ONU exige garantías para defensores de DH

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Relatores de Naciones Unidas advirtieron que en México se deteriora la situación de los defensores de los derechos humanos, quienes enfrentan graves amenazas y pagan con la vida al realizar su trabajo, como sucedió en San Juan Copala, Oaxaca, el mes pasado. Exigieron al gobierno tomar las medidas necesarias para su protección e impedir que se repitan nuevos episodios de violencia.

Indicaron que a pesar de los desafíos que enfrenta la administración de Felipe Calderón en la lucha contra los cárteles de la droga, “no hay justificación” para no tomar las medidas necesarias cuando defensores de los derechos humanos, periodistas u otras personas sean asesinados.

“No se debe permitir que los derechos humanos sean víctimas de la lucha contra las drogas y el crimen”, expusieron los relatores de la ONU en un comunicado que fue difundido ayer.

Los firmantes de dicho documento son Margaret Sekaggya, relatora sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos, y Philip G. Alston, relator sobre las Ejecuciones Sumarias, Extrajudiciales o Arbitrarias.

También signaron el comunicado James Anaya, relator de Libertades y Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas, y Frank La Rue, relator de Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión.

Los relatores condenaron el asesinato de Beatriz Alberta Cariño y del observador finlandés Jyri Antero Jaakkola, quienes formaban parte de una misión de observación de los derechos humanos en Oaxaca cuando el 27 de abril fueron emboscados y masacrados por paramilitares.

En la emboscada, otros activistas y periodistas resultaron heridos, incluyendo dos reporteros de la revista Contralínea, quienes pasaron dos días escondidos en la selva antes de ser rescatados por la policía.

Frente a esta agresión, la relatora Margaret Sekaggya enfatizó que “estamos profundamente preocupados por el deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos en México, incluidas las mujeres y las personas defensoras que trabajan en temas relacionados con las comunidades indígenas”.

Piden esclarecer masacre en Oaxaca

El grupo de expertos exhortó al gobierno mexicano “a tomar las medidas que sean necesarias para proteger el derecho a la vida y la seguridad de las y los defensores de los derechos humanos en el país, contra todo tipo de violencia y acción arbitraria que se produzca como consecuencia del ejercicio legítimo de sus actividades”, así como a garantizar el ejercicio periodístico en toda la República.

En el caso concreto de San Juan Copala, el relator Anaya afirmó que es preocupante “el incremento de los enfrentamientos armados y la violencia en esa comunidad durante los últimos meses; está afectando no sólo a los grupos armados involucrados, sino también a la población civil del municipio, en su mayoría pertenecientes a la comunidad indígena triqui”.

Sobre el asesinato de los activistas, los relatores exhortaron a las autoridades “a iniciar una investigación pronta e imparcial sobre los hechos mencionados, con el fin de que las personas culpables sean identificadas, puestas a disposición judicial, y que se les impongan las penas adecuadas. La comunidad internacional seguirá de cerca la respuesta del gobierno mexicano en relación a estos hechos”.