Argentina fija plazo para repatriar pensiones.

Noticia:


El Gobierno argentino dio ayer 72 horas de plazo para que todos los fondos de pensiones privados colocados en territorio del Mercosur sean repatriados como parte de su política de nacionalización de las pensiones. Se trata de unos 600 millones de dólares (475 millones de euros) colocados sobre todo en Brasil. La presidenta Cristina Fernández tiene prisa en que el dinero se encuentre en territorio argentino, especialmente desde que un juez estadounidense ordenó congelar los fondos de pensiones privados presentes en EE UU aduciendo que si iban a pasar al Estado argentino éste tenía cuentas pendientes por la suspensión del pago de la deuda en 2001.

Pero la última palabra sobre la nacionalización de las pensiones no está dicha. Mientras el Congreso subraya que así las jubilaciones de los argentinos estarán protegidas de los vaivenes financieros internacionales, los titulares de estos fondos han anunciado la presentación de un plan al Gobierno para evitar la medida.

Los fondos de jubilación privados dependen en su mayor parte de instituciones bancarias, entre ellas españolas, que han colocado una parte de estos fondos en mercados exteriores a fin de garantizar su rentabilidad. Pero tanto la crisis mundial que afecta a todas las bolsas como la incierta situación de los mismos bancos han sido utilizadas como argumento por el Ejecutivo para decidir la vuelta de todas las pensiones a la tutela pública.

Sin embargo, los fondos de pensiones privados han argumentado que apenas un 10% de las aportaciones de sus afiliados se han colocado en el exterior mientras que en deuda pública interna hay hasta un 55% del total del dinero. Es decir, que si hay algún flanco más expuesto ése es precisamente el que tiene que ver con las cuentas argentinas y no con las bolsas extranjeras. De hecho, las inversiones hechas en bonos argentinos han perdido un 62% de su valor en el mes de octubre.

Las empresas que gestionan los fondos privados proponen la creación de un fondo de capitalización con inversiones más conservadoras, de menor rendimiento y de corto plazo, así como la eliminación de las comisiones que deben pagar los aportantes en los meses en que no se registre rentabilidad. El objetivo es que el Gobierno reconsidere su decisión.

Tras la tormenta bursátil provocada por la decisión de los Kirchner de la que la presidenta, fiel a su costumbre, ha culpado a la prensa siguen sucediéndose las advertencias sobre las consecuencias que puede provocar la nacionalización de las pensiones. La patronal, agrupada en la Asociación Empresaria Argentina (AEA), ha reclamado que antes de tomar una decisión se logre la construcción "de amplios consensos" y que se proceda a un análisis "detallado y profundo" sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Los empresarios argentinos consideran necesario que se tenga en cuenta el derecho de propiedad de cada trabajador sobre las aportaciones realizadas a fondos privados, que exista transparencia en el proceso y que el régimen de aportaciones jubilatorias sirva para financiar la inversión productiva.

Comentario:

Parece que en Argentina, a su presidente Cristina Kirchner no le interesa el consenso.