Chávez revisa acuerdo petrolero con Colombia.

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El embajador venezolano en Bogotá, Gustavo Márquez, negó ayer que el gobierno colombiano haya informado a las autoridades de Venezuela con antelación sobre los lanzacohetes que fueron incautados a las FARC, mientras que Caracas anunció que revisa acuerdo petrolero con Colombia.

Márquez desestimó la declaración del gobierno colombiano del miércoles, en cuanto a que Venezuela fue notificada desde junio sobre los lanzacohetes adquiridos por las autoridades venezolanas y que terminaron en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y dijo que “nunca fui llamado”´ sobre el caso. Un comunicado de la cancillería respondió a los comentarios que realizó el gobierno del presidente Álvaro Uribe sobre el caso y advirtió que “cada agresión del gobierno colombiano será respondida con medidas firmes”.

El presidente Hugo Chávez decidió “congelar” la relación con Colombia y retirar al embajador y el resto del personal diplomático venezolano destacado en Bogotá en protesta por las denuncias de que los lanzacohetes AT-4, de factura sueca, adquiridos por Venezuela, fueron entregados a las FARC.

De hecho, el ministro venezolano de Energía, Rafael Ramírez, dijo que la administración está “revisando” el convenio de suministro de combustible a zonas fronterizas de Colombia. “Hasta ahora se mantiene el convenio de suministro de combustible a Colombia, pero se revisan todos los acuerdos, en espera de cualquier instrucción presidencial”, explicó.

Chávez metió este martes en el congelador las relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia, en respuesta a las acusaciones, a su juicio “irresponsables” y malintencionadas, de Bogotá de que dotó de armas a las FARC.

Mientras tanto, el gobierno sueco insistió ayer en exigir explicaciones al gobierno de Chávez sobre el por qué las armas que le vendió terminaron en manos de la guerrilla colombiana.

El Ministerio de Comercio ha pedido explicaciones a la embajada venezolana en Estocolmo, pero todavía no ha recibido ninguna respuesta, agregan.

La prensa, en la mira

En otro orden, la prensa venezolana difundió ayer un proyecto de ley sobre “delitos mediáticos” que será presentado en el Congreso venezolano y castigará con hasta cuatro años de cárcel la divulgación de informaciones “falsas” o “manipuladas” que provoquen “angustia, zozobra y pánico” en la población.

El proyecto de ley será presentado al pleno de la Asamblea Nacional (Congreso) por la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, y será discutido “con urgencia”.

Sobre este proyecto de ley, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, advirtió, en declaraciones a una emisora colombiana, que el gobierno de Chávez tiene “toda una estrategia para ir limitando y reduciendo los espacios para la libertad de expresión en Venezuela”.

Por su parte, el vicepresidente de Globovisión, Carlos Zuloaga, aseguró que Chávez ya tomó la decisión de cerrar esta cadena de televisión, pero antes trata de “minimizar el costo político”.

Tras la salida del aire de RCTV, en 2007, Globovisión es el único canal de oposición que continúa en la señal abierta.