La asesoría privada en plagios, ilegal: Inacipe.

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No sólo la negociación, sino también cualquier tipo de asesoría con fines de lucro en casos de secuestro, como la que presuntamente proporcionó Ernesto Mendieta en los plagios de Fernando Martí y Silvia Vargas, está expresamente prohibida por el Código Penal Federal.

Así lo manifestó en entrevista con Notimex el director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Gerardo Laveaga Rendón, quien indicó que la ley estipula hasta 10 años de prisión para aquellos particulares que ofrezcan este tipo de servicios.

“El Código Penal Federal prohíbe tajantemente no sólo la negociación, sino la asesoría y todo ese tipo de actividades relacionadas en su artículo 366 bis”, precisó el catedrático.

El mencionado artículo expresa que “se castigará con una pena de dos a 10 años de prisión a aquella persona que actúe como asesor con fines lucrativos”, detalló Laveaga Rendón.

En los últimos días el especialista en secuestros Ernesto Mendieta refirió en diversas entrevistas que él “nunca negoció” los secuestros de Martí y Vargas Escalera, sino que brindó junto con su equipo de colaboradores una asesoría y acompañamiento a los familiares.

Reconoció que en el caso de Silvia su padre, Nelson Vargas, le pagó más de 500 mil pesos por la mencionada asesoría, con la que le sirvió por tres meses.

Al respecto, el titular del Inacipe hizo hincapié en que este tipo de actividades están expresamente prohibidas por la ley, y consideró que es la falta de una “cultura de la legalidad” lo que propicia que estos negociadores prosperen.

“Esto es aprovecharse del desconocimiento de la ley que tienen muchas personas para obtener un lucro, y son actos indebidos que deben perseguirse y castigarse con todo rigor”, indicó.

Difícil de comprobar

No obstante, Laveaga Rendón reconoció que el problema para castigar estas acciones constitutivas de delito es que al tratarse de un servicio ilegal es difícil comprobar que efectivamente el pago de determinada cantidad obedeció a una negociación o asesoría por secuestro.

“Lo que pasa es que este tipo de actividades ilícitas es muy difícil probarlas porque no hay un contrato, no hay un convenio, te puedo decir que tú me contrataste para matar a alguien y me diste un dinero y si no lo maté no se puede corroborar ante un juez. No se puede porque son actividades fuera de la ley”.

En este contexto, explicó, las más desfavorecidas son las familias que además de tener que pagarle a un secuestrador tienen que darle dinero a un supuesto “experto”, sin garantía alguna de que la persona plagiada vaya a ser recuperada, y mucho menos con vida.

“La verdad es que un negociador para ser totalmente eficaz tendría que tener vínculos con los secuestradores o a lo mejor el tipo que negocia es el que participó también en el secuestro, eso asusta, y la gente tiene que estar advertida”, subrayó Laveaga Rendón.

El penalista reconoció que no se puede culpar a un familiar de una persona secuestrada porque recurra a un asesor o negociador privado, generalmente atraviesa momentos de desesperación o angustia y eso la orilla a tomar medidas.

Sin embargo, consideró prudente hacer una reflexión antes de acudir a este tipo de personas, generalmente “se aprovechan de la necesidad y terrible angustia de una persona para lucrar”.

Laveaga hizo énfasis de que los negociadores y asesores no sólo promueven la impunidad como han señalado algunos especialistas, sino que es un “ataque directo” contra el Estado de derecho y contra la sociedad en general. “No solamente obstruyen la labor de investigación, sino que están lastimando el estado democrático de derecho, un delito no es negociable y nunca lo será”, dijo.

Descartó que la existencia de los negociadores sea consecuencia de un vacío en el mismo estado de derecho, pues recordó que existen cuerpos policiales, agencias del Ministerio Público y procuradurías que son los facultados para combatir ese ilícito.

Dijo que hay argumentos válidos que señalan que estos mecanismos del Estado no son del todo eficaces, pero advirtió que esto no es un “pretexto” para favorecer la propagación de quienes ac túan fuera de la ley. Hay que ver en qué está fallando la policía y mejorarla, expresó. (Notimex)