Noticia:
El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), Ramón Aguirre, descartó que se registre en la ciudad una gran inundación como la ocurrida en El Arenal, a consecuencia de las intensas lluvias.
El funcionario comentó que las revisiones que ha realizado personal del Instituto de Ingeniería de la UNAM al drenaje, revelan que el sistema es seguro.
“No se espera un problema en el sistema de drenaje y por tanto no debe presentarse una inundación; [en] los problemas de encharcamiento dependemos mucho de la intensidad de las lluvias... un problema como el que tuvimos en El Arenal no esperamos que se vuelva a presentar”.
Confió en que este año la ciudad de México esté en mejores condiciones para enfrentar las lluvias, como resultado de las medidas de seguridad que se han tomado en el sistema de drenaje: “Tenemos ya tres temporadas de reparación que hacemos”, dijo.
Aguirre afirmó que ante la presencia de lluvias fuera de temporada, es importante mantener bajos los niveles de agua en el sistema de drenaje, lo cual sólo se logra si opera adecuadamente.
Detalló que actualmente se llevan a cabo trabajos para eliminar sitios de encharcamientos frecuentes, como Insurgentes, los pasos a desnivel de Periférico y Viaducto, así como el cruce de San Antonio y Periférico.
Aguirre comentó que en los últimos 10 años no se había tenido el drenaje en condiciones tan buenas: “Estamos mejor equipados que nunca”; pero aclaró que siempre está latente una lluvia más allá de la capacidad, que genere algunos problemas”.
Obras terminadas
Con 37 de las 42 obras hidráulicas emergentes para el valle de México en operación, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consideró que hay infraestructura de “alta seguridad” para hacer frente al inicio de la próxima temporada de lluvias.
Sin embargo, José Luis Luege Tamargo, titular de la dependencia, no garantizó que en el Distrito Federal y el estado de México no se presenten inundaciones.
Durante una visita a los almacenes en la delegación Iztapalapa, rechazó que se esté incumpliendo el convenio firmado con los gobiernos de ambas entidades, para realizar 42 obras en un plazo de 120 días. La fecha se cumplirá en la primera semana de julio y para ese entonces ya estarán listas las 37 obras. El resto se concluirán en octubre.
jueves, 27 de mayo de 2010
“La Conagua debe avalar Supervía”
Noticia:
Debido a que la Supervía Sur-Poniente atraviesa dos barrancas, el gobierno del Distrito Federal (GDF) deberá solicitar la autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para construir la vialidad de peaje que unirá Santa Fe con Periférico.
José Luis Luege Tamargo, titular de la dependencia federal, confirmó que al tratarse de zonas federales, como es la barranca de Tarango, las autoridades capitalinas tienen, necesariamente, que solicitar un permiso para concesión y construcción en los cruces.
“No tenemos todavía una solicitud, nos gustaría conocer los proyectos, ojalá alguien nos los enseñe”, expuso.
Sin embargo, el funcionario cuestionó el costo de la obra [que es de 4 mil 300 millones de pesos], pues lo consideró alto; además, dijo que esas obras viales no resuelven el problema de la ciudad, como lo haría el transporte público.
En el tema ambiental, recordó que actualmente se tienen presupuestados recursos para la rehabilitación de barrancas en la ciudad de México.
En entrevista, Miguel Ángel Velázquez, director del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, dependiente de la Conagua, detalló que se requiere el análisis técnico para determinar si el proyecto, como cualquier otro que atraviese por zona federal, garantiza el área hidráulica de las barrancas.
Explicó que tras entregarse el estudio de impacto ambiental la dependencia federal analiza técnicamente la obra para otorgar, en su caso, dos permisos: el primero por la ocupación de una zona federal, y el segundo, la autorización de construcción sobre la barranca.
El funcionario federal aseguró que hasta el momento no se cuenta con ninguna solicitud por la Supervía.
El trazo dado a conocer el GDF establece que la nueva vialidad atravesará dos barrancas, Tarango y La Malinche, consideradas zonas federales.
Avance de manifestación de impacto
El expediente inicial de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Supervía ya está integrado y en breve se pondrá a disposición para la consulta del público, informó la secretaria de Medio Ambiente del DF, Martha Delgado.
El expediente integrado incluye la descripción de la construcción, el impacto ambiental previsto por los constructores y las medidas de compensación y de mitigación que se proponen por parte de los promoventes de la obra.
Después de integrado el expediente y de ponerse a consulta del público, el dictamen final estará listo en unos dos meses, calculó Martha Delgado.
El expediente integrado se podrá consultar en las oficinas de la Dirección General de Regulación Ambiental, ubicadas en la calle Agricultura 21, colonia Escandón. Además, un resumen de ese documento será publicado en la página de internet de la Secretaría de Medio Ambiente local (www.sma.df.gob.mx).
Debido a que la Supervía Sur-Poniente atraviesa dos barrancas, el gobierno del Distrito Federal (GDF) deberá solicitar la autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para construir la vialidad de peaje que unirá Santa Fe con Periférico.
José Luis Luege Tamargo, titular de la dependencia federal, confirmó que al tratarse de zonas federales, como es la barranca de Tarango, las autoridades capitalinas tienen, necesariamente, que solicitar un permiso para concesión y construcción en los cruces.
“No tenemos todavía una solicitud, nos gustaría conocer los proyectos, ojalá alguien nos los enseñe”, expuso.
Sin embargo, el funcionario cuestionó el costo de la obra [que es de 4 mil 300 millones de pesos], pues lo consideró alto; además, dijo que esas obras viales no resuelven el problema de la ciudad, como lo haría el transporte público.
En el tema ambiental, recordó que actualmente se tienen presupuestados recursos para la rehabilitación de barrancas en la ciudad de México.
En entrevista, Miguel Ángel Velázquez, director del Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, dependiente de la Conagua, detalló que se requiere el análisis técnico para determinar si el proyecto, como cualquier otro que atraviese por zona federal, garantiza el área hidráulica de las barrancas.
Explicó que tras entregarse el estudio de impacto ambiental la dependencia federal analiza técnicamente la obra para otorgar, en su caso, dos permisos: el primero por la ocupación de una zona federal, y el segundo, la autorización de construcción sobre la barranca.
El funcionario federal aseguró que hasta el momento no se cuenta con ninguna solicitud por la Supervía.
El trazo dado a conocer el GDF establece que la nueva vialidad atravesará dos barrancas, Tarango y La Malinche, consideradas zonas federales.
Avance de manifestación de impacto
El expediente inicial de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Supervía ya está integrado y en breve se pondrá a disposición para la consulta del público, informó la secretaria de Medio Ambiente del DF, Martha Delgado.
El expediente integrado incluye la descripción de la construcción, el impacto ambiental previsto por los constructores y las medidas de compensación y de mitigación que se proponen por parte de los promoventes de la obra.
Después de integrado el expediente y de ponerse a consulta del público, el dictamen final estará listo en unos dos meses, calculó Martha Delgado.
El expediente integrado se podrá consultar en las oficinas de la Dirección General de Regulación Ambiental, ubicadas en la calle Agricultura 21, colonia Escandón. Además, un resumen de ese documento será publicado en la página de internet de la Secretaría de Medio Ambiente local (www.sma.df.gob.mx).
Beltrán Leyva y “Zetas”, poder absoluto en QR
Noticia:
El poder corruptor de los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y de Los Zetas infiltró todas las estructuras de gobierno y seguridad en Quintana Roo. En su nómina aparecen autoridades y policías federales, estatales y municipales.
Informes de la Subprocuraduría de investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), revelan que la influencia de ambas organizaciones criminales en esa entidad se dejó sentir desde 2007 e incluso eran las únicas “autorizadas” para desarrollar actividades criminales por sus pactos con autoridades de todo nivel.
Controlaban y vigilaban el aeropuerto de Cancún, donde descargaban aviones con cocaína procedente de Colombia, el desembarco de droga en lanchas, las carreteras, además del narcomenudeo, la venta de protección a negocios y empresas, los secuestros y hasta el tráfico de armas e indocumentados.
Las indagaciones oficiales señalan que ambos grupos delictivos utilizaron al estado que es el principal destino turístico en México y registra gran movimiento de divisas, para lavar dinero en casas de cambio, restaurantes, centros nocturnos y discotecas, según el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/217/2009 al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
El poder corruptor de los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas alcanzó en los tres últimos años todas las esferas de las instituciones y corporaciones de seguridad federales y del estado, casi en forma similar a lo ocurrido en los años 90 con el cártel de Juárez, en cuyo caso incluso su infiltración llegó al gobernador de ese entonces, el hoy extraditado a Estados Unidos, Mario Villanueva Madrid.
Para delinear el panorama de cómo ambos grupos delictivos penetraron las instituciones gubernamentales en Quintana Roo, la Siedo se valió de los testigos protegidos Jennifer, Zajed, María Fernanda, Rafael y Yeraldine.
El control del aeropuerto
Las declaraciones de Jennifer, el testigo colaborador que fue uno de los principales operadores del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva y que hoy aparece como el principal acusador en los más importantes casos investigados por la SIEDO, sirven como muestrario de cómo la corrupción del narcotráfico alcanzó nuevamente al poder político en esa entidad. Resumió así la misión que le fue encomendada para Quintana Roo:
“Mi objetivo era coptar funcionarios públicos, principalmente policías y gente de aduanas, ministerio públicos y jefes de todos ellos”, especificó. El primero en conocer fue a José Antonio Rosales. Lo conocí, dijo, en finales del mes de junio de 2007, me lo presentó, Ricardo Flores, capitán de la Policía Federal Preventiva, como el nuevo encargado del aeropuerto de Cancún, Quintana Roo.
“Con él empecé a bajar los aviones cargados de cocaína procedentes de Sudamérica. Quería un regalo de presentación, para asegurar futuras relaciones de exclusividad con el cártel de los Beltrán Leyva y directamente con Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Se le dijo que escogiera el automóvil que quisiera de la marca y modelo que quisiera. Fue BMW 530, que se compró a la agencia BMW de Apatzingán, Michoacán, de 60 a 65 mil dólares no recuerdo el monto, pero a partir de ahí a este funcionario lo apodamos El Buen Hombre, por su modestia en pedir regalitos”.
A partir de ese momento, Rosales recibió 450 mil dólares por cada avión de coca que llegaba a Cancún. Luego se reclutó a José Luis Soladama Martínez, comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil en esa terminal aérea y quien fue ejecutado en 2007; José Luis Ortiz Navarro, inspector en jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y Martín Gómez Soto, oficial de Operaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ellos eran los encargados de todos los aviones que bajamos ahí, comentó el testigo.
Los cárteles autorizados
En mayo de 2007, Jennifer fue presentado con el subdelegado de la PGR en Quinta Roo por uno de sus contactos dentro de la AFI en Cancún. “Era un sujeto de apellidos Vega Romero. Lo conocí en un restaurante bar que se ubica en la plaza Hollywood. Ordenamos unos tragos y sin más preámbulos le pregunté si era el subdelegado de la PGR, y me dijo que sí que él era el licenciado Vega Romero. Y comentó que se encontraba ahí para tratar el cobro de protección y por el narcomenudeo en Cancún, playa del Carmen e Islas Mujeres”.
Durante la plática, añadió el testigo, manifestó que ya tenía conocimiento del pacto que se tenía con Los Zetas y el cártel que yo representaba. “Sólo esos dos cárteles tienen autorizado expender cocaína en el estado; en lugares plenamente identificados. Eso es lo que quiero tratar, me dijo y yo le contesté que era bueno que ya estuviera enterado de la situación porque entonces no había mucho que decir. Le pregunté qué era lo que se necesitaba y cuanto costaría la protección”, reveló el testigo.
“El subdelegado me dijo —narró el testigo—, que el delegado de PGR tenía conocimiento de la reunión que se estaba llevando a cabo y que sabía de mí. El licenciado Vega me pidió 20 mil dólares para empezar a trabajar con nosotros y por cada tienda que tuviéramos los precios fluctuarían entre 5 y 8 mil pesos por semana, dependiendo de la zona en que se encontrara. Para ello me pidió las direcciones exactas de las tiendas y el nombre de cada uno de los encargados de las tienditas, a fin de tenerlos plenamente identificados y no tuvieran problema con la delegación. Se comprometió a que la delegación nos avisaría de cualquier operativo de ellos o de militares en las ciudades antes mencionadas, y que cuando una de las llamadas narcotienditas tuviera demasiadas denuncias, la reventaría. Me pidió dejar siempre dentro un menor de edad y algunos envoltorios con droga para que no se viera tan obvio que nos avisaban”, relató.
Le di una lista de aproximadamente 180 tienditas que teníamos en todo Cancún, Playa del Carmen e Islas Mujeres, así como en Cozumel. Le dije que empezaríamos con la cuota de 5 mil pesos por tienda y el pago de la semana sería por adelantado al día siguiente. Me preguntó qué pasaba con Los Zetas y le contesté que Antelmo, El Chamoy, era el encargado y que él tendría que hablar con ellos, según Jennifer.
Al día siguiente como a las cuatro de la tarde, de acuerdo con el colaborador de la PGR, en el estacionamiento del centro comercial plaza La Isla, se reunió con el subdelegado. A la cita, éste llegó con el delegado de la PGR, Nicolás Hernández, a bordo de una Suburban negra. “El licenciado Vega me lo presentó diciéndome que lo había llevado para que corroborara que el trato que habíamos hecho era serio y que su presencian lo avalaba. Les hice entrega de un radio Nextel para estar en comunicación y de 900 mil pesos en billetes de 500 que venían en un paquete plastificado que me entregaron los jefes de las tienditas, El Salomón y El Banana”, apuntó.
Música de El Padrino
Al ex secretario de Seguridad Pública del estado, Salvador Rocha Vargas, Jennifer lo conoció en mayo de 2007 en Chetumal. También se le se presentó el capitán de la Policía Federal Preventiva, Ricardo Flores, luego de comentarle que “necesitábamos dar de alta personal de la organización en la policía del estado, ya que Los Zetas controlaban a la policía municipal de Cancún y ante tal impedimento necesitaba arreglarme con la policía estatal. Me dijo que conocía al subsecretario de la corporación y le iba a comentar si aceptaba una entrevista”.
Un día después el capitán Flores llamó al ahora testigo y le pidió trasladarse a Chetumal para ver a Rocha Vargas, quien en era subsecretario. “Como a las 12 horas, me volvió a llamar y me dijo que me esperaría en el estacionamiento de la corporación, dentro de una camioneta Ram, color gris blindada. Flores me condujo a la oficina de Rocha Vargas y al entrar escuché que tenía puesta la música de la película El Padrino. Se lo dije y me contestó que era la acorde para conocer a alguien de la mafia”, explicó.
Le contesté que la música estaba perfecta. De inmediato entramos en el tema y le dije que “soy el encargado de la plaza de Cancún y que mi jefe directo es La Barbie (Édgar Valdez Villarreal)”.
Entonces el ahora colaborador de la Procuraduría General de la República le propuso al jefe policiaco de Quintana Roo dar de alta elementos del cártel como policías del estado. Rocha Vargas contestó que nos podíamos arreglar, que veríamos el modo de trabajar. En ese momento se entregaron 100 mil dólares en efectivo al jefe policiaco que Édgar Valdez La Barbie le envió.
“Llamé a La Barbie y le informé que el trato se había hecho. Me dijo que le pasara a Rocha Vargas y éste le dijo: ya está güerito, ya conocí a tu licenciado así que ya estamos trabajando”. El capo del narcotráfico le contestó que qué bueno que habíamos llegado a un buen arreglo, que no se arrepentiría del trato que él ayudaba muy generosamente a los que colaboraban con el cártel. Rocha le contestó que estarían en contacto y que le saludara a don Arturo. Nos dimos un abrazo y un apretón de manos”, según la declaración de Jennifer.
El poder corruptor de los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y de Los Zetas infiltró todas las estructuras de gobierno y seguridad en Quintana Roo. En su nómina aparecen autoridades y policías federales, estatales y municipales.
Informes de la Subprocuraduría de investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), revelan que la influencia de ambas organizaciones criminales en esa entidad se dejó sentir desde 2007 e incluso eran las únicas “autorizadas” para desarrollar actividades criminales por sus pactos con autoridades de todo nivel.
Controlaban y vigilaban el aeropuerto de Cancún, donde descargaban aviones con cocaína procedente de Colombia, el desembarco de droga en lanchas, las carreteras, además del narcomenudeo, la venta de protección a negocios y empresas, los secuestros y hasta el tráfico de armas e indocumentados.
Las indagaciones oficiales señalan que ambos grupos delictivos utilizaron al estado que es el principal destino turístico en México y registra gran movimiento de divisas, para lavar dinero en casas de cambio, restaurantes, centros nocturnos y discotecas, según el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/217/2009 al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
El poder corruptor de los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas alcanzó en los tres últimos años todas las esferas de las instituciones y corporaciones de seguridad federales y del estado, casi en forma similar a lo ocurrido en los años 90 con el cártel de Juárez, en cuyo caso incluso su infiltración llegó al gobernador de ese entonces, el hoy extraditado a Estados Unidos, Mario Villanueva Madrid.
Para delinear el panorama de cómo ambos grupos delictivos penetraron las instituciones gubernamentales en Quintana Roo, la Siedo se valió de los testigos protegidos Jennifer, Zajed, María Fernanda, Rafael y Yeraldine.
El control del aeropuerto
Las declaraciones de Jennifer, el testigo colaborador que fue uno de los principales operadores del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva y que hoy aparece como el principal acusador en los más importantes casos investigados por la SIEDO, sirven como muestrario de cómo la corrupción del narcotráfico alcanzó nuevamente al poder político en esa entidad. Resumió así la misión que le fue encomendada para Quintana Roo:
“Mi objetivo era coptar funcionarios públicos, principalmente policías y gente de aduanas, ministerio públicos y jefes de todos ellos”, especificó. El primero en conocer fue a José Antonio Rosales. Lo conocí, dijo, en finales del mes de junio de 2007, me lo presentó, Ricardo Flores, capitán de la Policía Federal Preventiva, como el nuevo encargado del aeropuerto de Cancún, Quintana Roo.
“Con él empecé a bajar los aviones cargados de cocaína procedentes de Sudamérica. Quería un regalo de presentación, para asegurar futuras relaciones de exclusividad con el cártel de los Beltrán Leyva y directamente con Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Se le dijo que escogiera el automóvil que quisiera de la marca y modelo que quisiera. Fue BMW 530, que se compró a la agencia BMW de Apatzingán, Michoacán, de 60 a 65 mil dólares no recuerdo el monto, pero a partir de ahí a este funcionario lo apodamos El Buen Hombre, por su modestia en pedir regalitos”.
A partir de ese momento, Rosales recibió 450 mil dólares por cada avión de coca que llegaba a Cancún. Luego se reclutó a José Luis Soladama Martínez, comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil en esa terminal aérea y quien fue ejecutado en 2007; José Luis Ortiz Navarro, inspector en jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y Martín Gómez Soto, oficial de Operaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ellos eran los encargados de todos los aviones que bajamos ahí, comentó el testigo.
Los cárteles autorizados
En mayo de 2007, Jennifer fue presentado con el subdelegado de la PGR en Quinta Roo por uno de sus contactos dentro de la AFI en Cancún. “Era un sujeto de apellidos Vega Romero. Lo conocí en un restaurante bar que se ubica en la plaza Hollywood. Ordenamos unos tragos y sin más preámbulos le pregunté si era el subdelegado de la PGR, y me dijo que sí que él era el licenciado Vega Romero. Y comentó que se encontraba ahí para tratar el cobro de protección y por el narcomenudeo en Cancún, playa del Carmen e Islas Mujeres”.
Durante la plática, añadió el testigo, manifestó que ya tenía conocimiento del pacto que se tenía con Los Zetas y el cártel que yo representaba. “Sólo esos dos cárteles tienen autorizado expender cocaína en el estado; en lugares plenamente identificados. Eso es lo que quiero tratar, me dijo y yo le contesté que era bueno que ya estuviera enterado de la situación porque entonces no había mucho que decir. Le pregunté qué era lo que se necesitaba y cuanto costaría la protección”, reveló el testigo.
“El subdelegado me dijo —narró el testigo—, que el delegado de PGR tenía conocimiento de la reunión que se estaba llevando a cabo y que sabía de mí. El licenciado Vega me pidió 20 mil dólares para empezar a trabajar con nosotros y por cada tienda que tuviéramos los precios fluctuarían entre 5 y 8 mil pesos por semana, dependiendo de la zona en que se encontrara. Para ello me pidió las direcciones exactas de las tiendas y el nombre de cada uno de los encargados de las tienditas, a fin de tenerlos plenamente identificados y no tuvieran problema con la delegación. Se comprometió a que la delegación nos avisaría de cualquier operativo de ellos o de militares en las ciudades antes mencionadas, y que cuando una de las llamadas narcotienditas tuviera demasiadas denuncias, la reventaría. Me pidió dejar siempre dentro un menor de edad y algunos envoltorios con droga para que no se viera tan obvio que nos avisaban”, relató.
Le di una lista de aproximadamente 180 tienditas que teníamos en todo Cancún, Playa del Carmen e Islas Mujeres, así como en Cozumel. Le dije que empezaríamos con la cuota de 5 mil pesos por tienda y el pago de la semana sería por adelantado al día siguiente. Me preguntó qué pasaba con Los Zetas y le contesté que Antelmo, El Chamoy, era el encargado y que él tendría que hablar con ellos, según Jennifer.
Al día siguiente como a las cuatro de la tarde, de acuerdo con el colaborador de la PGR, en el estacionamiento del centro comercial plaza La Isla, se reunió con el subdelegado. A la cita, éste llegó con el delegado de la PGR, Nicolás Hernández, a bordo de una Suburban negra. “El licenciado Vega me lo presentó diciéndome que lo había llevado para que corroborara que el trato que habíamos hecho era serio y que su presencian lo avalaba. Les hice entrega de un radio Nextel para estar en comunicación y de 900 mil pesos en billetes de 500 que venían en un paquete plastificado que me entregaron los jefes de las tienditas, El Salomón y El Banana”, apuntó.
Música de El Padrino
Al ex secretario de Seguridad Pública del estado, Salvador Rocha Vargas, Jennifer lo conoció en mayo de 2007 en Chetumal. También se le se presentó el capitán de la Policía Federal Preventiva, Ricardo Flores, luego de comentarle que “necesitábamos dar de alta personal de la organización en la policía del estado, ya que Los Zetas controlaban a la policía municipal de Cancún y ante tal impedimento necesitaba arreglarme con la policía estatal. Me dijo que conocía al subsecretario de la corporación y le iba a comentar si aceptaba una entrevista”.
Un día después el capitán Flores llamó al ahora testigo y le pidió trasladarse a Chetumal para ver a Rocha Vargas, quien en era subsecretario. “Como a las 12 horas, me volvió a llamar y me dijo que me esperaría en el estacionamiento de la corporación, dentro de una camioneta Ram, color gris blindada. Flores me condujo a la oficina de Rocha Vargas y al entrar escuché que tenía puesta la música de la película El Padrino. Se lo dije y me contestó que era la acorde para conocer a alguien de la mafia”, explicó.
Le contesté que la música estaba perfecta. De inmediato entramos en el tema y le dije que “soy el encargado de la plaza de Cancún y que mi jefe directo es La Barbie (Édgar Valdez Villarreal)”.
Entonces el ahora colaborador de la Procuraduría General de la República le propuso al jefe policiaco de Quintana Roo dar de alta elementos del cártel como policías del estado. Rocha Vargas contestó que nos podíamos arreglar, que veríamos el modo de trabajar. En ese momento se entregaron 100 mil dólares en efectivo al jefe policiaco que Édgar Valdez La Barbie le envió.
“Llamé a La Barbie y le informé que el trato se había hecho. Me dijo que le pasara a Rocha Vargas y éste le dijo: ya está güerito, ya conocí a tu licenciado así que ya estamos trabajando”. El capo del narcotráfico le contestó que qué bueno que habíamos llegado a un buen arreglo, que no se arrepentiría del trato que él ayudaba muy generosamente a los que colaboraban con el cártel. Rocha le contestó que estarían en contacto y que le saludara a don Arturo. Nos dimos un abrazo y un apretón de manos”, según la declaración de Jennifer.
Calderón inicia visita oficial a Canadá
Noticia:
El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, inicia este jueves las actividades formales de su visita oficial a Canadá, donde depositará una ofrenda floral en el Monumento a los Caídos y será homenajeado con la ceremonia oficial de bienvenida.
El mandatario dará un mensaje ante el pleno del Parlamento y sostendrá reuniones y un almuerzo de trabajo con el primer ministro Stephen Harper.
Calderón es acompañado por su esposa Margarita Zavala, su hijo Juan Pablo, y una comitiva integrada, entre otros, por los secretarios de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, y del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
Posteriormente realizará visitas de cortesía, por separado, a Michaelle Jean, gobernadora general de Canadá, y al presidente del Partido Liberal y líder de la oposición, Michael Ignatieff.
La visita oficial a Canadá tiene el propósito de promover una agenda comercial y de inversión en sectores de mayor potencial (minería, aeroespacial, alta tecnología, energías limpias y tecnologías de la información) y el avance en la agenda de competitividad en América del Norte.
Asimismo la explotación de posibles esquemas de facilitación para viajeros (estudiantes, empresarios y trabajadores temporales) y el desarrollo de una agenda de cooperación de mayor alcance en materia de seguridad.
El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, inicia este jueves las actividades formales de su visita oficial a Canadá, donde depositará una ofrenda floral en el Monumento a los Caídos y será homenajeado con la ceremonia oficial de bienvenida.
El mandatario dará un mensaje ante el pleno del Parlamento y sostendrá reuniones y un almuerzo de trabajo con el primer ministro Stephen Harper.
Calderón es acompañado por su esposa Margarita Zavala, su hijo Juan Pablo, y una comitiva integrada, entre otros, por los secretarios de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, y del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
Posteriormente realizará visitas de cortesía, por separado, a Michaelle Jean, gobernadora general de Canadá, y al presidente del Partido Liberal y líder de la oposición, Michael Ignatieff.
La visita oficial a Canadá tiene el propósito de promover una agenda comercial y de inversión en sectores de mayor potencial (minería, aeroespacial, alta tecnología, energías limpias y tecnologías de la información) y el avance en la agenda de competitividad en América del Norte.
Asimismo la explotación de posibles esquemas de facilitación para viajeros (estudiantes, empresarios y trabajadores temporales) y el desarrollo de una agenda de cooperación de mayor alcance en materia de seguridad.
Mockus empezó con 6%; Santos tenía 44%
Noticia:
En una elección que se vislumbra histórica en todo sentido, Antanas Mockus y Juan Manuel Santos, los candidatos a la Presidencia de Colombia favoritos para definirlo todo en la segunda vuelta, llegaron al cierre de la campaña con un estrecho empate en las encuestas y lindando con sus discursos para no perder ningún voto.
Consciente de que la popularidad del presidente Álvaro Uribe y la buena posición de Santos provienen de la lucha contra la guerrilla, ayer Mockus sostuvo que ni el mandatario ni su ex ministro tienen responsabilidad penal, aunque sí “moral”, por los casos de falsos positivos (la matanza de jóvenes hechos pasar como guerrilleros).
En la noche del martes, Mockus y Santos protagonizaron el último debate televisado, donde salió a la luz una de las escasas diferencias de sus programas de gobierno. Mientras el ex alcalde de Bogotá dijo que la guerra contra las FARC “se puede ganar limpiamente”, Santos reclamó “más política de seguridad democrática para terminar con la guerrilla y el drama de los desplazados”.
La última encuesta de Datum da a Mockus una ventaja de un punto, mientras que la de Napoléon Francio apunta a un empate con 34%, dando así por un hecho que estos son los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta, el 20 de junio, cuando terminarán de definir quién será el sucesor, a partir del 7 de agosto próximo, de Uribe —quien ayer fue convocado por la Justicia como testigo en la investigación que se realiza por las escuchas telefónicas ilegales.
Para esa segunda vuelta, Mockus aparece en los sondeos mejor perfilado que Santos, con 56% de intención de voto en la mayoría de las encuestas.
Algo que, si bien es relativo, podría oscilar si se tienen en cuenta los vaivenes que han tenido las encuestas desde mediados de marzo a la fecha.
Un día después de los comicios legislativos del 16 de marzo Mockus contaba con una intención de voto de 6% y Santos de 44%. Veinte días después, una vez que había anunciado a Sergio Fajardo, el ex alcalde de Medellín como compañero de fórmula, Mockus se disparó en la intención de voto superando a la conservadora Noemí Sanín, que bajó de 28 al 11%, y al mismo Juan Manuel Santos por cuatro puntos.
A comienzos de mayo fue Santos, luego de varios cambios en la estrategia y en su equipo de campaña, el que alcanzó a Mockus —después de que se puso en duda su catolicisimo y sus intenciones de extraditar a Uribe si éste fuera reclamado por la Justicia Penal Internacional— y hasta lo aventajó por un punto, como viene ocurriendo desde entonces en algunos de los sondeos.
Mientras los candidatos ultiman su etapa proselitista con mítines y pequeños actos en el interior del país, todo parece listo para que la jornada electoral se desarrolle con toda normalidad, siempre que las FARC no perpetren otro ataque en estos días, como una manera habitual de “marcar el territorio” en vísperas de la crucial jornada electoral.
“El principal factor de riesgo en estas elecciones presidenciales es la indebida participación en política de funcionarios públicos”, explicó Claudia López, coordinadora del Observatorio de la Democracia de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según López, el apoyo abierto que Uribe da a Santos “podría viciar el proceso de votación”. El procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, “ha tenido que llamar la atención por lo menos en dos ocasiones al presidente por la expresa participación en política a favor del candidato del gobierno”, señaló la coordinadora de la misión.
En un comunicado difundido en días pasados, la misión de la OEA precisó que el fraude electoral, la coacción armada, la financiación ilegal y el sistema de procesamiento de escrutinios también son factores de riesgo en los comicios presidenciales”, los más reñidos de la historia reciente de Colombia.
En una elección que se vislumbra histórica en todo sentido, Antanas Mockus y Juan Manuel Santos, los candidatos a la Presidencia de Colombia favoritos para definirlo todo en la segunda vuelta, llegaron al cierre de la campaña con un estrecho empate en las encuestas y lindando con sus discursos para no perder ningún voto.
Consciente de que la popularidad del presidente Álvaro Uribe y la buena posición de Santos provienen de la lucha contra la guerrilla, ayer Mockus sostuvo que ni el mandatario ni su ex ministro tienen responsabilidad penal, aunque sí “moral”, por los casos de falsos positivos (la matanza de jóvenes hechos pasar como guerrilleros).
En la noche del martes, Mockus y Santos protagonizaron el último debate televisado, donde salió a la luz una de las escasas diferencias de sus programas de gobierno. Mientras el ex alcalde de Bogotá dijo que la guerra contra las FARC “se puede ganar limpiamente”, Santos reclamó “más política de seguridad democrática para terminar con la guerrilla y el drama de los desplazados”.
La última encuesta de Datum da a Mockus una ventaja de un punto, mientras que la de Napoléon Francio apunta a un empate con 34%, dando así por un hecho que estos son los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta, el 20 de junio, cuando terminarán de definir quién será el sucesor, a partir del 7 de agosto próximo, de Uribe —quien ayer fue convocado por la Justicia como testigo en la investigación que se realiza por las escuchas telefónicas ilegales.
Para esa segunda vuelta, Mockus aparece en los sondeos mejor perfilado que Santos, con 56% de intención de voto en la mayoría de las encuestas.
Algo que, si bien es relativo, podría oscilar si se tienen en cuenta los vaivenes que han tenido las encuestas desde mediados de marzo a la fecha.
Un día después de los comicios legislativos del 16 de marzo Mockus contaba con una intención de voto de 6% y Santos de 44%. Veinte días después, una vez que había anunciado a Sergio Fajardo, el ex alcalde de Medellín como compañero de fórmula, Mockus se disparó en la intención de voto superando a la conservadora Noemí Sanín, que bajó de 28 al 11%, y al mismo Juan Manuel Santos por cuatro puntos.
A comienzos de mayo fue Santos, luego de varios cambios en la estrategia y en su equipo de campaña, el que alcanzó a Mockus —después de que se puso en duda su catolicisimo y sus intenciones de extraditar a Uribe si éste fuera reclamado por la Justicia Penal Internacional— y hasta lo aventajó por un punto, como viene ocurriendo desde entonces en algunos de los sondeos.
Mientras los candidatos ultiman su etapa proselitista con mítines y pequeños actos en el interior del país, todo parece listo para que la jornada electoral se desarrolle con toda normalidad, siempre que las FARC no perpetren otro ataque en estos días, como una manera habitual de “marcar el territorio” en vísperas de la crucial jornada electoral.
“El principal factor de riesgo en estas elecciones presidenciales es la indebida participación en política de funcionarios públicos”, explicó Claudia López, coordinadora del Observatorio de la Democracia de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según López, el apoyo abierto que Uribe da a Santos “podría viciar el proceso de votación”. El procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, “ha tenido que llamar la atención por lo menos en dos ocasiones al presidente por la expresa participación en política a favor del candidato del gobierno”, señaló la coordinadora de la misión.
En un comunicado difundido en días pasados, la misión de la OEA precisó que el fraude electoral, la coacción armada, la financiación ilegal y el sistema de procesamiento de escrutinios también son factores de riesgo en los comicios presidenciales”, los más reñidos de la historia reciente de Colombia.
BP acepta ayuda de México y Noruega
Noticia:
British Petroleum (PB), la compañía que opera la plataforma petrolera que explotó y se hundió el pasado 20 de abril en el golfo de México, aceptó la ayuda de México y de Noruega para tratar de detener el derrame de crudo.
Estados Unidos ha recibido ofertas de 17 países y de organizaciones internacionales, la Unión Europea, la ONU y la Organización Marítima Internacional, entre otros, informó el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley.
Los países incluyen a Canadá, México, Corea del Sur, Croacia, Francia, Alemania, Irlanda, Japón, Holanda, Noruega, Rumanía, Rusia, España, Suecia, los Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Vietnam.
De todos ellos, de momento BP únicamente ha recurrido a México y Noruega, que, de acuerdo con Crowley, proporcionan en su mayoría material técnico y asesoramiento.
BP comenzó ayer la operación para intentar sellar el pozo en el golfo de México con una inyección de fluidos pesados, aunque tanto la empresa como la Casa Blanca insistieron en que no hay garantías totales de éxito.
El procedimiento, conocido como top kill, empezó después de que la Guardia Costera estadounidense diera luz verde a BP, que bombeará cemento a mil 500 metros de profundidad tras inyectar los fluidos pesados en una operación que, según dijo en un comunicado, “podría prolongarse durante dos días”.
La compañía agregó que “no se puede predecir cuánto tiempo será necesario para comprobar” el éxito o fracaso del proceso. Es la primera vez que una operación de este tipo se lleva a cabo en aguas tan profundas y BP ha cifrado las posibilidades de éxito entre 60 y 70%.
Trabajadores de BP y Transocean discutieron sobre el procedimiento para finalizar la perforación del pozo antes de la explosión de la plataforma que originó el derrame, reveló ayer el mecánico jefe de la instalación a investigadores federales.
La petrolera británica ha dicho que hubo un “error fundamental” en el procedimiento.
El testimonio del mecánico de Transocean podría dar a la empresa más municiones en su batalla verbal con BP para determinar la culpa por el desastre, que posiblemente sea el peor derrame petrolero en la historia de Estados Unidos.
British Petroleum (PB), la compañía que opera la plataforma petrolera que explotó y se hundió el pasado 20 de abril en el golfo de México, aceptó la ayuda de México y de Noruega para tratar de detener el derrame de crudo.
Estados Unidos ha recibido ofertas de 17 países y de organizaciones internacionales, la Unión Europea, la ONU y la Organización Marítima Internacional, entre otros, informó el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley.
Los países incluyen a Canadá, México, Corea del Sur, Croacia, Francia, Alemania, Irlanda, Japón, Holanda, Noruega, Rumanía, Rusia, España, Suecia, los Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Vietnam.
De todos ellos, de momento BP únicamente ha recurrido a México y Noruega, que, de acuerdo con Crowley, proporcionan en su mayoría material técnico y asesoramiento.
BP comenzó ayer la operación para intentar sellar el pozo en el golfo de México con una inyección de fluidos pesados, aunque tanto la empresa como la Casa Blanca insistieron en que no hay garantías totales de éxito.
El procedimiento, conocido como top kill, empezó después de que la Guardia Costera estadounidense diera luz verde a BP, que bombeará cemento a mil 500 metros de profundidad tras inyectar los fluidos pesados en una operación que, según dijo en un comunicado, “podría prolongarse durante dos días”.
La compañía agregó que “no se puede predecir cuánto tiempo será necesario para comprobar” el éxito o fracaso del proceso. Es la primera vez que una operación de este tipo se lleva a cabo en aguas tan profundas y BP ha cifrado las posibilidades de éxito entre 60 y 70%.
Trabajadores de BP y Transocean discutieron sobre el procedimiento para finalizar la perforación del pozo antes de la explosión de la plataforma que originó el derrame, reveló ayer el mecánico jefe de la instalación a investigadores federales.
La petrolera británica ha dicho que hubo un “error fundamental” en el procedimiento.
El testimonio del mecánico de Transocean podría dar a la empresa más municiones en su batalla verbal con BP para determinar la culpa por el desastre, que posiblemente sea el peor derrame petrolero en la historia de Estados Unidos.
Llegan a siete los muertos por bomba en Rusia
Noticia:
Las autoridades de Stávropol informaron hoy de la muerte de otras dos personas que resultaron heridas ayer en la explosión de una bomba en un céntrico café de esa ciudad rusa en el Cáucaso Norte, con lo que el número de víctimas mortales asciende a siete.
"A las ocho de la mañana en el hospital regional falleció Natalia Kornienko, de 39 años", dijo a la agencia Interfax un alto funcionario de la administración regional, al comunicar el último deceso.
Otras dieciséis personas de las que resultaron heridas en el atentado terrorista se encuentran graves, informaron por su parte fuentes médicas locales.
La explosión, que se produjo en el café "Akvarium", situado en la calle Lenin, frente al Palacio de los Deportes y la Cultura de Stávropol, capital de la región del mismo nombre, vecina de Chechenia y Daguestán, mató en el acto a tres personas y dejó heridas a cerca de cincuenta, dos de las cuales murieron poco después de ser hospitalizadas.
La bomba, de una potencia equivalente a 200-250 gramos de trilita, fue colocada en la marquesina del edificio y, según datos preliminares de la Fiscalía, fue detonada mediante control remoto.
La Fiscalía incorporó un expediente penal por "atentado terrorista" en relación con la explosión, que se produjo dos meses después de que 40 personas murieran en Moscú tras dos brutales atentados suicidas cometidos por terroristas caucásicas contra sendas estaciones del metro de la capital rusa.
Las autoridades de Stávropol informaron hoy de la muerte de otras dos personas que resultaron heridas ayer en la explosión de una bomba en un céntrico café de esa ciudad rusa en el Cáucaso Norte, con lo que el número de víctimas mortales asciende a siete.
"A las ocho de la mañana en el hospital regional falleció Natalia Kornienko, de 39 años", dijo a la agencia Interfax un alto funcionario de la administración regional, al comunicar el último deceso.
Otras dieciséis personas de las que resultaron heridas en el atentado terrorista se encuentran graves, informaron por su parte fuentes médicas locales.
La explosión, que se produjo en el café "Akvarium", situado en la calle Lenin, frente al Palacio de los Deportes y la Cultura de Stávropol, capital de la región del mismo nombre, vecina de Chechenia y Daguestán, mató en el acto a tres personas y dejó heridas a cerca de cincuenta, dos de las cuales murieron poco después de ser hospitalizadas.
La bomba, de una potencia equivalente a 200-250 gramos de trilita, fue colocada en la marquesina del edificio y, según datos preliminares de la Fiscalía, fue detonada mediante control remoto.
La Fiscalía incorporó un expediente penal por "atentado terrorista" en relación con la explosión, que se produjo dos meses después de que 40 personas murieran en Moscú tras dos brutales atentados suicidas cometidos por terroristas caucásicas contra sendas estaciones del metro de la capital rusa.
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