Noticia:
El gobierno español defendió el martes su plan de reforma laboral a pesar de la promesa de los sindicatos de convocar a una huelga general.
El ministro de Infraestructura, José Blanco, dijo que los cambios son esenciales para la creación de empleos, factor esencial para reducir la tasa de paro del 20% y estimular una economía que ha generado preocupación en los mercados acerca de la capacidad del gobierno de enfrentar sus deudas.
Entre otras disposiciones, las reformas facilitarían y abaratarían el despido de trabajadores por compañías que están perdiendo dinero.
Los sindicatos anunciarían la fecha de la huelga general en las próximas horas, pero según informes de prensa no se realizaría antes de septiembre.
Blanco dijo que la respuesta de los sindicatos a las reformas debería ser ''proporcional'' a los retos que enfrenta el país.
martes, 15 de junio de 2010
Sin casa, 275 mil por violencia en Kirguizistán
Noticia:
La guerra interétnica entre kirguís y uzbekos ha causado en apenas cinco días el desplazamiento forzado de 200.000 personas dentro de Kirguizistán y la huida de 75.000 a la vecina Uzbekistán, afirmó hoy un portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) .
"Tememos que a menos que la paz y el orden regresen, mucha más gente podría quedar rápidamente desplazada y dirigirse a las zonas rurales del país o intentar cruzar a Uzbekistán" , declaró Andrej Mahecic en una rueda de prensa.
La Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos cuenta con indicios de que la violencia que se ha apoderado del sur de Kirguizistán "no es el resultado de choques étnicos espontáneos" , sino que ha sido "bien planificada y dirigida" .
La guerra interétnica entre kirguís y uzbekos ha causado en apenas cinco días el desplazamiento forzado de 200.000 personas dentro de Kirguizistán y la huida de 75.000 a la vecina Uzbekistán, afirmó hoy un portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) .
"Tememos que a menos que la paz y el orden regresen, mucha más gente podría quedar rápidamente desplazada y dirigirse a las zonas rurales del país o intentar cruzar a Uzbekistán" , declaró Andrej Mahecic en una rueda de prensa.
La Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos cuenta con indicios de que la violencia que se ha apoderado del sur de Kirguizistán "no es el resultado de choques étnicos espontáneos" , sino que ha sido "bien planificada y dirigida" .
Sismo obliga a suspender clases en Mexicali
Noticia:
Un sismo de 5.7 grados en la escala de Richter cimbró el sur de California y Baja California la noche de hoy, con saldo de daños menores en algunas estructuras de Tijuana, decenas de personas desalojadas de edificios altos y pánico entre la población.
De acuerdo con el Departamento de Investigación Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), el epicentro del movimiento se registró a ocho kilómetros al sureste de Ocotillo, California, y 43 kilómetros al oeste de Mexicali.
El gobierno de Baja California decidió suspender clases en las escuelas de Mexicali, donde el 4 de abril pasado se registró un terremoto de 7.2 grados que causó la muerte de dos personas, miles de familias damnificadas, así como pérdidas millonarias en viviendas, carreteras y campos de cultivo.
Algunos derrumbes de rocas en la zona de La Rumorosa obligaron a cerrar la carretera del mismo nombre. Se encuentra entre un sistema de cerros que conecta los municipios de Tijuana y Mexicali,
Sismólogos del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE) detectaron importantes movimientos tectónicos y aparición de nuevas fallas tras el terremoto de Mexicali, el que han generado alrededor de 10 mil réplicas.
Los mismos científicos anticiparon que la actividad sísmica se prolongaría unos tres meses, y de acuerdo con el director de Protección Civil del Estado, Alfredo Escobedo Ortiz, el movimiento de hoy es parte del fenómeno.
En Tijuana, personal de Protección Civil y Bomberos verificó las condiciones de puentes, carreteras y construcciones, y constató que un edificio de seguros registró algunos daños.
Durante los primeros minutos después del movimiento del lunes se bloqueó la comunicación de teléfonos y radios, debido a la saturación de llamadas, y no por daños en las conexiones.
Un sismo de 5.7 grados en la escala de Richter cimbró el sur de California y Baja California la noche de hoy, con saldo de daños menores en algunas estructuras de Tijuana, decenas de personas desalojadas de edificios altos y pánico entre la población.
De acuerdo con el Departamento de Investigación Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), el epicentro del movimiento se registró a ocho kilómetros al sureste de Ocotillo, California, y 43 kilómetros al oeste de Mexicali.
El gobierno de Baja California decidió suspender clases en las escuelas de Mexicali, donde el 4 de abril pasado se registró un terremoto de 7.2 grados que causó la muerte de dos personas, miles de familias damnificadas, así como pérdidas millonarias en viviendas, carreteras y campos de cultivo.
Algunos derrumbes de rocas en la zona de La Rumorosa obligaron a cerrar la carretera del mismo nombre. Se encuentra entre un sistema de cerros que conecta los municipios de Tijuana y Mexicali,
Sismólogos del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE) detectaron importantes movimientos tectónicos y aparición de nuevas fallas tras el terremoto de Mexicali, el que han generado alrededor de 10 mil réplicas.
Los mismos científicos anticiparon que la actividad sísmica se prolongaría unos tres meses, y de acuerdo con el director de Protección Civil del Estado, Alfredo Escobedo Ortiz, el movimiento de hoy es parte del fenómeno.
En Tijuana, personal de Protección Civil y Bomberos verificó las condiciones de puentes, carreteras y construcciones, y constató que un edificio de seguros registró algunos daños.
Durante los primeros minutos después del movimiento del lunes se bloqueó la comunicación de teléfonos y radios, debido a la saturación de llamadas, y no por daños en las conexiones.
“El pésame no basta; se necesita justicia”
Noticia:
La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció por no hacer un señalamiento de tipo moral, ético y político en el caso de la investigación de violaciones graves de garantías en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Al terminar el primer día de votaciones, nueve ministros del alto tribunal se manifestaron a favor de que la Corte se limite exclusivamente a determinar si se registraron o no violaciones graves de garantías y, si es el caso, señalar a los responsables.
El ministro Arturo Zaldívar como encargado del dictamen a discusión y al ser de uno de los dos nuevos integrantes de la Corte que, por lo mismo, no habían participado en este tipo de asuntos planteó la posibilidad de hacer una reinterpretación de la facultad de investigación, contemplada en el artículo 97 de la Constitución.
Desde la óptica del ministro Zaldívar la SCJN, además de señalar la existencia de violaciones graves de garantías y a los responsables, también se debe hacer un pronunciamiento de censura en contra de los funcionarios responsables, desde el punto de vista ético, moral y político.
Pero su postura sólo encontró el respaldo del ministro Juan Silva Meza. El resto de los ministros decidieron mantenerse en la línea trazada por la propia Corte en otros casos como en el de la periodista Lydia Cacho, o de los enfrentamientos ocurridos en el 2006 en la comunidad de San Salvador Atenco o en Oaxaca.
El peso moral de las resoluciones de la Corte, afirmó la mayoría, no deriva de la Constitución, sino del sustento de sus decisiones. Mientras que, afirmaron, la Carta Magna no le confiere al alto tribunal ninguna atribución ética o política.
Después de escuchar a sus compañeros, Zaldívar pidió dar por terminada la sesión, a fin de estar en posibilidad de dar respuesta a cada uno de los planteamientos, de retirar algunas de sus propuestas o de buscar una solución conjunta.
Como sea, este punto sólo marca el alcance de la decisión que adoptará la Corte a lo largo de las sesiones que realizará en esta semana. Y no prejuzga sobre el fondo del dictamen ni de la propuesta del ministro Arturo Zaldívar en el que plantea responsabilizar de violaciones graves de garantías a 14 funcionarios federales, estatales y municipales.
Una vez que la Corte defina hoy este punto, pasará a determinar si la investigación que realizó la comisión de magistrados es suficiente para poder resolver las cuestiones relacionadas con las violaciones de garantías o si es necesario, como propuso el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, incluir, para su estudio, el peritaje del estadounidense David Smith en el que concluye que el incendio fue provocado.
Aunque este punto no ha sido revisado, de antemano, los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero rechazaron la posibilidad de tomar en cuenta el peritaje Smith. En particular la ministra se opuso a la propuesta porque, dijo, “lo único que incluye , en su caso, sería la figura del incendiario y, en todo caso, será cuestión de una investigación de la propia Procuraduría (General de la República)”.
Al inicio de la discusión, a manera de presentación del caso, el ministro Zaldívar le pidió a sus compañeros que no eludan señalar como responsables de la tragedia a las más altas autoridades, entre ellas al secretario de Comunicaciones y Transportes y ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, al actual titular del IMSS, Daniel Karam, y al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
Es necesario, les dijo a sus compañeros de la Corte, que el máximo tribunal “envíe un mensaje claro a la sociedad, de que nuestro país debe dejar de ser un lugar en donde todo pasa y no pasa nada; en el que suceden cosas muy graves y no hay consecuencias; en el que pueden morir 49 niños quemados por negligencias de las autoridades y no hay responsables”.
“No basta con el pésame”, el luto o las lamentaciones, porque es necesario hacer justicia. Sería irresponsable, les dijo, que la Corte no señalar a los funcionarios responsables de la tragedia, porque se trata de “una enorme injusticia” que pudo haber sido evitada si las autoridades hubieran cumplido con su deber.
Los 49 niños, casi bebés, aseguró, fallecieron y otros 104 sufrieron afectaciones como resultado de las omisiones y negligencias de diversas autoridades. El Estado, agregó, estaba obligado a salvaguardar la vida de los menores y no lo hizo.
“No responsabilizar —les dijo Zaldívar— significa convalidar que hay manera de maniobrar desde un cargo público para permanecer en él pase lo que pase, sin importar que se haya hecho o que se haya dejado de hacer en relación con la vulneración de los derechos humanos”.
La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció por no hacer un señalamiento de tipo moral, ético y político en el caso de la investigación de violaciones graves de garantías en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Al terminar el primer día de votaciones, nueve ministros del alto tribunal se manifestaron a favor de que la Corte se limite exclusivamente a determinar si se registraron o no violaciones graves de garantías y, si es el caso, señalar a los responsables.
El ministro Arturo Zaldívar como encargado del dictamen a discusión y al ser de uno de los dos nuevos integrantes de la Corte que, por lo mismo, no habían participado en este tipo de asuntos planteó la posibilidad de hacer una reinterpretación de la facultad de investigación, contemplada en el artículo 97 de la Constitución.
Desde la óptica del ministro Zaldívar la SCJN, además de señalar la existencia de violaciones graves de garantías y a los responsables, también se debe hacer un pronunciamiento de censura en contra de los funcionarios responsables, desde el punto de vista ético, moral y político.
Pero su postura sólo encontró el respaldo del ministro Juan Silva Meza. El resto de los ministros decidieron mantenerse en la línea trazada por la propia Corte en otros casos como en el de la periodista Lydia Cacho, o de los enfrentamientos ocurridos en el 2006 en la comunidad de San Salvador Atenco o en Oaxaca.
El peso moral de las resoluciones de la Corte, afirmó la mayoría, no deriva de la Constitución, sino del sustento de sus decisiones. Mientras que, afirmaron, la Carta Magna no le confiere al alto tribunal ninguna atribución ética o política.
Después de escuchar a sus compañeros, Zaldívar pidió dar por terminada la sesión, a fin de estar en posibilidad de dar respuesta a cada uno de los planteamientos, de retirar algunas de sus propuestas o de buscar una solución conjunta.
Como sea, este punto sólo marca el alcance de la decisión que adoptará la Corte a lo largo de las sesiones que realizará en esta semana. Y no prejuzga sobre el fondo del dictamen ni de la propuesta del ministro Arturo Zaldívar en el que plantea responsabilizar de violaciones graves de garantías a 14 funcionarios federales, estatales y municipales.
Una vez que la Corte defina hoy este punto, pasará a determinar si la investigación que realizó la comisión de magistrados es suficiente para poder resolver las cuestiones relacionadas con las violaciones de garantías o si es necesario, como propuso el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, incluir, para su estudio, el peritaje del estadounidense David Smith en el que concluye que el incendio fue provocado.
Aunque este punto no ha sido revisado, de antemano, los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero rechazaron la posibilidad de tomar en cuenta el peritaje Smith. En particular la ministra se opuso a la propuesta porque, dijo, “lo único que incluye , en su caso, sería la figura del incendiario y, en todo caso, será cuestión de una investigación de la propia Procuraduría (General de la República)”.
Al inicio de la discusión, a manera de presentación del caso, el ministro Zaldívar le pidió a sus compañeros que no eludan señalar como responsables de la tragedia a las más altas autoridades, entre ellas al secretario de Comunicaciones y Transportes y ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, al actual titular del IMSS, Daniel Karam, y al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
Es necesario, les dijo a sus compañeros de la Corte, que el máximo tribunal “envíe un mensaje claro a la sociedad, de que nuestro país debe dejar de ser un lugar en donde todo pasa y no pasa nada; en el que suceden cosas muy graves y no hay consecuencias; en el que pueden morir 49 niños quemados por negligencias de las autoridades y no hay responsables”.
“No basta con el pésame”, el luto o las lamentaciones, porque es necesario hacer justicia. Sería irresponsable, les dijo, que la Corte no señalar a los funcionarios responsables de la tragedia, porque se trata de “una enorme injusticia” que pudo haber sido evitada si las autoridades hubieran cumplido con su deber.
Los 49 niños, casi bebés, aseguró, fallecieron y otros 104 sufrieron afectaciones como resultado de las omisiones y negligencias de diversas autoridades. El Estado, agregó, estaba obligado a salvaguardar la vida de los menores y no lo hizo.
“No responsabilizar —les dijo Zaldívar— significa convalidar que hay manera de maniobrar desde un cargo público para permanecer en él pase lo que pase, sin importar que se haya hecho o que se haya dejado de hacer en relación con la vulneración de los derechos humanos”.
EU: corrupción en México impide la lucha antitrata
Noticia:
Estados Unidos consideró ayer que México sigue sin cumplir “de forma cabal con los estándares mínimos para erradicar el tráfico de personas” dentro de su territorio y consideró que, a pesar de los esfuerzos realizados, el tráfico y el abuso laboral y la explotación sexual siguen siendo un problema particularmente alarmante en Acapulco, Cancún, Tijuana y Ciudad Juárez.
Según se desprende del informe anual sobre tráfico de personas, presentado ayer por el Departamento de Estado, esta actividad —que supone una vergonzante forma de esclavismo moderno— se ha convertido en un próspero negocio para el crimen y los cárteles de la droga.
El informe hace eco de las denuncias de organizaciones no gubernamentales que han denunciado la tolerancia y hasta complicidad de algunas autoridades locales con el tráfico de personas que afecta, principalmente a centroaméricanos que intentan llegar a EU.
Además, a pesar de que México ha endurecido las penas contra quienes trafican con personas desde 2007 y no obstante los esfuerzos realizados en distintos puntos del país, “el número de investigaciones y de convicciones registradas sigue muy bajo”.
En consecuencia, México se mantiene estancado dentro de la categoría número dos, de los tres niveles que definen los avances de más de 170 países en la lucha contra el tráfico de personas.
En este sentido, el reporte expone las limitaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y menciona, a manera de ejemplo, que la actual Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), sólo dispone de un equipo de 10 abogados para ocuparse tanto de casos de violencia contra mujeres como de tráfico de personas.
A los problemas vinculados a la falta de personal y a la precaria profesionalización de funcionarios, prosigue el informe, se añade un endémico problema de corrupción e impunidad:
“Organizaciones no gubernamentales, miembros del gobierno y otros observadores continúan reportando casos de corrupción entre funcionarios públicos, particularmente entre cuerpos policiales, judiciales y oficiales de inmigración”, asegura el reporte difundido.
“Algunos oficiales han aceptado haber solicitado dinero o favores sexuales, haber producido documentos falsos de identidad, haber presionado a las víctimas para que éstas desistan de presentar denuncias o haber tolerado la prostitución infantil y otras formas de tráfico de personas vinculadas al negocio de la prostitución”, se establece en el capítulo dedicado a México.
Aunado a ello, el temor de las víctimas a denunciar abusos ante el miedo a represalias del crimen organizado o de funcionarios implicados en el tráfico de personas, dificulta enormemente las investigaciones y el procesamiento de los implicados, se asienta en el informe que expone las entrañas de un sistema que a pesar de los esfuerzos de algunos de sus funcionarios, aún sigue lastrado por la corrupción y la impunidad de otros.
Estudio anual
En el estudio anual sobre el tráfico de personas a nivel internacional, los países que permanecen en el pelotón de cola —es decir dentro de la tercera y última categoría— siguen siendo los mismos; Cuba, Irán, Corea del Norte y República Dominicana que no han realizado ningún esfuerzo para combatir esta forma de esclavismo moderno.
Aunque la administración estadounidense se coloca a sí misma dentro del primer grupo de naciones que realizan esfuerzos por combatir el tráfico de personas, la secretaria de Estado, Hillary Clinton reconoció, en alusión a los millones de inmigrantes indocumentados que siguen siendo explotados en la Unión Americana, que “el trabajo forzado no es algo que no exista en nuestras propias comunidades”.
Estados Unidos consideró ayer que México sigue sin cumplir “de forma cabal con los estándares mínimos para erradicar el tráfico de personas” dentro de su territorio y consideró que, a pesar de los esfuerzos realizados, el tráfico y el abuso laboral y la explotación sexual siguen siendo un problema particularmente alarmante en Acapulco, Cancún, Tijuana y Ciudad Juárez.
Según se desprende del informe anual sobre tráfico de personas, presentado ayer por el Departamento de Estado, esta actividad —que supone una vergonzante forma de esclavismo moderno— se ha convertido en un próspero negocio para el crimen y los cárteles de la droga.
El informe hace eco de las denuncias de organizaciones no gubernamentales que han denunciado la tolerancia y hasta complicidad de algunas autoridades locales con el tráfico de personas que afecta, principalmente a centroaméricanos que intentan llegar a EU.
Además, a pesar de que México ha endurecido las penas contra quienes trafican con personas desde 2007 y no obstante los esfuerzos realizados en distintos puntos del país, “el número de investigaciones y de convicciones registradas sigue muy bajo”.
En consecuencia, México se mantiene estancado dentro de la categoría número dos, de los tres niveles que definen los avances de más de 170 países en la lucha contra el tráfico de personas.
En este sentido, el reporte expone las limitaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y menciona, a manera de ejemplo, que la actual Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), sólo dispone de un equipo de 10 abogados para ocuparse tanto de casos de violencia contra mujeres como de tráfico de personas.
A los problemas vinculados a la falta de personal y a la precaria profesionalización de funcionarios, prosigue el informe, se añade un endémico problema de corrupción e impunidad:
“Organizaciones no gubernamentales, miembros del gobierno y otros observadores continúan reportando casos de corrupción entre funcionarios públicos, particularmente entre cuerpos policiales, judiciales y oficiales de inmigración”, asegura el reporte difundido.
“Algunos oficiales han aceptado haber solicitado dinero o favores sexuales, haber producido documentos falsos de identidad, haber presionado a las víctimas para que éstas desistan de presentar denuncias o haber tolerado la prostitución infantil y otras formas de tráfico de personas vinculadas al negocio de la prostitución”, se establece en el capítulo dedicado a México.
Aunado a ello, el temor de las víctimas a denunciar abusos ante el miedo a represalias del crimen organizado o de funcionarios implicados en el tráfico de personas, dificulta enormemente las investigaciones y el procesamiento de los implicados, se asienta en el informe que expone las entrañas de un sistema que a pesar de los esfuerzos de algunos de sus funcionarios, aún sigue lastrado por la corrupción y la impunidad de otros.
Estudio anual
En el estudio anual sobre el tráfico de personas a nivel internacional, los países que permanecen en el pelotón de cola —es decir dentro de la tercera y última categoría— siguen siendo los mismos; Cuba, Irán, Corea del Norte y República Dominicana que no han realizado ningún esfuerzo para combatir esta forma de esclavismo moderno.
Aunque la administración estadounidense se coloca a sí misma dentro del primer grupo de naciones que realizan esfuerzos por combatir el tráfico de personas, la secretaria de Estado, Hillary Clinton reconoció, en alusión a los millones de inmigrantes indocumentados que siguen siendo explotados en la Unión Americana, que “el trabajo forzado no es algo que no exista en nuestras propias comunidades”.
Narcotráfico vapulea a estados del Pacífico
Noticia:
La embestida del crimen organizado dejó un saldo de 68 ejecutados en Michoacán, Nayarit y Sinaloa en las últimas 24 horas. De las víctimas 15 eran policías federales, 12 de ellos fueron asesinados en el municipio de Zitácuaro y tres en Chihuahua, en lo que se considera el golpe más duro a la corporación desde diciembre de 2006 cuando inició el combate a la delincuencia organizada.
En total, en la última jornada suman 90 narcohomicidios en siete estados.
Ayer, al filo de las 7:30 horas, un comando emboscó a policías federales que salieron de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y se dirigían al Distrito Federal, con saldo de 12 muertos y al menos 15 lesionados.
El ataque originó dos enfrentamientos entre los oficiales y el grupo armado, cuyos integrantes “sellaron” con camiones las salidas oriente y poniente de Zitácuaro que comunican con Toluca y Ciudad Hidalgo, respectivamente, para obstaculizar la llegada de refuerzos.
El modus operandi fue similar al que los sicarios utilizaron en el atentado contra la secretaria de Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista Gómez, el pasado 24 de abril, en el que fallecieron dos de sus escoltas y dos civiles.
El alcalde priísta de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtlahuac, se negó a dar entrevistas. “Él no tiene ningún tipo de información, ni siquiera tiene acceso a la zona donde fueron los hechos”, informó la directora de Comunicación Social del municipio, Joaquina Jordan. No obstante a través de un comunicado lamentó la embestida y se comprometió a colaborar.
El 20 de marzo, el edil recuperó su libertad, luego de 10 meses de cárcel, tras ser procesado con otros 29 servidores públicos municipales y estatales por presuntos nexos con el crimen organizado.
La oficina de Comunicación Social del gobierno estatal encabezado por Leonel Godoy (PRD) también guardó silencio, señalando que se sujetarán a la información que emitan las instancias federales.
Tras la emboscada, el gobierno del estado de México implementó un operativo de colaboración y resguardó su frontera con Michoacán, por lo que más de 200 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), respaldados con docenas de patrullas y camionetas, se apostaron a las afueras de Toluca, vigilando la entrada de unidades, para lo cual obligaban a los conductores a bajar la velocidad.
En algunos casos se detuvieron unidades para realizar inspecciones.
Hasta la víspera continuaban los dispositivos de la ASE.
Matan a tres en Chihuahua
Tres policías federales fueron ejecutados en la ciudad de Chihuahua y uno resultó herido por un comando que los rafagueó cuando transitaban por la colonia 2 de Junio. Según las primeras versiones los oficiales viajaban en una camioneta Trail Blazer y en un Chevy por la avenida Colegio Militar, cuando fueron sorprendidos por un grupo de sicarios que desde varios vehículos los rafaguearon.
En territorio chihuahuense ocurrieron otros 14 narcohomicidios; en Michoacán cinco y en Nayarit 17.
En Nuevo León, policías estatales localizaron dos cadáveres calcinados en el municipio metropolitano de Juárez, sobre una brecha a 200 metros de la carretera a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Entre el fin de semana y el lunes, autoridades policiacas contabilizaron cuatro homicidios en territorio de Baja California y cinco en el estado de México.
La embestida del crimen organizado dejó un saldo de 68 ejecutados en Michoacán, Nayarit y Sinaloa en las últimas 24 horas. De las víctimas 15 eran policías federales, 12 de ellos fueron asesinados en el municipio de Zitácuaro y tres en Chihuahua, en lo que se considera el golpe más duro a la corporación desde diciembre de 2006 cuando inició el combate a la delincuencia organizada.
En total, en la última jornada suman 90 narcohomicidios en siete estados.
Ayer, al filo de las 7:30 horas, un comando emboscó a policías federales que salieron de Ciudad Hidalgo, Michoacán, y se dirigían al Distrito Federal, con saldo de 12 muertos y al menos 15 lesionados.
El ataque originó dos enfrentamientos entre los oficiales y el grupo armado, cuyos integrantes “sellaron” con camiones las salidas oriente y poniente de Zitácuaro que comunican con Toluca y Ciudad Hidalgo, respectivamente, para obstaculizar la llegada de refuerzos.
El modus operandi fue similar al que los sicarios utilizaron en el atentado contra la secretaria de Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista Gómez, el pasado 24 de abril, en el que fallecieron dos de sus escoltas y dos civiles.
El alcalde priísta de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtlahuac, se negó a dar entrevistas. “Él no tiene ningún tipo de información, ni siquiera tiene acceso a la zona donde fueron los hechos”, informó la directora de Comunicación Social del municipio, Joaquina Jordan. No obstante a través de un comunicado lamentó la embestida y se comprometió a colaborar.
El 20 de marzo, el edil recuperó su libertad, luego de 10 meses de cárcel, tras ser procesado con otros 29 servidores públicos municipales y estatales por presuntos nexos con el crimen organizado.
La oficina de Comunicación Social del gobierno estatal encabezado por Leonel Godoy (PRD) también guardó silencio, señalando que se sujetarán a la información que emitan las instancias federales.
Tras la emboscada, el gobierno del estado de México implementó un operativo de colaboración y resguardó su frontera con Michoacán, por lo que más de 200 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), respaldados con docenas de patrullas y camionetas, se apostaron a las afueras de Toluca, vigilando la entrada de unidades, para lo cual obligaban a los conductores a bajar la velocidad.
En algunos casos se detuvieron unidades para realizar inspecciones.
Hasta la víspera continuaban los dispositivos de la ASE.
Matan a tres en Chihuahua
Tres policías federales fueron ejecutados en la ciudad de Chihuahua y uno resultó herido por un comando que los rafagueó cuando transitaban por la colonia 2 de Junio. Según las primeras versiones los oficiales viajaban en una camioneta Trail Blazer y en un Chevy por la avenida Colegio Militar, cuando fueron sorprendidos por un grupo de sicarios que desde varios vehículos los rafaguearon.
En territorio chihuahuense ocurrieron otros 14 narcohomicidios; en Michoacán cinco y en Nayarit 17.
En Nuevo León, policías estatales localizaron dos cadáveres calcinados en el municipio metropolitano de Juárez, sobre una brecha a 200 metros de la carretera a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Entre el fin de semana y el lunes, autoridades policiacas contabilizaron cuatro homicidios en territorio de Baja California y cinco en el estado de México.
Ediles temen cacicazgos por mando único
Noticia:
La Cámara de Diputados convocará a los alcaldes de todo el país para el análisis de la propuesta que desaparecería las policías municipales y crearía 32 corporaciones operadas por los gobiernos estatales y con un mando único en cada entidad.
El coordinador de Vinculación con Estados y Municipios del PRD en la Cámara de Diputados, Domingo Rodríguez, anunció que en la segunda semana de julio se reunirán los alcaldes en San Lázaro, para analizar los riesgos del llamado mando único.
“Hay un rechazo generalizado por parte de los más de 2 mil 435 ediles del país, por la posible afectación a la soberanía municipal y porque ataría de mano a las decisiones de gobernadores la labor de combate a la delincuencia y prevención de delito”.
El diputado Rodríguez Martell consideró que la propuesta presidencial avalada por la Conago para crear un nuevo modelo de policía podría derivar en una repartición inequitativa de recursos para seguridad, por el favoritismo de los gobernadores hacia algunos munícipes.
“Se podrían crear cacicazgos policiacos, donde un gobernador destine sólo recursos a los municipios donde existan alcaldes de su partido y dejar sin recursos, patrullas y policías a los que sean de otra fuerza política”.
Recordó que ediles de todas las fuerzas políticas han manifestado su oposición a la iniciativa que el presidente Felipe Calderón prometió enviar al Congreso en las próximas semanas.
“Incluso, munícipes como el panista Mauricio Fernández, de San Pedro Garza García, Nuevo León, anunció que recurrirá a la Corte en caso de que avance dicha reforma”, dijo Rodríguez.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, José Luis Ovando (PAN), dijo que la lucha contra el crimen será más eficaz, en tanto operen en México 32 policías únicas, pero aclaró que ello “no resuelve todo”.
Cuando entre al Congreso la iniciativa Conago-Ejecutivo, que propone la figura de mando único estatal, el tema será objeto de un intenso debate, previó.
Ovando explicó que se requiere aplicarle “claridades” a la operación policiaca en municipios.
Por ello, dijo, se realizará un cabildeo con los alcaldes para subsanar riesgos de que un munícipe se vea en la necesidad de pedir la intervención de la policía única a un gobernador-cacique de un partido distinto.
Diputados de oposición señalaron que la creación de la policía única nada resolverá y sólo generaría un esquema de autoritarismo y fallas a nivel comunitario.
Jaime Cárdenas (PT) dijo que entre diputados y alcaldes se fortalece el desacuerdo con la reforma. Las organizaciones municipalistas están en desacuerdo en que desaparezca la policía local, así que “la iniciativa está naciendo muerta; ese no es el remedio a la delincuencia y el narco”.
Arturo Santana, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, indicó: La idea de la policía única significaría formar un grupo oligárquico, crear un Edgard Hoover, fundador y director durante 48 años del FBI, quien tenía bajo su control y poder a las policías de Estados Unidos. “Esa no es la solución”.
La senadora del PAN, Martha Sosa, se pronunció a favor de la creación del nuevo modelo policial, pero informó que propondrá la organización de un foro en donde se escuchen a expertos, alcaldes y gobernadores.
“Se debe escuchar la opinión y las propuestas colaterales de alcaldes”, pues la propuesta requiere modificaciones al artículo 115 de la Constitución y, por tanto, el aval de 17 Congresos locales”, expuso la legisladora. (Con información de Notimex)
La Cámara de Diputados convocará a los alcaldes de todo el país para el análisis de la propuesta que desaparecería las policías municipales y crearía 32 corporaciones operadas por los gobiernos estatales y con un mando único en cada entidad.
El coordinador de Vinculación con Estados y Municipios del PRD en la Cámara de Diputados, Domingo Rodríguez, anunció que en la segunda semana de julio se reunirán los alcaldes en San Lázaro, para analizar los riesgos del llamado mando único.
“Hay un rechazo generalizado por parte de los más de 2 mil 435 ediles del país, por la posible afectación a la soberanía municipal y porque ataría de mano a las decisiones de gobernadores la labor de combate a la delincuencia y prevención de delito”.
El diputado Rodríguez Martell consideró que la propuesta presidencial avalada por la Conago para crear un nuevo modelo de policía podría derivar en una repartición inequitativa de recursos para seguridad, por el favoritismo de los gobernadores hacia algunos munícipes.
“Se podrían crear cacicazgos policiacos, donde un gobernador destine sólo recursos a los municipios donde existan alcaldes de su partido y dejar sin recursos, patrullas y policías a los que sean de otra fuerza política”.
Recordó que ediles de todas las fuerzas políticas han manifestado su oposición a la iniciativa que el presidente Felipe Calderón prometió enviar al Congreso en las próximas semanas.
“Incluso, munícipes como el panista Mauricio Fernández, de San Pedro Garza García, Nuevo León, anunció que recurrirá a la Corte en caso de que avance dicha reforma”, dijo Rodríguez.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, José Luis Ovando (PAN), dijo que la lucha contra el crimen será más eficaz, en tanto operen en México 32 policías únicas, pero aclaró que ello “no resuelve todo”.
Cuando entre al Congreso la iniciativa Conago-Ejecutivo, que propone la figura de mando único estatal, el tema será objeto de un intenso debate, previó.
Ovando explicó que se requiere aplicarle “claridades” a la operación policiaca en municipios.
Por ello, dijo, se realizará un cabildeo con los alcaldes para subsanar riesgos de que un munícipe se vea en la necesidad de pedir la intervención de la policía única a un gobernador-cacique de un partido distinto.
Diputados de oposición señalaron que la creación de la policía única nada resolverá y sólo generaría un esquema de autoritarismo y fallas a nivel comunitario.
Jaime Cárdenas (PT) dijo que entre diputados y alcaldes se fortalece el desacuerdo con la reforma. Las organizaciones municipalistas están en desacuerdo en que desaparezca la policía local, así que “la iniciativa está naciendo muerta; ese no es el remedio a la delincuencia y el narco”.
Arturo Santana, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, indicó: La idea de la policía única significaría formar un grupo oligárquico, crear un Edgard Hoover, fundador y director durante 48 años del FBI, quien tenía bajo su control y poder a las policías de Estados Unidos. “Esa no es la solución”.
La senadora del PAN, Martha Sosa, se pronunció a favor de la creación del nuevo modelo policial, pero informó que propondrá la organización de un foro en donde se escuchen a expertos, alcaldes y gobernadores.
“Se debe escuchar la opinión y las propuestas colaterales de alcaldes”, pues la propuesta requiere modificaciones al artículo 115 de la Constitución y, por tanto, el aval de 17 Congresos locales”, expuso la legisladora. (Con información de Notimex)
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