Noticia:
El Gobierno de Hugo Chávez ha decidido intervenir hoy de forma "temporal" dos plantas procesadoras de café pertenecientes a grupos privados, para "garantizar" el abastecimiento de este producto. Las compañías afectadas son Café Madrid y Fama de América, las cuales podrían ser nacionalizadas en caso de que sigan incurriendo en "prácticas monopólicas", según el Gobierno.
Funcionarios de los ministerios de Comercio y de Agricultura y Tierras han dicho que estas fábricas buscan "una posición de dominio de mercado con con el propósito de generar desabastecimiento" y así provocar el incremento de los precios de este producto de primera necesidad. La producción de la empresa Fama de América, comercializadora de la marca homónima, así como de "Madrid" y "El Peñón", representan cerca del 80% del consumo del país.
La medida se produce días después de que la directiva de las empresas anunciara el cierre inminente por falta de materia prima.
El ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, aclaró que no permitirán que "se siga chantajeando al pueblo, porque detrás de todo esto siempre hay el chantaje de que si hay desabastecimiento es porque no hay precio justo". "No se justifica que tengan ausencia de materia prima", dijo Jaua al informar de que en su despacho recibieron denuncias de que ambas empresas compraron cuatro veces el inventario necesario para la producción de café de este año.
Durante los próximos meses, las autoridades venezolanas asumirán el control de las operaciones de estas plantas y como materia prima utilizarán unos 1.600 kilos de café provenientes de una reservas que tiene el Estado en varias regiones del país.
En los últimos meses, ya sea por decreto o mediante expropiaciones, el presidente venezolano también ha ordenado la nacionalización del sector eléctrico, de las telecomunicaciones, de la metalurgia, de la industria del cemento, de plantas procesadoras de alimentos y de tierras para la siembra y la ganadería, en un viraje hacia lo que ha llamado la economía socialista.
lunes, 3 de agosto de 2009
Corrupción, miseria y petróleo.
Reportaje:
El País de España.
Este 3 de agosto, el presidente de Guinea, Teodoro Obiang Nguema, cumple 30 largos años en el poder, con un balance netamente negativo desde cualquier ángulo desde donde se mire. Y eso a pesar del espectacular crecimiento macroeconómico del país desde hace 15 años, debido a la producción de petróleo y gas. De hecho, los recursos procedentes de la explotación de hidrocarburos han puesto en manos de la familia en el poder ingentes cantidades de dinero que, lejos de beneficiar a la población, han servido para consolidar su régimen dictatorial.
Conviene subrayar que la valoración de los 30 años del poder de Obiang no puede hacerse, como pretenden algunos, comparándolos con los 11 años de su tío Francisco Macías Nguema, primer presidente del país centroafricano tras su independencia de España en 1968. La sangrienta dictadura de Macías fue de un horror, de una crueldad y destrucción indescriptibles, arruinó económicamente al país, administrado como una gran finca, y no construyó la menor institución del Estado digna de ese nombre. De las evidentes diferencias entre la primera dictadura poscolonial y la segunda no puede deducirse que el régimen del sobrino se aleje totalmente de los planteamientos y la práctica política del maciísmo, que muchos de los prohombres del actual régimen añoran. Afortunadamente, el contexto político internacional desde el 3 de agosto de 1979 ha evolucionado en un sentido que ha impedido hasta el momento la recaída en el abismo.
Durante el régimen de Obiang se han ido creando, aunque sólo sea nominalmente, las instituciones políticas de un Estado. El sistema económico, desfalleciente durante los primeros 15 años, en los que dependía básicamente de la cooperación internacional, se ha visto favorecido en los últimos 15 por la explotación de los hidrocarburos -más de 400.000 barriles diarios de petróleo en la actualidad, que constituyen más del 90% del PIB nacional-, que han situado al país como tercer productor del Golfo de Guinea. Para la economía guineana ha sido fundamental la cooperación internacional bilateral -especialmente la española-, así como la multilateral, especialmente desde el ingreso del país en las instituciones regionales África Central UDEAC (hoy CEMAC) y el Banco de Estados de África Central (BEAC). Pero desde el inicio, al tiempo que se creaban instituciones, se las vaciaba de funcionalidad y contenido, para ponerlas al servicio del poder personal y omnímodo del actual presidente y su camarilla. El poder real en Guinea Ecuatorial sigue siendo un poder militar, apenas vestido de civil.
El reconocimiento del multipartidismo en 1992 y la legalización de 13 partidos políticos, además del gubernamental PDGE, supuso un importante cambio, aunque lleno de contradicciones. A esa situación se llegó más por los cambios históricos internacionales y las presiones externas que por las presiones procedentes del descontento popular, que, aunque enorme, era severamente reprimido. Esas reformas políticas suscitaron grandes expectativas de cambio democrático y pacífico, que probablemente alejaron durante muchos años las opciones de cambio violento desde dentro y fuera del régimen, y hasta probablemente la posibilidad de guerra civil. Las instituciones formales del Estado, como el Gobierno, el Parlamento o el Poder Judicial, se hicieron más visibles, así como los partidos políticos de la oposición.
Con el tiempo estos cambios se demostraron más nominales que reales. Y es que tales reformas políticas pusieron de manifiesto la fragilidad del régimen de Obiang, especialmente después de las elecciones municipales de 1995, en las que cuatro partidos de la oposición, liderados por Convergencia para la Democracia Social (CPDS) en una Plataforma de Oposición Conjunta, ganaron 19 de los 27 municipios en liza. Tras el pucherazo de las autoridades, que sólo reconoció a la oposición la victoria en nueve ayuntamientos -el de Malabo entre ellos-, el régimen decidió endurecerse y acabar con unos opositores políticos que fueron calificados -y siguen siéndolo- de "enemigos de la patria". El desarrollo posterior ha consistido en la reimplantación de un sistema de partido único de hecho.
Esto ocurría a la vez que se iniciaba en las aguas de Bioko la explotación de los yacimientos de petróleo por grandes multinacionales americanas como Exxon-Móbil. Desde entonces, estas empresas prestan al régimen todo tipo de apoyo económico y político, mediando prácticas de corrupción a gran escala, organizando lobbies para blanquear la imagen de Obiang y presentando al país como un oasis de democracia y desarrollo, mientras se producen nuevas vueltas de tuerca contra las libertades políticas y los derechos humanos.
De hecho, el Parlamento, que en 1993 llegó a contar con 11 diputados de la oposición de un total de 80, hoy sólo tiene uno de un total de 100. Y de los nueve municipios en manos de la oposición en 1995 se ha pasado al secuestro por el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) de la totalidad de los ayuntamientos actualmente existentes, que han pasado de 27 a 30. De los 324 concejales municipales, sólo 13 son de la oposición (CPDS), de los cuales las autoridades retienen las actas de 7 de ellos.
A excepción de CPDS, el resto de los partidos legalizados entre 1992 y 1993 han sido primero dinamitados y luego fagocitados por el PDGE, para formar lo que llaman "la gran coalición". En este tiempo, el Gobierno, hundido en la incompetencia y la corrupción, ha pasado de 30 miembros a más de 60, en un país de poco más de 600.000 habitantes. Los llamados jueces del Poder Judicial son en su mayor parte elementos de la seguridad presidencial. Y en todo este tiempo no se ha legalizado ningún sindicato, colegio profesional o asociación de derechos humanos.
En Guinea Ecuatorial se sigue practicando la tortura. Aunque el nivel de violencia ejercida contra los militantes y dirigentes de la oposición quizás haya disminuido, sustituida en muchos casos por su cooptación a cambio de un fajo de billetes, un puesto de trabajo y un carnet del partido en el poder, que les permita superar la imposibilidad de trabajar en el sector formal de la economía, público o privado.
Por lo que respecta a determinadas infraestructuras en construcción, cada una de ellas acaba costando al erario público cinco veces más de su valor real. Y peor aún: muchas se hacen a costa del sufrimiento de miles de familias cuyas tierras son expropiadas y sus viviendas destruidas por el Estado y los prohombres del régimen, sin indemnización alguna.
El boom petrolero es puro espejismo. Las elevadas cifras del PIB de un Estado no sirven como indicadores de su desarrollo cuando se sabe que el 95% del mismo procede de la explotación de los hidrocarburos y que menos de un 5% de la población acapara más del 90% de la riqueza nacional. No se puede hablar de progreso cuando los Indicadores de Desarrollo Humano han empeorado durante los 15 años de explotación del petróleo. Más del 80% de la población vive sin electricidad y sin acceso al agua potable, en todo el país no hay ni una sola biblioteca, ni pública ni privada, y más del 50% de los ingresos del Estado se pierden en los laberintos de la corrupción, al tiempo que el presidente tilda a los ciudadanos de "holgazanes" con los que no piensa repartir su dinero del petróleo.
La fractura entre pudientes-poderosos y pobres-oprimidos, las injusticias colectivas, la discriminación por razones étnicas y políticas, el fomento de los prejuicios y el odio entre las diferentes regiones del territorio nacional, la perversión de las costumbres y la moral social, así como la formación de una élite civil y militar mediocre, corrupta y perversa, son otros de los legados de los 30 años del actual régimen.
A excepción de la Administración Bush y las petroleras norteamericanas, los amigos de este régimen son los de siempre: China, Cuba, Marruecos, Corea del Norte, el Zimbabue de Mugabe... Sólo se entiende bien con aquellos que desprecian la democracia, explotan a sus poblaciones y violan los derechos humanos. Así que, después de 30 años de desencuentros, la actual política del Gobierno español hacia el régimen de Obiang sólo es viable si España quiere estar en Guinea Ecuatorial como un "simple empresario" o, en el peor de los casos, como un país despreocupado por la situación de miseria, explotación y opresión en la que viven la mayoría de los guineanos.
Plácido Micó es secretario general de Convergencia para la Democracia Social y único diputado de la oposición en el Parlamento guineano.
El País de España.
Este 3 de agosto, el presidente de Guinea, Teodoro Obiang Nguema, cumple 30 largos años en el poder, con un balance netamente negativo desde cualquier ángulo desde donde se mire. Y eso a pesar del espectacular crecimiento macroeconómico del país desde hace 15 años, debido a la producción de petróleo y gas. De hecho, los recursos procedentes de la explotación de hidrocarburos han puesto en manos de la familia en el poder ingentes cantidades de dinero que, lejos de beneficiar a la población, han servido para consolidar su régimen dictatorial.
Conviene subrayar que la valoración de los 30 años del poder de Obiang no puede hacerse, como pretenden algunos, comparándolos con los 11 años de su tío Francisco Macías Nguema, primer presidente del país centroafricano tras su independencia de España en 1968. La sangrienta dictadura de Macías fue de un horror, de una crueldad y destrucción indescriptibles, arruinó económicamente al país, administrado como una gran finca, y no construyó la menor institución del Estado digna de ese nombre. De las evidentes diferencias entre la primera dictadura poscolonial y la segunda no puede deducirse que el régimen del sobrino se aleje totalmente de los planteamientos y la práctica política del maciísmo, que muchos de los prohombres del actual régimen añoran. Afortunadamente, el contexto político internacional desde el 3 de agosto de 1979 ha evolucionado en un sentido que ha impedido hasta el momento la recaída en el abismo.
Durante el régimen de Obiang se han ido creando, aunque sólo sea nominalmente, las instituciones políticas de un Estado. El sistema económico, desfalleciente durante los primeros 15 años, en los que dependía básicamente de la cooperación internacional, se ha visto favorecido en los últimos 15 por la explotación de los hidrocarburos -más de 400.000 barriles diarios de petróleo en la actualidad, que constituyen más del 90% del PIB nacional-, que han situado al país como tercer productor del Golfo de Guinea. Para la economía guineana ha sido fundamental la cooperación internacional bilateral -especialmente la española-, así como la multilateral, especialmente desde el ingreso del país en las instituciones regionales África Central UDEAC (hoy CEMAC) y el Banco de Estados de África Central (BEAC). Pero desde el inicio, al tiempo que se creaban instituciones, se las vaciaba de funcionalidad y contenido, para ponerlas al servicio del poder personal y omnímodo del actual presidente y su camarilla. El poder real en Guinea Ecuatorial sigue siendo un poder militar, apenas vestido de civil.
El reconocimiento del multipartidismo en 1992 y la legalización de 13 partidos políticos, además del gubernamental PDGE, supuso un importante cambio, aunque lleno de contradicciones. A esa situación se llegó más por los cambios históricos internacionales y las presiones externas que por las presiones procedentes del descontento popular, que, aunque enorme, era severamente reprimido. Esas reformas políticas suscitaron grandes expectativas de cambio democrático y pacífico, que probablemente alejaron durante muchos años las opciones de cambio violento desde dentro y fuera del régimen, y hasta probablemente la posibilidad de guerra civil. Las instituciones formales del Estado, como el Gobierno, el Parlamento o el Poder Judicial, se hicieron más visibles, así como los partidos políticos de la oposición.
Con el tiempo estos cambios se demostraron más nominales que reales. Y es que tales reformas políticas pusieron de manifiesto la fragilidad del régimen de Obiang, especialmente después de las elecciones municipales de 1995, en las que cuatro partidos de la oposición, liderados por Convergencia para la Democracia Social (CPDS) en una Plataforma de Oposición Conjunta, ganaron 19 de los 27 municipios en liza. Tras el pucherazo de las autoridades, que sólo reconoció a la oposición la victoria en nueve ayuntamientos -el de Malabo entre ellos-, el régimen decidió endurecerse y acabar con unos opositores políticos que fueron calificados -y siguen siéndolo- de "enemigos de la patria". El desarrollo posterior ha consistido en la reimplantación de un sistema de partido único de hecho.
Esto ocurría a la vez que se iniciaba en las aguas de Bioko la explotación de los yacimientos de petróleo por grandes multinacionales americanas como Exxon-Móbil. Desde entonces, estas empresas prestan al régimen todo tipo de apoyo económico y político, mediando prácticas de corrupción a gran escala, organizando lobbies para blanquear la imagen de Obiang y presentando al país como un oasis de democracia y desarrollo, mientras se producen nuevas vueltas de tuerca contra las libertades políticas y los derechos humanos.
De hecho, el Parlamento, que en 1993 llegó a contar con 11 diputados de la oposición de un total de 80, hoy sólo tiene uno de un total de 100. Y de los nueve municipios en manos de la oposición en 1995 se ha pasado al secuestro por el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) de la totalidad de los ayuntamientos actualmente existentes, que han pasado de 27 a 30. De los 324 concejales municipales, sólo 13 son de la oposición (CPDS), de los cuales las autoridades retienen las actas de 7 de ellos.
A excepción de CPDS, el resto de los partidos legalizados entre 1992 y 1993 han sido primero dinamitados y luego fagocitados por el PDGE, para formar lo que llaman "la gran coalición". En este tiempo, el Gobierno, hundido en la incompetencia y la corrupción, ha pasado de 30 miembros a más de 60, en un país de poco más de 600.000 habitantes. Los llamados jueces del Poder Judicial son en su mayor parte elementos de la seguridad presidencial. Y en todo este tiempo no se ha legalizado ningún sindicato, colegio profesional o asociación de derechos humanos.
En Guinea Ecuatorial se sigue practicando la tortura. Aunque el nivel de violencia ejercida contra los militantes y dirigentes de la oposición quizás haya disminuido, sustituida en muchos casos por su cooptación a cambio de un fajo de billetes, un puesto de trabajo y un carnet del partido en el poder, que les permita superar la imposibilidad de trabajar en el sector formal de la economía, público o privado.
Por lo que respecta a determinadas infraestructuras en construcción, cada una de ellas acaba costando al erario público cinco veces más de su valor real. Y peor aún: muchas se hacen a costa del sufrimiento de miles de familias cuyas tierras son expropiadas y sus viviendas destruidas por el Estado y los prohombres del régimen, sin indemnización alguna.
El boom petrolero es puro espejismo. Las elevadas cifras del PIB de un Estado no sirven como indicadores de su desarrollo cuando se sabe que el 95% del mismo procede de la explotación de los hidrocarburos y que menos de un 5% de la población acapara más del 90% de la riqueza nacional. No se puede hablar de progreso cuando los Indicadores de Desarrollo Humano han empeorado durante los 15 años de explotación del petróleo. Más del 80% de la población vive sin electricidad y sin acceso al agua potable, en todo el país no hay ni una sola biblioteca, ni pública ni privada, y más del 50% de los ingresos del Estado se pierden en los laberintos de la corrupción, al tiempo que el presidente tilda a los ciudadanos de "holgazanes" con los que no piensa repartir su dinero del petróleo.
La fractura entre pudientes-poderosos y pobres-oprimidos, las injusticias colectivas, la discriminación por razones étnicas y políticas, el fomento de los prejuicios y el odio entre las diferentes regiones del territorio nacional, la perversión de las costumbres y la moral social, así como la formación de una élite civil y militar mediocre, corrupta y perversa, son otros de los legados de los 30 años del actual régimen.
A excepción de la Administración Bush y las petroleras norteamericanas, los amigos de este régimen son los de siempre: China, Cuba, Marruecos, Corea del Norte, el Zimbabue de Mugabe... Sólo se entiende bien con aquellos que desprecian la democracia, explotan a sus poblaciones y violan los derechos humanos. Así que, después de 30 años de desencuentros, la actual política del Gobierno español hacia el régimen de Obiang sólo es viable si España quiere estar en Guinea Ecuatorial como un "simple empresario" o, en el peor de los casos, como un país despreocupado por la situación de miseria, explotación y opresión en la que viven la mayoría de los guineanos.
Plácido Micó es secretario general de Convergencia para la Democracia Social y único diputado de la oposición en el Parlamento guineano.
El director ejecutivo de Google deja el consejo de administración de Apple.
Noticia:
El director general de Google, Eric Schmidt, ha abandonado el consejo de administración del fabricante de informática y electrónica Apple, debido al riesgo de incurrir en un "conflicto de intereses", según ha anunciado hoy Steve Jobs, director ejecutivo de Apple. "Ahora que Google se adentra más y más el negocio principal de Apple, con los (sistemas operativos) Chrome OS y Android OS, la eficacia de Eric como director de Apple se verá afectada, ya que tendrá que excusarse cada vez más de nuestras reuniones para evitar posibles conflictos de intereses. Por lo tanto, hemos decidido de común acuerdo que era el momento adecuado para que Eric dimitiera de la junta directiva de Apple ", ha argumentado Jobs en un comunicado.
Google, que en sus inicios sólo estaba presente en Internet, no cesa de ampliar su presencia en el sector de la alta tecnología, con el lanzamiento de sus propios sistemas operativos para telefonía (Android) y netbooks (Chrome OS), y entra así en un sector en el que competirá con el fabricante de la manzana.
De hecho, la salida de Schmidt de Apple sucede un par de semanas después de que Google Voice, que ofrece servicios de telefonía suplementarios, fuera excluida del catálogo de aplicaciones del iPhone de Apple. Las autoridades que regulan las comunicaciones en EE UU exigieron explicaciones sobre lo sucedido.
Schmidt forma parte del consejo de administración desde agosto de 2006 y todavía el viernes pasado sostenía en una entrevista con el diario Mercury News, con sede en San José, en Silicon Valley, que había "importantes beneficios para Google y Apple por lo que (él) se sentaba en las dos juntas directiva", debido al gran número de asociaciones entre las dos compañías.
El director general de Google, Eric Schmidt, ha abandonado el consejo de administración del fabricante de informática y electrónica Apple, debido al riesgo de incurrir en un "conflicto de intereses", según ha anunciado hoy Steve Jobs, director ejecutivo de Apple. "Ahora que Google se adentra más y más el negocio principal de Apple, con los (sistemas operativos) Chrome OS y Android OS, la eficacia de Eric como director de Apple se verá afectada, ya que tendrá que excusarse cada vez más de nuestras reuniones para evitar posibles conflictos de intereses. Por lo tanto, hemos decidido de común acuerdo que era el momento adecuado para que Eric dimitiera de la junta directiva de Apple ", ha argumentado Jobs en un comunicado.
Google, que en sus inicios sólo estaba presente en Internet, no cesa de ampliar su presencia en el sector de la alta tecnología, con el lanzamiento de sus propios sistemas operativos para telefonía (Android) y netbooks (Chrome OS), y entra así en un sector en el que competirá con el fabricante de la manzana.
De hecho, la salida de Schmidt de Apple sucede un par de semanas después de que Google Voice, que ofrece servicios de telefonía suplementarios, fuera excluida del catálogo de aplicaciones del iPhone de Apple. Las autoridades que regulan las comunicaciones en EE UU exigieron explicaciones sobre lo sucedido.
Schmidt forma parte del consejo de administración desde agosto de 2006 y todavía el viernes pasado sostenía en una entrevista con el diario Mercury News, con sede en San José, en Silicon Valley, que había "importantes beneficios para Google y Apple por lo que (él) se sentaba en las dos juntas directiva", debido al gran número de asociaciones entre las dos compañías.
Rasmussen aboga por un cambio de estrategia de la OTAN en Afganistán.
Noticia:
Anders Fogh Rasmussen, de 56 años y ex primer ministro danés, ha asegurado que la operación de Afganistán es su principal reto al frente de la secretaría general de la OTAN, tras tomar el sábado el relevo del holandés Jaap de Hoop Scheffer.
El nuevo secretario general ha instado a mejorar la seguridad del país centroasiático "provincia por provincia" y a desarrollar programas que permitan a las autoridades occidentales ganarse a la población afgana. "Necesitamos una presencia y esfuerzo en Afganistán. Pero lograr la paz y ganar los corazones significa que hay que darle al pueblo afgano mejores posibilidades", ha explicado Rasmussen.
Afganistán es la primera operación militar de la Alianza fuera de su escenario natural europeo. El liderazgo de la OTAN se lleva a cabo por la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF, en sus siglas en inglés, formada por 42 países) desde 2003. Sin embargo, el país celebra elecciones el próximo 20 de agosto y se encuentra sumido en una espiral de violencia.
"Necesitamos poner la estabilidad y la paz, pero el componente militar también tiene que ser más fuerte", ha reconocido el secretario de la OTAN en referencia al avance talibán a pocos días de los comicios generales y cuando el último mes de julio ha sido el peor de bajas militares extranjeras.
Rasmussen, aún así, ha abogado por concepto estratégico diferente y ha propuesto que la Alianza haga algo similar a lo que ha hecho EE UU en Irak con una transmisión de poderes a las autoridades locales y una cooperación civil. "Tenemos que defender los principios de los derechos humanos y apoyar más programas civiles. La OTAN necesita cooperar y ampliar su capacidad de ayuda con la Unión Europa y las ONG en este caso", ha dicho.
Anders Fogh Rasmussen, de 56 años y ex primer ministro danés, ha asegurado que la operación de Afganistán es su principal reto al frente de la secretaría general de la OTAN, tras tomar el sábado el relevo del holandés Jaap de Hoop Scheffer.
El nuevo secretario general ha instado a mejorar la seguridad del país centroasiático "provincia por provincia" y a desarrollar programas que permitan a las autoridades occidentales ganarse a la población afgana. "Necesitamos una presencia y esfuerzo en Afganistán. Pero lograr la paz y ganar los corazones significa que hay que darle al pueblo afgano mejores posibilidades", ha explicado Rasmussen.
Afganistán es la primera operación militar de la Alianza fuera de su escenario natural europeo. El liderazgo de la OTAN se lleva a cabo por la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF, en sus siglas en inglés, formada por 42 países) desde 2003. Sin embargo, el país celebra elecciones el próximo 20 de agosto y se encuentra sumido en una espiral de violencia.
"Necesitamos poner la estabilidad y la paz, pero el componente militar también tiene que ser más fuerte", ha reconocido el secretario de la OTAN en referencia al avance talibán a pocos días de los comicios generales y cuando el último mes de julio ha sido el peor de bajas militares extranjeras.
Rasmussen, aún así, ha abogado por concepto estratégico diferente y ha propuesto que la Alianza haga algo similar a lo que ha hecho EE UU en Irak con una transmisión de poderes a las autoridades locales y una cooperación civil. "Tenemos que defender los principios de los derechos humanos y apoyar más programas civiles. La OTAN necesita cooperar y ampliar su capacidad de ayuda con la Unión Europa y las ONG en este caso", ha dicho.
El líder supremo iraní aprueba oficialmente el segundo mandato presidencial de Ahmadineyad.
Noticia:
El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha otorgado hoy su aprobación oficial al segundo mandato del presidente Mahmud Ahmadineyad en el curso de una ceremonia cerrada a la prensa internacional, según informa la televisión del Estado. Como estaba previsto, el ultraconservador Ahmadineyad ha recibido esta confirmación de manos del líder supremo mientras el próximo miércoles jurará el cargo como mandatario de la República Islámica de Irán. Luego tendrá dos semanas para configurar su nuevo gabinete.
Según la televisión oficial iraní, el acto se celebró en la mezquita chií Imam Jomeini con la presencia de los jefes de los tres poderes, miembros del Consejo de Guardianes, miembros del Parlamento islámico y otras autoridades civiles y militares. "Los iraníes han votado a favor de la lucha contra la arrogancia y la confrontación", ha declarado el ayatolá.
La aprobación de Jamenei llega cuando la fractura del régimen iraní se agrava. Las principales figuras de la oposición no han asistido a esta ceremonia en señal de protesta contra Ahmadineyad. Los ex presidentes Mohamed Jatamí y Alí Akbar Hashemí Rafsanyaní y los líderes reformistas Mir Hosein Musaví, candidato que se considera ganador de las presidenciales del pasado 12 de junio, y Mehdi Karrubí han mantenido su pulso con el régimen.
La victoria de Ahmadineyad en los comicios ha sido duramente impugnada por la oposición por supuesto fraude electoral. Musaví y Karrubí han asegurado que el próximo Gobierno será "ilegitimo". Mientras tanto, Jatamí calificó ayer de "inconstitucional" el juicio a 100 reformistas. "Es contrario a la Constitución, a la ley y a los derechos de los ciudadanos", dijo. Este macrojuicio contra opositores reformistas que encabezaron las protestas en Teherán tras los comicios no tiene precedentes en los 30 años de historia de la República Islámica.
Las imágenes de las manifestaciones, con gente en la calle enfrentándose a los policías y basiyís (la milicia del régimen), han dado la vuelta al mundo. El último testimonio llegó la semana pasada cuando centenares de personas se manifestaron en homenaje a las víctimas de la represión.
Las autoridades han reconocido la muerte de 30 personas y aseguran que sólo quedan 250 detenidos, de los que han prometido liberar a 150 esta semana. Sin embargo, la oposición ha logrado documentar 1.700 detenidos.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha otorgado hoy su aprobación oficial al segundo mandato del presidente Mahmud Ahmadineyad en el curso de una ceremonia cerrada a la prensa internacional, según informa la televisión del Estado. Como estaba previsto, el ultraconservador Ahmadineyad ha recibido esta confirmación de manos del líder supremo mientras el próximo miércoles jurará el cargo como mandatario de la República Islámica de Irán. Luego tendrá dos semanas para configurar su nuevo gabinete.
Según la televisión oficial iraní, el acto se celebró en la mezquita chií Imam Jomeini con la presencia de los jefes de los tres poderes, miembros del Consejo de Guardianes, miembros del Parlamento islámico y otras autoridades civiles y militares. "Los iraníes han votado a favor de la lucha contra la arrogancia y la confrontación", ha declarado el ayatolá.
La aprobación de Jamenei llega cuando la fractura del régimen iraní se agrava. Las principales figuras de la oposición no han asistido a esta ceremonia en señal de protesta contra Ahmadineyad. Los ex presidentes Mohamed Jatamí y Alí Akbar Hashemí Rafsanyaní y los líderes reformistas Mir Hosein Musaví, candidato que se considera ganador de las presidenciales del pasado 12 de junio, y Mehdi Karrubí han mantenido su pulso con el régimen.
La victoria de Ahmadineyad en los comicios ha sido duramente impugnada por la oposición por supuesto fraude electoral. Musaví y Karrubí han asegurado que el próximo Gobierno será "ilegitimo". Mientras tanto, Jatamí calificó ayer de "inconstitucional" el juicio a 100 reformistas. "Es contrario a la Constitución, a la ley y a los derechos de los ciudadanos", dijo. Este macrojuicio contra opositores reformistas que encabezaron las protestas en Teherán tras los comicios no tiene precedentes en los 30 años de historia de la República Islámica.
Las imágenes de las manifestaciones, con gente en la calle enfrentándose a los policías y basiyís (la milicia del régimen), han dado la vuelta al mundo. El último testimonio llegó la semana pasada cuando centenares de personas se manifestaron en homenaje a las víctimas de la represión.
Las autoridades han reconocido la muerte de 30 personas y aseguran que sólo quedan 250 detenidos, de los que han prometido liberar a 150 esta semana. Sin embargo, la oposición ha logrado documentar 1.700 detenidos.
Más de 160 muertos, en su mayoría mujeres y niños, durante un ataque tribal en el sur de Sudán.
Noticia:
Más de 160 personas, la mayoría mujeres y niños, murieron durante un ataque lanzado por miembros de la tribu murly el domingo en la madrugada en el sur de Sudán. "Cien mujeres y niños, cincuenta hombres y once miembros del SPLA (los soldados del Ejército de Liberación Popular de Sudán, que ejerce de fuerza de seguridad en la región autónoma del sur de Sudán) fueron enterrados esta mañana en la orilla del río", ha declarado el comisionado de Akobo, Goi Jooyul Yol, en un comunicado.
Éste es el último de los enfrentamientos tribales en esta zona del sur del país, donde se desarrollan trabajos de exploración petrolera. Los funcionarios dijeron que la mayoría de los muertos pertenecen a la etnia lou nuer, enfrascada en una guerra tribal con los murly, y que ya se ha cobrado la vida de más de 700 personas en ataques y contraataques este año.
Según las autoridades locales, aún hay cadáveres en el campo, "no sabemos aún la cantidad exacta" de muertes, ha dicho el comisionado Yol a la agencia Reuters por teléfono. Otras fuentes oficiales sudanesas colocan la cifra de muertos en 171, con 26 heridos, según la agencia Efe.
Yol añadió que la pequeña fuerza de seguridad destacada en esa área para proteger los asentamientos se vio superada por el ataque de los murly.
El presidente del sur, Salva Kiir, ha responsabilizado a los agitadores políticos que a su juicio quieren mostrar que la región sureña no se puede gobernar sola, antes de un referéndum prometido para 2011 en donde se consultará la separación del norte de Sudán.
Las dispustas tribales, en gran parte desatadas por el robo de ganado, se han visto exacerbadas por la disponibilidad de armas tras dos décadas de guerra civil entre el norte y el sur de Sudán, así como por la escasa atención política en una región escasamente desarrollada.
Más de 160 personas, la mayoría mujeres y niños, murieron durante un ataque lanzado por miembros de la tribu murly el domingo en la madrugada en el sur de Sudán. "Cien mujeres y niños, cincuenta hombres y once miembros del SPLA (los soldados del Ejército de Liberación Popular de Sudán, que ejerce de fuerza de seguridad en la región autónoma del sur de Sudán) fueron enterrados esta mañana en la orilla del río", ha declarado el comisionado de Akobo, Goi Jooyul Yol, en un comunicado.
Éste es el último de los enfrentamientos tribales en esta zona del sur del país, donde se desarrollan trabajos de exploración petrolera. Los funcionarios dijeron que la mayoría de los muertos pertenecen a la etnia lou nuer, enfrascada en una guerra tribal con los murly, y que ya se ha cobrado la vida de más de 700 personas en ataques y contraataques este año.
Según las autoridades locales, aún hay cadáveres en el campo, "no sabemos aún la cantidad exacta" de muertes, ha dicho el comisionado Yol a la agencia Reuters por teléfono. Otras fuentes oficiales sudanesas colocan la cifra de muertos en 171, con 26 heridos, según la agencia Efe.
Yol añadió que la pequeña fuerza de seguridad destacada en esa área para proteger los asentamientos se vio superada por el ataque de los murly.
El presidente del sur, Salva Kiir, ha responsabilizado a los agitadores políticos que a su juicio quieren mostrar que la región sureña no se puede gobernar sola, antes de un referéndum prometido para 2011 en donde se consultará la separación del norte de Sudán.
Las dispustas tribales, en gran parte desatadas por el robo de ganado, se han visto exacerbadas por la disponibilidad de armas tras dos décadas de guerra civil entre el norte y el sur de Sudán, así como por la escasa atención política en una región escasamente desarrollada.
CFE y AMDA firman convenio en materia vehicular.
Noticia:
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la AMDA firmaron un convenio de colaboración, el cual le permitirá a la empresa eléctrica obtener las mejores condiciones de precio y calidad en la adquisición de vehículos y mantenimiento de su parque vehicular.
El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) José Gómez Báez, dijo que el acuerdo contribuirá también a impulsar la competencia entre las marcas existentes en el mercado, generará ahorro y fortalecerá la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
Es de esta forma, expuso, como las instituciones públicas pueden y deben orientar su capacidad de compra, impulsando simultáneamente el desarrollo de la pequeña y mediana empresa mexicana.
Gómez Báez enfatizó que la AMDA se suma a los esfuerzos del gobierno federal para reactivar el mercado interno y de apoyo a sector automotor, el cual atraviesa una seria crisis reflejada en una caída de las ventas domésticas de vehículos de 30 por ciento con relación a 2008.
Por su parte, el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, destacó la importancia del convenio suscrito, ya que permitirá la adquisición de unidades automotores ajustadas a los requerimientos técnicos y actividades de la paraestatal.
Destacó que la participación de las distribuidoras asociadas a la AMDA en la revisión de las pre-bases de licitación para la adquisición de vehículos para la CFE, ha permitido conocer la opinión de las marcas de vehículos respecto al concurso.
Elías Ayub agregó que uno de los objetivos del organismo es colocarse a la vanguardia en el uso de tecnologías eficientes en materia automotriz.
Por ello, instó a los representantes de la AMDA a explorar acciones que permitan en el corto plazo ofrecer a esta paraestatal vehículos híbridos a precios competitivos, contribuyendo a disminuir los impactos por el uso intensivo de los automotores al servicio de la CFE.
En su oportunidad, el director de Administración de la CFE, Fernando Bueno Montalvo, precisó que el convenio permitirá a la empresa obtener un precio máximo de referencia en el país para la adquisición de las unidades.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la AMDA firmaron un convenio de colaboración, el cual le permitirá a la empresa eléctrica obtener las mejores condiciones de precio y calidad en la adquisición de vehículos y mantenimiento de su parque vehicular.
El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) José Gómez Báez, dijo que el acuerdo contribuirá también a impulsar la competencia entre las marcas existentes en el mercado, generará ahorro y fortalecerá la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.
Es de esta forma, expuso, como las instituciones públicas pueden y deben orientar su capacidad de compra, impulsando simultáneamente el desarrollo de la pequeña y mediana empresa mexicana.
Gómez Báez enfatizó que la AMDA se suma a los esfuerzos del gobierno federal para reactivar el mercado interno y de apoyo a sector automotor, el cual atraviesa una seria crisis reflejada en una caída de las ventas domésticas de vehículos de 30 por ciento con relación a 2008.
Por su parte, el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, destacó la importancia del convenio suscrito, ya que permitirá la adquisición de unidades automotores ajustadas a los requerimientos técnicos y actividades de la paraestatal.
Destacó que la participación de las distribuidoras asociadas a la AMDA en la revisión de las pre-bases de licitación para la adquisición de vehículos para la CFE, ha permitido conocer la opinión de las marcas de vehículos respecto al concurso.
Elías Ayub agregó que uno de los objetivos del organismo es colocarse a la vanguardia en el uso de tecnologías eficientes en materia automotriz.
Por ello, instó a los representantes de la AMDA a explorar acciones que permitan en el corto plazo ofrecer a esta paraestatal vehículos híbridos a precios competitivos, contribuyendo a disminuir los impactos por el uso intensivo de los automotores al servicio de la CFE.
En su oportunidad, el director de Administración de la CFE, Fernando Bueno Montalvo, precisó que el convenio permitirá a la empresa obtener un precio máximo de referencia en el país para la adquisición de las unidades.
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