Autodefensa, arma de juarenses.

Reportaje:

El Universal de México.


Bertha llegó a su departamento. Había quedado de verse con una pareja interesada en comprarle el inmueble que hacía meses trataba de vender. Eran las 11:45 de la mañana cuando vio que se estacionaba una camioneta Suburban fuera del edificio. Minutos después tocaron a la puerta. Al abrir, cuatro hombres la empujaron hacia la sala vacía y le ordenaron: “Desde ahora este departamento es nuestro. Pídele a tu esposo que te traiga las escrituras, las endosas a este nombre —le entregaron un papel con los datos— y te vas a la chingada para siempre. Ya sabemos tu dirección, los nombres y horarios de tus hijos, más te vale quedarte calladita”.

Así terminó el esfuerzo de 15 años en que Bertha pagó mes tras mes un departamento que perdió en pocas horas. La impotencia y el coraje de no poder impedir que la despojaran de su patrimonio no la dejan dormir en paz; ha bajado de peso y está haciendo planes para “largarme de Juárez y no volver jamás. Ya ni los militares pudieron ayudarnos”.

La lista de historias de víctimas de la delincuencia es casi tan larga como el censo de la ciudad, dice Armando Valenzuela, fundador del comité ciudadano Juarenses por la Paz. Comenta que por su labor como cirujano en la sala de emergencias del Hospital General de Juárez, ha pasado días y noches tratando de salvar a los heridos de las balaceras que diario escenifican bandas de delincuentes en las calles de la ciudad.

“Con padres nuestros no hemos podido con la delincuencia. Cuando llegó el Ejército vivimos una paz ficticia: los índices de delincuencia y de crímenes bajaron”, señala Valenzuela.

El despliegue militar en Ciudad Juárez arrancó en marzo de 2008, cuando se registraron 117 asesinatos atribuidos al crimen organizado. En abril se reportaron 52 homicidios. Esa cifra fue para los ciudadanos una “corta luna de miel”; en mayo se cometieron 150 crímenes.

El sicario y el delincuente se reorganizaron y se impuso la corrupción, dice el cirujano. “Ahora estamos igual o peor que cuando no estaban los militares, con la diferencia que ahora ya no tenemos a quien pedirle auxilio”, lamenta.

Esta desesperación y una serie de secuestros contra el gremio médico —algunos terminaron en tragedia— alertaron a este sector. Para Valenzuela, la única solución que le queda a Juárez es crear redes sociales de autodefensa, donde “el ciudadano se organice como manada y le impida al depredador delincuente acercarse a barrios y comunidades”.

Redes de autoprotección

“La autoridad no puede sola y mucho menos cuando está infiltrada por criminales”, comenta Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de Atención a Víctimas y Proyectos Especiales de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH). La sociedad tiene que hacer su parte, insiste.

Bajo el lema “La paz se gana participando”, ciudadanos organizados crearon la página www.cmcjuarez.com; en ella colocaron un botón de pánico para reportar secuestros. Al dar click se activan dos celulares a los que familiares de las víctimas pueden llamar las 24 horas de los 365 días del año. El aparato se rota entre médicos. Al recibir la llamada van a casa de la víctima y están con la familia hasta que se negocia la liberación.

La organización pretende que la central telefónica se ubique en el extranjero para “evitar que nos infiltren los delincuentes o los policías corruptos y proteger el anonimato de los denunciantes”.

A México sólo llegarán datos de la denuncia “no del denunciante, para que no lo maten”, dijo De la Rosa Hickerson.

Los ciudadanos organizados dialogan con dos telefónicas extranjeras que les darán el servicio. “Nos estamos asesorando con especialistas de Colombia para ubicar a autoridades de confianza”.

Una recomendación de los expertos es “prueba y error, pero eso significa probar con la vida de la gente, por eso queremos tener las más certezas posibles de la integridad de los policías a los que les vamos a entregar la información”.

Hasta ahora, los miembros del comité han participado en la negociación de nueve secuestros. “Todos tuvieron un desenlace exitoso para la víctima y sus familiares”. Personal de la Procuraduría General de Justicia del estado —cuyo profesionalismo y honestidad han sido probados— contacta a los delincuentes para tratar de que el monto del rescate sea muy por debajo de lo que piden.

Se creó una célula especial para secuestros integrada por mujeres, quienes hasta ahora prueban su capacidad e integridad en cada caso, afirma.

Sin embargo, la gente teme apretar el botón de pánico cuando tienen a un familiar secuestrado porque los plagiarios les hacen todo tipo de amenazas, lamentan Juarenses por la Paz, cuya página electrónica asegura que al 6 de agosto de 2009 ya tenían 398 afiliados.

Los afectados temen que los delincuentes los descubran si buscan ayuda y por eso “cometen muchos errores, ponen en peligro a su familiar, pagan millonadas sin negociar y, lo más grave, pagan rescates tan altos que van exigiendo cada vez más dinero. Patrocinan a bandas de delincuentes”, afirma el médico.

Familiares de un menor plagiado y asesinado por sus captores horas después de que sus padres pagaron el rescate, dijeron que tuvieron que empeñar la cosecha de todo el año y otras propiedades, para pagar la fortuna que les exigieron por su hijo. “Aunque seguimos todas las instrucciones que nos dieron, igual mataron a mi niño”, lamentó la madre.

La inseguridad se hace costumbre

La gente se adapta a la inseguridad, comentan médicos del Hospital General de Ciudad Juárez, cada que les toca declarar la muerte de un paciente baleado. Al fin del día se preguntan: ¿Cuántos ejecutados hubo hoy? Para Armando Valenzuela la cuestión es ¿quiénes fueron hoy los asesinados? “La diferencia entre el cuántos y el quiénes es que se le pone rostro a la víctima de la violencia”.

Una visitadora médica que prefirió no dar su nombre comenta que de ejecuciones y balaceras en las calles decían: “Se están matando entre delincuentes. Son pandilleros que andan en las drogas, gente que no hace falta. Que se acaben entre ellos”, pero ahora —dice alarmada— nos están secuestrando a nosotros, nos extorsionan, se meten a robar a las casas, nos bajan de los coches a punta de pistola; ya no somos libres de andar en la calle ni de día ni de noche y lo peor es que no se ve la solución por ningún lado.

“El delincuente es depredador y los de su especie no atacan a la manada. Atacan al débil, al enfermo, al que está aislado”. Por eso, el comité ciudadano invita a los juarenses a “organizarnos como tribu y cuidarnos entre todos”.

El primer llamado que hacen es a realizar una campaña masiva para quitar el graffiti de la ciudad y con eso, dicen, “el mensaje que le estamos enviando al delincuente es que estamos recuperando nuestro territorio”, opina Valenzuela

Al mismo tiempo trabajan en Vecino Vigilante. La primera estrategia que aplican es orientar al ciudadano para que identifique sus debilidades y fortalezas en seguridad y una vez que las conozca pueda armar un plan de vigilancia para él y su familia. La idea es aplicar en Ciudad Juárez la teoría de las Ventanas Rotas, de James Q. Wilson y George Kelling, cuya premisa es que el crimen es el resultado inevitable del desorden. “El delincuente no nos va a atacar si nos ve unidos, por muy peligroso que sea”.

Armas reglamentadas, otrade las medidas propuestas

De la Rosa Hickerson promueve, por medio de la visitaduría de la CEDH, que se autoricen permisos para que todo ciudadano tenga armas reglamentadas en casa. “Es un derecho constitucional de la gente defenderse, y más cuando las estructuras de defensa oficiales no están funcionando a favor de la población”.

“Cuando llegaron los militares le retiraron a la gente sus armas. Iban casa por casa quitándolas, o sea los ciudadanos quedamos peor: ya no tenemos ninguna protección”. La visitaduría planteó la problemática al alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, y a los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional en la localidad. “El acuerdo es que las podamos tener, pero que sean registradas y reglamentadas por los militares; sólo estamos buscando mecanismos para que se facilite la autorización de los permisos. Tenemos derecho de defender a nuestras familias”.