Noticia:
Diputados del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) propusieron la desaparición de 10 mil anuncios espectaculares de las azoteas de edificios públicos y privados, así como el retiro de vinilonas en inmuebles, y en caso de hacer caso omiso a este reordenamiento, los empresarios dedicados a la publicidad exterior en la ciudad serán acreedores a sanciones penales.
En entrevista, Guillermo Sánchez, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de la ALDF, comentó que en forma paralela el gobierno capitalino busca 100 zonas de la ciudad donde se puedan instalar los espectaculares que cumplen con la ley, y uno de esos espacios podría ser la glorieta de Insurgentes.
En la Asamblea Legislativa empezó desde hace días la discusión de la creación de una nueva Ley de Publicidad Exterior para la capital del país.
El diputado de la fracción del PRD Guillermo Sánchez explicó que el próximo lunes, integrantes de esa omisión darán a conocer el inicio de una serie de foros sobre este tema, programados para el 15 y 16 de este mes.
Especificó que junto con su compañero de bancada Victor Hugo Romo dará a conocer una iniciativa sobre publicidad exterior, cuyo fin será dar certeza jurídica y castigar a quienes estén afuera de la ley.
“La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ya está buscando 100 zonas en la ciudad para colocar los espectaculares, en espacios donde se coloquen 20 o 25, con las medidas adecuadas que pueden ser ocho por cuatro”, destacó.
Una vez ubicadas estas zonas, dijo, el gobierno del Distrito Federal invitará a las 43 empresas que entraron en el programa de reordenamiento, a participar en un concurso para ocupar los sitios.
“La idea es otorgarles un permiso administrativo temporal revocable por 10 años. Los empresarios tendrán que pagar al gobierno local una cantidad, la cual al año sumará 200 millones de pesos”, indicó.
Ese dinero, dijo, será distribuido para que las delegacionales tengan recursos para este tipo de reordenamiento.
Desde su punto de vista, con estas acciones los automovilistas que estén en circulación no se distraerán con la propaganda. “Queremos que haya grandes distancias donde la gente pueda disfrutar del paisaje urbano”, indicó.
—¿Cuántos anuncios espectaculares de las azoteas se tendrían que retirar?—, se le preguntó al legislador.
—Un promedio de 4 mil con registro y 6 mil ilegales, en total 10 mil espectaculares de estructuras y de vinilonas—, respondió Guillermo Sánchez.
Explicó que continuará la publicidad de vallas pero sólo en obras que estén en construcción y en terrenos baldíos; en el caso de los mupis seguirá igual, pero, la propaganda que traigan los taxis también va a desaparecer.
Por otra parte, adelantó que propondrá modificaciones a la Ley de Residuos Sólidos del DF para que sean castigados todos aquellos que ponen espectaculares, vallas o pendones en los postes o bardas privadas o públicas. “Primero se les enviará un aviso, después una multa y luego se les clausurará el negocio”, advirtió.
Dijo que a través de estas acciones se realizará una limpia de propaganda en la ciudad, la cual actualmente, además de poner en riesgo la seguridad de las personas, es ilegal. “Queremos tener listo el dictamen el 20 o 22 de este mes para presentarlo ante en el periodo extraordinario de sesiones y así aprobar una nueva ley”, comentó el diputado perredista.
viernes, 4 de junio de 2010
Empresas pierden 8 mdd por robo de datos: estudio
Noticia:
Los ataques a la seguridad de las empresas, como el robo de bases de datos o fuga de información, pueden provocar daños de entre 6 y 8 millones de dólares a empresas afectadas, reveló una investigación Sobre Privacidad y Protección de Datos Personales realizado por la empresa consultora Accenture.
El estudio que incluyó encuestas a más de 300 empresas de 19 países reveló que este tipo de acciones, que se producen en un 60% de los casos desde adentro de las propias compañías, tienen el mayor costo o impacto sobre la imagen y confiabilidad de las empresas que deben gastar en resarcir los daños que sufren ellas mismas y sus clientes.
Al respecto, el consultor de la empresa Ernest & Young , Ricardo Lira Plaza, dijo que para enfrentar el robo de bases de datos, la fuga de información, la divulgación de secretos, el espionaje, el robo de activos o la infección de malware o spyware, y otros incidentes, las empresas deben contar con una serie de mecanismos de prevención.
Deben adoptar y contar, dijo, con una perfecta evaluación sobre el tipo de información sensible, datos o secretos que pudieran resguardar, hacer un inventario de riesgos y adoptar medidas de seguridad y control, pero adicionalmente mantener una sobre vigilancia sobre estos controles.
En su opinión, resulta imprescindible y benéfica la aprobación de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares, ya que hoy en día, en un mundo globalizado en el que vivimos es una verdadera necesidad para las personas saber que sus datos no corren peligro.
La propuesta de ley, que actualmente sólo falta ser aprobada por el presidente Calderón, contempla que las empresas privadas estén obligadas a garantizar la seguridad de los datos personales de sus clientes y así evitar la venta de bases de datos, como ocurrió con la del Instituto Federal Electoral (IFE) y también con otras instituciones públicas. Además, agregó, las que no cumplan con ello pueden ser sancionadas económica y penalmente.
Al respecto, Rafael Pereda, de la consultoría Accenture, indicó que en un sondeo entre 300 empresas de 19 países, se detectó que el 60% de ellas habían tenido problemas por fuga de información, daño que a los grandes corporativos podría costar entre seis y ocho millones de dólares reparar el daño, así preservar la buena imagen de las empresas ante tales eventos.
Comentó que las conclusiones a las que llegaron permiten establecer que es mucho menos probable que sufran vulneraciones de seguridad las organizaciones que muestren una “cultura de precaución” con respecto a la privacidad y la protección de datos, pues —añadió— es crucial comprender la perspectiva y el planteamiento de los socios comerciales en este ámbito.
Explicó que la mayoría de las organizaciones han perdido información personal sensible, y que entre las causas más importantes de ello son las internas o las que atañen a las propias compañías, de ahí que, como lo indica el estudio, es algo potencialmente controlable por las empresas.
Los ataques a la seguridad de las empresas, como el robo de bases de datos o fuga de información, pueden provocar daños de entre 6 y 8 millones de dólares a empresas afectadas, reveló una investigación Sobre Privacidad y Protección de Datos Personales realizado por la empresa consultora Accenture.
El estudio que incluyó encuestas a más de 300 empresas de 19 países reveló que este tipo de acciones, que se producen en un 60% de los casos desde adentro de las propias compañías, tienen el mayor costo o impacto sobre la imagen y confiabilidad de las empresas que deben gastar en resarcir los daños que sufren ellas mismas y sus clientes.
Al respecto, el consultor de la empresa Ernest & Young , Ricardo Lira Plaza, dijo que para enfrentar el robo de bases de datos, la fuga de información, la divulgación de secretos, el espionaje, el robo de activos o la infección de malware o spyware, y otros incidentes, las empresas deben contar con una serie de mecanismos de prevención.
Deben adoptar y contar, dijo, con una perfecta evaluación sobre el tipo de información sensible, datos o secretos que pudieran resguardar, hacer un inventario de riesgos y adoptar medidas de seguridad y control, pero adicionalmente mantener una sobre vigilancia sobre estos controles.
En su opinión, resulta imprescindible y benéfica la aprobación de la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares, ya que hoy en día, en un mundo globalizado en el que vivimos es una verdadera necesidad para las personas saber que sus datos no corren peligro.
La propuesta de ley, que actualmente sólo falta ser aprobada por el presidente Calderón, contempla que las empresas privadas estén obligadas a garantizar la seguridad de los datos personales de sus clientes y así evitar la venta de bases de datos, como ocurrió con la del Instituto Federal Electoral (IFE) y también con otras instituciones públicas. Además, agregó, las que no cumplan con ello pueden ser sancionadas económica y penalmente.
Al respecto, Rafael Pereda, de la consultoría Accenture, indicó que en un sondeo entre 300 empresas de 19 países, se detectó que el 60% de ellas habían tenido problemas por fuga de información, daño que a los grandes corporativos podría costar entre seis y ocho millones de dólares reparar el daño, así preservar la buena imagen de las empresas ante tales eventos.
Comentó que las conclusiones a las que llegaron permiten establecer que es mucho menos probable que sufran vulneraciones de seguridad las organizaciones que muestren una “cultura de precaución” con respecto a la privacidad y la protección de datos, pues —añadió— es crucial comprender la perspectiva y el planteamiento de los socios comerciales en este ámbito.
Explicó que la mayoría de las organizaciones han perdido información personal sensible, y que entre las causas más importantes de ello son las internas o las que atañen a las propias compañías, de ahí que, como lo indica el estudio, es algo potencialmente controlable por las empresas.
Barco irlandés está a 321 km de la Franja de Gaza
Noticia:
El barco MV Rachel Corrie, integrante de la Flotilla de la Libertad, se encuentra a 321 kilómetros de la Franja de Gaza y la tripulación calcula que llegarán la noche del viernes con víveres para la región.
Veinte personas viajan en la única nave que logró escapar durante el ataque de militares israelíes contra la misión humanitaria.
El diplomático irlandés Denis Halliday, la Premio Nobel de la Paz, Mairead Corrigan-McGuire, cinco activistas irlandeses y seis malayos, entre otros, transportan 500 toneladas de cemento, cuadernos escolares, medicamentos y juguetes, publicó el diario español El País.
Todos los ocupantes decidieron por unanimidad seguir la ruta hacia la franja a pesar del ataque en aguas internacionales por parte del ejército israelí.
"Estábamos asustados, sorprendidos y muy entristecidos por las personas que murieron. Se cometieron errores muy graves. Los soldados israelíes estaban asustados, apretaron el gatillo y mataron a gente. Hubo errores por ambas partes. Pero esto no ocurrirá con nuestro barco", declaró Halliday al diario.
"Claro que tenemos miedo, pero también creemos que las autoridades israelíes tomarán el barco sin usar la violencia. Nos respetarán y nosotros les respetaremos. No asustaremos a los soldados israelíes que son jóvenes adolescentes. Somos pacíficos y estamos más determinados que nunca en seguir nuestro viaje", dijo.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Michael Martin, pidió el miércoles a Israel permitir al barco irlandés MV Rachel Corrie llegar franja con la ayuda humanitaria.
El barco MV Rachel Corrie, integrante de la Flotilla de la Libertad, se encuentra a 321 kilómetros de la Franja de Gaza y la tripulación calcula que llegarán la noche del viernes con víveres para la región.
Veinte personas viajan en la única nave que logró escapar durante el ataque de militares israelíes contra la misión humanitaria.
El diplomático irlandés Denis Halliday, la Premio Nobel de la Paz, Mairead Corrigan-McGuire, cinco activistas irlandeses y seis malayos, entre otros, transportan 500 toneladas de cemento, cuadernos escolares, medicamentos y juguetes, publicó el diario español El País.
Todos los ocupantes decidieron por unanimidad seguir la ruta hacia la franja a pesar del ataque en aguas internacionales por parte del ejército israelí.
"Estábamos asustados, sorprendidos y muy entristecidos por las personas que murieron. Se cometieron errores muy graves. Los soldados israelíes estaban asustados, apretaron el gatillo y mataron a gente. Hubo errores por ambas partes. Pero esto no ocurrirá con nuestro barco", declaró Halliday al diario.
"Claro que tenemos miedo, pero también creemos que las autoridades israelíes tomarán el barco sin usar la violencia. Nos respetarán y nosotros les respetaremos. No asustaremos a los soldados israelíes que son jóvenes adolescentes. Somos pacíficos y estamos más determinados que nunca en seguir nuestro viaje", dijo.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, Michael Martin, pidió el miércoles a Israel permitir al barco irlandés MV Rachel Corrie llegar franja con la ayuda humanitaria.
En QR cancelan el registro de "Greg"
Noticia:
El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) decidió cancelar el registro a Gregorio Sánchez como candidato a la gubernatura por la alianza Todos por Quintana Roo integrada por el Partido de la Revolución Democrática, PT y Convergencia.
Además, determinó retirarlo de la boleta electoral y ordenar el retiro de su propaganda.
Jorge Manrique, consejero presidente del Instituto Electoral, afirmó que esta decisión la tomaron a raíz de la notificación que recibieron el 1 de junio de parte del IFE, en el que les confirman el auto de formal prisión y la pérdida de sus derechos político electorales, por lo que es ilegible.
Así como en base al análisis jurídico de la normatividad electoral federal y estatal y en cuando menos 11 tesis relevantes sobre sentencias importantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
Afirmó que es un caso atípico en la historia electoral del país, y no podían actuar antes, sino hasta después de la notificación, porque una cosa era la detención y otra el auto de formal prisión.
De manera colateral, también “incluimos en el acuerdo que fue aprobado por unanimidad —siete consejeros— en una sesión extraordinaria de más de dos horas, pedir a la alianza Todos por Quintana Roo retirar la propaganda electoral del abanderado perredista Gregorio Sánchez, en un plazo de cinco días a partir de la notificación oficial y 24 horas más para que informe el haber cumplido con esta disposición”.
El acuerdo incluye retirar el nombre del abanderado de la alianza de la boleta electoral.
Por lo que pide a los partidos que lo postulan —PRD, PT y Convergencia— sustituir a la persona a más tardar el 8 de junio, para que se incluya en la papelería electoral, dado que la fecha límite para la impresión de las boletas es del 11 al 17 de junio.
En caso de que no acaten la solicitud del Ieqroo, únicamente aparecerá impreso el logotipo de la alianza Todos por Quintana Roo en la boleta electoral, dijo.
El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) decidió cancelar el registro a Gregorio Sánchez como candidato a la gubernatura por la alianza Todos por Quintana Roo integrada por el Partido de la Revolución Democrática, PT y Convergencia.
Además, determinó retirarlo de la boleta electoral y ordenar el retiro de su propaganda.
Jorge Manrique, consejero presidente del Instituto Electoral, afirmó que esta decisión la tomaron a raíz de la notificación que recibieron el 1 de junio de parte del IFE, en el que les confirman el auto de formal prisión y la pérdida de sus derechos político electorales, por lo que es ilegible.
Así como en base al análisis jurídico de la normatividad electoral federal y estatal y en cuando menos 11 tesis relevantes sobre sentencias importantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
Afirmó que es un caso atípico en la historia electoral del país, y no podían actuar antes, sino hasta después de la notificación, porque una cosa era la detención y otra el auto de formal prisión.
De manera colateral, también “incluimos en el acuerdo que fue aprobado por unanimidad —siete consejeros— en una sesión extraordinaria de más de dos horas, pedir a la alianza Todos por Quintana Roo retirar la propaganda electoral del abanderado perredista Gregorio Sánchez, en un plazo de cinco días a partir de la notificación oficial y 24 horas más para que informe el haber cumplido con esta disposición”.
El acuerdo incluye retirar el nombre del abanderado de la alianza de la boleta electoral.
Por lo que pide a los partidos que lo postulan —PRD, PT y Convergencia— sustituir a la persona a más tardar el 8 de junio, para que se incluya en la papelería electoral, dado que la fecha límite para la impresión de las boletas es del 11 al 17 de junio.
En caso de que no acaten la solicitud del Ieqroo, únicamente aparecerá impreso el logotipo de la alianza Todos por Quintana Roo en la boleta electoral, dijo.
México promete justicia en homicidio de migrante
Noticia:
La Presidencia de la República informó que hará uso de todos los recursos diplomáticos para llevar ante la justicia a los responsables de la muerte del mexicano Anastasio Hernández, fallecido en Estados Unidos, tras haber sido golpeado por agentes migratorios.
En un comunicado expresó su profunda preocupación por el “uso excesivo de la fuerza de agentes federales de ese país” contra el connacional, documentada en evidencias y testimonios recabados, incluida la necropsia realizada por el servicio forense de San Diego, California.
Reiteró su más “enérgica condena” por la agresión que sufrió Hernández, el pasado 28 de mayo en la garita de San Ysidro, cuando pretendían deportarlo, y que le ocasionó la muerte tres días después.
La Presidencia de la República informó que hará uso de todos los recursos diplomáticos para llevar ante la justicia a los responsables de la muerte del mexicano Anastasio Hernández, fallecido en Estados Unidos, tras haber sido golpeado por agentes migratorios.
En un comunicado expresó su profunda preocupación por el “uso excesivo de la fuerza de agentes federales de ese país” contra el connacional, documentada en evidencias y testimonios recabados, incluida la necropsia realizada por el servicio forense de San Diego, California.
Reiteró su más “enérgica condena” por la agresión que sufrió Hernández, el pasado 28 de mayo en la garita de San Ysidro, cuando pretendían deportarlo, y que le ocasionó la muerte tres días después.
Ministro señala a catorce funcionarios en caso ABC
Noticia:
El desorden generalizado que se vive en las guarderías subrogadas de todo el país —que toleraron los dos últimos directores del IMSS—, sumado a las deficientes medidas de seguridad y de protección civil —fomentadas por las autoridades de Sonora y de Hermosillo—, generaron las condiciones propicias para que se registrara una tragedia en la guardería ABC, en la que fallecieron 49 niños hace un año.
Esta es la conclusión central a la que llegó el ministro Arturo Zaldívar como encargado de investigar el caso de la guardería ABC, y que plasmó en el dictamen que entregó ayer a sus compañeros del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En él plantea responsabilizar a 14 autoridades federales, estatales y municipales de incurrir en violaciones graves de garantías.
La lista de funcionarios a quienes pidió responsabilizar la encabezan el ex director del Seguro Social y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular de ese instituto, Daniel Karam; el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara.
Esta es la primera ocasión en que, como resultado de una investigación, un ministro de la Suprema Corte de Justicia propone responsabilizar de violaciones graves a un secretario de Estado federal y a funcionarios del gabinete del Presidente de la República.
Corte se centrará en análisis
Después de recibir el dictamen y difundirlo a través de su portal de internet, el pleno del alto tribunal acordó cancelar todas sus sesiones de la próxima semana a fin de dedicar ese tiempo para que cada uno de los 11 ministros, por separado, estudie el proyecto de Zaldívar.
La intención es que la propuesta del ministro sea discutida a partir del próximo 14 de junio. Para que prospere la propuesta de Zaldívar, debe contar con el voto de por lo menos seis de los 11 ministros del alto tribunal.
La Corte, conforme al artículo 97 de la Constitución, no tiene atribuciones para sancionar a los funcionarios que encuentre responsables de violaciones.
Es al Congreso de la Unión, al Presidente de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública, así como a las autoridades estatales y municipales de Sonora, a quienes corresponderá, en su caso, promover cualquier tipo de sanción penal, política, civil o administrativa.
Buscan deslindar al gobierno federal
Antes de que el ministro Zaldívar presentara su dictamen, de última hora —el miércoles— los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar, acudieron a su oficina para tratar de deslindar de responsabilidades al gobierno federal. Pero no tuvieron éxito.
El ministro pidió responsabilizar a Molinar Horcasitas de violaciones graves de garantías porque “le es atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propiciaron las condiciones para la tragedia ocurrida en la guardería ABC”.
La magnitud de las fallas del sistema, reportó el ministro, también alcanza a Daniel Karam Toumeh, actual director del IMSS, aunque ocupó el cargo tres meses antes de la tragedia. En su caso, el ministro explicó que el funcionario omitió implementar medidas de actuación que garantizaran una atención adecuada y oportuna a los niños que fueron trasladados a sus hospitales.
“Las omisiones de este funcionario, en el manejo de la tragedia, contribuyeron a que el desorden generalizado se prolongara también en la atención de los niños”. Incluso, para el ministro, Karam ocultó información clave sobre la tragedia en los días posteriores al incendio.
En el caso del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, el ministro Zaldívar llegó a la conclusión de que “era directamente responsable del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil y el principal encargado del diseño de las políticas públicas en esa materia.
“Asimismo, como titular de la administración pública local, era el responsable de velar por el cumplimiento de las leyes que en materia de protección civil y protección de los derechos de la infancia correspondía observar a sus subordinados jerárquicos”.
El desorden generalizado que se vive en las guarderías subrogadas de todo el país —que toleraron los dos últimos directores del IMSS—, sumado a las deficientes medidas de seguridad y de protección civil —fomentadas por las autoridades de Sonora y de Hermosillo—, generaron las condiciones propicias para que se registrara una tragedia en la guardería ABC, en la que fallecieron 49 niños hace un año.
Esta es la conclusión central a la que llegó el ministro Arturo Zaldívar como encargado de investigar el caso de la guardería ABC, y que plasmó en el dictamen que entregó ayer a sus compañeros del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En él plantea responsabilizar a 14 autoridades federales, estatales y municipales de incurrir en violaciones graves de garantías.
La lista de funcionarios a quienes pidió responsabilizar la encabezan el ex director del Seguro Social y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular de ese instituto, Daniel Karam; el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, y el ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara.
Esta es la primera ocasión en que, como resultado de una investigación, un ministro de la Suprema Corte de Justicia propone responsabilizar de violaciones graves a un secretario de Estado federal y a funcionarios del gabinete del Presidente de la República.
Corte se centrará en análisis
Después de recibir el dictamen y difundirlo a través de su portal de internet, el pleno del alto tribunal acordó cancelar todas sus sesiones de la próxima semana a fin de dedicar ese tiempo para que cada uno de los 11 ministros, por separado, estudie el proyecto de Zaldívar.
La intención es que la propuesta del ministro sea discutida a partir del próximo 14 de junio. Para que prospere la propuesta de Zaldívar, debe contar con el voto de por lo menos seis de los 11 ministros del alto tribunal.
La Corte, conforme al artículo 97 de la Constitución, no tiene atribuciones para sancionar a los funcionarios que encuentre responsables de violaciones.
Es al Congreso de la Unión, al Presidente de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública, así como a las autoridades estatales y municipales de Sonora, a quienes corresponderá, en su caso, promover cualquier tipo de sanción penal, política, civil o administrativa.
Buscan deslindar al gobierno federal
Antes de que el ministro Zaldívar presentara su dictamen, de última hora —el miércoles— los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar, acudieron a su oficina para tratar de deslindar de responsabilidades al gobierno federal. Pero no tuvieron éxito.
El ministro pidió responsabilizar a Molinar Horcasitas de violaciones graves de garantías porque “le es atribuible el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación, que propiciaron las condiciones para la tragedia ocurrida en la guardería ABC”.
La magnitud de las fallas del sistema, reportó el ministro, también alcanza a Daniel Karam Toumeh, actual director del IMSS, aunque ocupó el cargo tres meses antes de la tragedia. En su caso, el ministro explicó que el funcionario omitió implementar medidas de actuación que garantizaran una atención adecuada y oportuna a los niños que fueron trasladados a sus hospitales.
“Las omisiones de este funcionario, en el manejo de la tragedia, contribuyeron a que el desorden generalizado se prolongara también en la atención de los niños”. Incluso, para el ministro, Karam ocultó información clave sobre la tragedia en los días posteriores al incendio.
En el caso del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, el ministro Zaldívar llegó a la conclusión de que “era directamente responsable del funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil y el principal encargado del diseño de las políticas públicas en esa materia.
“Asimismo, como titular de la administración pública local, era el responsable de velar por el cumplimiento de las leyes que en materia de protección civil y protección de los derechos de la infancia correspondía observar a sus subordinados jerárquicos”.
Acuerdan una sola policía por entidad
Noticia:
El presidente Felipe Calderón y los gobernadores aprobaron la desaparición de las policías municipales para crear 32 corporaciones estatales “con mando único y confiable en cada una”.
En la sesión 28 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el jefe del Ejecutivo se comprometió a presentar una iniciativa en ese sentido en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Antes de la presentación del proyecto se realizarán consultas con todos los alcaldes del país para que su punto de vista esté incluido en la propuesta, explicó.
Calderón propuso integrar una comisión para dar seguimiento al modelo policial, integrada por varios gobernadores, así como por los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la PGR.
El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien encabezó la comisión que elaboró la propuesta del nuevo modelo, admitió que quizá no sea la panacea pero es necesaria: “Si bien la policía de mando único no es el remedio automático de los males que agobian al país, sí es una alternativa viable”, dijo.
Como parte de la estrategia para enfrentar al crimen, el Presidente demandó también al Poder Judicial revisar la integridad de jueces y magistrados. “Es indispensable”, afirmó Calderón.
Reconoció que es difícil lograr un México sin miedo, violencia e impunidad, “pero ese país es posible”.
Senadores y diputados de los tres partidos consideraron positivo el modelo policial, pero advirtieron riesgos.
El secretario de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, René Arce (PRD), dijo que el nuevo esquema ofrecerá a la delincuencia una negociación más directa con jefes policiacos. Propuso combatir de manera frontal las finanzas de los cárteles, ya que la Secretaría de Hacienda no ha tomado acciones.
El diputado priísta Arturo Zamora consideró necesario avanzar en la profesionalización de los policías locales.
El panista Óscar Arce dijo que se le quita a los más de 2 mil municipios del país el derecho de establecer programas propios de seguridad.
El presidente Felipe Calderón y los gobernadores aprobaron la desaparición de las policías municipales para crear 32 corporaciones estatales “con mando único y confiable en cada una”.
En la sesión 28 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el jefe del Ejecutivo se comprometió a presentar una iniciativa en ese sentido en el próximo periodo ordinario de sesiones.
Antes de la presentación del proyecto se realizarán consultas con todos los alcaldes del país para que su punto de vista esté incluido en la propuesta, explicó.
Calderón propuso integrar una comisión para dar seguimiento al modelo policial, integrada por varios gobernadores, así como por los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la PGR.
El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien encabezó la comisión que elaboró la propuesta del nuevo modelo, admitió que quizá no sea la panacea pero es necesaria: “Si bien la policía de mando único no es el remedio automático de los males que agobian al país, sí es una alternativa viable”, dijo.
Como parte de la estrategia para enfrentar al crimen, el Presidente demandó también al Poder Judicial revisar la integridad de jueces y magistrados. “Es indispensable”, afirmó Calderón.
Reconoció que es difícil lograr un México sin miedo, violencia e impunidad, “pero ese país es posible”.
Senadores y diputados de los tres partidos consideraron positivo el modelo policial, pero advirtieron riesgos.
El secretario de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, René Arce (PRD), dijo que el nuevo esquema ofrecerá a la delincuencia una negociación más directa con jefes policiacos. Propuso combatir de manera frontal las finanzas de los cárteles, ya que la Secretaría de Hacienda no ha tomado acciones.
El diputado priísta Arturo Zamora consideró necesario avanzar en la profesionalización de los policías locales.
El panista Óscar Arce dijo que se le quita a los más de 2 mil municipios del país el derecho de establecer programas propios de seguridad.
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