autoservicios.
Otro elemento para avanzar en la bancarización es el uso del teléfono celular con el que se pueden realizar pagos de servicios, consultar saldos de cuentas de ahorro o hacer alguna transferencia.
Capitán relata asesinato de monseñor Romero.
Noticia:
Uno de los que participaron en el asesinato del monseñor Óscar Arnulfo Romero, el ex capitán Álvaro Saravia, quien ahora ha sido repartidor de pizzas, vendedor de carros usados y enredado en el lavado de dinero, narra cómo acabaron con la vida de este sacerdote católico salvadoreño el 24 de marzo de 1980, cuando "matar comunistas era un deporte".
El Faro publicó una entrevista con el ex capitán Álvaro Rafael Saravia, quien colaboró con el mayor Roberto D´Aubuisson, bajo el título "Así matamos a monseñor Romero".
"Yo no lo mate", alcara Saravia y comienza a contar su versión sobre los antecedentes que llevaron al desenlace de la muerte de monseñor Romero y a ser buscado por las autoridades estadounidenses para la deportación, así como por las salvadoreñas por dicho asesinato.
El ex integrante del partido Arena revela que el tirador lo puso Mario Molina, hijo del ex presidente de El Salvador, Arturo Armando Molina, pero niega su participación, no sólo en este asesinato, sino que no reconoce haber participado en el llamado escuadrón de la muerte.
"Yo no dirigí nunca una operación para ir a matar a nadie. Se lo digo francamente", habla para El Faro el también miembro de la Liga Anticomunista Mundial.
"Hace algunos años habló con el periódico estadounidense The Miami Herald para adelantar que había pedido perdón a la Iglesia y que contaría todo en un libro. No dijo que donde vive ni siquiera hay papel y que el vecino más cercano que sabe leer y escribir vive a 20 minutos de su casa. A falta de libro, quiere contar todo en una entrevista".
Esto es sólo un pequeño acercamiento de lo que se da a conocer este medio mediante esta conversación, en la cual que resaltan los nombres Roberto Daglio, Enrique Altamirano, Roberto D’aubisson, Luis Escalante, Arturo Muyshondt, Mario Molina (hijo del expresidente Arturo Armando Molina), los hermanos Salaverría, entre otros personajes de esta época "anticomunista" en El Salvador.
Uno de los que participaron en el asesinato del monseñor Óscar Arnulfo Romero, el ex capitán Álvaro Saravia, quien ahora ha sido repartidor de pizzas, vendedor de carros usados y enredado en el lavado de dinero, narra cómo acabaron con la vida de este sacerdote católico salvadoreño el 24 de marzo de 1980, cuando "matar comunistas era un deporte".
El Faro publicó una entrevista con el ex capitán Álvaro Rafael Saravia, quien colaboró con el mayor Roberto D´Aubuisson, bajo el título "Así matamos a monseñor Romero".
"Yo no lo mate", alcara Saravia y comienza a contar su versión sobre los antecedentes que llevaron al desenlace de la muerte de monseñor Romero y a ser buscado por las autoridades estadounidenses para la deportación, así como por las salvadoreñas por dicho asesinato.
El ex integrante del partido Arena revela que el tirador lo puso Mario Molina, hijo del ex presidente de El Salvador, Arturo Armando Molina, pero niega su participación, no sólo en este asesinato, sino que no reconoce haber participado en el llamado escuadrón de la muerte.
"Yo no dirigí nunca una operación para ir a matar a nadie. Se lo digo francamente", habla para El Faro el también miembro de la Liga Anticomunista Mundial.
"Hace algunos años habló con el periódico estadounidense The Miami Herald para adelantar que había pedido perdón a la Iglesia y que contaría todo en un libro. No dijo que donde vive ni siquiera hay papel y que el vecino más cercano que sabe leer y escribir vive a 20 minutos de su casa. A falta de libro, quiere contar todo en una entrevista".
Esto es sólo un pequeño acercamiento de lo que se da a conocer este medio mediante esta conversación, en la cual que resaltan los nombres Roberto Daglio, Enrique Altamirano, Roberto D’aubisson, Luis Escalante, Arturo Muyshondt, Mario Molina (hijo del expresidente Arturo Armando Molina), los hermanos Salaverría, entre otros personajes de esta época "anticomunista" en El Salvador.
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