México, entre países que más sobornan.

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Las empresas de las potencias económicas emergentes, entre ellas México y Brasil, son las que más sobornan al hacer negocios en el extranjero, según un informe publicado hoy en Londres por la organización Transparencia Internacional (TI).

El estudio de TI, con sede en Berlín, examina la práctica de pagar sobornos por sociedades con sede en 22 de los principales países exportadores, cuya exportación global combinada representó en 2006 el 75% del total mundial.

Según el llamado "Índice de Fuentes de Soborno (IFS) de 2008", Bélgica y Canadá son los países con compañías menos propensas a sobornar en el extranjero, ambos con una puntuación de 8.8 sobre 10, seguidos de Holanda y Suiza, con 8.7 puntos, respectivamente.

En el otro extremo del espectro aparece Rusia (5.9), el país con empresas más tendentes al soborno, al que siguen China (6.5), México (6.6), India (6.8), Brasil (7.4) e Italia (7.4).

En el IFS de 2008, que se basa en más de 2 mil 700 entrevistas a altos ejecutivos de empresas de 26 países desarrollados y en vías de desarrollo, España ocupa el duodécimo lugar (7.9 puntos), justo por debajo de Estados Unidos (8.1) y por encima de Hong Kong (7.6).

"Las economías emergentes no salen bien paradas en este informe", apuntó el director gerente de TI, Cobus de Swardt, al presentar el estudio en el Guild Hall, un edificio histórico de la City, centro financiero de Londres.

De acuerdo con Swardt, los sobornos -y otros métodos de corrupción- constituyen nada menos que "el 10% del costo total de hacer negocios en el extranjero".

No obstante, como precisa el informe, el hecho de que ningún país reciba 9 ó 10 puntos "significa que todas las economías más influyentes del mundo son vistas, hasta cierto punto, como exportadoras de corrupción".

Respecto a México, la directora de investigación y política de TI, Robin Hodess, declaró que la puntuación del país azteca supone un motivo de "preocupación" dada su influencia regional.

"El 38% de los encuestados -apunta el informe- señaló la propensión de las empresas de México a usar las relaciones personales o familiares para obtener contratos públicos, mientras que el 32% dijo que sobornan a políticos de alto nivel, partidos políticos o funcionarios públicos de bajo nivel .

A juicio de la experta, ese resultado obliga al Gobierno y las compañías de México a "pensar en cuáles deben ser las soluciones".

Hodess indicó también que la percepción acerca de Brasil resulta algo más positiva, pues los encuestados suelen situar al país de la samba "en la mitad de la tabla" del IFS, cuya divulgación coincidió con el Día Internacional contra la Corrupción, promovido por la ONU.

El documento analiza, asimismo, el nivel de sobornos en 19 segmentos económicos y concluye que "las empresas que operan en los sectores de contratos y construcción de obras públicas, desarrollo inmobiliario, petróleo y gas, manufactura pesada y minería son las más propensas a sobornar a funcionarios públicos".

A ese respecto, el IFS arroja como "sectores más limpios" los de tecnología de la información, pesca, banca y finanzas.

Preguntados los encuestados si los gobiernos toman suficientes medidas para eliminar los sobornos, más del 66 por ciento respondió que los gobernantes "son ineficaces en la lucha contra la corrupción".

"Dada la desigualdad e injusticia generadas por la corrupción, es vital que los gobiernos redoblen sus esfuerzos por aplicar las leyes y los reglamentos existentes sobre el soborno en el extranjero y que las empresas adopten programas eficaces para combatir este fenómeno", recalcó la presidenta de TI, Huguette Labelle.

"Por este motivo -agregó Labelle-, los principales países exportadores deben comprometerse a respetar las disposiciones de la Convención de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) Contra el Cohecho".

Fundada en 1993, Transparencia Internacional es la única organización no gubernamental que, a escala mundial, se dedica exclusivamente a combatir la corrupción.

Comentario:

Es un problema cuya solución no sólo le corresponde al gobierno y autoridades judiciales, sino a la ciudadanía en general. Es un problema de conciencia.