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La Secretaría de la Función Pública detectó un presunto fraude por más de 13 millones de dólares en contra PMI Comercio Internacional, filial de Petróleos Mexicanos (Pemex), presuntamente cometido por la subdirectora de Destilados Intermedios de esta última, María Karen Miyasaki Hara.
La funcionaria enfrenta dos denuncias por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta, informaron en conferencia de prensa conjunta Salvador Vega Casillas, titular de la Función Pública, y César Chávez Flores, visitador general de la Procuraduría General de la República (PGR).
Miyasaki, quien ingresó a PMI en 1997 y era subdirectora comercial de Destilados Intermedios desde 2002, hizo al menos cuatro operaciones fraudulentas de compra venta de combustible a nombre de PMI Internacional en las cuales podría estar involucrado su esposo, Max Miles Beckett.
Las operaciones de la funcionaria, quien ya fue separada de su cargo, consistieron en compra venta de energéticos a empresas privadas, una de las cuales detalló Vega Casillas.
Para abastecer a Pemex Refinación, Miyasaki compró a la empresa japonesa Idemitsu Kosan Company un cargamento de unos 330 mil barriles de diesel de ultra bajo azufre en el puerto de Chiba, Japón, en 27 millones 624 mil dólares.
Pero, en el mismo puerto vendió el mismo combustible en poco más de 28 millones de dólares a la empresa Blue Oil Trading, de cuya filial (Blue Trading S.R.L, de C.V.) Max Miles es socio y director comercial.
Días más tarde, la servidora pública volvió a comprar el mismo cargamento a Blue Oil Trading en más de 34 millones de dólares, pagando de manera adicional 4.5 millones de dólares , más por el combustible, que finalmente revendió a Pemex Refinación, la cual recibió el cargamento en instalaciones de Rosarito, Baja California.
“Hasta el momento, la Secretaría de la Función Pública ha detectado en total cuatro cargamentos con operaciones similares… se estima que estas cuatro transacciones han generado un perjuicio patrimonial a PMI Internacional por más de 13 millones de dólares” en utilidades no recibidas por la venta del combustible, dijo Vega Casillas.
De manera adicional, precisó, la investigación patrimonial de la servidora pública detectó 13 cuentas bancarias no declaradas por un monto calculado en 16 millones de pesos, que no pueden justificarse con sus ingresos en la filial de Pemex.
Vega y Chávez reconocieron que los delitos por los que se acusa a Miyasaki no son graves, por lo que no puede solicitarse ninguna medida cautelar. Sin embargo, de hallarse culpable, podría enfrentar hasta 14 años de prisión, la reparación del daño y el decomiso de los bienes obtenidos de manera ilícita.
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