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Los Ángeles se convirtió ayer en la mayor ciudad estadounidense en boicotear económicamente a Arizona por su nueva y controversial ley de inmigración, en una medida que afectaría contratos por unos ocho millones de dólares.
El concejo municipal aprobó la medida por 13 votos a favor y uno en contra. La resolución exhorta a la ciudad a dejar de hacer negocios con Arizona, aunque las autoridades tendrán que evaluar cada contrato para asegurarse de que no corren el riesgo de ser demandadas.
La ciudad tiene aproximadamente 52 millones de dólares en contratos con compañías basadas en Arizona. Fuentes oficiales aseguran que la medida no afectará contratos de mayor tamaño como los de aeropuertos, puertos y plantas de agua y electricidad. El concejo debería considerar suspender viajes, recortar contratos y evitar hacer nuevos tratos con empresas con sede en Arizona, de acuerdo con las recomendaciones de un informe municipal. El alcalde Antonio Villaraigosa ha dicho que aprobaría la medida.
Sin embargo, la concejal Janice Hahn, copatrocinadora de la resolución, dijo que no sería práctico cancelar la mayoría de esos tratos y que sólo entre 7 y 8 millones de dólares en contratos municipales podrían verse afectados.
La resolución alega que la nueva ley de Arizona es anticonstitucional y alienta la discriminación racial. La ley que entraría en vigor el 29 de julio requiere que la Policía detenga e interrogue a una persona sobre su estatus migratorio, si es que existe la “sospecha razonable” de que tal individuo vive ilegalmente en el país. También convierte en delito grave el vivir ilegalmente en Estados Unidos.
“Aplaudimos a la ciudad de Los Ángeles por alzar su voz en favor de leyes migratorias que protegen los derechos civiles y humanos de las personas y en contra de leyes que promueven la discriminación racial o por etnia, o lugar de nacimiento”, apuntó en un comunicado Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles.
“Estamos contentos de que una de las grandes ciudades con más inmigrantes en el país esté enviando el mensaje de que no hay espacio para la xenofobia ni la intolerancia”. Varias demandas para evitar que la ley entre en vigor han sido presentada en la corte federal de Phoenix.
Apoyo popular
Algunos sondeos han indicado un fuerte apoyo popular hacia la ley de Arizona y sus críticos están preocupados de que la medida sea imitada por otros estados.
Una encuesta realizada por el Centro Pew de Investigaciones reveló ayer que la mayoría de los estadounidenses apoya la ley promulgada en Arizona que criminaliza la inmigración ilegal en ese estado limítrofe con México. De acuerdo con los resultados de la consulta, realizada entre el jueves y el domingo pasados entre 994 estadounidenses adultos, 59% dijo que aprueba la ley y sólo 32% está en desacuerdo con su promulgación.
El sondeo señaló que una mayoría todavía más amplia (73%) respalda la exigencia de que toda persona en Arizona debe llevar siempre documentos que demuestren su residencia legal en el país. Además, 67% dijo que está de acuerdo en que la Policía esté facultada para detener a cualquier persona que no pueda comprobar dicha residencia.
Los demócratas están divididos en partes iguales sobre la ley de Arizona: 45% la aprueba y 46% la rechaza. Sin embargo, la mayoría de los demócratas aprueba dos cláusulas de la ley: que los agentes de la ley puedan exigir documentos de status legal a la población (65%) y que puedan detener a quien no pueda demostrar su status legal (55%). Entre los republicanos hubo un respaldo abrumador a la ley.
Otros estados fronterizos con México no quieren leyes como las de Arizona. El gobernador de Nuevo México dice que constituye un retroceso. Texas no quiere saber nada de ella. ¿California? Ya la probó y no le interesa. La nueva ley de Arizona no genera demasiado respaldo en los otros estados en la frontera con México, y la razón es que California, Nuevo México y Texas tienen fuertes bloques de votantes hispanos.
El contraste con Nuevo México
El diario estadounidense The New York Times reportó ayer el contraste entre Arizona y Nuevo México en cuanto a sus políticas migratorias. Mientras la Policía de Arizona revisará documentos para saber si sus portadores son ilegales, Nuevo México permite a los indocumentados tener licencias de conducir.
El gobernador de Arizona, Bill Richardson, habló al Times de su esfuerzo por integrar a los inmigrantes en su estado como parte de la sociedad y para “proteger los valores de nuestras comunidades hispanas y multiétnicas”.
El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, se sumó ayer a las criticas contra Arizona al bromear con que a causa de su pésimo pronunciamiento del inglés evitó ir a ese estado por temor a ser deportado. “Me habían invitado a dar una plática en una Universidad de ese estado, pero la suspendí ya que por mi acento tuve miedo de que me fueran a deportar”, dijo Schwarzenegger en su discurso en la Universidad de Atlanta Georgia.
Antes que Los Ángeles, otras ciudades de California, como Oakland y San Diego, ya habían aprobado resoluciones pidiendo un boicot en protesta por la llamada ley Arizona.
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