Noticia:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó que a pesar de algunos avances en los últimos 15 años, aún existe una gran brecha entre hombres y mujeres con respecto a oportunidades de trabajo y calidad del empleo, reveló ayer en un informe.
El estudio sobre mujeres en el mercado de trabajo y cómo medir el progreso e identificar los desafíos, destacó que una década después de que la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing adoptó una plataforma de acción mundial sobre igualdad de género, “poco se ha avanzado”.
La discriminación de género permanece muy arraigada en la sociedad, y la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral está aún muy lejos de ser una realidad, dice el informe publicado en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemorará el próximo 8 de marzo.
De acuerdo con el informe, la tasa de actividad de la mano de obra femenina aumentó de 50.2 a 51.7% entre 1980 y 2008, mientras que la tasa de actividad de la mano de obra masculina bajó de 82.0 a 77.7%.
Como resultado, la brecha de género en la tasa de actividad de la mano de obra disminuyó de 32 a 26 puntos porcentuales.
Todas las regiones, salvo dos —Europa central y del sureste (no de la Unión Europea), y los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y Asia del Este— registraron aumentos en la tasa de actividad de la mano de obra femenina.
Además, reveló que los mayores incrementos se vieron en América Latina y el Caribe. Sin embargo, en casi todas las regiones la tasa de aumento ha disminuido en años recientes. Los mayores aumentos en el número de mujeres económicamente activas se produjeron en la década de 1980 y principios de 1990.
Al mismo tiempo, el porcentaje de mujeres en empleos remunerados creció de 42%, en 1999, a 47.3% en 2009, mientras que el porcentaje de empleo vulnerable disminuyó de 55.9 a 51.2%.
“Si bien hemos visto algunos progresos desde que se realizó la conferencia de Beijing, y si bien más mujeres eligen trabajar ahora que antes, las mujeres aún no gozan de los mismos beneficios que los hombres en el mercado del trabajo”, dijo Sara Elder, del Departamento de Tendencias del Empleo de la OIT y principal autora del informe.
La funcionaria aseguró que “todavía encontramos más mujeres que hombres en empleos precarios o con bajos salarios, ya sea porque éste es el único tipo de trabajo al cual tienen acceso, o porque precisan encontrar algo que les permita equilibrar las responsabilidades de la familia y el trabajo. Los hombres no enfrentan las mismas limitaciones”.
El informe muestra que existen tres áreas en las que persisten desequilibrios en materia de igualdad género en el mundo del trabajo.
Casi la mitad (48%) de la población femenina con más de 15 años permanece económicamente inactiva, comparado con 22.3% de los hombres. En algunas regiones, todavía hay menos de cuatro mujeres económicamente activas por cada 10 hombres activos. (Con información de agencias)
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domingo, 7 de marzo de 2010
lunes, 8 de febrero de 2010
La ola de leyes pro vida vulnera a las mujeres.
Noticia:
Hace cuatro meses la indígena maya Ysuri Zac Nicté Pol estaba embarazada. Hacía el aseo de su casa y cuidaba a sus dos hijos menores de cinco años. Ahora, esta mujer de 22, enfrenta un proceso penal por aborto y homicidio culposo.
Su declaración ministerial señala que el 17 de octubre pasado, mientras cargaba algunos muebles para modificar su ubicación, sintió un fuerte dolor. Luego observó una hemorragia que la obligó a trasladarse a los servicios de urgencias del hospital municipal en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
El sangrado fue producto de un aborto espontáneo, dice ella, pero aún así los médicos dieron aviso al Ministerio Público y, en cuanto fue dada de alta, las autoridades iniciaron una averiguación previa en su contra por homicidio.
Unos días después el Ministerio Público detuvo a Ysuri Zac Nicté Pol, le dictó auto de formal prisión y, ahora, esta indígena originaria del poblado de Los Sabidos está presa en el Centro de Readaptación Social de Chetumal.
El comienzo de la historia
En abril de 2009, el Congreso de Quintana Roo aprobó una ley local “para proteger la vida desde la concepción”. En total, 18 estados de la República han hecho modificaciones legales similares.
La ola de “leyes estatales pro vida” motivó que el congreso de Veracruz enviara a la Cámara de Diputados una iniciativa para que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también establezca la defensa de la vida desde la concepción.
La diputada Luz María Beristain Navarrete, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Quintana Roo, considera que el encarcelamiento de Ysuri Zac es consecuencia de esas reformas.
La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México asegura que desde el 23 de octubre del 2008 que comenzó a registrarse esta serie de reformas en los estados –tras la aprobación de la ley en el DF que permite el aborto en las primeras doce semanas de gestación-, las mujeres que abortan son criminalizadas y perseguidas por las autoridades de justicia “por ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo”.
Según datos de la misma Red por los Derechos Sexuales, en Veracruz hay al menos 8 mujeres en la cárcel por abortar; en Puebla, 30 y en Guanajuato, 20.
Las recientes reformas
La más reciente modificación a la Constitución se hizo el 17 de noviembre del año pasado en Veracruz. Su congreso, con 39 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, reformó el artículo cuarto constitucional en el que se establece “la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural”.
La exposición de motivos de la iniciativa de reforma refiere que “si bien el hombre posee derechos naturales como el derecho a la vida, la libertad y a la salud, entre otros, es necesario que los gobiernos consagren las garantías individuales dentro de sus ordenamientos jurídicos a fin de darles eficacia y dotarles de medios procesales adecuados para evitar o restaurar las violaciones que se cometen en su contra”.
El mencionado documento agrega: “Resulta contradictorio desde el plano jurídico que el Código Civil le otorgue derechos y obligaciones al no nacido y que el máximo ordenamiento como es la Constitución no garantice el derecho a la vida de las personas desde su concepción, cuando otras leyes otorgan derechos cuyo objeto es reconocer y proteger la vida de los seres humanos”.
Sustentan lo anterior, con que el derecho a la vida está plasmado en el artículo tercero de a Declaración Universal de los Derechos Humanos y el sexto del Pacto Internacional de Derechos Civiles. “Con ello se demuestra que diversos ordenamientos nacionales como extranjeros protegen la vida desde la concepción, por lo que la Constitución Política Mexicana y la Constitución de Veracruz presentan un rezago en la materia”.
Vulneran el Estado laico
Con ese mismo argumento y tras aprobarse la reforma en la mayor parte de las entidades del país, el congreso de Veracruz envió una iniciativa “para proteger la vida desde la concepción” a la Cámara de Diputados, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Elsa Conde, ex diputada federal e integrante del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, manifestó que de avanzar esta reforma a la Constitución se estaría vulnerando el carácter laico del Estado mexicano.
Dichas reformas se han aprobado en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán, en cuyos casos prevaleció el voto mayoritario del PAN y el PRI, aunque también del PRD en el caso de Chiapas.
“En esas entidades las mujeres son ahora tratadas de manera desigual, ya que en vez de brindar ayuda a las que buscan interrumpir sus embarazos en condiciones que garanticen su salud y su vida, el gobierno las castiga incluso con la cárcel, como si se tratara de delincuentes”, reiteró Elsa Conde.
Las discusiones en su esplendor
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juventino Castro, del PRD, consideró que “hay fuerzas poderosas y un grupo de las Iglesias que se están oponiendo a los avances”, pero aseguró que su partido votará en contra de esa iniciativa a nivel federal porque “los derechos de una persona comienzan, no cuando el óvulo se ha fecundado, sino cuando el producto del embarazo es viable, es decir, cuando se le separa de la madre y puede sobrevivir por sí mismo”.
El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que “los derechos del nonato no pueden estar por encima de los derechos de la mujer que lo concibe”.
La diputada del PAN, Laura Elena Estrada, secretaria de la comisión de Equidad, dijo que éste “es un tema de respeto”, donde “el hombre que embarazó a la mujer no está siendo sancionado y se requiere de una paternidad responsable”.
Por su parte, el diputado del PRI, Silvio Lagos, aseguró que su fracción parlamentaria ha establecido contacto con el Congreso de Veracruz para que retiren la iniciativa de reforma que envió en días pasados a la Cámara de Diputados.
Dafne Cuevas, quien es miembro de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, consideró, sin embargo, que es insuficiente el supuesto retiro de dicha iniciativa, pues una vez que ha llegado al Congreso de la Unión, éste tendrá que dictaminarla “y nosotras lo que le pedimos es que la voten en contra y que, desde sus partidos, se evite que más estados aprueben ese tipo de reformas”.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), tanto en Aguascalientes, como en Baja California Sur, el Estado de México, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas están pendientes por aprobarse reformas constitucionales que intentan “proteger la vida desde la concepción”.
Hace cuatro meses la indígena maya Ysuri Zac Nicté Pol estaba embarazada. Hacía el aseo de su casa y cuidaba a sus dos hijos menores de cinco años. Ahora, esta mujer de 22, enfrenta un proceso penal por aborto y homicidio culposo.
Su declaración ministerial señala que el 17 de octubre pasado, mientras cargaba algunos muebles para modificar su ubicación, sintió un fuerte dolor. Luego observó una hemorragia que la obligó a trasladarse a los servicios de urgencias del hospital municipal en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
El sangrado fue producto de un aborto espontáneo, dice ella, pero aún así los médicos dieron aviso al Ministerio Público y, en cuanto fue dada de alta, las autoridades iniciaron una averiguación previa en su contra por homicidio.
Unos días después el Ministerio Público detuvo a Ysuri Zac Nicté Pol, le dictó auto de formal prisión y, ahora, esta indígena originaria del poblado de Los Sabidos está presa en el Centro de Readaptación Social de Chetumal.
El comienzo de la historia
En abril de 2009, el Congreso de Quintana Roo aprobó una ley local “para proteger la vida desde la concepción”. En total, 18 estados de la República han hecho modificaciones legales similares.
La ola de “leyes estatales pro vida” motivó que el congreso de Veracruz enviara a la Cámara de Diputados una iniciativa para que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también establezca la defensa de la vida desde la concepción.
La diputada Luz María Beristain Navarrete, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Quintana Roo, considera que el encarcelamiento de Ysuri Zac es consecuencia de esas reformas.
La Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México asegura que desde el 23 de octubre del 2008 que comenzó a registrarse esta serie de reformas en los estados –tras la aprobación de la ley en el DF que permite el aborto en las primeras doce semanas de gestación-, las mujeres que abortan son criminalizadas y perseguidas por las autoridades de justicia “por ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo”.
Según datos de la misma Red por los Derechos Sexuales, en Veracruz hay al menos 8 mujeres en la cárcel por abortar; en Puebla, 30 y en Guanajuato, 20.
Las recientes reformas
La más reciente modificación a la Constitución se hizo el 17 de noviembre del año pasado en Veracruz. Su congreso, con 39 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, reformó el artículo cuarto constitucional en el que se establece “la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural”.
La exposición de motivos de la iniciativa de reforma refiere que “si bien el hombre posee derechos naturales como el derecho a la vida, la libertad y a la salud, entre otros, es necesario que los gobiernos consagren las garantías individuales dentro de sus ordenamientos jurídicos a fin de darles eficacia y dotarles de medios procesales adecuados para evitar o restaurar las violaciones que se cometen en su contra”.
El mencionado documento agrega: “Resulta contradictorio desde el plano jurídico que el Código Civil le otorgue derechos y obligaciones al no nacido y que el máximo ordenamiento como es la Constitución no garantice el derecho a la vida de las personas desde su concepción, cuando otras leyes otorgan derechos cuyo objeto es reconocer y proteger la vida de los seres humanos”.
Sustentan lo anterior, con que el derecho a la vida está plasmado en el artículo tercero de a Declaración Universal de los Derechos Humanos y el sexto del Pacto Internacional de Derechos Civiles. “Con ello se demuestra que diversos ordenamientos nacionales como extranjeros protegen la vida desde la concepción, por lo que la Constitución Política Mexicana y la Constitución de Veracruz presentan un rezago en la materia”.
Vulneran el Estado laico
Con ese mismo argumento y tras aprobarse la reforma en la mayor parte de las entidades del país, el congreso de Veracruz envió una iniciativa “para proteger la vida desde la concepción” a la Cámara de Diputados, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Elsa Conde, ex diputada federal e integrante del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, manifestó que de avanzar esta reforma a la Constitución se estaría vulnerando el carácter laico del Estado mexicano.
Dichas reformas se han aprobado en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán, en cuyos casos prevaleció el voto mayoritario del PAN y el PRI, aunque también del PRD en el caso de Chiapas.
“En esas entidades las mujeres son ahora tratadas de manera desigual, ya que en vez de brindar ayuda a las que buscan interrumpir sus embarazos en condiciones que garanticen su salud y su vida, el gobierno las castiga incluso con la cárcel, como si se tratara de delincuentes”, reiteró Elsa Conde.
Las discusiones en su esplendor
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juventino Castro, del PRD, consideró que “hay fuerzas poderosas y un grupo de las Iglesias que se están oponiendo a los avances”, pero aseguró que su partido votará en contra de esa iniciativa a nivel federal porque “los derechos de una persona comienzan, no cuando el óvulo se ha fecundado, sino cuando el producto del embarazo es viable, es decir, cuando se le separa de la madre y puede sobrevivir por sí mismo”.
El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que “los derechos del nonato no pueden estar por encima de los derechos de la mujer que lo concibe”.
La diputada del PAN, Laura Elena Estrada, secretaria de la comisión de Equidad, dijo que éste “es un tema de respeto”, donde “el hombre que embarazó a la mujer no está siendo sancionado y se requiere de una paternidad responsable”.
Por su parte, el diputado del PRI, Silvio Lagos, aseguró que su fracción parlamentaria ha establecido contacto con el Congreso de Veracruz para que retiren la iniciativa de reforma que envió en días pasados a la Cámara de Diputados.
Dafne Cuevas, quien es miembro de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, consideró, sin embargo, que es insuficiente el supuesto retiro de dicha iniciativa, pues una vez que ha llegado al Congreso de la Unión, éste tendrá que dictaminarla “y nosotras lo que le pedimos es que la voten en contra y que, desde sus partidos, se evite que más estados aprueben ese tipo de reformas”.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), tanto en Aguascalientes, como en Baja California Sur, el Estado de México, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas están pendientes por aprobarse reformas constitucionales que intentan “proteger la vida desde la concepción”.
miércoles, 1 de abril de 2009
Obstruye gobierno derechos de mujeres.
Noticia:
La política poblacional y de salud sexual y reproductiva del gobierno mexicano es conservadora, violatoria de los derechos humanos y contraria a los compromisos internacionales asumidos en la materia porque limita el acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos y restringe su derecho al aborto, denunciaron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) medio centenar de organizaciones no gubernamentales.
Agregaron que “el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres es obstruido por el Estado mexicano” porque hay una tendencia creciente en los congresos de al menos 10 estados de la República por anteponer el “interés supremo” del “embrión” o del “no nacido” al derecho al aborto.
En un informe que entregaron durante la 42 Sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, señalaron, además, que el presupuesto del sector salud destinado para los programas de planificación familiar se redujo entre 2003 y 2007, lo que ha ocasionado que aumente la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, que la tasa de embarazos entre menores de 19 años sea igual que hace 15 años y que aún mueran mujeres por abortos mal practicados.
Destacaron que “ante las reducciones presupuestales en el rubro de planificación familiar, la población demandante de métodos anticonceptivos se encuentra atrapada entre la falta de acceso a ellos y los cambios que, bajo la mirada del conservadurismo, están ocurriendo en las legislaciones en torno del aborto en las entidades”.
El informe fue elaborado por Alternativas Pacíficas, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Coalición por la Salud de las Mujeres, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Fundación Mexicana para la Planificación Familiar (Mexfam), Fundar, Red Democracia y Sexualidad y Salud Integral para la Mujer, entre otras.
En el documento, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, las ONG informaron que en 2003 se destinaron 37 millones de pesos para la planificación familiar, mientras que en 2007 ese presupuesto fue de 29 millones, lo que significa una reducción de 8 millones.
Argumentaron que por ese motivo aumentó la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos en varios estados, pues en 1997, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 26.7% de las mujeres de entre 15 y 19 años no tenía acceso a ellos y en 2006 esa cifra aumentó a 48.2%.
Además de la poca disposición de los métodos de anticoncepción de emergencia, las organizaciones civiles denunciaron que entre los médicos del sector salud hay desconocimiento de los mismos y desinterés por ofrecer los servicios.
Un estudio hecho por organizaciones civiles en los estados de Morelos, Guerrero y Oaxaca con usuarias simuladas de los servicios de salud reveló que 90% de los proveedores de servicios no brindó información sobre las distintas opciones de métodos anticonceptivos.
Indicaron que en la actualidad, del total de mujeres jóvenes embarazadas, 40.9% lo experimentó antes de los 19 años “tal como ocurría hace 15 años”.
Destacaron que de acuerdo con cifras oficiales, entre 1990 y 2004 hubo mil 444 muertes de mujeres por abortos mal practicados y 13% de ellas eran adolescentes.
Avanza el conservadurismo
El reporte de 83 páginas dice que “el conservadurismo está golpeando fuertemente los derechos sexuales y reproductivos que se habían conquistado para las mujeres en México”.
Señalaron que en 29 estados no se penaliza la interrupción del embarazo y en el Distrito Federal y en Baja California Sur se les exime de la pena, “lo que quiere decir que las mujeres que abortan han dejado de ser delincuentes”.
Sin embargo, algunos congresos locales, por iniciativa de diputados del PAN y del PRI, han introducido modificaciones que anteponen “el interés supremo del no nacido” al derecho al aborto. En Baja California el aborto no se permite ni siquiera en caso de violación.
Informaron que hasta la fecha cinco entidades han hecho modificaciones constitucionales para proteger al embrión: Sonora, Baja California, Morelos, Colima y Puebla. Mientras que en otros cinco estados existen iniciativas en ese mismo sentido: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y Veracruz.
En todos ellos, señalaron, se sigue el mismo patrón, pues las reformas legislativas se aprobaron sin consultar a varios sectores de la sociedad.
Indicaron que salvo en el DF, en el resto de las entidades las leyes sobre aborto son restrictivas, pues tratándose de la interrupción legal del embarazo por violación, se condiciona la autorización de ministerios públicos, quienes no cuentan en la mayoría de los casos con procedimientos o estos suelen ser dilatorios, “de tal suerte que ocurre que la mujer consigue la autorización cuando el embarazo tiene más de 3 meses y aumenta el riesgo para la interrupción”.
Al respecto, Pilar Muriedas, directora de Salud Integral para la Mujer, señaló que el gobierno federal ha permitido que la Iglesia intervenga en la formulación de las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva “y si nos descuidamos existe el riesgo de retroceder”.
La presidenta de la Comisión de Equidad de la Cámara de Diputados, Maricela Contreras, coincidió en que en el gobierno federal prevalece una política conservadora y señaló que está investigando el motivo por el cual se redujo la disposición de anticonceptivos en varios estados, a pesar de que la Secretaría de Salud dispone de los recursos para su compra.
Comentario:
En general, el mundo entero es muy conservador aún.
La política poblacional y de salud sexual y reproductiva del gobierno mexicano es conservadora, violatoria de los derechos humanos y contraria a los compromisos internacionales asumidos en la materia porque limita el acceso de las mujeres a los métodos anticonceptivos y restringe su derecho al aborto, denunciaron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) medio centenar de organizaciones no gubernamentales.
Agregaron que “el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres es obstruido por el Estado mexicano” porque hay una tendencia creciente en los congresos de al menos 10 estados de la República por anteponer el “interés supremo” del “embrión” o del “no nacido” al derecho al aborto.
En un informe que entregaron durante la 42 Sesión de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, señalaron, además, que el presupuesto del sector salud destinado para los programas de planificación familiar se redujo entre 2003 y 2007, lo que ha ocasionado que aumente la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, que la tasa de embarazos entre menores de 19 años sea igual que hace 15 años y que aún mueran mujeres por abortos mal practicados.
Destacaron que “ante las reducciones presupuestales en el rubro de planificación familiar, la población demandante de métodos anticonceptivos se encuentra atrapada entre la falta de acceso a ellos y los cambios que, bajo la mirada del conservadurismo, están ocurriendo en las legislaciones en torno del aborto en las entidades”.
El informe fue elaborado por Alternativas Pacíficas, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Coalición por la Salud de las Mujeres, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Fundación Mexicana para la Planificación Familiar (Mexfam), Fundar, Red Democracia y Sexualidad y Salud Integral para la Mujer, entre otras.
En el documento, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, las ONG informaron que en 2003 se destinaron 37 millones de pesos para la planificación familiar, mientras que en 2007 ese presupuesto fue de 29 millones, lo que significa una reducción de 8 millones.
Argumentaron que por ese motivo aumentó la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos en varios estados, pues en 1997, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 26.7% de las mujeres de entre 15 y 19 años no tenía acceso a ellos y en 2006 esa cifra aumentó a 48.2%.
Además de la poca disposición de los métodos de anticoncepción de emergencia, las organizaciones civiles denunciaron que entre los médicos del sector salud hay desconocimiento de los mismos y desinterés por ofrecer los servicios.
Un estudio hecho por organizaciones civiles en los estados de Morelos, Guerrero y Oaxaca con usuarias simuladas de los servicios de salud reveló que 90% de los proveedores de servicios no brindó información sobre las distintas opciones de métodos anticonceptivos.
Indicaron que en la actualidad, del total de mujeres jóvenes embarazadas, 40.9% lo experimentó antes de los 19 años “tal como ocurría hace 15 años”.
Destacaron que de acuerdo con cifras oficiales, entre 1990 y 2004 hubo mil 444 muertes de mujeres por abortos mal practicados y 13% de ellas eran adolescentes.
Avanza el conservadurismo
El reporte de 83 páginas dice que “el conservadurismo está golpeando fuertemente los derechos sexuales y reproductivos que se habían conquistado para las mujeres en México”.
Señalaron que en 29 estados no se penaliza la interrupción del embarazo y en el Distrito Federal y en Baja California Sur se les exime de la pena, “lo que quiere decir que las mujeres que abortan han dejado de ser delincuentes”.
Sin embargo, algunos congresos locales, por iniciativa de diputados del PAN y del PRI, han introducido modificaciones que anteponen “el interés supremo del no nacido” al derecho al aborto. En Baja California el aborto no se permite ni siquiera en caso de violación.
Informaron que hasta la fecha cinco entidades han hecho modificaciones constitucionales para proteger al embrión: Sonora, Baja California, Morelos, Colima y Puebla. Mientras que en otros cinco estados existen iniciativas en ese mismo sentido: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca y Veracruz.
En todos ellos, señalaron, se sigue el mismo patrón, pues las reformas legislativas se aprobaron sin consultar a varios sectores de la sociedad.
Indicaron que salvo en el DF, en el resto de las entidades las leyes sobre aborto son restrictivas, pues tratándose de la interrupción legal del embarazo por violación, se condiciona la autorización de ministerios públicos, quienes no cuentan en la mayoría de los casos con procedimientos o estos suelen ser dilatorios, “de tal suerte que ocurre que la mujer consigue la autorización cuando el embarazo tiene más de 3 meses y aumenta el riesgo para la interrupción”.
Al respecto, Pilar Muriedas, directora de Salud Integral para la Mujer, señaló que el gobierno federal ha permitido que la Iglesia intervenga en la formulación de las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva “y si nos descuidamos existe el riesgo de retroceder”.
La presidenta de la Comisión de Equidad de la Cámara de Diputados, Maricela Contreras, coincidió en que en el gobierno federal prevalece una política conservadora y señaló que está investigando el motivo por el cual se redujo la disposición de anticonceptivos en varios estados, a pesar de que la Secretaría de Salud dispone de los recursos para su compra.
Comentario:
En general, el mundo entero es muy conservador aún.
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