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El volumen de descarga ilegal de musica por internet ya superó en cuatro veces la venta de unidades de discos pirata en México y en 17 veces el número de todos los temas que hay en los discos compactos que se venden de manera legal, advirtió Fernando Hernández Romero, director de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (Amprofon).
En 2009 se intercambiaron 5 mil 110 millones de canciones de manera ilegal, por lo que si cada canción se vende en promedio en 12 pesos, estos ilícitos equivalen a pérdidas por 61 mil 320 millones de pesos para la industria discográfica, dijo el directivo.
Destacó que de acuerdo con el último estudio de Ipsos, el 69% de los internautas que realizan estas prácticas ilegales a través de redes de intercambio conocidas como sitios P2P (Peer to Peer), son jóvenes de entre 12 y 26 años, y más de la mitad de ellos cuentan con el poder adquisitivo para pagar por la música que descargan, ya que se ubican en niveles socioeconómicos A, B y C.
Se trata de casi 12 millones de usuarios de sitios como Ares y Limewire, de los cuales alrededor de 5.2 millones de cibernautas intercambiaron 327 millones de temas y 42 millones de videos musicales principalmente en ciber cafés, según reveló la investigación realizada por la agencia Ipsos.
Si tan solo 10% de las canciones que se intercambian en línea de manera ilegal se pudiera recuperar, la industria obtendría 6 mil 132 millones pesos, de los cuales 800 millones de pesos son ingresos para el fisco por concepto de IVA y 5 mil 532 millones de dinero para todos los que producen música en el país, destacó Hernández Romero.
El crecimiento de estos ilícitos se duplicó en 2009, en comparación a 2007, al pasar de un total de descargas de 2 mil 500 millones de canciones a 5 mil 110 millones, destacó.
Iniciativa en el Congreso
No existe una legislación, ni una obligación legal para los proveedores de internet para que instrumenten sistemas de protección de contenidos, pues ni les conviene ni les interesa, dijo Hernández Romero.
Dijo que la propuesta de la industria es que se legisle para que los proveedores de internet puedan suspender el servicio a los usuarios que comentan estos ilícitos, como ya se hace en Francia o Inglaterra.
Explicó que este mecanismo legal consiste en que con base en quejas o denuncias de los afectados, las instituciones de gobierno les dicen a los proveedores de internet que monitoreen a estos usuarios que hacen descargas ilícitas, los cuales son identificados sólo por su dirección IP, y si luego de dos avisos insisten en seguir con esta actividad entonces se le limite el acceso. Habrá que esperar cuál será la reacción de los proveedores ante esta propuesta de regulación.
El diputado Armando Báez, del PRI, presentó una iniciativa en este sentido la semana pasada, a fin de controlar el uso ilegal de contenidos en línea.
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