“Megafraude en Ferronales”

Noticia:


La Secretaría de la Función Pública (SFP) denunció penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) a cinco ex servidores públicos de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) por un daño patrimonial que suma más de mil 800 millones de pesos, ilícito por el que podrían alcanzar hasta siete años de prisión.

“La secretaría sancionó a estos ex servidores públicos con la inhabilitación de 11 hasta 15 años para trabajar en el servicio público, pero mantiene abiertos expedientes de responsabilidades administrativas adicionales que probablemente deriven en sanciones económicas y que pueden ser de hasta tres veces el monto del daño ocasionado.

“El material vendido de manera ilegal es equivalente a tres veces la red del Metro de la ciudad de México o siete veces el acero de la Torre Eiffel”, subrayó el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.

En conferencia de prensa, el funcionario informó que en la denuncia penal están involucradas presuntamente cuatro empresas por actos ilícitos realizados a partir de 2003 y hasta 2008, cuando los ex servidores públicos entregaron a dichas empresas vías férreas y accesorios.

“Los involucrados carecían de facultades legales, además de que no dieron aviso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni solicitaron autorización a la Función Pública”, explicó Vega Casillas.

Comentó que hasta el momento no están relacionados representantes del Sindicato Ferrocarrilero, pero, “quiero insistir que tenemos todavía algunos procesos adicionales de responsabilidades en investigación”.

Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), organismo en liquidación, realizó cuatro licitaciones entre 2003 y 2005 para vender chatarra mediante subasta pública, pero no entregó todos los bienes licitados, considerados chatarra, a cuatro empresas adjudicadas, lo que generó un adeudo de 10 millones de pesos de aquel tiempo.

Los involucrados

Los funcionarios involucrados son el delegado fiduciario especial de Banobras y encargado de la liquidación, Enrique Alejandro Rivas; el subdirector general Jurídico, Efrén Alejandro del Pozo; el subgerente de Servicios Especiales, Antonio Paredes; el jefe de área de la Subdirección General Jurídica, Saúl Román Tiburcio y el jefe de área “C” de la Subgerencia de Servicios Especiales, Pedro Rodolfo Muriel.

Estos ex funcionarios recibieron inhabilitaciones para trabajar en el servicio público que van de 11 a 15 años, además de la responsabilidad para la reparación del daño económico por haber incumplido con la entrega de chatarra que generó un adeudo de 10.3 millones de pesos con las empresas adjudicadas.

“Estamos con otro proceso de responsabilidades en donde estamos determinando la parte de las sanciones económicas en estos casos. También tenemos en proceso todo lo que son las investigaciones patrimoniales de los ex funcionarios públicos que han sido mencionados”, detalló el secretario Vega Casillas.

Todos ellos habían sido sancionados con anterioridad, como Paredes, quien fue destituido e inhabilitado por seis meses en marzo de 2009 por violaciones en el proceso de contratación, o Muriel, quien había sido sancionado en noviembre de 2009 con la destitución e inhabilitación por seis meses por no cumplir con la normatividad en los procedimientos de contratación.

52 mil toneladas de vías

Vega Casillas explicó que mediante auditorías a Ferrocarriles Nacionales de México se detectaron las irregularidades, “al disponer de bienes sujetos al régimen de dominio público que son propiedad de la Federación, como son las vías férreas”.

“Es decir, que dispusieron de bienes que no son sujetos de comercio, además, no cumplieron con los requisitos legales para desincorporar dichos activos, como lo establece la Ley General de Bienes Nacionales”, indicó.

Explicó que dichas vías férreas tenían una extensión de más de 590 kilómetros, con un peso aproximado de 52 mil toneladas de acero de la más alta calidad, instaladas en cinco entidades: Chihuahua, Michoacán, Durango, Jalisco y Puebla.