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Estados Unidos consideró ayer que México sigue sin cumplir “de forma cabal con los estándares mínimos para erradicar el tráfico de personas” dentro de su territorio y consideró que, a pesar de los esfuerzos realizados, el tráfico y el abuso laboral y la explotación sexual siguen siendo un problema particularmente alarmante en Acapulco, Cancún, Tijuana y Ciudad Juárez.
Según se desprende del informe anual sobre tráfico de personas, presentado ayer por el Departamento de Estado, esta actividad —que supone una vergonzante forma de esclavismo moderno— se ha convertido en un próspero negocio para el crimen y los cárteles de la droga.
El informe hace eco de las denuncias de organizaciones no gubernamentales que han denunciado la tolerancia y hasta complicidad de algunas autoridades locales con el tráfico de personas que afecta, principalmente a centroaméricanos que intentan llegar a EU.
Además, a pesar de que México ha endurecido las penas contra quienes trafican con personas desde 2007 y no obstante los esfuerzos realizados en distintos puntos del país, “el número de investigaciones y de convicciones registradas sigue muy bajo”.
En consecuencia, México se mantiene estancado dentro de la categoría número dos, de los tres niveles que definen los avances de más de 170 países en la lucha contra el tráfico de personas.
En este sentido, el reporte expone las limitaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y menciona, a manera de ejemplo, que la actual Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), sólo dispone de un equipo de 10 abogados para ocuparse tanto de casos de violencia contra mujeres como de tráfico de personas.
A los problemas vinculados a la falta de personal y a la precaria profesionalización de funcionarios, prosigue el informe, se añade un endémico problema de corrupción e impunidad:
“Organizaciones no gubernamentales, miembros del gobierno y otros observadores continúan reportando casos de corrupción entre funcionarios públicos, particularmente entre cuerpos policiales, judiciales y oficiales de inmigración”, asegura el reporte difundido.
“Algunos oficiales han aceptado haber solicitado dinero o favores sexuales, haber producido documentos falsos de identidad, haber presionado a las víctimas para que éstas desistan de presentar denuncias o haber tolerado la prostitución infantil y otras formas de tráfico de personas vinculadas al negocio de la prostitución”, se establece en el capítulo dedicado a México.
Aunado a ello, el temor de las víctimas a denunciar abusos ante el miedo a represalias del crimen organizado o de funcionarios implicados en el tráfico de personas, dificulta enormemente las investigaciones y el procesamiento de los implicados, se asienta en el informe que expone las entrañas de un sistema que a pesar de los esfuerzos de algunos de sus funcionarios, aún sigue lastrado por la corrupción y la impunidad de otros.
Estudio anual
En el estudio anual sobre el tráfico de personas a nivel internacional, los países que permanecen en el pelotón de cola —es decir dentro de la tercera y última categoría— siguen siendo los mismos; Cuba, Irán, Corea del Norte y República Dominicana que no han realizado ningún esfuerzo para combatir esta forma de esclavismo moderno.
Aunque la administración estadounidense se coloca a sí misma dentro del primer grupo de naciones que realizan esfuerzos por combatir el tráfico de personas, la secretaria de Estado, Hillary Clinton reconoció, en alusión a los millones de inmigrantes indocumentados que siguen siendo explotados en la Unión Americana, que “el trabajo forzado no es algo que no exista en nuestras propias comunidades”.
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