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La confrontación directa por los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales quedó silenciada ayer, cuando el principal líder de la oposición dijo que, de ahora en adelante, pedirá permiso para llevar a cabo protestas, un clérigo influyente pidió la pena de muerte para los cabecillas de las manifestaciones y el consejo responsable de validar los comicios insistió en que no hubo mayores irregularidades.
En vez de enfocarse en las situaciones que derivaron en el mayor e inesperado desafío al liderazgo iraní desde la revolución de 1979, el gobierno ha optado por definir el conflicto en términos no de una disputa interna que llevó a millones a las calles, sino de una entre Irán y agentes externos de Europa, Estados Unidos e incluso Arabia Saudita.
Y aunque el gobierno parece haber retomado el control, analistas políticos han advertido que aún es demasiado pronto como para que Mahmoud Ahmadineyad se declare victorioso. Si bien todo indica que nada le impedirá jurar para un segundo periodo, en agosto, no hay garantías de cómo será ese segundo gobierno o si habrá quien se dedique a ponerle obstáculos en el camino.
Incluso antes de que la legitimidad de su reelección fuera cuestionada, Ahmadineyad fue fustigado por el Parlamento por el manejo que hizo de la economía y han surgido versiones de intentos de destituirlo.
Varios de sus ministros renunciaron en protesta por sus políticas económicas.
Denuncian traición a la patria
Por lo pronto, el gobierno insiste en tachar a los opositores de traidores de la patria. Durante las oraciones del viernes, desde la Universidad de Teherán, el hojatoleslam (rango inferior al del ayatola) Ahmad Khatami, estrecho aliado de Ahmadineyad, exigió a la Justicia “castigar a los principales agitadores con firmeza y sin mostrar ninguna clemencia, para dar a todo el mundo una lección”. Acusó a los líderes de las protestas de alzar sus armas en contra del pueblo, un delito que se castiga con la muerte.
Sostuvo también que la mujer convertida en ícono de las protestas, Neda Agha Soltan, fue muerta por los mismos manifestantes y no por las fuerzas de seguridad iraníes.
Horas antes, el Consejo de Guardianes insistió en que las elecciones del 12 de junio fueron justas. “No hubo fraude”, subrayó el vocero del Consejo, Abbas-Ali Kadkhodaei, aunque reconoció que el proceso de revisión de urnas aún no termina. Explicó que evaluaron las quejas que presentó Mir Hussein Moussavi, principal rival de Ahmadineyad en la contienda, pero que no habían encontrado nada fuera de lo normal. Incluso consideró que la elección fue la más limpia desde la revolución de 1979.
En todo caso, dijo que, para eliminar todas las ambigüedades sobre la votación, 10% de las urnas serán sometidas a un recuento en presencia de funcionarios de alto rango.
De inmediato, Moussavi colocó en su sitio en la red un reporte con una larga lista de irregularidades que, afirmó, se cometieron durante los comicios. Pero, a la vez, indicó que la fase de protestas callejeras estaba llegando a su fin y que tratará de obtener permisos en caso de que desee realizar alguna manifestación, permisos que el gobierno ha denegado una y otra vez.
En tanto, el Grupo de los Ocho países más industrializados del mundo (G-8) deploró, durante la reunión de cancilleres, la violencia postelectoral iraní y llamó a Teherán a resolver la crisis a través del diálogo democrático. Los ministros evitaron cerrar la puerta a futuras conversaciones con Irán sobre su programa nuclear.
Según allegados, Moussavi se niega a rendirse. “Moussavi insiste en que los resultados de la elección sean anulados”, dijo Ismail Kossari, miembro del Parlamento, a la agencia ILNA. “Le dijimos que su exigencia es irracional y que no debió haber insistido tras las declaraciones del líder supremo en las oraciones del viernes”, añadió. (Con información de agencias)
Comentario:
La intlerancia en su máxima expresión. Era de esperarse, se trata de un régimen político altamente religioso.
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