Noticia:
Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática criticaron la medida anunciada por el gobernador priísta de Chihuahua, José Reyes Baeza, de trasladar la sede de los tres poderes estatales a Ciudad Juárez, entidad que vive azotada por la violencia generada por los cárteles y la delincuencia.
César Nava Vázquez, presidente nacional panista, estableció la postura del Partido Acción Nacional (PAN) en relación con la decisión anunciada por Reyes Baeza y aseguró que es “un acto meramente propagandístico y artificial”, porque fue una medida “unilateral”.
“Parece que es un mero acto con sentido político que no tendrá efectos reales en el bienestar de la población. Ojalá el gobernador pensara en otras medidas antes que maniobras teatrales”, comentó al concluir la ceremonia de traslado de los restos de Rafael Preciado, quien fuera miembro fundador de Acción Nacional, a la rotonda de los jaliscienses ilustres de Guadalajara.
Nava aseguró que Reyes Baeza no consultó o tomó en cuenta a los partidos representados en uno de los poderes del estado que es el Congreso local, donde tienen presencia todas las fuerzas políticas.
El pasado sábado, el gobernador José Reyes Baeza anunció el traslado de los tres poderes del estado hacia Ciudad Juárez “por tiempo indefinido, mientras dure la emergencia de seguridad pública que padece la ciudad”. El mandatario estatal demandó además la entrega de recursos federales por 3 mil millones de pesos para obras y programas sociales y la presencia del presidente Felipe Calderón.
Durante el anuncio el gobernador estuvo flanqueado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rodolfo Acosta Muñoz, y el líder del grupo parlamentario del PRI, Fernando Rodríguez Moreno.
César Nava dijo que se trata de un acto, “meramente de imagen”, y de un acontecimiento “estruendoso”, por lo que pidió una “coordinación de todos los órdenes de autoridad, municipal, estatal y federal”.
El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Gustavo Madero, pidió al gobernador de Chihuahua dejar a un lado los “protagonismos partidarios”, y calificó como una estrategia sin eficacia el traslado de los poderes para obligar al presidente Felipe Calderón visitar Ciudad Juárez.
En Chihuahua, aseguró el senador Madero, ha faltado que el PRI asuma su corresponsabilidad y deje de pensar en las elecciones de 2010.
Argumentó: “La situación en Chihuahua se ha deteriorado desde que volvió el PRI al poder, hay muchos casos de corrupción en los gobiernos del PRI, y de vinculación con criminales”.
PRD demanda desaparecer poderes
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandó la desaparición de poderes en Chihuahua.
En su resolutivo del Tercer Pleno del Séptimo Consejo Nacional, el PRD instruyó a sus senadores hacer la petición ante el pleno de la Cámara alta, que en caso de aprobarse, se nombrará un gobernador provisional, elegido entre una terna propuesta por el Ejecutivo.
De manera paralela, los integrantes del Tercer Pleno del Séptimo Consejo Nacional del PRD instruyeron a su único diputado local en Chihuahua, Víctor Manuel Quintana, hacer el mismo pronunciamiento ante el Congreso local.
Miente Reyes Baeza: Segob
La Secretaría de Gobernación (Segob) respondió ayer a las críticas realizadas por el gobernador José Reyes Baeza y aseguró que el gobierno federal ha respondido “en todo momento de manera decidida y solidaria” a las solicitudes de apoyo de las autoridades de Ciudad Juárez y del estado de Chihuahua, además de estar en permanente contacto con las autoridades de esa entidad.
Explicó la Segob: “Es falso que el gobierno federal atienda hasta este momento la problemática que la entidad enfrenta desde una óptica integral. En este sentido, las declaraciones del gobernador, relativas a la supuesta falta de interés del gobierno federal, carecen de fundamento. Desde un inicio, la situación de inseguridad había rebasado a las autoridades locales y a petición de éstas, el gobierno federal acudió en ayuda del gobierno de la entidad para reestablecer el estado de derecho”.
Se espera que este lunes el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llegue a Ciudad Juárez, para trabajar en el diseño de una nueva estrategia contra la delincuencia organizada.
lunes, 8 de febrero de 2010
Inmigrantes, hartos de falsas promesas.
Noticia:
Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo público su primer mensaje sobre el estado de la Unión, su referencia al problema migratorio de más de 12 millones de indocumentados se limitó a mencionar la necesidad de arreglar “un sistema que está roto”.
Para millones de hispanos que escuchaban atentamente, la ausencia de la expresión “reforma migratoria humana y amplia” —que utilizó como gancho publicitario a lo largo de su campaña por la Presidencia—, no pasó inadvertida. Para muchos, el hecho de que Obama pasara de puntillas sobre el espinoso asunto de la reforma migratoria confirmó que, más que un compromiso, el mandatario hizo de su primer mensaje a la nación un recuento de fracasos y promesas incumplidas en el primer año de su gobierno, particularmente en lo que toca a los hispanos e inmigrantes.
La frustración de la comunidad inmigrante se hizo patente de inmediato y, en una apurada estrategia de control de daños, la asesora presidencial, Valerie Jarret, convocó a un grupo de medios hispanos en la Casa Blanca para contener el enojo y la impaciencia de un sector cansado de promesas incumplidas.
“El presidente no tiene absolutamente ninguna intención de que la migración quede en el olvido”, aseguró Jarret. Pero el daño ya estaba hecho. La parquedad de Obama en su mensaje a la nación, en un gesto que dejó entrever el miedo a destapar un debate que sigue dividiendo a la nación, fue interpretada como el abandono de la “audacia del cambio” que prometió a los latinos, mientras éstos le impulsaban a la Casa Blanca con el 66% de sus votos en las urnas.
Seguridad, la prioridad
Cuatro días más tarde, la sensación de frustración y enojo entre la comunidad latina volvió a sacudir las bases del movimiento proinmigrante. La difusión del presupuesto enviado por Obama al Congreso, confirmando la petición de cuatro mil 600 millones de dólares para reforzar la vigilancia fronteriza y completar el primer tramo del “muro virtual” entre México y EU, demostró que la prioridad del presidente es reforzar la frontera con México, antes que acometer la defensa de la reforma migratoria.
A este presupuesto se añadieron mil 600 millones de dólares que la administración destinará para proseguir con una intensa campaña de localización y deportación de indocumentados “con antecedentes criminales”.
“Es lamentable ver que el presidente y su administración estén apoyando una campaña de limpia para deportar a la mayor cantidad de trabajadores indocumentados y sus familias, mientras la promesa de una reforma migratoria sigue en el limbo”, denunció Juan José Gutiérrez, coordinador de la coalición por los derechos plenos de los inmigrantes del sur de California.
“El 21 de marzo vamos a marchar una amplia coalición de organizaciones en Washington. Vamos a denunciar la política antiinmigrante de esta administración, que ya abandonó su lenguaje de campaña y hoy ya no nos dice inmingrantes indocumentados, sino ilegales”, dijo Gutiérrez, anunciando una primavera caliente, con la movilización de una amplia coalición de sindicatos, organizaciones religiosas y proinmigrantes.
Con la convicción de que la administración sigue apostando por una política de seguridad que sólo refuerza la frontera con México, mientras criminaliza a los inmigrantes, una nutrida coalición de instituciones se ha empeñado en demostrar que la estrategia a favor de una “limpia” que arrancó con la administración del ex presidente George W. Bush, y que se ha mantenido bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), a cargo de Janet Napolitano, no es la mejor vía para salir del callejón migratorio.
Las deportaciones salen caras
“Las últimas proyecciones calculan que una política de deportación masiva de indocumentados supondría un gasto de 2.6 billones de dólares en los próximos 10 años, mientras que el éxito de una reforma migratoria de amplio alcance se traduciría en el incremento de 1.5 billones de dólares en el Producto Interno Bruto (PIB)”, aseguró el especialista, Raúl Hinojosa, en un estudio patrocinado por el Center For American Progress y del Immigration Policy Center.
“Esta es una razón económica convincente para apartarse del actual ‘círculo vicioso’ de las políticas orientadas sólo a la represión y que perpetúan la migración no autorizada”, añadió Hinojosa mientras la administración Obama se prepara para la primera embestida de las organizaciones proinmigrantes, que el 21 de marzo tocarán las puertas de la Casa Blanca para exigirle que cumpla con su promesa de reforma migratoria.
Cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo público su primer mensaje sobre el estado de la Unión, su referencia al problema migratorio de más de 12 millones de indocumentados se limitó a mencionar la necesidad de arreglar “un sistema que está roto”.
Para millones de hispanos que escuchaban atentamente, la ausencia de la expresión “reforma migratoria humana y amplia” —que utilizó como gancho publicitario a lo largo de su campaña por la Presidencia—, no pasó inadvertida. Para muchos, el hecho de que Obama pasara de puntillas sobre el espinoso asunto de la reforma migratoria confirmó que, más que un compromiso, el mandatario hizo de su primer mensaje a la nación un recuento de fracasos y promesas incumplidas en el primer año de su gobierno, particularmente en lo que toca a los hispanos e inmigrantes.
La frustración de la comunidad inmigrante se hizo patente de inmediato y, en una apurada estrategia de control de daños, la asesora presidencial, Valerie Jarret, convocó a un grupo de medios hispanos en la Casa Blanca para contener el enojo y la impaciencia de un sector cansado de promesas incumplidas.
“El presidente no tiene absolutamente ninguna intención de que la migración quede en el olvido”, aseguró Jarret. Pero el daño ya estaba hecho. La parquedad de Obama en su mensaje a la nación, en un gesto que dejó entrever el miedo a destapar un debate que sigue dividiendo a la nación, fue interpretada como el abandono de la “audacia del cambio” que prometió a los latinos, mientras éstos le impulsaban a la Casa Blanca con el 66% de sus votos en las urnas.
Seguridad, la prioridad
Cuatro días más tarde, la sensación de frustración y enojo entre la comunidad latina volvió a sacudir las bases del movimiento proinmigrante. La difusión del presupuesto enviado por Obama al Congreso, confirmando la petición de cuatro mil 600 millones de dólares para reforzar la vigilancia fronteriza y completar el primer tramo del “muro virtual” entre México y EU, demostró que la prioridad del presidente es reforzar la frontera con México, antes que acometer la defensa de la reforma migratoria.
A este presupuesto se añadieron mil 600 millones de dólares que la administración destinará para proseguir con una intensa campaña de localización y deportación de indocumentados “con antecedentes criminales”.
“Es lamentable ver que el presidente y su administración estén apoyando una campaña de limpia para deportar a la mayor cantidad de trabajadores indocumentados y sus familias, mientras la promesa de una reforma migratoria sigue en el limbo”, denunció Juan José Gutiérrez, coordinador de la coalición por los derechos plenos de los inmigrantes del sur de California.
“El 21 de marzo vamos a marchar una amplia coalición de organizaciones en Washington. Vamos a denunciar la política antiinmigrante de esta administración, que ya abandonó su lenguaje de campaña y hoy ya no nos dice inmingrantes indocumentados, sino ilegales”, dijo Gutiérrez, anunciando una primavera caliente, con la movilización de una amplia coalición de sindicatos, organizaciones religiosas y proinmigrantes.
Con la convicción de que la administración sigue apostando por una política de seguridad que sólo refuerza la frontera con México, mientras criminaliza a los inmigrantes, una nutrida coalición de instituciones se ha empeñado en demostrar que la estrategia a favor de una “limpia” que arrancó con la administración del ex presidente George W. Bush, y que se ha mantenido bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), a cargo de Janet Napolitano, no es la mejor vía para salir del callejón migratorio.
Las deportaciones salen caras
“Las últimas proyecciones calculan que una política de deportación masiva de indocumentados supondría un gasto de 2.6 billones de dólares en los próximos 10 años, mientras que el éxito de una reforma migratoria de amplio alcance se traduciría en el incremento de 1.5 billones de dólares en el Producto Interno Bruto (PIB)”, aseguró el especialista, Raúl Hinojosa, en un estudio patrocinado por el Center For American Progress y del Immigration Policy Center.
“Esta es una razón económica convincente para apartarse del actual ‘círculo vicioso’ de las políticas orientadas sólo a la represión y que perpetúan la migración no autorizada”, añadió Hinojosa mientras la administración Obama se prepara para la primera embestida de las organizaciones proinmigrantes, que el 21 de marzo tocarán las puertas de la Casa Blanca para exigirle que cumpla con su promesa de reforma migratoria.
La ola de leyes pro vida vulnera a las mujeres.
Noticia:
Hace cuatro meses la indígena maya Ysuri Zac Nicté Pol estaba embarazada. Hacía el aseo de su casa y cuidaba a sus dos hijos menores de cinco años. Ahora, esta mujer de 22, enfrenta un proceso penal por aborto y homicidio culposo.
Su declaración ministerial señala que el 17 de octubre pasado, mientras cargaba algunos muebles para modificar su ubicación, sintió un fuerte dolor. Luego observó una hemorragia que la obligó a trasladarse a los servicios de urgencias del hospital municipal en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
El sangrado fue producto de un aborto espontáneo, dice ella, pero aún así los médicos dieron aviso al Ministerio Público y, en cuanto fue dada de alta, las autoridades iniciaron una averiguación previa en su contra por homicidio.
Unos días después el Ministerio Público detuvo a Ysuri Zac Nicté Pol, le dictó auto de formal prisión y, ahora, esta indígena originaria del poblado de Los Sabidos está presa en el Centro de Readaptación Social de Chetumal.
El comienzo de la historia
En abril de 2009, el Congreso de Quintana Roo aprobó una ley local “para proteger la vida desde la concepción”. En total, 18 estados de la República han hecho modificaciones legales similares.
La ola de “leyes estatales pro vida” motivó que el congreso de Veracruz enviara a la Cámara de Diputados una iniciativa para que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también establezca la defensa de la vida desde la concepción.
La diputada Luz María Beristain Navarrete, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Quintana Roo, considera que el encarcelamiento de Ysuri Zac es consecuencia de esas reformas.
La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México asegura que desde el 23 de octubre del 2008 que comenzó a registrarse esta serie de reformas en los estados –tras la aprobación de la ley en el DF que permite el aborto en las primeras doce semanas de gestación-, las mujeres que abortan son criminalizadas y perseguidas por las autoridades de justicia “por ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo”.
Según datos de la misma Red por los Derechos Sexuales, en Veracruz hay al menos 8 mujeres en la cárcel por abortar; en Puebla, 30 y en Guanajuato, 20.
Las recientes reformas
La más reciente modificación a la Constitución se hizo el 17 de noviembre del año pasado en Veracruz. Su congreso, con 39 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, reformó el artículo cuarto constitucional en el que se establece “la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural”.
La exposición de motivos de la iniciativa de reforma refiere que “si bien el hombre posee derechos naturales como el derecho a la vida, la libertad y a la salud, entre otros, es necesario que los gobiernos consagren las garantías individuales dentro de sus ordenamientos jurídicos a fin de darles eficacia y dotarles de medios procesales adecuados para evitar o restaurar las violaciones que se cometen en su contra”.
El mencionado documento agrega: “Resulta contradictorio desde el plano jurídico que el Código Civil le otorgue derechos y obligaciones al no nacido y que el máximo ordenamiento como es la Constitución no garantice el derecho a la vida de las personas desde su concepción, cuando otras leyes otorgan derechos cuyo objeto es reconocer y proteger la vida de los seres humanos”.
Sustentan lo anterior, con que el derecho a la vida está plasmado en el artículo tercero de a Declaración Universal de los Derechos Humanos y el sexto del Pacto Internacional de Derechos Civiles. “Con ello se demuestra que diversos ordenamientos nacionales como extranjeros protegen la vida desde la concepción, por lo que la Constitución Política Mexicana y la Constitución de Veracruz presentan un rezago en la materia”.
Vulneran el Estado laico
Con ese mismo argumento y tras aprobarse la reforma en la mayor parte de las entidades del país, el congreso de Veracruz envió una iniciativa “para proteger la vida desde la concepción” a la Cámara de Diputados, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Elsa Conde, ex diputada federal e integrante del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, manifestó que de avanzar esta reforma a la Constitución se estaría vulnerando el carácter laico del Estado mexicano.
Dichas reformas se han aprobado en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán, en cuyos casos prevaleció el voto mayoritario del PAN y el PRI, aunque también del PRD en el caso de Chiapas.
“En esas entidades las mujeres son ahora tratadas de manera desigual, ya que en vez de brindar ayuda a las que buscan interrumpir sus embarazos en condiciones que garanticen su salud y su vida, el gobierno las castiga incluso con la cárcel, como si se tratara de delincuentes”, reiteró Elsa Conde.
Las discusiones en su esplendor
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juventino Castro, del PRD, consideró que “hay fuerzas poderosas y un grupo de las Iglesias que se están oponiendo a los avances”, pero aseguró que su partido votará en contra de esa iniciativa a nivel federal porque “los derechos de una persona comienzan, no cuando el óvulo se ha fecundado, sino cuando el producto del embarazo es viable, es decir, cuando se le separa de la madre y puede sobrevivir por sí mismo”.
El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que “los derechos del nonato no pueden estar por encima de los derechos de la mujer que lo concibe”.
La diputada del PAN, Laura Elena Estrada, secretaria de la comisión de Equidad, dijo que éste “es un tema de respeto”, donde “el hombre que embarazó a la mujer no está siendo sancionado y se requiere de una paternidad responsable”.
Por su parte, el diputado del PRI, Silvio Lagos, aseguró que su fracción parlamentaria ha establecido contacto con el Congreso de Veracruz para que retiren la iniciativa de reforma que envió en días pasados a la Cámara de Diputados.
Dafne Cuevas, quien es miembro de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, consideró, sin embargo, que es insuficiente el supuesto retiro de dicha iniciativa, pues una vez que ha llegado al Congreso de la Unión, éste tendrá que dictaminarla “y nosotras lo que le pedimos es que la voten en contra y que, desde sus partidos, se evite que más estados aprueben ese tipo de reformas”.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), tanto en Aguascalientes, como en Baja California Sur, el Estado de México, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas están pendientes por aprobarse reformas constitucionales que intentan “proteger la vida desde la concepción”.
Hace cuatro meses la indígena maya Ysuri Zac Nicté Pol estaba embarazada. Hacía el aseo de su casa y cuidaba a sus dos hijos menores de cinco años. Ahora, esta mujer de 22, enfrenta un proceso penal por aborto y homicidio culposo.
Su declaración ministerial señala que el 17 de octubre pasado, mientras cargaba algunos muebles para modificar su ubicación, sintió un fuerte dolor. Luego observó una hemorragia que la obligó a trasladarse a los servicios de urgencias del hospital municipal en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
El sangrado fue producto de un aborto espontáneo, dice ella, pero aún así los médicos dieron aviso al Ministerio Público y, en cuanto fue dada de alta, las autoridades iniciaron una averiguación previa en su contra por homicidio.
Unos días después el Ministerio Público detuvo a Ysuri Zac Nicté Pol, le dictó auto de formal prisión y, ahora, esta indígena originaria del poblado de Los Sabidos está presa en el Centro de Readaptación Social de Chetumal.
El comienzo de la historia
En abril de 2009, el Congreso de Quintana Roo aprobó una ley local “para proteger la vida desde la concepción”. En total, 18 estados de la República han hecho modificaciones legales similares.
La ola de “leyes estatales pro vida” motivó que el congreso de Veracruz enviara a la Cámara de Diputados una iniciativa para que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también establezca la defensa de la vida desde la concepción.
La diputada Luz María Beristain Navarrete, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Quintana Roo, considera que el encarcelamiento de Ysuri Zac es consecuencia de esas reformas.
La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México asegura que desde el 23 de octubre del 2008 que comenzó a registrarse esta serie de reformas en los estados –tras la aprobación de la ley en el DF que permite el aborto en las primeras doce semanas de gestación-, las mujeres que abortan son criminalizadas y perseguidas por las autoridades de justicia “por ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo”.
Según datos de la misma Red por los Derechos Sexuales, en Veracruz hay al menos 8 mujeres en la cárcel por abortar; en Puebla, 30 y en Guanajuato, 20.
Las recientes reformas
La más reciente modificación a la Constitución se hizo el 17 de noviembre del año pasado en Veracruz. Su congreso, con 39 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, reformó el artículo cuarto constitucional en el que se establece “la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural”.
La exposición de motivos de la iniciativa de reforma refiere que “si bien el hombre posee derechos naturales como el derecho a la vida, la libertad y a la salud, entre otros, es necesario que los gobiernos consagren las garantías individuales dentro de sus ordenamientos jurídicos a fin de darles eficacia y dotarles de medios procesales adecuados para evitar o restaurar las violaciones que se cometen en su contra”.
El mencionado documento agrega: “Resulta contradictorio desde el plano jurídico que el Código Civil le otorgue derechos y obligaciones al no nacido y que el máximo ordenamiento como es la Constitución no garantice el derecho a la vida de las personas desde su concepción, cuando otras leyes otorgan derechos cuyo objeto es reconocer y proteger la vida de los seres humanos”.
Sustentan lo anterior, con que el derecho a la vida está plasmado en el artículo tercero de a Declaración Universal de los Derechos Humanos y el sexto del Pacto Internacional de Derechos Civiles. “Con ello se demuestra que diversos ordenamientos nacionales como extranjeros protegen la vida desde la concepción, por lo que la Constitución Política Mexicana y la Constitución de Veracruz presentan un rezago en la materia”.
Vulneran el Estado laico
Con ese mismo argumento y tras aprobarse la reforma en la mayor parte de las entidades del país, el congreso de Veracruz envió una iniciativa “para proteger la vida desde la concepción” a la Cámara de Diputados, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Elsa Conde, ex diputada federal e integrante del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, manifestó que de avanzar esta reforma a la Constitución se estaría vulnerando el carácter laico del Estado mexicano.
Dichas reformas se han aprobado en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán, en cuyos casos prevaleció el voto mayoritario del PAN y el PRI, aunque también del PRD en el caso de Chiapas.
“En esas entidades las mujeres son ahora tratadas de manera desigual, ya que en vez de brindar ayuda a las que buscan interrumpir sus embarazos en condiciones que garanticen su salud y su vida, el gobierno las castiga incluso con la cárcel, como si se tratara de delincuentes”, reiteró Elsa Conde.
Las discusiones en su esplendor
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juventino Castro, del PRD, consideró que “hay fuerzas poderosas y un grupo de las Iglesias que se están oponiendo a los avances”, pero aseguró que su partido votará en contra de esa iniciativa a nivel federal porque “los derechos de una persona comienzan, no cuando el óvulo se ha fecundado, sino cuando el producto del embarazo es viable, es decir, cuando se le separa de la madre y puede sobrevivir por sí mismo”.
El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que “los derechos del nonato no pueden estar por encima de los derechos de la mujer que lo concibe”.
La diputada del PAN, Laura Elena Estrada, secretaria de la comisión de Equidad, dijo que éste “es un tema de respeto”, donde “el hombre que embarazó a la mujer no está siendo sancionado y se requiere de una paternidad responsable”.
Por su parte, el diputado del PRI, Silvio Lagos, aseguró que su fracción parlamentaria ha establecido contacto con el Congreso de Veracruz para que retiren la iniciativa de reforma que envió en días pasados a la Cámara de Diputados.
Dafne Cuevas, quien es miembro de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, consideró, sin embargo, que es insuficiente el supuesto retiro de dicha iniciativa, pues una vez que ha llegado al Congreso de la Unión, éste tendrá que dictaminarla “y nosotras lo que le pedimos es que la voten en contra y que, desde sus partidos, se evite que más estados aprueben ese tipo de reformas”.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), tanto en Aguascalientes, como en Baja California Sur, el Estado de México, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas están pendientes por aprobarse reformas constitucionales que intentan “proteger la vida desde la concepción”.
El traslado de poderes a Juárez alienta confrontación política.
Noticia:
La petición del gobernador José Reyes Baeza para trasladar la sede de todos los poderes del estado a Ciudad Juárez provocó un enfrentamiento entre las diferentes fuerzas políticas.
Baeza reprochó a Felipe Calderón por no visitar la entidad. “El señor Presidente tomó la decisión acertada de visitar las zonas inundadas del estado de México y el Distrito Federal; ha estado en contacto con los familiares del futbolista que recibió un balazo en un bar, entonces pedimos que venga a solidarizarse con los familiares de los miles que han perdido la vida en esta guerra en Juárez”, expresó.
Ayer su gobierno solicitó formalmente al Congreso local el traslado de poderes.
Anoche la Secretaría de Gobernación respondió: “Es falso que el gobierno federal atienda hasta este momento la problemática que la entidad enfrenta desde una óptica integral. [...] Las declaraciones del gobernador relativas a la supuesta falta de interés del gobierno federal carecen de fundamento. Desde un inicio, la situación de inseguridad había rebasado a las autoridades locales y a petición de éstas, el gobierno federal acudió en ayuda”.
César Nava Vázquez, presidente nacional del PAN, dijo que la medida de Reyes Baeza se trata de “un acto meramente propagandístico y artificial”, porque fue una medida unilateral.
“Parece que es un mero acto con sentido político que no tendrá efectos reales en el bienestar de la población. Ojalá el gobernador pensara en otras medidas antes que maniobras teatrales”, dijo.
El PRD fue más lejos: demandó la desaparición de poderes en Chihuahua. El Consejo Nacional instruyó a sus senadores a hacer la petición. En caso de aprobarse, se nombraría un gobernador provisional, propuesto por el Ejecutivo.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, calificó como “tardío” el cambio en la estrategia de seguridad anunciado por el gobierno federal, y consideró que las primeras acciones han fracasado.
“Aunque tardío, debe saludarse el replanteamiento”, expresó Beltrones.
Ante las críticas por la posibilidad de que los funcionarios que estarán en Ciudad Juárez “despachen” desde El Paso, Texas, ciudad más segura, el secretario estatal de Gobierno, Sergio Granados, dijo que ninguno está autorizado para salir del país.
La petición del gobernador José Reyes Baeza para trasladar la sede de todos los poderes del estado a Ciudad Juárez provocó un enfrentamiento entre las diferentes fuerzas políticas.
Baeza reprochó a Felipe Calderón por no visitar la entidad. “El señor Presidente tomó la decisión acertada de visitar las zonas inundadas del estado de México y el Distrito Federal; ha estado en contacto con los familiares del futbolista que recibió un balazo en un bar, entonces pedimos que venga a solidarizarse con los familiares de los miles que han perdido la vida en esta guerra en Juárez”, expresó.
Ayer su gobierno solicitó formalmente al Congreso local el traslado de poderes.
Anoche la Secretaría de Gobernación respondió: “Es falso que el gobierno federal atienda hasta este momento la problemática que la entidad enfrenta desde una óptica integral. [...] Las declaraciones del gobernador relativas a la supuesta falta de interés del gobierno federal carecen de fundamento. Desde un inicio, la situación de inseguridad había rebasado a las autoridades locales y a petición de éstas, el gobierno federal acudió en ayuda”.
César Nava Vázquez, presidente nacional del PAN, dijo que la medida de Reyes Baeza se trata de “un acto meramente propagandístico y artificial”, porque fue una medida unilateral.
“Parece que es un mero acto con sentido político que no tendrá efectos reales en el bienestar de la población. Ojalá el gobernador pensara en otras medidas antes que maniobras teatrales”, dijo.
El PRD fue más lejos: demandó la desaparición de poderes en Chihuahua. El Consejo Nacional instruyó a sus senadores a hacer la petición. En caso de aprobarse, se nombraría un gobernador provisional, propuesto por el Ejecutivo.
Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado, calificó como “tardío” el cambio en la estrategia de seguridad anunciado por el gobierno federal, y consideró que las primeras acciones han fracasado.
“Aunque tardío, debe saludarse el replanteamiento”, expresó Beltrones.
Ante las críticas por la posibilidad de que los funcionarios que estarán en Ciudad Juárez “despachen” desde El Paso, Texas, ciudad más segura, el secretario estatal de Gobierno, Sergio Granados, dijo que ninguno está autorizado para salir del país.
Inundaciones ceden; habrá hoy clases en 165 escuelas.
Noticia:
Marcelo Ebrard y Enrique Peña Nieto anunciaron, por separado y en recorridos por zonas afectadas, que la emergencia tras la inundación del jueves pasado comenzó a ceder y la situación se encuentra en vías de normalización.
El mandatario capitalino dijo que hasta ayer se había sacado 65% del agua que se encontraba anegada en la colonia Arenal, en la delegación Venustiano Carranza. Ante reclamos en la calle Xitla, dio a conocer que su administración condonará los dos primeros bimestres de agua de este año, a quienes viven en colonias afectadas.
En el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, Peña Nieto aseguró a colonos que la fractura en el río de Los Remedios se había reparado, por lo que no habría más escurrimientos de aguas negras. Los habitantes reclamaron al gobernador un compromiso real de ayuda.
Ayer la SEP anunció la normalización de clases en 165 de las 174 escuelas capitalinas afectadas.
Marcelo Ebrard y Enrique Peña Nieto anunciaron, por separado y en recorridos por zonas afectadas, que la emergencia tras la inundación del jueves pasado comenzó a ceder y la situación se encuentra en vías de normalización.
El mandatario capitalino dijo que hasta ayer se había sacado 65% del agua que se encontraba anegada en la colonia Arenal, en la delegación Venustiano Carranza. Ante reclamos en la calle Xitla, dio a conocer que su administración condonará los dos primeros bimestres de agua de este año, a quienes viven en colonias afectadas.
En el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, Peña Nieto aseguró a colonos que la fractura en el río de Los Remedios se había reparado, por lo que no habría más escurrimientos de aguas negras. Los habitantes reclamaron al gobernador un compromiso real de ayuda.
Ayer la SEP anunció la normalización de clases en 165 de las 174 escuelas capitalinas afectadas.
Aguas negras amenazan al centro del país.
Noticia:
La deficiencia en el manejo de las aguas negras que emanan del valle de México se ha convertido en una amenaza para habitantes del Distrito Federal y el estado de México, cada vez que cae una tormenta, y para comunidades de Hidalgo, las cuales sobreviven en medio de la contaminación generada por los residuos expulsados por la zona metropolitana.
El agua de la presa Endho, receptora de todos los desechos del centro del país, ha comenzado a filtrarse hacia los pozos de donde habitantes de la localidad Pedro María Anaya, del municipio de Tepetitlán, toman el líquido para su consumo.
Estudios realizados en 2007 por la Comisión Nacional del Agua detectaron altas concentraciones de nitratos y coliformes fecales que no la hacen apta para el consumo humano.
Pero los contaminantes no están sólo en el agua, también se encuentran en el aire. Para ambientalistas, los altos niveles tóxicos están asociados con el aumento en casos de cáncer.
Ya en 2006 la delegación del IMSS reportó un incremento anual de 100% en las muertes por tumores malignos en Hidalgo.
El Consejo Consultivo de Ecología de Tula informó que en esa ciudad y en Tepeji del Río las concentraciones anuales de dióxido de azufre en el aire rebasan en casi 300 microgramos el valor máximo permitido por metro cúbico, que es de 80. En la ciudad de México, por ejemplo, las concentraciones de ese contaminante son casi de cero desde hace cuatro años.
Las organizaciones ecologistas señalan a empresas cementeras, a la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos y a la actual refinería de Tula, entre otras industrias ubicadas en el corredor Tula-Tepeji, como las responsables de generar esa contaminación del aire y acentuar la del agua.
Para mitigar el problema que ocasionan las descargas del drenaje enviadas desde la capital del país y municipios mexiquenses, comenzará a construirse una planta de tratamiento de aguas negras.
Autoridades federales explicaron que la planta se ubicará en el municipio de Atotonilco de Tula, en el sitio de salida del drenaje capitalino, y se convertirá en la más grande de América Latina, mencionó Conagua. La obra se concluirá en octubre de 2012.
Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México advirtieron que el impacto de la planta de tratamiento será muy limitado, si la medida no va acompañada por otros programas de saneamientos, de lo contrario, agregaron, la planta podría convertirse en un elefante blanco
La deficiencia en el manejo de las aguas negras que emanan del valle de México se ha convertido en una amenaza para habitantes del Distrito Federal y el estado de México, cada vez que cae una tormenta, y para comunidades de Hidalgo, las cuales sobreviven en medio de la contaminación generada por los residuos expulsados por la zona metropolitana.
El agua de la presa Endho, receptora de todos los desechos del centro del país, ha comenzado a filtrarse hacia los pozos de donde habitantes de la localidad Pedro María Anaya, del municipio de Tepetitlán, toman el líquido para su consumo.
Estudios realizados en 2007 por la Comisión Nacional del Agua detectaron altas concentraciones de nitratos y coliformes fecales que no la hacen apta para el consumo humano.
Pero los contaminantes no están sólo en el agua, también se encuentran en el aire. Para ambientalistas, los altos niveles tóxicos están asociados con el aumento en casos de cáncer.
Ya en 2006 la delegación del IMSS reportó un incremento anual de 100% en las muertes por tumores malignos en Hidalgo.
El Consejo Consultivo de Ecología de Tula informó que en esa ciudad y en Tepeji del Río las concentraciones anuales de dióxido de azufre en el aire rebasan en casi 300 microgramos el valor máximo permitido por metro cúbico, que es de 80. En la ciudad de México, por ejemplo, las concentraciones de ese contaminante son casi de cero desde hace cuatro años.
Las organizaciones ecologistas señalan a empresas cementeras, a la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos y a la actual refinería de Tula, entre otras industrias ubicadas en el corredor Tula-Tepeji, como las responsables de generar esa contaminación del aire y acentuar la del agua.
Para mitigar el problema que ocasionan las descargas del drenaje enviadas desde la capital del país y municipios mexiquenses, comenzará a construirse una planta de tratamiento de aguas negras.
Autoridades federales explicaron que la planta se ubicará en el municipio de Atotonilco de Tula, en el sitio de salida del drenaje capitalino, y se convertirá en la más grande de América Latina, mencionó Conagua. La obra se concluirá en octubre de 2012.
Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México advirtieron que el impacto de la planta de tratamiento será muy limitado, si la medida no va acompañada por otros programas de saneamientos, de lo contrario, agregaron, la planta podría convertirse en un elefante blanco
domingo, 7 de febrero de 2010
SCHP anuncia nuevo aumento a combustibles.
Noticia:
A partir de hoy sábado, los precios de las gasolinas y diesel sufrirán un incremento, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El precio al consumidor final de la Gasolina Magna aumentará ocho centavos, al pasar de 7.88 pesos por litro a 7.96 pesos, en tanto la cotización de la gasolina calidad Premium registrará un ajuste de cuatro centavos, por lo que el litro será comercializado en 9.70 pesos.
El precio del diesel tendrá un incremento de ocho centavos, para pasar de los 8.24 pesos a los 8.32 pesos por litro.
Zonas fronterizas
En la zonas fronterizas, donde se aplica una tasa de 11% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) el precio del litro de la gasolina Magna será de 7.65 pesos; la Premium de 9.31 pesos y el Diesel de 8.05 pesos.
Los aumentos obedecen a la decisión del gobierno federal de ir homologando los precios de los combustibles que se distribuyen en nuestro país, con los precios que rigen en el mercado norteamericano, principal socio comercial de México.
A partir de hoy sábado, los precios de las gasolinas y diesel sufrirán un incremento, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El precio al consumidor final de la Gasolina Magna aumentará ocho centavos, al pasar de 7.88 pesos por litro a 7.96 pesos, en tanto la cotización de la gasolina calidad Premium registrará un ajuste de cuatro centavos, por lo que el litro será comercializado en 9.70 pesos.
El precio del diesel tendrá un incremento de ocho centavos, para pasar de los 8.24 pesos a los 8.32 pesos por litro.
Zonas fronterizas
En la zonas fronterizas, donde se aplica una tasa de 11% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) el precio del litro de la gasolina Magna será de 7.65 pesos; la Premium de 9.31 pesos y el Diesel de 8.05 pesos.
Los aumentos obedecen a la decisión del gobierno federal de ir homologando los precios de los combustibles que se distribuyen en nuestro país, con los precios que rigen en el mercado norteamericano, principal socio comercial de México.
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