Una sentencia del Supremo de Estados Unidos rebate la discriminación positiva.

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El Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de un grupo de trabajadores blancos en un caso de discriminación racial que puede tener seria repercusión en las posibilidades de la juez Sonia Sotomayor de acceder a la más alta corte, así como en el trato futuro que los tribunales otorguen a los litigios relacionados con los derechos civiles. Se trata de un fallo de claras implicaciones políticas y que ha despertado una gran polémica, puesto que afecta a uno de los conceptos básicos sobre los que, desde hace décadas, se asienta la sociedad norteamericana: la discriminación positiva.

Sotomayor, que en su día, como juez federal, se pronunció en contra de los mismos trabajadores amparados ahora, sufre un revés significativo dado que el Supremo le ha quitado la razón en un asunto importante de interpretación de la ley. Por su parte, la Ley de Derechos Civiles de 1964, en sí misma, puede verse ahora sometida a una más rigurosa y estrecha aplicación.

El asunto se remonta a finales de 2003, cuando la ciudad de New Haven, en el Estado de Connecticut, necesitaba ocupar 15 plazas en su cuerpo de bomberos, siete con el rango de capitán y ocho como tenientes. Contrató para ello a una firma especializada de Illinois que preparó unos exámenes orales y escritos para hacer la selección.

Aprobaron los exámenes 41 candidatos blancos, 22 negros y 18 hispanos. Pero de ellos, había 14 blancos y un hispano entre los quince con mejores calificaciones y, por tanto, los designados para obtener los puestos a concurso.

Ante esa situación, es decir, ante el predominio absoluto de blancos entre los ganadores y la inexistencia de negros, las autoridades de New Haven decidieron anular los exámenes y buscar otra fórmula de selección. De hecho, nunca la encontraron y las plazas de oficiales fueron ocupadas desde entonces de forma provisional por otro personal sin rango, incluidos algunos de los que suspendieron las pruebas.

Los responsables locales argumentaron en su momento que habían actuado de esa forma con el propósito de evitar una cadena de demandas judiciales de parte de los perjudicados apoyándose en la ley de Derechos Civiles, que asume que las minorías raciales se encuentran desfavorecidas por una historia de discriminación y merecen ser promocionadas teniendo en cuenta ese factor.

Fueron, sin embargo, los bomberos blancos los que decidieron acudir a los tribunales, entendiendo que esta vez habían sido ellos los discriminados por el color de su piel. Perdieron en primera instancia, y perdieron posteriormente ante un tribunal federal de apelaciones integrado por tres jueces, entre ellos Sonia Sotomayor, de origen puertorriqueño.

Ahora, el Supremo de Estados Unidos les ha dado la razón por cinco votos contra cuatro. "El miedo a las demandas no puede justificar decisiones de un empleador en función de la raza en detrimento de individuos que han pasado los exámenes y reúnen las cualificaciones para una promoción", afirma el juez Anthony Kennedy en nombre de la mayoría.

El miedo a las demandas por asuntos como este no es algo limitado a New Haven; es una verdadera plaga en todo el país desde hace decenas de años. Seguramente ese temor ha evitado numerosos casos de injusta discriminación. Pero, probablemente, también ha dado lugar a muchos abusos. Con esta sentencia del Supremo, miles de empresarios norteamericanos pueden contemplar a partir de ahora de forma diferente su política de contrataciones.

Sonia Sotomayor, que ha hecho en el pasado algunas declaraciones polémicas sobre el problema de la discriminación racial, va a tener que responder a muchas preguntas sobre el episodio de los bomberos y sobre su concepto de la discriminación positiva cuando comparezca el mes próximo ante el Senado en las audiencias para su conformación.