Desplazados, los “invisibles” de Colombia.

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A medida que el jefe o la jefa de la familia recibía el dinero prometido, todos sus integrantes recogían sus miserias y partían hacia “ninguna parte”. Ese parece ser el destino de los casi 2 mil colombianos desplazados llegados a la capital de diferentes puntos del país, que después de cuatro meses y 14 días de vivir en un improvisado campamento que se levantó en un parque a 400 metros del palacio de gobierno, llegaron a un acuerdo para abandonar el lugar.

Son familias que, obligadas a escapar de las balas de la guerrilla y el Ejército en Neiva, Tolima, Santander y la Costa Atlántica, llegaron a la capital para tratar de sobrevivir. El gobierno les prometió conseguir alojamiento y la asistencia necesaria para rehacer sus vidas; pero todo quedó en el aire y el 18 de marzo marcharon sobre la Plaza de Bolívar. Días después, un centenar de ellos tomó la Iglesia de San Francisco y fueron expulsados con gases lacrimógenos. Durante meses durmieron a la intemperie, en el parque del Tercer Milenio, de donde el domingo algunos comenzaron a salir.

Es el parque que reemplazó a otra oprobiosa realidad bogotana, la calle del Cartucho, donde mendigos y excluidos sociales de todo tipo habitaban como despojos humanos.

Fue durante la administración del alcalde Antanas Mokus en que se construyó el parque Tercer Milenio y por ello se recibieron premios como el de la Bienal Colombiana de Arquitectura y otros a nivel internacional.

“Nadie nos pela, hermano. Somos invisibles. Yo tengo mis cuatro hijos y la mujer conmigo, ahora, porque nos quisieron separar de los hijos. Venimos de Florida, departamento de Santander y sólo queremos una ayuda para saber dónde poder vivir”, dijo Juan Francisco, de 39 años, cuando la tardía negociación con las autoridades llevaba ya cuatro días de amenazas de desalojo, mientras la policía esperaba la orden para levantar el campamento y reprimir

“Nadie quiere ver esta reproducción de la miseria de la Edad Media, pero en el Tercer Milenio está representada la realidad de millones de colombianos que sufren las consecuencias del conflicto, mientras todos aquí reaccionamos como si el conflicto fuese en otro país”, dijo la socióloga Yolanda Ruiz.

Las negociaciones llevaron 10 días y concluyeron el viernes pasado, cuando los representantes de los desplazados aceptaron recibir por cada familia entre 470 y 780 dólares, de acuerdo a la cantidad de miembros de cada familia, cada mes, hasta que el 1 de noviembre se le haga efectiva la suma de 2 mil 300 dólares a cada grupo para emprender proyectos productivos. Los fondos los aportarán el gobierno nacional, la Alcaldía, la cooperación Internacional.

“Por el momento, hacia ninguna parte. Estoy esperando a mi esposo que venga con la paga para ver a dónde vamos a dormir”, indicó Hilduara, 27 años, con su pequeño hijo de 3 años en brazos.

Julián Arboleda, uno de los líderes y negociadores, justifica el acuerdo. “Era eso o nos sacaban a palos”, pero advierte que “si en noviembre no cumplen con el acuerdo volveremos muchos más con otras acciones igual o mucho más fuertes que estas. Este sacrificio aquí sirvió también para organizarnos”, aclara.

Sólo así, con algo de dinero y presión policial, las autoridades nacionales y municipales lograron salir del jaque al que estuvieron sometidos. Aunque el flagelo de los desplazados, ese que lleva más de tres lustros buscando un destino final, sigue sin resolverse, como si fuera producto de una especie extraña de ceguera, que no deja divisar bien la realidad de los sectores más castigados por el conflicto y, por ende, la transforma en discriminación y marginalidad.