“El pésame no basta; se necesita justicia”

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La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció por no hacer un señalamiento de tipo moral, ético y político en el caso de la investigación de violaciones graves de garantías en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

Al terminar el primer día de votaciones, nueve ministros del alto tribunal se manifestaron a favor de que la Corte se limite exclusivamente a determinar si se registraron o no violaciones graves de garantías y, si es el caso, señalar a los responsables.

El ministro Arturo Zaldívar como encargado del dictamen a discusión y al ser de uno de los dos nuevos integrantes de la Corte que, por lo mismo, no habían participado en este tipo de asuntos planteó la posibilidad de hacer una reinterpretación de la facultad de investigación, contemplada en el artículo 97 de la Constitución.

Desde la óptica del ministro Zaldívar la SCJN, además de señalar la existencia de violaciones graves de garantías y a los responsables, también se debe hacer un pronunciamiento de censura en contra de los funcionarios responsables, desde el punto de vista ético, moral y político.

Pero su postura sólo encontró el respaldo del ministro Juan Silva Meza. El resto de los ministros decidieron mantenerse en la línea trazada por la propia Corte en otros casos como en el de la periodista Lydia Cacho, o de los enfrentamientos ocurridos en el 2006 en la comunidad de San Salvador Atenco o en Oaxaca.

El peso moral de las resoluciones de la Corte, afirmó la mayoría, no deriva de la Constitución, sino del sustento de sus decisiones. Mientras que, afirmaron, la Carta Magna no le confiere al alto tribunal ninguna atribución ética o política.

Después de escuchar a sus compañeros, Zaldívar pidió dar por terminada la sesión, a fin de estar en posibilidad de dar respuesta a cada uno de los planteamientos, de retirar algunas de sus propuestas o de buscar una solución conjunta.

Como sea, este punto sólo marca el alcance de la decisión que adoptará la Corte a lo largo de las sesiones que realizará en esta semana. Y no prejuzga sobre el fondo del dictamen ni de la propuesta del ministro Arturo Zaldívar en el que plantea responsabilizar de violaciones graves de garantías a 14 funcionarios federales, estatales y municipales.

Una vez que la Corte defina hoy este punto, pasará a determinar si la investigación que realizó la comisión de magistrados es suficiente para poder resolver las cuestiones relacionadas con las violaciones de garantías o si es necesario, como propuso el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, incluir, para su estudio, el peritaje del estadounidense David Smith en el que concluye que el incendio fue provocado.

Aunque este punto no ha sido revisado, de antemano, los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero rechazaron la posibilidad de tomar en cuenta el peritaje Smith. En particular la ministra se opuso a la propuesta porque, dijo, “lo único que incluye , en su caso, sería la figura del incendiario y, en todo caso, será cuestión de una investigación de la propia Procuraduría (General de la República)”.

Al inicio de la discusión, a manera de presentación del caso, el ministro Zaldívar le pidió a sus compañeros que no eludan señalar como responsables de la tragedia a las más altas autoridades, entre ellas al secretario de Comunicaciones y Transportes y ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, al actual titular del IMSS, Daniel Karam, y al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.

Es necesario, les dijo a sus compañeros de la Corte, que el máximo tribunal “envíe un mensaje claro a la sociedad, de que nuestro país debe dejar de ser un lugar en donde todo pasa y no pasa nada; en el que suceden cosas muy graves y no hay consecuencias; en el que pueden morir 49 niños quemados por negligencias de las autoridades y no hay responsables”.

“No basta con el pésame”, el luto o las lamentaciones, porque es necesario hacer justicia. Sería irresponsable, les dijo, que la Corte no señalar a los funcionarios responsables de la tragedia, porque se trata de “una enorme injusticia” que pudo haber sido evitada si las autoridades hubieran cumplido con su deber.

Los 49 niños, casi bebés, aseguró, fallecieron y otros 104 sufrieron afectaciones como resultado de las omisiones y negligencias de diversas autoridades. El Estado, agregó, estaba obligado a salvaguardar la vida de los menores y no lo hizo.

“No responsabilizar —les dijo Zaldívar— significa convalidar que hay manera de maniobrar desde un cargo público para permanecer en él pase lo que pase, sin importar que se haya hecho o que se haya dejado de hacer en relación con la vulneración de los derechos humanos”.