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El pleno de la Suprema Corte de Justicia desechó el proyecto del ministro Sergio Aguirre Anguiano y determinó, por ocho votos en favor y tres en contra, crear una comisión que investigará los hechos ocurridos en el incendio de la Guardería ABC y revisará además todo el sistema de estancias para verificar si el gobierno federal actuó legalmente al dejar este servicio en manos de particulares.
El máximo tribunal estableció que la comisión estará a cargo de dos magistrados federales que deberán responder a 10 objetivos fijados en la resolución.
Del lado de Aguirre Anguiano sólo se sumaron el ex presidente de la Corte, Mariano Azuela, y el actual presidente del alto tribunal, Guillermo Ortiz Mayagoitia.
El grupo investigador lo encabezarán los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla, quienes tendrán un plazo máximo de seis meses para entregar al pleno las conclusiones.
En la indagación están bajo la lupa instancias federales (Seguro Social), así como las autoridades municipales de Hermosillo y del estado de Sonora.
La sesión tomó casi tres horas. En el inicio, el ministro Aguirre lamentó que se engañe a los padres de niños fallecidos, porque, dijo, la Corte no puede ejercer su facultad de investigación.
En su intervención, con una postura contraria a Aguirre, el ministro Sergio Valls afirmó que es innegable que diversas autoridades propiciaron los lamentables resultados del incendio, por omisión y negligencia. Genaro Góngora, Juan Silva Meza y Fernando Franco Gónzalez coincidieron en que la comisión protegerá el derecho a conocer la verdad.
El Instituto Mexicano del Seguro Social avaló el fallo de la Corte y dijo que acatará las conclusiones de la comisión investigadora.
Ayer se dictó el auto de formal prisión contra cuatro socios de la guardería; sin embargo, permanecerán libres ya que los delitos que se le atribuyen no están tipificados como graves.
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