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Los cancilleres de los países miembros de la OEA asumieron ayer un vago compromiso por limitar el gasto militar, aunque sí su firme decisión de promover en la región la transparencia en la adquisición de armamentos.
La situación de Honduras fue casi sin proponérselo uno de los ejes centrales de la reunión, aunque no figuró en el temario oficial, sino que se discutió en el almuerzo privado del lunes que sostuvieron los cancilleres y representantes de los 33 países miembros de la OEA.
De ese debate surgió la conformación de una comisión de “alto nivel” que evaluará el eventual retorno de Honduras y dará sus recomendaciones a la Asamblea “a más tardar el 31 de julio de 2010”. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, será el encargado de designar a los miembros de la comisión.
La Declaración de Lima, aprobada por aclamación al término de la 40 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), se ha quedado a mitad de camino de lo que quería Lima, pues su propuesta inicial era mucho más enérgica y rotunda y abogaba por una reducción del armamentismo en la región.
En el texto final, la palabra reducción desapareció y en su lugar los cancilleres sólo han admitido hablar de “limitar”.
La declaración parte de la campaña que inició el presidente Alan García para poner “freno al armamentismo” y forjar un “pacto de no agresión” para limitar el gasto militar y la adquisición de armas, por lo que Perú había utilizado un lenguaje que era bastante más contundente.
Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), las transferencias de armas hacia Sudamérica se incrementaron en un 150% en los últimos cinco años, lo que refleja una tendencia al alza en gasto militar y en órdenes de compra en la región.
Pero no parece que demasiados países compartan con García esa visión, a la vista de la declaración descafeinada negociada.
Si bien Perú no ha logrado un lenguaje tan directo como hubiera deseado, sí ha conseguido sus objetivos principales. También los demás países lograron reivindicar principios y derechos.
Venezuela, Nicaragua, Brasil, Bolivia y Ecuador no pudieron introducir un párrafo que afirmaba que la presencia de fuerzas militares extranjeras no debe suponer amenaza alguna a la soberanía e integridad de los Estados y en consecuencia a la paz y la seguridad en la región. Este apartado es clara referencia al acuerdo que en 2009 alcanzó EU con Colombia para usar hasta siete bases militares de ese país, lo que generó tensiones con la región.
En su lugar, Caracas logró introducir el artículo 19 de la Carta de la OEA que establece que ningún Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos o externos de cualquier otro.
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